España 2015, de elección en elección hasta la derrota final

Andalucía abre el juego electoral en el que España se va a ver sumida durante el presente 2015. Cuatro convocatorias a las urnas que prácticamente van a dilucidar el nuevo reparto de poder para los cuatro próximos años, siempre que la aritmética parlamentaria haga posible la estabilidad toda una legislatura. Es el año del juicio político a la gestión de la crisis. Al ya ex presidente Rodríguez Zapatero la crisis le costó el mayor varapalo electoral de la historia del Partido Socialista y hasta la fecha, la inmensa mayoría de los gobernantes que han pasado examen de su acción política han cosechado un severo castigo. Nada que pueda sorprendernos, pues, las consecuencias de la crisis se pueden medir en pérdida de derechos, de protección social y, excepto los más ricos, de fuerte caída de poder adquisitivo de los ciudadanos. Pareciera que ante este panorama, el votante se mueve más por el deseo de escapar de la pesadilla y prefiere lo nuevo como oferta antes que reincidir en políticas que considera le han llevado hasta aquí. Esa sería la primera reflexión a tener en cuenta: en la proporción que finalmente resulte, pero debemos descontar la entrada en el mapa político con fuerza, de opciones nacidas en el propicio caldo de cultivo de la crisis y que hasta la fecha no han ejercido responsabilidad de gobierno.

Que el baile empiece en Andalucía tiene todo que ver con la estrategia socialista de salvar los muebles en su feudo más fiel y seguro. De haber dejado la cita electoral andaluza para más adelante, el PSOE podría haberse encontrado con un rosario de malos resultados que habrían hecho peligrar su propia existencia. Adelantando no han buscado la estabilidad de gobierno, más bien la ponen en juego, pues, difícilmente el resultado del próximo domingo arroje un Ejecutivo más sólido que el de coalición con Izquierda Unida anterior a la disolución. Sin embargo, la victoria clara aunque sin mayoría absoluta y con una fuerte pérdida de escaños respecto a los anteriores comicios, según auguran los sondeos, suena a música celestial a un partido socialista necesitado de una buena noticia de cara a las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. Está claro que ante el vértigo a precipitarse hacia la desaparición, la vieja guardia con Felipe González a los mandos ha tocado a rebato, tirando de manual estratégico y poniendo paz entre Susana Díaz y el aun bisoño secretario general, Pedro Sánchez. Esta es la primera consecuencia de la entrada imparable de Podemos en el escenario político, la reacción del PSOE. Por su parte, el PP ganador de los anteriores comicios andaluces, al borde entonces de la mayoría absoluta, optó por el recambio de su líder, jubilando al eterno aspirante a presidente de la Junta, Javier Arenas y sustituyéndole por un desconocido Juan Manuel Moreno Bonilla. Un plan aparentemente quebrado, al menos en las encuestas, por la incorporación de otra nueva fuerza que compite por el espacio del centro, Ciudadanos.

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Un mal resultado del PP en Andalucía tendría consecuencias negativas con casi total seguridad en los comicios que más preocupan este año a la formación conservadora. Las elecciones autonómicas y municipales de mayo son el hito más complejo de salvar para los populares, sobre todo, por la gran acumulación de poder que registraron en 2011. Gobernando como gobierna en la gran mayoría de las comunidades y principales ayuntamientos españoles, de natural deben perder un importante número de cargos electos y gobiernos, un efecto que puede agravarse por el desgaste de la acción del gobierno Rajoy y la retahíla de casos de corrupción en los que se haya inmerso. Ese efecto dominó que de perder en Andalucía arrastraría a derrotas en toda España en mayo, dado lo apretado de todos los plazos electorales podría también condicionar negativamente su resultado en las elecciones generales de noviembre o diciembre. En todo caso, es obvio que al PP y concretamente a Mariano Rajoy, dadas sus escasas cotas actuales de popularidad, le está siendo muy complicado poner en valor los logros de su gestión relativos  a la mejora de la situación económica, a haber evitado el rescate de España y a ponernos en la senda de la recuperación,  hechos que internacionalmente nadie le niega. Sus votantes se han sentido traicionados por una gestión que consideran ha sido desleal a su programa, especialmente con la subida de impuestos y de ahí, que esa clase media de derechas que ansiaba un planteamiento liberal de gobierno, hoy por hoy, salvo que el miedo escénico a una victoria de la izquierda le movilice, está más por la labor de votar a Ciudadanos o de quedarse en casa.

Por medio, entre las autonómicas y municipales y las generales, Artur Mas metió la ficha de unas elecciones catalanas, pretendidamente convocadas por él como un plebiscito por la independencia. A la vuelta de las vacaciones de verano y en el entorno de sensibilidad que genera la Diada de Catalunya, el president pretende demostrar con los votos en la mano, la existencia práctica de una mayoría política independentista en el Parlament. Sus diferencias con Esquerra Republicana, sin embargo, han enfriado mucho los anhelos de independencia entre los votantes, siempre según las encuestas. Queda por ver si ambas formaciones, CiU y ERC son capaces de conformar una sola lista o al menos acudir con un programa común a las elecciones. De no ser así, el camino emprendido hacia la independencia podría haberse quedado de momento en una altisonante batalla por el poder autonómico, mientras que en el frente españolista, toda la refriega se saldaría con la victoria de Ciudadanