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¿Rescate, intervención, préstamo?… no, secuestro

Podemos estar discutiendo nominalmente hasta la saciedad cómo se llama lo que nos ha sucedido este fin de semana, pero la realidad pura y dura es que rescate, intervención o préstamo, España requiere un máximo de 100.000 millones de euros de ayuda europea, con supervisión compartida con el FMI para sanear la deuda privada residenciada en las entidades financieras españolas. Estrena España método en todos los sentidos, pues, solicita “lo que sea” en medio de un cambio de mecanismos instrumentados al efecto por la Unión Europea. Hasta ahora los rescates europeos se realizaban a través del fondo llamado de Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) de rescate temporal, cuya vigencia se extiende hasta mediados de 2013. El nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate permanente fijado a través de un Tratado por los países miembros del euro, debería entrar en vigor del MEDE  el 1 de julio, aunque es probable que se retrase al 9 de julio ya que de momento solo ha sido ratificado por cuatro Estados. El dinero de estos fondos proviene de aportaciones de los países y del endeudamiento de los mismos gracias a los avales. Si sumamos las cantidades de rescate que la UE ha realizado a Estados del euro en estos últimos tres años –Grecia, 240.000, Irlanda 85.000, Portugal 80.000 y ahora España 100.ooo – suman la escalofriante suma de 505.000 millones de euros, traducido medio billón de euros. Un efecto dominó de dedicatoria de fondos públicos para satisfacer intereses de mercados entregados a la especulación.

Es evidente que los mecanismos de la Unión no han sido capaces de establecer cortafuegos en la eurozona, los problemas de unos se han ido transmitiendo a otros aunque fueran de naturaleza y cuantía diversa. Compartimos moneda de la misma manera que compartimos riesgos, alguien debería aprender de una maldita vez una lección que está costando demasiados sacrificios a los ciudadanos europeos. Vamos de seis meses en seis meses demostrando al mundo nuestra firme determinación de derrochar dinero para tapar vergüenzas transfronterizas, de la misma forma que acto seguido los mercados castigan al siguiente Estado en la lista cada vez más engrosada de los “malditos”. Y, por supuesto, que hay razones para los ataques especulativos, pues, pusimos en marcha una unión monetaria pensada para tiempos de bonanza como si la crisis no existiera y con demasiadas divergencias presupuestarias y fiscales entre los miembros del euro. Ahora, bajo el estricto mando de la canciller Angela Merkel, los ajustes y recortes sociales avocan a los Estados intervenidos a ciclos de recesión y, por tanto, de empobrecimiento relativo de sus clases medias. Nos pongamos como nos pongamos, el contagio de este círculo vicioso es ya una realidad que afecta al corazón mismo de la moneda única y de todo el entramado comunitario. En la teoría de prestar con condiciones leoninas, Alemania se puede quedar sola en una Europa asolada por el desempleo, el consumo hundido y los derechos sociales desmantelados.

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En todo caso, si nos ceñimos a las consecuencias que puede traer en España esta novedosa fórmula de préstamo cabe realizarse una serie de preguntas a las que por intención o desconocimiento el gobierno Rajoy no ha aportado respuestas:

1.- ¿Por qué se ha realizado la petición antes de concluir las evaluaciones que realizan las consultoras contratadas por el BCE y por el gobierno español y qué les hace cifrar en 100.000 millones de euros lo que según el FMI como máximo afectaría a entidades financieras españolas por valor de 46.000 millones de euros? Si las prisas tienen que ver con las elecciones griegas del próximo domingo 17, ha habido tiempo para realizar estos trabajos, luego alguien ha pecado de dejadez ante un tema crítico.

2.- ¿A qué se van a destinar las ayudas a la banca? El problema de insolvencia lo ha provocado el cambio de legislación llevado a cabo por el ministro De Guindos al obligar a provisionar hasta el 80% aquellos activos inmobiliarios de bancos y cajas que no se destinen de inmediato a promoción. Esta mera modificación contable ha supuesto la quiebra de entidades como Bankia de la noche a la mañana, pues, lo que un día podía valer 100 puede valer 20 sin contar con las suficientes provisiones de capital para hacer frente a estas pérdidas en balance. Si como podemos temernos, ahora esos 100.000 millones de euros se destinan a provisiones inmovilizadas, el crédito seguirá congelado y habremos dedicado un ingente cantidad de dinero exactamente a lo contrario que precisa nuestras economía.

3.- ¿Qué vamos a hacer con el 10% de incremento de déficit público que suponen las ayudas? Por más que el gobierno trate de explicar que el préstamo no cotiza como desequilibrio presupuestario y, por tanto, requiere mayores emisiones de deuda, es obvio que el mecanismo de su cesión a través del FROB y con el aval del Estado, no deja lugar a dudas sobre la naturaleza de dinero que recibiremos. Y siendo eso así, falta por conocer el margen de negociación que le queda a España para incumplir el pacto fiscal que hemos rubricado en la Unión Europea y que nos obliga este año a alcanzar el 5,3% de déficit público y en 2013 el 3%.

4.- ¿Qué medidas adicionales de ajuste se van a instrumentar para reducir los nuevos desequilibrios presupuestarios provocados por el préstamo a la banca? Sea por la vía de incremento de impuestos, con el IVA como abanderado principal pero no único o sea mediante reducción de salarios públicos, aumento de la edad de jubilación y menores niveles de prestación de servicios sociales, parece que nadie nos salva de pagar los intereses de la deuda y de la propia ayuda, mediante nuevos sacrificios de los ciudadanos.

5.- ¿Qué garantía tenemos que esta medida de enorme impacto y brutal cuantía va a “calmar” las ansias especulativas de los mercados? Alguien tendrá que explicarnos qué ganamos con destinar fondos a la banca para depositarlos inertes sobre suelos baldíos y no emplearlos para regenerar el tejido de la economía productiva.

Son demasiadas preguntas gruesas, de fondo, como para admitir que de la noche a la mañana hemos resuelto nuestros problemas y la mirada perversa de los especuladores va a apartarse de nosotros en busca de nuevas víctimas más propicias. Si la solución de la crisis de la eurozona fuera tan simple ya la habríamos resuelto hace años. Somos vulnerables porque no hemos sido capaces de demostrar a los mercados nuestra capacidad para poner en marcha herramientas de gobernanza económicas y, sobre todo, políticas a la altura de las necesidades de nuestra moneda, de nuestra unión y de un mundo globalizado, acelerado y con gigantes emergentes pidiendo su oportunidad en la toma de decisiones universal. Pero me sigue quedando la pregunta del millón, que no de los 100.000 millones, les saldría mucho más barata contestarme que solicitar la ayuda: ¿qué pasaría si permitimos de forma natural que alguna de las entidades financieras aquejadas del mal inmobiliario llegara a quebrar? Dado que cuando se inició la crisis internacional con la caída de Leheman Brothers por ley se elevó la cuantía del Fondo de Garantía de Depósitos a 100.000 euros por depositario y que además se garantizan las cantidades en cuentas corrientes, ¿por qué tenemos socializar los riesgos de quiénes invirtieron en activos de dudoso valor? Supongo que mi pregunta es tan inocente que no tiene respuesta en un mundo bancario repleto de malas praxis que llevan a un director de sucursal a vender acciones preferentes de su banco a analfabetos que firmaban los documentos de compraventa con su huella dactilar. Si a esas actitudes no solo no les aplicamos la exigencia de responsabilidades judiciales y les tapamos las vergüenzas con miles de millones de euros, solo me queda volver a preguntar, ¿por qué lo llamamos amor cuando queremos decir sexo?

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Tocando fondo, Spain is touching bottom

Aunque sabido es que todo puede empeorar, no es menos cierto que los últimos indicios dramáticos que rodean a la economía española hacen presagiar los mejores augurios de futuro. Estamos tocando fondo, eso sí ayudados por nuestros socios europeos y el tenaz seguimiento de nuestros pasos por parte de las instituciones de Bruselas. Retrocedemos a tal velocidad sobre nuestros pasos dados con denuedo durante décadas, que estamos sorprendiendo una vez más a propios y extraños. Fuimos un día el milagro europeo creciendo por encima del 2% durante más de diez años y ahora hemos sido capaces de caer por debajo de dichos niveles de desarrollo. Hacemos el cangrejo a la misma misma velocidad que surcábamos antes los mercados a tranco de guepardo. Somos, en fin, un auténtico portento de la naturaleza Estado-Nación. La Bolsa está por debajo de niveles de 2003, la renta per cápita retrocede a ratios de los 90, la morosidad se acerca a la de los inicios de los 80… se impone la moda retro o lo que es lo mismo, volvemos a situaciones anteriores a nuestra entrada en la Unión Europea– entonces Comunidad Económica Europea -. Los fondos de cohesión y estructurales que de la mano de Europa han servido para transformar el paisaje español y revalorizar los activos en infraestucturas, las mismas joyas que están prontas a venderse ante la falta de liquidez del Estado.

Sin embargo, debemos observar los últimos acontecimientos como los síntomas de una posible recuperación. Desde hace tres años, cuando nos sacudió la resaca de la crisis financiera internacional, banqueros y clase política gobernante se han empeñado en negar la realidad. Unos por defender intereses tan bastardos como cuantiosos en suma de privilegios y otros por desconocimiento, irresponsabilidad o falta de coraje. Cuando todas las entidades bancarias deAlemania, Francia, Bélgica, Reino Unido u Holanda pusieron en cuestión los valores de sus activos y la posición de su pasivo, nosotros alardeamos de buena salud tapando unos a otros las vergüenzas, sabedores como eran todos de su comatoso estado de salud fruto del endeudamiento privado desproporcionado en productos inmobiliarios. El círculo vicioso era perfecto: el increíble riesgo asumido por todos en torno al sector de la construcción tenía su base en los altísimo niveles de consumo que el crecimiento de nuestra economía generó durante más de diez años. Ello llevó a promotores y bancos a entrar en una espiral del quien da más que inundó el mercado de hipotecas. La realidad es que cuando la recesión se echó encima traduciéndose en elevadas cifras de paro, la construcción se paró en seco y la mayoría de las empresas del sector, grandes, pequeñas y advenedizas, empezaron a desaparecer endosando sus tóxicos activos – que no es otra cosa que algo de dudoso valor – a bancos y cajas. Ya era, pues, cuestión de tiempo que en los balances de las entidades financieras españolas aflorara la realidad contable de unas pérdidas que rondan los 250.000 millones de euros.

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Hemos agotado el tiempo de las mentiras, primero dentro de casa y luego fuera con nuestros socios de la UE. Nuestra credibilidad se ha ido agotando, primero por el descuadre de nuestras cuentas públicas, todas ellas también afectadas por el síndrome del ladrillo dada la dependencia que las administraciones locales y autonómicas tuvieron del sector inmobiliario también. Déficits no confesados con facturas en los cajones y agujeros negros de pérdidas en cajas de ahorro – casualmente residenciadas en ambos casos en la Comunidad de Madrid y en laComunidad Valenciana – han puesto la gota que ha colmado el baso de los incumplimientos de una economía demasiado pesada para ser rescatada al uso sin acarrear graves consecuencias al euro. Ahora, por tanto, que estamos a la espera de los resultados de las auditorias financieras externas – tan externas que el Banco de España no pinta nada en su labor supervisora – y que las cuentas públicas de todas nuestras administraciones deben presentarse a su control en elMinisterio de Hacienda y en la Comisión Europea cada mes, podemos proclamar orgullosos que hemos tocado fondo.

En situaciones críticas solo del reconocimiento de la verdad pueden venir las soluciones y por eso mismo llegar a tocar fondo suele ser un requisito imprescindible para iniciar la reconstrucción del sistema. De ahí que si el gobierno de Mariano Rajoy tuviera una hoja de ruta clara para afrontar esta posguerra, es el momento ya no de pedir sacrificios a los que la mayoría de la población está más que resignada, sino de hacer el relato de la tierra prometida. Hacia dónde vamos, por duras que sean las penurias que debamos pasar, y cómo debemos afrontar la travesía, son las dos grandes cuestiones aún sin respuesta. No se puede pedir a los ciudadanos que asuman recorte tras recorte de sus derechos, mientras asisten atónitos a la salida a flote de la escandalosa gestión del pasado, sin ofrecerles la esperanza no mesiánica sino en forma de políticas sostenibles.

Es evidente que lo primero que debemos reconocer es la pérdida de valor de activos y de caída de renta de los españoles. Somos más pobres y aún lo seremos más. Según diversos cálculos nos estamos jugando caer entre un 30% y un 50%, lo que nos llevaría en una especia de viaje en el tiempo a los primeros años de la década de los 80. Aclimatados a la nueva circunstancia, tanto a nivel público como privado, es urgente un planteamiento de modelo de competitividad de nuestra economía y un plan de contingencia social para salvaguardar las bases del Estado del bienestar – sanidad, educación y servicios sociales – en una sociedad que envejece a toda velocidad. Las reformas de fondo del siglo XXI que precisamos, ya llevan más de una década de retraso dado que vivíamos en la opulencia, dormidos en el sueño de morfeo sin pensar que el futuro no estaba conquistado.

La práctica quiebra de Bankia se ha convertido en el detonante definitivo de la hora de la verdad bancaria. Más allá de las soluciones coyunturales que se puedan articular de acuerdo con las instituciones europeas para producir los inevitables rescates de las entidades financieras españolas afectadas por el mal inmobiliario, la realidad es que el conjunto de entidades y su volumen se verá sustancialmente disminuido. Ello afectará de forma decisiva a economías locales y regionales con la práctica desaparición de cajas de ahorro centenarias que han cumplido labores básicas de financiación en dichas comunidades. En un marco de concentración con incorporación de capital de países europeos y con menor capacidad de competencia, las empresas pequeñas y medianas seguirán por mucho tiempo teniendo difícil su acceso a las líneas de crédito imprescindibles para su actividad. La sangría vivida por empresas y trabajadores a manos de responsables bancarios que se han comportado obviando el código del sentido común y la buenas conductas del gobierno, requieren la exigencia de responsabilidades. Es inasumible seguir siendo testigos mudos de la caída de entidades cuando paralelamente los causantes de la misma salen por la puerta de atrás con los maletines de sus cuantiosas y blindadas prejubilaciones. Hemos tocado fondo y ahora debemos ponernos en pie, pero por dignidad para empezar a caminar tenemos que juzgar y depurar las culpabilidades de lo sucedido.

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Merkel descubre su jugada: el estado de excepción «económica» para los periféricos

La llegada al parisino palacio del Elíseo de François Hollande y con él la de los aires programáticos de los socialdemócratas galos a Bruselas han obligado a la canciller Angela Merkel a descubrir sus cartas. Alemania ha tenido que improvisar un documento con sus planteamientos para reactivar el crecimiento en la zona euro y en él, siempre según filtración al diario Der Spiegel, destila las que son sus verdaderas intenciones para sacar provecho particular de la crisis en la Unión Europea. De los seis puntos destaca uno por la trascendencia del planteamiento: la creación de zonas de excepción económica para los Estados periféricos del euro. Casi nada con lo que se descuelgan nuestros socios germánicos después de que llevemos sufriendo tres años la crisis con sus consiguientes recortes por ellos impuestos.

Nos hace Merkel esta brutal propuesta basándola en la similar decisión que su antecesor Gerhard Schröeder tomó hace ahora exactamente diez años cuando Alemania pagaba la cuantiosa factura de la reunificación y la economía de la ex República Federal no daba a basto para relanzar el crecimiento de la ex República Democrática. Paradojas de la vida, aquellos presupuestos del Estado alemán elevaron su endeudamiento hasta cerca de los 40.000 millones de euros y el entonces ministro de Finanzas Hans Eichel, se vio obligado a declarar el estado de excepción económica ya que la Constitución alemana solo permite que el endeudamiento sea superior a las inversiones cuando se produce un desequilibrio de la economía. Alemania superó finalmente en un punto y medio el 3% fijado en el Pacto de Estabilidad y convergencia que llevó aparejada la puesta en marcha del euro. Todos lo entendimos y lo aceptamos por lo que Alemania no tuvo sanciones de la Comisión Europea por sus desequilibrios presupuestarios. A veces la memoria debería servir para algo. Sin embargo, por contra su propuesta actual es convertir a las economías desequilibradas, ya no solo en zonas supervisadas sino sometidas a una especie de dictadura tecnócrata.

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El estado de excepción consistiría en ventajas fiscales y regulaciones menos estrictas que sean capaces de atraer inversiones extranjeras a los países que hoy viven ahogados por la presión de los intereses de la deuda. Y como es natural esos inversores también se verán favorecidos por un amplio programa de privatizaciones llevadas a cabo a través de “instituciones de desconfianza”. En una palabra podrán adueñarse de los principales activos de ese país a precio de saldo y si esos hipotéticos inversores hablan alemán hemos cuadrado el círculo. Para rematar su gloriosa propuesta para nuestro crecimiento Merkel pretende que adoptemos el modelo dual de formación profesional que ha convertido a Alemania en una masa de trabajadores de bajo coste laboral pero intercambiable entre sectores, es decir flexible y de alta movilidad. A cambio la República Federal se ve obligada a importar con arduas dificultades ingenieros o científicos investigadores.

En el fondo y simplificando las intenciones de Merkel, estamos ante una propuesta de neocolonialismo puro y duro del centro hacia la periferia, una forma de pax germánica concluída la conquista de la eurozona. A cambio de seguir en la moneda del imperio tendremos que malvender las joyas de la abuela y las mejores de la corona y después pasaremos a ser trabajadores baratos en las colonias. Suena feo la verdad pero dado que llevamos años vomitando de vértigo al borde del abismo, lo normal es que nos veamos obligados a aceptar nuestra triste condición de periféricos esclavos. Como muy bien señalaron en sendos artículos bajo el mismo tema, Slavoj Zizek y José María Ridao, vivimos en un permanente estado de excepción económica que ha llegado a justificar la caída de gobiernos legítimos emanados de las urnas en Grecia e Italia para ser sustituidos por ejecutivos tecnócratas que como hemos podido observar tampoco son capaces de salir del marasmo en que nos tiene inmersos esta crisis. Pero en aquellos países donde el cambio de gobierno se ha solventado en las urnas, como es el caso de Portugal o España, los nuevos gobenantes actúan como autómatas deterministas al dictado de la tecnocracia imperante desde Berlín vía Bruselas. Y volviendo a las paradojas de este drama continental algunos se empeñan en que se nos olvide que el gran préstamo para Atenas se utiliza para cancelar la deuda griega con los grandes bancos franceses y alemanes o que la financiación pública para ayudar a la banca española a limpiar sus cimientos de basura inmobiliaria está resultando un excelente negocio para esos mismos bancos alemanes que reciben préstamos al 1% y prestan al 8%.

Enfrente, quitando los planteamientos iniciales de reeqiilibrio del eje franco-alemán por parte del presidente Hollande, lo único que ha habido es indignación sin encauzar, ciudadanos desesperados manifestando su confusión, simplemente una negativa generalizada a que se desmonte el Estado de bienestar. Ni una idea, ni una propuesta. Deberíamos tomar conciencia de que periféricos somos todos, sobre todo, cuando alguien ha decidido convertirse en el centro del universo Europa. La batalla se ha desencadenado cuando alguien ya se pensaba triunfadora, pero las urnas, la bendita democracia parecen haber torcido el destino de la Unión. Sigamos confiando, pues, en más democracia y más Europa para salir del estado de excepción económica.

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Un nuevo sistema financiero internacional es posible y urgente

Que la profunda crisis económica que vivimos en el mundo tiene sus orígenes, al menos noticiosos, en la ya histórica quiebra de Lehman brothers el 15 de septiembre de 2008, nadie lo duda. Que detrás del hundimiento de la firma deWall Street, en sus podridos cimientos, residían los males enfermizos de una sociedad cuyos valores habían degenerado, también es un hecho reconocido. Y que, todo aquello fue posible por el efecto trepidante de la globalización y, con ella, la aparición de Estados emergentes en el escenario geoestratégico internacional, tampoco es refutable. Si estamos de acuerdo en el diagnóstico y que las consecuencias de la caída del sistema financiero y monetario internacional están provocando la parálisis de la economía productiva, resulta inverosímil observar cómo los mandatarios mundiales son incapaces de poner en marcha medidas con la urgencia que la situación precisa, para instaurar un sistema nuevo acorde con las nuevas necesidades que los ciudadanos requerimos.

El Sistema Financiero Internacional es el conjunto de instituciones públicas y privadas (Estado y particulares) que proporcionan los medios de financiación a la economía internacional para el desarrollo de sus actividades. Estas instituciones realizan una función de intermediación entre las unidades de ahorro y las de gasto, movilizando los recursos de las primeras hacia las segundas con el fin de lograr una más eficiente utilización de los recursos. Esa necesaria colaboración entre las Instituciones Públicas: Bancos Centrales, Organizaciones Supranacionales, Ministerios de Economía, etc. y las Instituciones Privadas: Bancos y Cajas, Grandes Superficies, Compañías de Seguros, Grandes Constructoras… requiere de una normativa de fiscalización de actividades cuyo único fin debe ser el de garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Algo que es obvio que en el pasado reciente y en el presente no existe.

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Heredamos de Bretton Woods – la conferencia que instituyó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial – un Sistema Monetario que se encuentra en transición fundamentalmente por el cambio en el equilibrio de poder que está teniendo lugar en la economía mundial a favor de las potencias emergentes. Asimismo, las actuales reglas de funcionamiento del SMI se han mostrado poco efectivas para resolver los desequilibrios macroeconómicos globales de forma coordinada (algunos de ellos se han reducido por el propio efecto de la crisis pero no por la cooperación entre Estados) y plantean dudas sobre los elementos de liquidez y confianza debido a que el dólar está cada vez más cuestionado como moneda de reserva global. Sin embargo, por increíble que parezca, no se vislumbran alternativas claras al actual patrón flexible basado en el dólar como porque el actual statu quo sirve bien a los intereses de corto plazo tanto de EE.UU.como de China. Ambos juegan hipócritamente a tirarse los trastos a la cabeza mientras los demás pagamos los platos rotos de su teórico desencuentro monetario.

En la eurozona, mientras no se resuelvan los problemas de la crisis de la deuda soberana, será difícil que pueda adoptarse una posición común y firme en asuntos monetarios internacionales que permita a la Unión ganar poder e influencia. En Europa estamos ante un momento decisivo, pues, si la crisis del euro sirve para fortalecer los mecanismos de gobernanza internos de la moneda única y avanzar en reformas que permitan a las economías europeas aumentar su potencial de crecimiento, se allanaría el camino tanto para que el euro tenga un mayor peso internacional como para que la zona euro pueda moldear los cambios que en el futuro se habrán de producir en el SMI. Nuestros gobernantes deben ser conscientes de que en sus manos está cambiar el sistema y convertir de nuevo a Europa en eje de las ideas de progreso mundial.

El mundo se acelerado al globalizarse y son muchos más los decisores en los mercados, esa ecuación relativizada de la economía está tensionando las grandes estructuras de la banca internacional, incapaz de dar servicio desde sus atalayas de poder a un paisaje complejo y cambiante. La esencia de  la actividad financiera no es otra que la movilización del ahorro y ponerlo a disposición de quienes necesitan financiación externa para crear riqueza, es decir, la actividad financiera, es fundamental en cualquier economía. Nadie puede pretender renunciar a ella para volver a los tiempos de trueque en una especie de regresión a la imaginaria arcadia paleolítica. Ante el pánico que generan las entidades financieras, no se trata de salir corriendo a sacar el dinero de los bancos, sino de poner en marcha un nuevo sistema, mucho más ético y eficaz para el mundo actual. En lugar de ser un sistema cada vez más centralizado y concentrado, como quieren los dueños de la banca privada para controlar mejor a los mercados y a la sociedad, deberíamos optar por un sistema descentralizado, creando redes y un sistema de finanzas multinivel y multifuncional, porque es fundamental que la gente que ahorra sea dueña también del destino de su ahorro, que intervenga a la hora de decidir su uso. En el fondo, se trata de devolver el poder al ahorrador y al demandante de financiación, convirtiendo al intermediario en lo que es, una herramienta al servicio de aquellos.

Nos gobierna una suerte de capitalismo financiero o de accionistas anónimos, el poder de los “intereses financieros” sobre la economía “real” ha aumentado enormemente, subordinando todas las actividades económicas a obtener beneficios en los mercados financieros y creando instrumentos financieros para obtener beneficios sólo a través de los mercados financieros, fracasando a la vez en dar servicio a la producción y agricultura sostenibles, y al ahorro estable de los clientes “normales”. Se requieren nuevos mecanismos de control internacional de las transacciones; de fiscalización de los receptores de crédito – para que estudiantes o homeless como ha ocurrido no se conviertan en tapaderas de negocios de ingeniería ficticia financiera -; grabar las actividades especulativas de los movimientos a corto; control público de las agencias de calificación; lucha contra el fraude especialmente en paraísos fiscales o limitar los llamados productos derivados y exigencia de responsabilidades penales a los directivos que hayan incurrido en malas praxis en su gestión. La tarea requiere de un diálogo y consenso general pero los europeos podemos convertirnos en la vanguardia de un proceso que no podemos aceptar que no sea posible y cuyo carácter de emergencia nadie puede rebatir, salvo aquellos muy pocos que se enriquecen a costa del empobrecimiento de los demás.

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Nos azotan vientos de neopopulismo europeo: navegando entre ultras y piratas

Sabida es la afición twittera del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para comunicar su agenda de trabajo, pero resulta novedoso que emplee la red social para lanzar mensajes con sus preocupaciones políticas más íntimas. “Desgraciadamente, vientos de populismo amenazan a uno de los grandes logros de la integración europea: la libre circulación de las personas en el seno de la UE”, deploró el mandatario europeo. Van Rompuy expresó esta preocupación durante una visita oficial a Rumania, cuya adhesión al espacio Schengen (de libre circulación) está bloqueada por el gobierno holandés, bajo la presión de la formación de extrema derecha Partido por la Libertad (PVV) de GeertWilders. La misma que hace una semana obligaba a dimitir al Ejecutivo neerlandés y a convocar a la reina Beatriz elecciones anticipadas demostrando así su capacidad para quitar y poner gobiernos. Esa es una de las principales características de los fenómenos neopopulistas europeos. Ya no exploran la vía revolucionaria para la toma del poder, lejanos a los fascismos y comunismos de antaño, que pretendían cambiar la sociedad conquistando la cúspide de las estructuras decisorias, ahora sólo trabajan para tener la llave de la gobernabilidad, con el mínimo esfuerzo construyen minorías de bloqueo que condicionan las decisiones más trascendentes para la vida de los ciudadanos.

Resulta muy fácil en las actuales circunstancias de crisis económica que asola Europa levantar la bandera de la indignación para tras ella y convenientemente aderezado de discursos populistas esconder viejos prejuicios xenófobos y planteamientos antidemocráticos. Protestar desde el cabreo que la gente tiene contra la actual clase política es tan legítimo como necesario, pero combatir las irregularidades del sistema, su mala praxis o incluso reivindicar un cambio de modelo, nada tiene que ver con las ideas totalitarias que de nuevo algunos pretenden imponer en el continente europeo. El increíble ascenso del Frente Nacional de la mano de su lideresa, Marine Le Pen, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, asomándose a la cota del 20% de votantes y a solo seis puntos de Sarzoky, la opción del centro derecha republicano, ha levantado todas las alarmas en las élites de poder. Esas mismas élites que son las responsables de la situación al haber alimentado la quiebra de su relación con el colectivo que gobiernan. Población y gobernantes ya no pertenecen a la misma clase social, ya no representan los unos a los otros o los ciudadanos ya no se sienten representados por sus representantes. Una fractura de representatividad que se manifiesta mediante la paulatina caída de la participación en los comicios – especialmente aquellos que más cercanos, municipales, regionales… que no cuentan con el espectáculo mediático de las grandes citas electorales – y con la aparición de opciones radicales que atraen poco a poco el sustrato más popular de la población con la idea simplona de un nacionalismo pasional, sin inteligencia, que solo habla a los corazones amedrentados de personas asustadas por la pérdida de derechos a manos del neocapitalismo y de una inmigración que sienten como enemiga. Son hijos del Estado del Bienestar acomodado y no quieren perder su estatus, una suerte de chauvinismo del bienestar.

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Las opciones ultras calan con enorme facilidad en los jóvenes europeos que afrontan su futuro cada vez con más temor, abocados al fatal destino del paro o la emigración a otros continentes. En España, el desempleo juvenil supera el 50%, uno de cada dos jóvenes no encuentra trabajo y lo que es peor la mayoría de ellos se convierten en parados de larga duración. Su nivel de alejamiento de ese Estado del Bienestar construido por sus padres y que hace aguas por todas partes es día a día mayor. Del sistema solo reciben malas noticias y casos de corrupción de sus dirigentes, el mercado les impone la realidad vital sin que nadie levante por ellos el dedo meñique para defender su dignidad. Son carne de cañón para el neopopulismo y las ofertas más radicales, al fin y al cabo, a sus ojos las únicas capaces de salirse del pactismo entre los grandes partidos del quítate tú para ponerme yo. El modelo de consenso social fraguado en la posguerra mundial basado entre las fuerzas de centro derecho y centro izquierda y con las centrales sindicales como garantes externos del diálogo, hace mucho tiempo que ha degenerado en una suerte de pasteleo oligárquico que molesta profundamente a aquellos a los que debería servir. Lo increíble es que en sociedades asoladas por el paro y la pérdida de coberturas sociales como Grecia, Portugal o España no hayan saltado ya por los aires las instituciones que han creado este caos y siga adormecida la sociedad a base de fuerzas del orden cada vez más presentes y de resignación sumisa de una gran parte de la población.

Mientras las recetas de la derecha, no solo no han fracasado, sino que han sido en gran medida las causantes del desastre, la izquierda balbucea mensajes carentes de credibilidad por su falta de coraje para poner en marcha un programa alternativo de desarrollo sostenible en Europa. La socialdemocracia se vendió con demasiada comodidad a los planteamiento neoliberales cuando el crecimiento trampa convertía todas las decisiones políticas en fáciles y, los comunistas democráticos europeos, mezclados sus postulados con los partidos verdes y un confuso conglomerado de opciones minoritarias, siguen teniendo tentaciones totalitarias en su ideario como receta contra la crisis. Todos ellos adolecen de falta de credibilidad, el tiempo los ha desgastado y, además, tienen la obligación de concretar sus discursos, esperamos de ellos que nos aporten soluciones específicas a problemas reales. El neopopulismo, sin embargo, no precisa de medidas o programa, canta la marsellesa, se enrolla en la bandera y nos promete tiempos mejores de la mano de esa gran familia llamada Nación, eso sí, una vez limpiada de todos los infectos colectivos causantes de los males que nos afectan con los inmigrantes a la cabeza. Cumplido su plan de depuración del solar patrio, la arcadia gloriosa del territorio nacional reinará tan grandiosa como solitaria. La globalización no va con ellos y la solidaridad solo es interpretable con el que piensa, reza o es del mismo color que tú. La vieja idea fundadora de los padres de Europa, la unión política de los pueblos, perece a manos de burócratas de la política en urbes sin personalidad que clonan sociedades de consumo con los estándares americanos de forma de vida. La identidad propia se ha diluido, la forma de hacer diversa y rica de cada cual ha perdido valor, la fuerza de la colaboración entre territorios se devalúa ante el creciente avance de unos falsos nacionalismos de pandereta, que tópico en ristre asolan a su paso las grises estructuras de la tecnocracia de sus Estados.

El balance provisional del avance de la ultraderecha les acerca a niveles de entre el 15% y el 20% en muchos Estados de la Unión. En los países escandinavos, donde la crisis del euro apenas se siente y la inmigración por dimensión no representa un problema, la ultraderecha se ha fortalecido elección a elección. EnFinlandia, los Verdaderos Finlandeses obtuvieron el 20 por ciento de los votos con el eslogan “No vemos por qué tenemos que pagar por Portugal” y en Suecia, losDemócratas de Suecia entraron por primera vez en el parlamento en 2010. EnAustria, el Partido de la Libertad de Austria y la Unión por el Futuro suman cerca del 30% de los sufragios, mientras en Benelux, en Bélgica el Vlaams Belang y elFront Nacional alcanzan cerca del 13% y en Holanda el Partido por la Libertad que ha tumbado el gobierno se sitúa en el 16%. En los Balcanes, la Unión Nacional por el Ataque en Bulgaria obtuvo el 10%, en Serbia el Partido Radical Serbio se acercó al 30%, en Hungría, el Movimiento para una Hungría Mejor un 18% y enGrecia, la Concentración Popular Ortodoxa creció hasta el 6%. Casos aparte suponen los de dos de los grandes Estados de la Unión, Italia, donde la Liga Norte, se mueve en porcentajes entorno al 10% y en Francia, el Frente Nacional, cuyo último dato ya citado de las elecciones presidenciales les ha llevado nada menos que hasta el 20%, con casi 6 millones y medio de votantes. No deberíamos olvidar que en la II Guerra Mundial, cerca de 250.000 voluntarios de las SS alemanas provinieron de países europeos, un dato escalofriante de una legión dispuesta a matar por el nazismo, que la historiografía de los vencedores ha mantenido silenciado. Hoy el mapa ultra y radical se extiende como una mancha de aceite y pese a que sus planteamientos son corpantimentos estancos, basados en el proteccionismo y el aislamiento de posiciones europeistas, el contagio en una sociedad globalizada donde la información y las opiniones se multiplica a toda velocidad en la red está garantizado.

En Alemania, aún bajo el poderoso efecto de la dramática historia del nacionalsocialismo que costó a la humanidad un holocausto de millones de víctimas y la partición y control de su territorio por cuatro décadas, crece el fenómeno antisistema representado por el Partido Pirata que ya cuenta con más de 20.000 afiliados y las últimas encuestas les sitúan en un 12% de intención de voto. Sus éxitos recientes entrando en el parlamento del länder de Berlín y en el deSarre, les han obligado a reformular parte de sus postulados en el reciente Congreso celebrado por la formación. Han tratado formalmente de alejarse de las posiciones neonazis, aunque de forma individual alguno de sus integrantes sigue manteniendo reivindicaciones de revisionismo de la historia del III Reich. Su esencia y origen es el del partido protesta, promulgando la transparencia y la participación como elementos regenaradores de la acción política. Lo que “ayer” representaron los Verdes con su defensa del medio ambiente como impulso de una formación política global, ahora lo es la defensa del medio de comunicación de la gente: internet. En ambos casos con la bandera de la renovación política frente a la vieja casta del fraude y la impunidad: pretenden abordar el galeón de los corsarios con corbata. Son los guerreros de la Red, pero en su tránsito a la madurez tienen enormes dificultades para estructurar una organización y formular unas propuestas concretas que sirvan a la sociedad para progresar. A su manera y sin pretenderlo, son nuevas formas de neopopulismo que se nutren del mismo sustrato: el descontento. Todos ellos, ultras o piratas, avanzan como el nuevo viento que azota una Europa confusa, enferma de falta de liderazgos integradores. Enfrente solo encuentran gobernantes atrincherados en la mercadotecnia política, en el control de medios de comunicación incapaces de ser independientes por sus carencias de autofinanciación y en la adocenada sumisión a las doctrinas que emanan de los mercados financieros. Ultras y piratas navegan con viento fresco y arrasan los sargazos de la política. De nada vale descalificarles o no querer atender a sus airadas voces, más nos valiera escuchar el quejido de una sociedad atemorizada por el mañana y ponernos a la tarea de ofrecer alternativas desde la democracia y la libertad, una rebelión ética, estética pero desde las ideas. Una reacción eficaz y capaz de cambiar el destino. De no ser así el paisaje de la vieja Europa volverá a cerrar fronteras y a encerrarse en ancestrales luchas de poder.

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Cristina Fernández de Kirchner el rostro enlutado de una expropiación que le enfrenta a Europa

Tiene el populismo un rostro tan diverso como la personalidad de sus intérpretes. Según su carácter y la idiosincracia cultural del pueblo al que se dirigen se muestra más dicharacheros o melodramáticos en sus gestos, siempre a la búsqueda del aplauso fácil de su público y dispuestos a lanzar cortinas de humo sobre los verdaderos problemas que afectan a la población. En el caso de la presidenta argentina, Cristina Fernández – sobre todo de Kirchner – su fama le viene precedida por antecesores en el cargo de su propio partido el Justicialista y, de forma especial, de la esposa del presidente Juan Domingo Perón, la queridísima Evita. Ella también sabe lo que estar casada con un todopoderoso presidente, Nestor Kirchner, cuyo luto lleva impuesto desde hace año y medio. Y ahora, en su segundo mandato como presidenta sucesora trata de enderezar los múltiples problemas de política interna fruto de los enfrentamientos con los poderosos gobernadores provinciales y las corrientes de opinión opuestas en su partido y en su gobierno.

La expropiación de las acciones de Repsol en la empresa petrolera YPF por parte del gobierno argentino supone un salto cualitativo en la deriva política de pulsiones ultranacionalistas que la presidenta Fernández inició hace unos meses con motivo del aniversario de las guerra de Las Malvinas. La justificación para una decisión de tan amplio calado por parte de las autoridades argentinas se refieren a la necesidad de ”salvaguardar la soberanía hidrocarburífera de Argentina y el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos”. Según la presidenta, la petrolera no ha hecho las inversiones necesarias, algo que lleva meses recriminándole el gobierno austral. Es uno de los escasos países del mundo, que no maneja sus recursos naturales. Después de 17 años desde que se desnacionalizó (YPF), por primera vez ha convertido a Argentina en importador neto de gas y crudo, con un déficit de 3.029 millones de dólares en la balanza del comercio de combustibles. El año pasado Argentina importó combustibles por unos 10.397 millones de dólares, cifra que casi iguala al superávit comercial del país, que el año pasado fue de unos 10.477 millones. Según la mandataria, YPF invertió 8.813 millones de dólares entre 1999 y 2011, lapso en el que obtuvo ganancias netas por 16.450 millones de dólares, de los cuales repartió 13.246 millones entre sus accionistas. Razones y argumentos perfectamente vendibles para una población a la que se le agasaja con el objetivo de no subir los precios de la gasolina o el gas. Un hecho que repercute en la insuficiencia de recursos para realizar nuevas prospecciones en suelo argentino.

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Pero más allá de las motivaciones políticas, la realidad tiene más que ver con el control de la caja de liquidez que supone YPF en una situación muy complicada económica en Argentina. Una crisis que combina unas altas tasas de inflación con menores crecimientos que su entorno, fuerte huida de capitales y el tremendo déficit energético reseñado. Puede que el empujón definitivo a una decisión que colea desde haces meses, se deba a la evaluación que Fernández de Kirchner hace de la debilidad del gobierno español, acuciado por una crisis económica muy dura y cuando la prima de riesgo de los mercados de deuda amenaza con rumores de intervención de la Unión Europea. Y es Europa la que debería dar una respuesta coherente y medida a la expropiación, desde la defensa de un modelo de relación internacional, que debe basarse en la legalidad y los principios de seguridad jurídica. Este conflicto no debe plantearse como una batalla de políticos envueltos en sus banderas, ajenos a los verdaderos intereses de los ciudadanos afectados, los argentinos en su calidad de vida y los accionistas de Repsol en sus intereses económicos. Debe recordarse que Repsol compró el 51% de YPF pagando un alto precio por ello, realizó inversiones también cuantiosas para la mejora de su capacidad de explotación y es ahora cuando esta política empresarial le genera beneficios. Y resulta aún más clamoroso el hecho de que cuando en 1992 YPF pasó de manos públicas a privadas, era la única petrolera del mundo que perdía dinero por su mala gestión.

Este es un problema que más allá de las palabras grandilocuentes es un problema entre empresas, la de los intereses de una multinacional Repsol – hispano mexicana – y de los amigos de la presidenta que seguro que estarán detrás de esta expropiación y que copan oligopolísticamente los principales sectores de la actividad en Argentina. Pero no cabe duda que ya ha puesto en solfa las relaciones bilaterales de España y Argentina –  España es el principal inversor extranjero en Argentina por delante de EE.UU – y que se ven comprometidos los proyectos de colaboración birregional Unión Europea América Latina.  Algo que parece importar a Argentina que tiene en estos momentos más de 40 litigios en la Corte de Comercio Internacional que viene perdiendo sistemáticamente y que, sin embargo, de la misma forma no paga las sanciones impuestas. Hace tiempo que Argentina se ha puesto al margen de la seguridad jurídica aún a riesgo de las consecuencias que ello puede causarle. Ha elegido el camino del cortoplacismo y de salvar el día a día, sin pensar en lo que puede pasar mañana.

La reciente Cumbre de las Américas ha puesto de manifiesto la pérdida de peso específico tanto en Estados como en planteamientos ideológicos del Grupo Alba. El proyecto bolivariano promovido por un enfermo Hugo Chávez, que ni siquiera pudo estar presente en la cita de Cartagena de Indias, está en sus horas más bajas. Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Cuba a su manera son los reductos de sus postulados estatistas, y aunque la presidenta Fernández  ha hecho mención expresa a que el proyecto nacionalizador de YPF nada tiene que ver con esta senda, la realidad es que su medida representa por su magnitud el mascarón de proa de las posiciones más radicales del continente latinoamericano en el ámbito de la propiedad de los recursos naturales. Si no fuera porque Argentina en esta guerra va por libre, podría pensarse que ha cambiado de bando y desequilibra las posiciones en la región. Pero no llevemos tan lejos nuestras reflexiones porque el populismo no suele desbordar fronteras y la expropiación se agota en sus objetivos de consumo interno. Las posibilidades, pues, de un efecto contagio en la región son mínimas. Conviene recordar que Pemex la petrolera mexicana es accionista en un 20% de Repsol y que la chilena Enap y la brasileña Petrobrasestán presentes en Argentina y en algún caso comparten la explotación de campos con Repsol. Además, países como Brasil, México, Colombia, Chile oPerú son destinos hoy por hoy seguros para las inversiones dado que sus gobiernos han hecho una firme y decidida apuesta por el desarrollo de sus economías con un modelo de cooperación internacional y atracción de negocios hacia sus territorios.

No conocemos aún la reacción española y, presumiblemente, europea a la expropiación de Cristina Fernández. Convendría que la sensatez imperara y que el populismo no se convierta en una pandemia a este lado del Atlántico. Nos jugamos demasiado en no desaprovechar las oportunidades entre las dos orillas. Si convertimos este conflicto en una suerte de guerra comercial contra Argentina, se verá comprometida la ya compleja negociación de la Ronda Mercosur y habremos perdido una nueva opción de poner las primeras base de una relación birregional de intercambio desde la equidad sin proteccionismos. Al populismo pseudodemocrático se le combate con la defensa de la legalidad desde las instituciones europeas que nos hemos dado. Empezando por defender a los ciudadanos que han depositado sus ahorros en Repsol y que ahora verán valoradas sus acciones por el Tribunal de Tasación argentino que decidirá cuánto debe pagar el gobierno argentino por la compañía. Sus derechos deben ser salvaguardados, más allá de los argumentos y razones que ha expuesto la inquilina de la Casa Rosada. Y el otro interés principal a rescatar es el del pueblo argentino que no tiene porqué sufrir el enfrentamiento de la retórica política y de los gestos trasnochados de mandatarios enlutados.

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Amnistía fiscal o la quiebra de la legitimidad del Estado

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ha aportado una sorpresa mayúscula con la que casi nadie contaba, dado que el propio presidente en sus días de líder de la oposición la había calificado de “impresentable, injusta y antisocial”: la amnistía fiscal. Una medida que hipotéticamente pretende que afloren 25.000 millones de euros de rentas sumergidas para lograr una recaudación adicional de 2.500 millones de euros. La excepcionalidad de un perdón de esta naturaleza de entrada suena a emergencia recaudatoria, a sacar dinero de debajo de las piedras sea cual sea el coste de la prospección para aflorar dinero negro. Todo vale con tal de cuadrar las cuentas a las que Bruselas obliga, acuciado como está el Ejecutivo español por presentarlas y aprobarlas – resulta clamoroso que un gobierno que tomó posesión en diciembre, no haya presentado los presupuestos hasta tres meses después, exactamente una semana después de las elecciones andaluzas -. Las prisas, siempre malas consejeras, urgen a una severa reducción del déficit público, que debe pasar del 8,2% registrado el 2011, al 5,3% en el corriente 2012 y lo que se hace aún más difícil de imaginar, en 2013 deberá situarse en el 3%. Se me antoja que para entonces no quedará nada que recortar en una paisaje desolado por la crisis y la austeridad sobrevenida.

En la historia de la democracia española, se ha aprobado dos veces la amnistía fiscal y, en los dos casos, la ha aplicado un gobierno socialista. La primera vez fue en 1984, con Miguel Boyer al frente del ministerio de Economía. Boyer endureció las leyes contra los evasores de impuestos y, al mismo tiempo, concedió ‘el perdón’ al permitir que todos los que tenían ocultas sus actividades pudieran comprar pagarés del Tesoro Público, sin ninguna penalización fiscal y pudiendo salvaguardar el anonimato. La segunda vez fue en 1991, con Carlos Solchagacomo titular de la cartera de Hacienda. En esta ocasión, la amnistía consistió en permitir que los infractores compraran deuda pública con dinero negro con un tipo de interés inferior al del mercado. El indulto no funcionó como el Gobierno de Felipe González esperaba y tuvieron que subir el IVA en los Presupuestos Generales de 1992, además de advertir de que no se volvería a conceder el perdón fiscal. Ahora, más de veinte años después de la aprobación de la primera amnistía fiscal, con una crisis económica y financiera que deja cinco millones de parados, una deuda pública que puede alcanzar el 74,3% del PIB en 2012 y unas arcas del Estado casi vacías, un gobierno vuelve a plantear la amnistía pese a que los antecedentes nunca cumplieron las expectativas en ella puestas. Con todo, no es España una excepción en Europa ya que otros países han optado por esta medida. Así, Italia es uno de los mejores ejemplos: el pasado mes de octubre, el entonces primer ministro, Silvio Berlusconi, volvía a proponer la amnistía fiscal para reducir el déficit. De este modo, se planteaba eximir los delitos fiscales a quienes compren deuda soberana. Algo que le valió críticas, incluso, desde dentro de su propio partido. Ésta no era la primera vez que ‘Il Cavaliere’ decide perdonar a los evasores con tal de que su dinero vuelva a fluir en el país. Ya en el año 2009 se aprobó la medida y logró que 95.000 millones de euros regresaran a las arcas italianas. Pero según los expertos, esta cifra no es sinónimo de éxito, sobre todo porque la multa para los evasores italianos fue de un irrisorio 5%, cuando en otros países era 10 veces mayor, y aseguran que nuestra Agencia Tributaria tiene más controles que la de Berlusconi.

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Portugal aprobó la medida a mediados de 2010. En grandes líneas, esta medida excepcional se aplicó a depósitos bancarios,  valores mobiliarios y otros instrumentos financieros tales como fondos de inversión y determinados seguros de vida-ahorro. Se estipuló el pago de un impuesto del 5% del valor de los activos y no es necesario transferirlos a entidades financieras portuguesas, siempre y cuando se trate de elementos que estuvieran depositados en estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Alemania hizo lo mismo mucho antes de que la actual crisis arreciara. En 2003, el canciller GerardSchröder, dio luz verde a una amnistía fiscal que en la que se permitía a los empresarios alemanes repatriar los fondos que tuvieran en el exterior sin penalización alguna, aunque fijaba una tasa del 25% sobre este dinero una vez que hubiera salido a la luz. En concreto, en los cuatro primeros meses del año el total del dinero repatriado gracias a esta norma ha sumado únicamente 125 millones de euros. Una cantidad muy por debajo de los 5.000 millones previstos inicialmente. Francia tuvo un conato de implantación de la amnistía fiscal en 2004. El primer ministro francés, Jean Pierre Raffarin había apostado por repatriar capitales, implantando una tasa liberatoria de retorno, entre el 10% y 20%, según el volumen de dinero legalizado. Finalmente, Raffarin dio marcha atrás. Le llovieron críticas de todos los partidos.  No se veía ni “moral” ni “eficaz” para la lucha contra la evasión de capitales y la circulación de dinero negro. Años después, en 2009, la Administración Tributaria francesa por aprobar un régimen especial de regularización. Creó una unidad especial en Hacienda. El objetivo: gestionar todos los procesos de regularización de patrimonios opacos situados en paraísos fiscales. Así, se asegura que se apliquen criterios similares en los procesos de regulación y se da seguridad jurídica, ya que sólo hay un órgano inspector. Y en Reino Unido en agosto de 2010, “Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) lanzó entre septiembre de 2009 y marzo de 2010 The new disclosure opportunity,  encaminada a regularizar exclusivamente cuentas bancarias offshore, debiendo los contribuyentes pagar los impuestos dejados de ingresar durante los últimos diez años junto con una sanción del 10% de la deuda. Si bien no se garantizó la inmunidad penal de los contribuyentes que se acogiesen al programa, el HMRC anunció que las posibilidades de comenzar acciones penales eran extremadamente bajas”.

En España habría que empezar por recordar que conviven cinco Haciendas –Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra/Nafarroa y España – y de ellas solo la española aplicará la medida, pues, las otras cuatro ya han manifestado que optan por la lucha contra el fraude como mejor argumento para incrementar los ingresos forales. Tanto en lo que respecta a los que practican la economía sumergida que, según la Fundación de las Cajas de Ahorro, se cifra en el 24% del PIB de España, como para los que sacan sus grandes capitales fuera de país para evadir impuesto. La OCDE calcula que el 13% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales, esto es, entre cinco y siete billones de dólares. El objetivo es hacer que aflore el dinero negro o que vuelva a España. La estimación del gobierno es que se conseguirá que aflore un 10% de la economía sumergida. Eso son 25.000 millones de euros. Lo cual quiere decir que el gobierno sabe perfectamente que están fuera del control impositivo 250.000 millones de euros. De los cuales —con suerte, con mucha suerte— nos dicen que esperan ingresar 2.500. Si esos 250.000 millones tributaran a lo que deben, más los recargos y las correspondientes sanciones, no tendríamos ninguna necesidad alguna de recortar en educación, sanidad, investigación o dependencia en los presupuestos de 2012. Y resulta concluyente el dato que aporta que con los métodos regulares de la lucha contra el fraude fiscal, en 2010, la Agencia Tributaria logró recuperar más de 10.000 millones de euros procedentes de actividades fuera del fisco. Una cifra que supone un 1% del PIB.

Los mismos profesionales de la Agencia Tributaria se han manifestado en contra de la medida que consideran solo servirá para “enjugar los delitos fiscales a precio de saldo”. Los inspectores, que se supone son quienes más deben saber sobre fraude, estiman que el 72% del dinero defraudado a Hacienda proviene de las grandes fortunas y las grandes empresas que, incomprensiblemente, son investigados con muchos menos recursos, ya que la Agencia Tributaria concentra el 80% de sus investigaciones en pequeñas empresas y pequeños contribuyentes. Las grandes empresas tienen más mecanismos de elusión, como las conocidas SICAV, y por supuesto, más facilidades de evasión, ya sea a través de paraísos fiscales o mediante operaciones entre entramados societarios. Pareciera que Rajoy pretende dar la razón a los medios de comunicación y opciones de ultraderecha europea que vienen repitiendo hasta la saciedad que las economías periféricas son nidos de defraudadores y vagos. Oficializando el perdón de delincuentes fiscales se acredita internacionalmente la existencia de un problema estructural, que cuanto menos debería ser inconfesable: España país de economía sumergida y de fuga de capitales. No parece el mejor reclamos para que nuestros socios se corresponsabilicen con los problemas de paro, falta de crecimiento e insuficiencia financiera a la que nos está sometiendo la crisis.

Pero son las consideraciones para la convivencia en el Estado las que resultan más graves de la medida anunciada. En primer lugar, por el agravio comparativo que supone para los millones de contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones. Se premia al defraudador, que podrá esperar a que una de estas amnistías cíclicas pongan en regla su dinero negro. El mensaje es claro: en el Estado español es más rentable delinquir que cumplir o dicho de otra forma, el impuesto grava la honradez. El Estado pierde la legitimidad para exigir el esfuerzo colectivo, el que hace posible un sistema social de protección mútua y, en suma, la arquitectura del Estado del Bienestar se resquebraja en sus cimientos. Rompe también el equilibrio territorial, pues, los niveles de economía sumergida y de fraude fiscal son muy dispares en unas y otras Comunidades Autónomas, con lo que abierta la veda de la aministía, aquellas Comunidades más honestas en sus cuentas y en perseguir el fraude, salen claramente perjudicadas frente a aquellas donde la corrupción y los defraudadores protagonizan la vida pública y la economía productiva. La crisis ha aflorado nuestras miserias peninsulares, pero no imaginábamos que llegaría a recurrir al perdón de los que roban al conjunto de los ciudadanos para salir adelante. Si quienes actúan de manera egoísta, buscando la riqueza monetaria a cualquier precio, incluido el recurso a la delincuencia fiscal, son hoy nuestros salvadores, prefiero declararme éticamente insumiso de este Estado de cosas.

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De cómo la abstención avanza silenciosamente sin que nadie quiera escucharla

Las elecciones en Andalucía y Asturias del pasado domingo han remarcado la tendencia de caída de participación e incremento de las abstención registrada en los últimos años en el Estado español. En Andalucía votó el 62,23% del electorado, cerca de diez puntos menos que en las elecciones autonómicas de 2008, mientras que en Asturias solo lo hizo el 55.92%, nada menos que once puntos menos que en los comicios anteriores. Exceptuando las grandes batallas electorales que suponen las elecciones generales, de las que sale el presidente del gobierno electo y que moviliza a todos los grandes medios de comunicación en torno al debate PSOE / PP, el resto de citas electorales se está deslizando hacia abstenciones en la banda del 40% al 50%, convirtiéndose en la opción mayoritaria de los ciudadanos. En la última década, de manera muy especial en los últimos cinco años, cerca de un 15% más de la población con derecho a voto se ha desenganchado del sistema hasta tal punto que se queda en casa el día de la gran liturgia de la democracia. Un fenómeno silenciado por los grandes partidos políticos, que evalúan los resultados electorales con una breve declaración retórica sobre la escasa participación, pero sin aludir a las motivaciones que provocan este desapego de la gente hacia la política. El disputado voto del abstencionista ha dejado paso a la disputa por el cada día más disminuido voto de los convencidos, en una suerte de batalla por el hooliganismo que cristaliza los votantes propios en eso que llaman los expertos politólogos, suelos electorales de los partidos.

La abstención, término que deriva de la voz latina abstentio, es un no hacer o no obrar, lo en esencia normalmente no produce efecto jurídico alguno. En democracia la abstención puede suponer la existencia de corrientes políticas que no se integran en el juego político normal, aunque con carácter general suele responde a impulsos o motivaciones individuales plenamente respetadas y asumidas incluso cuando sobrepasan determinados límites porcentuales. Ante ese fenómeno nos encontramos, el de la apatía ciudadana. Una población crecientemente desencantada del sistema, que no detecta liderazgos atractivos y opta por darle la espalda a la política. El resultado es una mezcla de desobediencia cívica y de concreción de insatisfacción política. En el caso del Estado español, varía sustancialmente los grados de abstención en función del tipo de cita electoral de la que hablemos. En las elecciones generales, al Congreso la media de abstención es del 26%, mientras que al Senado es del 38%, en las municipales y autonómicas del 34%, en las europeas del 45% y en referéndums del 40%. Son, pues, curiosamente, las elecciones más cercanas y las más alejadas o supranacionales, las que registran una menor participación. Pero si miramos las Comunidades con mayor nivel de identidad nacional como es el caso de Euskadi o Catalunya, las participaciones se acercan a los niveles de las elecciones generales. Por tanto, parece evidente que la movilización electoral tiene mucho que ver con el grado de pertenencia que el ciudadano tiene a su comunidad, lo que aporta valores al voto, no puramente racionales, sino más basados en sentimientos y pasiones identitarias/ideológicas.

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Si echamos una mirada a nuestros entornos democráticos, tanto en un espacio maduro en este sentido como lo es el de Europa o en uno más joven y en aún en proceso de consolidación como lo es el latinoamericano, sobre los datos que arrojan las elecciones de la última década, los resultados son los siguientes:

Estados con una abstención entre el 100% y el 80%: En Europa, Mónaco; en América Latina, ninguno. Abstención entre el 60% y el 80%: en Europa, Andorra y Suiza; en América Latina, Colombia y Guatemala. Abstención entre el 40% y el 60%: en Europa, Lituania, Polonia, Estonia, Francia, Luxemburgo, Moldavia y Letonia; en América Latina, Venezuela, República Dominicana, Jamaica y México. Abstención entre el 40% y el 20%: en Europa, Hungría, Macedonia, Reino Unido, Ucrania, Irlanda, Finlandia, Rumanía, Eslovenia, Liechtenstein, Portugal, Alemania, Bulgaria, Holanda, Austria, Noruega, República Checa, Chipre y España; en América Latina, El Salvador, Bolivia, Honduras, Surinam, Guyana, Costa Rica, Belize, Chile, Panamá, Nicaragua y Brasil. Y abstención entre el 0% y el 20%: en Europa, Suecia, Eslovaquia, Dinamarca, Bélgica, Grecia, Italia, Islandia, San Marino y Malta; y en América Latina, Ecuador, Argentina y Uruguay (en esta última escala existe en estos Estados algún tipo de obligación de voto).

Acercando más el foco a la Unión Europea y sus grandes democracias, todas ellas han ido incrementando sus niveles de abstención desde la década de los setenta en un promedio que oscila entre un 10% y un 20% más, unas cifras alarmantes que alcanzan sus máximos en las elecciones al Parlamento Europeo, que en la mayoría de estos Estados apenas alcanzan el 50% de la participación. El desapego a la política común y a las instituciones europeas es altísimo, eso sí prácticamente desde su creación.

Sin ánimo de convertir este post en una retahíla de datos, si resulta de interés observar el comportamiento ciudadano ante el voto, según las edades y el género. Así, la participación electoral en Europa de los jóvenes entre 18 y 30 años nos aporta datos bastante homogéneos aunque con diferencias. En general, votan mucho menos que sus mayores, pero mientras que en el Reino Unido, votan mucho menos (un 39% más), en España la diferencia se modera (un 25% menos) y en Italia, sin embargo, no existe prácticamente diferencia (un 0,2% menos). El comportamiento cívico democrático es evidente que madura con la edad porque a medida que nos hacemos mayores el nivel de participación electoral se incrementa, pasando la abstención de los jóvenes entorno a un 45%, entre los 30 y 40 años baja a un 37%, de 40 a 50 años ronda el 32% de abstención, de 50 a 60 años un 26%, de los 60 a 70 años, solo de un 20% y entre los mayores de 70 años, un 15% de media de abstención. Y respecto a la influencia del género en las ganas de votar, digamos que históricamente y hasta hoy, las mujeres votan más que los hombre europeos, en una media superior de participación de un 5% para las féminas.

Podemos preguntarnos quién es el beneficiario del incremento de la abstención en las elecciones. Desde luego, vista la reacción de los políticos, lo que si podemos afirmar sin ánimo de equivocarnos es que los abstencionistas no obtienen beneficio alguno de su actitud. Hasta ahora siempre habíamos pensado que eran los grandes partidos, los que mejor tajada sacaban de la abstención en detrimento de las minorías parlamentarias. Eso sí, repartiéndose la suerte entre ellos, unas veces la desmovilización ha favorecido a uno y otras al contrario, en función de la capacidad de tener a sus adeptos apasionados por derrotar al enemigo en el acto de votar. Sin embargo, la evolución reciente está demostrando que las minorías más radicales, ultraderecha, ultraizquieda o ultranacionalistas, según los Estados, son los mayores beneficiarios del fenómeno abstencionista europeo. Y eso se produce por su capacidad de alentar movimientos de rechazo al sistema, que generan corrientes de simpatías de fuerte militancia. Estos llamados neopopulismos, que no pretenden cambiar la sociedad, sino condicionar las decisiones desde sus posiciones de minoría, se están convirtiendo en la llave de la gobernabilidad en muchos Estados o comunidades, en gran medida gracias a la fuerte abstención registrada en un comicio tras otro.

Si queremos salvar el modelo de Estado del bienestar igualitario, equitativo y universal que los europeos con más o menos antigüedad hemos ido construyendo, debemos ser conscientes de la necesidad de combatir el abstencionismo que paulatinamente está minando la credibilidad de nuestras democracias. A la abstención como desapego del sistema, se le hace frente a través de la democratización efectiva de los partidos políticos, otorgando sentido efectivo y no meramente ritual al acto electoral, estableciendo un sistema de apertura de listas o al menos la eliminación de las cerradas y bloqueadas y, en definitiva, mediante una profundización efectiva en la democracia y, sobre todo, recuperando el prestigio de la institución representativa por excelencia, el Parlamento, privado progresivamente de poderes efectivos. Una nueva forma de hacer política que cambie la máxima déspotica del “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, por la necesaria aceptación de la norma básica de la democracia del principio de la soberanía popular. Modernas formas de participación en la vida pública y en las decisiones que nos afectan día a día, requieren nuevas mentalidades y culturas políticas. Un objetivo que se viene demandando machaconamente desde instancias sociológicas, pero que a las que los líderes y dirigentes políticos han hecho oídos sordos.

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Construyendo puentes: Unión Europea – América Latina Caribe

Se ha celebrado esta semana en Bruselas el seminario organizado por el diarioAquí Europa bajo el título “Construyendo puentes, Europa, América Latina, Caribe”. Los ponentes – dirigentes del Parlamento, Comisión y Consejo europeos,Eurochambres, embajadores ante la UE de México, Brasil, Chile y Colombia,Fundación EULAC y compañías globales como Microsot y Telefónica – han puesto encima de la mesa los distintos temas que a lo largo del año 2012 van a centrar la agenda de relación entre las dos regiones. A saber, objetivos y temario de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno UE-ALC – América Latina Caribe – de Santiago de Chile en enero de 2013; la ratificación de los acuerdos comerciales de la UE con Colombia, Perú y Centroamérica; la negociación de la Ronda Mercosur; el arranque de la Fundación EULAC y el inicio de conversaciones para un tratado comercial preferente con Ecuador y Bolivia.

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A modo de pinceladas gruesas, impresionistas, del termómetro de la relación UE-ALC les dejo a continuación escritas frases y datos de los cualificados ponentes del seminario:

“Es necesario impulsar el concepto de diplomacia económica con cinco vectores básicos: 1) transparencia de negocio creando un Registro Mercantil común; 2) dotar de confianza legal con órganos de arbitraje UE-ALC; 3) clima de negocio gracias a la formación en común empresarial; 4) movilidad empresarial mediante un Erasmus para empresarios de los dos lados y 5) innovación promovida desde clusters UE-ALC”.

“La relación debe dejar de ser retórica para pasar a la acción y debe cambiar el lenguaje de la cooperación para el desarrollo por el de la colaboración económica”.

“La cumbre de Santiago será la primera que producirá entre dos organismos supranacionales, la UE y CELAC – Comunidad de Estados Latinomericanos y Caribeños – lo que demuestra un alto grado de madurez en procesos integradores”.

“Brasil es el cuarto inversor mundial en la UE con 80.000 millones de € al año y ésta invierte en América Latina más que China, Rusia e India juntos. América Latina podría exportar ya un 30% más a la UE. Europa exporta a ALC bienes de alta gama y calidad que son complementarios y no competitivos como los chinos de los productos latinoamericanos. La evolución de las exportaciones mundiales a ALC en la última década muestra un fuerte descenso de EE.UU. aprovechado por China mientras la UE ha sido capaz de mantener niveles similares en estos años”.

“La Unión Europea y América Latina componen el mayor espacio de paz y democracia del mundo hoy: 60 Estados y 1.100 millones de habitantes”.

“La crisis en la UE es mutante como la piel de una serpiente, primero fue financiera, después de la deuda soberana, luego de crecimiento y ahora de empleo, por eso llegamos siempre tarde para resolverla, nos lleva con la lengua fuera. Seguramente porque el viejo continente se está convirtiendo en un continente de viejos, mientras que el nuevo mundo latinoamericano está gestando un mundo nuevo. Por eso la crisis es una llamada a la humildad y a la oportunidad de una relación más madura de igual a igual”.

Más allá de lo expuesto en Bruselas, la realidad cruda es que Europa vive inmersa en un proceso de reducción de déficits públicos y de reestructuración de la deuda soberana de algunos de sus Estados, en pleno escenario de crisis, con bajos niveles de crecimiento económico, inflación al alza y destrucción de empleo. Un panorama que caracterizó en la década de los 80 y de los 90 a las grandes economías latinoamericanas, en casos tan paradigmáticos como el de Argentina, México o Brasil. Fueron años de intervención del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de “corralitos” monetarios, de dolarización y mercados negros, de insolvencia de sus entidades financieras y de impagos de compromisos internacionales en la Región. La credibilidad de Latinoamérica estaba por los suelos y sus sistemas políticos alternaban etapas de democracia sumida en la corrupción, con periodos de caudillismos, populismos o dictaduras sin reparos en la vulneración de los derechos humanos. Desde entonces el camino recorrido por gobiernos, pero sobre todo por la ciudadanía del otro lado del Atlántico, ha transformado profundamente los indicadores de la Región. Con todos los riesgos que se le quieran poner, el continente crece, crea empleo, controla sus déficits y se siente joven para acometer los complejos retos de futuro en una economía globalizada.

Los tiempos han cambiado tanto, que ahora es en Europa donde interviene el Fondo Monetario Internacional, pero por otro lado, las inversiones directas de empresas alemanas en Latinoamérica y el Caribe se han duplicado en los últimos 10 años. La presencia española en sectores como el financiero y el de las telecomunicaciones en cuantiosa. Y FIAT es más grande en Brasil que en Italia. En Europa, en las actuales circunstancias, crece el interés por América Latina. No hay mejor terreno para retomar el crecimiento ante los límites de sus maduras y traumadas economías. Por ello un tema clave es  descifrar hasta qué punto la comprometida situación financiera y fiscal de la Euro Zona sustraerá liquidez para sostener el ritmo de inversión extranjera europea en la región latinoamericana. Así las cosas, Latinoamérica tiene una posición muy privilegiada para consolidar cadenas de valor apoyadas en la asociación con capitales europeos.

Pero no nos engañemos, para que la realidad de una necesaria cooperación europea prospere, primero tenemos que conocernos, no podemos seguir ignorándonos. Del conocimiento mutuo entre nuestras heterogéneas opiniones públicas surgirá el encuentro necesario. La oportunidad que supone la cumbre de enero en Santiago de Chile debe ser aprovechada con el trabajo a lo largo de este año. Si no nos conocemos, no nos entenderemos y si no nos entendemos no cooperaremos. Socios globales: ese es el estatus de relación birregional al que debemos aspirar dos áreas de civilizaciones comunes. Tenemos mucho que aprender los unos de los otros, pero más que hacer el retórico repertorio de oportunidades, toca trabajar en serio por ellas.

Si tenemos que mirar hacia adelante para explorar las enormes posibilidades que nos brinda la colaboración birregional convendría recordar las palabras que nos han dejado escrito dos grandes humanistas de nuestro espacio intelectual universal. El mexicano Carlos Fuentes nos advirtió de que “tenemos un pasado que debemos recordar, pero que sobre todo tenemos un porvenir que podemos desear”. Y unos cuantos años antes, el español Miguel de Unamuno nos recomendó que “procuremos más ser padres de nuestro porvenir, que hijos de nuestro pasado”. Extraordinario reto el de europeos y latinoamericanos de labrarnos un provenir común. Dialoguemos y trabajemos por él.

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La reforma laboral española “modélica y valiente”… para Merkel y ¿para los españoles?

Conviene recordar, para aquellos que claman sistemáticamente por una mayor flexibilidad del mercado de trabajo como si de la panacea universal se tratara, que una reforma laboral no crea empleo y si acaso su función es proporcionar condiciones para que contratar sea posible. Son el crecimiento, la demanda interna, la capacidad exportadora, la productividad o la competitividad de una economía las verdaderas claves del incremento de ventas y de beneficios que lleva aparejada la contratación de personal en las empresas. Por tanto, de entrada llama la atención el empecinamiento de los gobiernos españoles y de las autoridades europeas en apresurarse a plantear una “agresiva” – en palabras del ministro de Economía Luis de Guindos – cuando las reformas estructurales, antiespeculativas y de lucha contra el fraude fiscal aún ni siquiera han empezado a enunciarse. Acometer parcialmente reformas sin poner el énfasis en el cambio del modelo productivo solo puede deberse a un intento de calmar a los socios comunitarios, especialmente, a la todopoderosa canciller Merkel o para satisfacer las necesidades de las grandes empresas. Ninguno de los dos motivos justifica la extrema urgencia de una reforma que llega apenas un año después de la realizada por el gobierno de Rodríguez Zapatero y que tan escaso éxito, por no decir nulo, ha tenido.

Realizada la crítica anterior, no es óbice para reconocer las causas objetivas que hacen necesaria una reforma del marco legal del mercado laboral en España. La principal tiene un rostro muy concreto, la generación perdida de jóvenes que se están viendo obligados a emigrar ante la imposibilidad manifiesta de encontrar trabajo. Con más del 40% de la tasa de paro juvenil España es el país de Europa líder en esta estremecedora estadística. Duplica la media de paro de la Unión Europa en menores de 25 años, es decir, en personas que acaban sus estudios universitarios, jóvenes que han realizado formación profesional o lo que es más grave, los “ni-ni”, aquellos que ni estudian, ni trabajan. El futuro que deben representar está más que cuestionado y sus expectativas para los años venideros no parecen ser mejores. Ante este drama generacional y colectivo de nuestra sociedad, solo cabe conceder el valor que le corresponde a un puesto de trabajo. Si los legisladores fueran capaces de convencer a los trabajadores de la riqueza infinita que hoy en día supone poder trabajar cuando el empleo se ha convertido en un bien tan escaso, probablemente cambiarían las mentalidades de quienes acuden a su lugar de trabajo mecánicamente para cubrir una jornada laboral y cobrar un sueldo a fin de mes. Esa transformación de la cultura del trabajo tendría mucho que ver con la relación empresa – trabajadores, pasando de un criterio de conflicto a uno cooperativo, diseñado desde el reconocimiento de ambas partes de que la negociación colectiva actual está obsoleta. La capacidad de innovación o la eficiencia en el uso de los recursos en una empresa está directamente relacionada con el clima laboral de la misma. De ahí que resulte imprescindible que cada cual se conciencia para buscar los niveles de excelencia lógicamente exigibles en su nivel de responsabilidad. La verdadera reforma laboral empieza por uno mismo, empieza porque empresarios y trabajadores se pregunten si están haciendo todo lo posible para trabajar mejor, para crear más riqueza y desarrollar el negocio.

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España es uno de los países europeos que más reformas laborales ha acometido en la última década. La reforma de la reforma de la reforma ha concebido un mercado laboral español que lleva demasiadas legislaciones yuxtapuestas sin encontrar un camino estable para el mercado de trabajo. Y es así precisamente porque el foco no se ha puesto en el verdadero problema. Los tecnicismos contractuales se han impuesto a las visiones estratégicas, se han cambiado fórmulas contractuales una y otra vez tratando de ajustarlos a las situaciones del mercado, sin entrar de lleno en los procesos formativos y en los esquemas organizativos que afectan a los niveles de productividad y, por ende, de competitividad en su entorno de mercado. Esas reformas estructurales que tienen más que ver con la forma de trabajar española, que huye del concepto colaborativo y que desprecia la colaboración en cluster empresarial, son las que desde hace años se hacen imprescindibles para crear empleo sostenible. Seguimos poniendo el ojo y la bala en el despido, como si abaratarlo fuera la única manera de convencer a un empresario de que contrate. Una cosa es que el sistema drene, es decir, que permita la entrada fluida de trabajadores en él y otro que lo convirtamos en la bañera que tratamos de llenar y a la que no ponemos tapón.

En todo caso, ya que nos han cocinado un plato de comida rápida, otra reforma laboral express, me aventura a comentar las principales medidas de la misma:

Condiciones de despido no objetivo, es decir, improcedente: la indemnización pasa de 45  a 33 días por año trabajado y su tope de 42 a 24 mensualidades. No es retroactivo, esto es, computa dualmente. La antigüedad anterior a la reforma se contabilizara sobre 45 días y 42 mensualidades y la que surja a partir de ahora sobre 33 días y 24 mensualidades. Dadas las actuales circunstancias económicas, podría calificarse como el mal menor que los trabajadores estarían dispuestos a aceptar, mientras que a los empresarios les parecería si fuera la medida principal de la reforma, insuficiente a todas luces. Por tanto, no produce ni frío, ni calor a los actores del mercado laboral.

Condiciones de despido por causas objetivas: 20 días por año trabajado y la justificación para su aplicación por parte de las empresas no será otra que poder demostrar la bajada de ingresos o pérdidas en los últimos 9 meses del ejercicio. Sin paliativos y si en el trámite parlamentario no se establecen severos mecanismos de control, esta medida es un auténtico coladero para fraudes y despidos masivos. Permitiría cambiar trabajadores caros de mediana edad (entre 45 y 60 años) por jóvenes mileuristas. A ella se añade la capacidad que se les concede a las empresas para llevar a cabo un ERE – Expediente de Regulación de Empleo – sin necesidad de contar con la autorización administrativa. Un traje a la medida para las grandes compañías y que extienden además a las empresas públicas.

Cambio de condiciones de trabajo: se conceden amplísimos poderes a las empresas para cambiar las condiciones en que un trabajador ejerce su labor tanto por causas organizativas, de producción… en suma, de todo lo que el empresario estime oportuno. Cambiar horarios, ubicación o puesto, supone alterar radicalmente la vida de una persona y eso viola claramente los más mínimos derechos de los trabajadores.

Contrato de emprendedores: se establecen subvenciones y bonificaciones para fomentar el empleo joven. Volvemos a caer en la trampa de crear empleo no por necesidad del mercado sino por convertir en un negocio el contratar.

Temporalidad: se impide la concatenación de contratos temporales buscando el fomento de la contratación indefinida. Nada que objetar si no fuera porque la realidad actual del crecimiento de nuestra economía hace imposible a los empresarios planificar su masa laboral sobre contratos indefinidos, más bien requieren ligarlo a la demanda o su capacidad de venta o de realizar proyectos.

Podemos concluir que si la reforma se aborda por los agentes sociales, especialmente los empresarios, por su lado más “agresivo”, se logrará el abaratamiento del despido que favorece a las grandes empresas que podrán cambiar empleados “caros” maduros, por jóvenes a bajo coste. Habremos aumentado el paro y además, lo habremos hecho en su segmento de población más sensible, clases medias que soportan la protección familiar de sus mayores con bajas pensiones y de sus hijos sin empleo. A corto un absoluto desastre y a largo una apuesta sin garantías de éxito, ni de ofrecer una perspectiva ilusionante a nuestros jóvenes. Para Merkel una reforma “modélica y valiente”, seguramente porque no afecta a sus trabajadores alemanes y para los españoles un motivo más de preocupación. Enfrente una oposición política disminuida, unos sindicatos sin apenas credibilidad social y unos ciudadanos atemorizados.

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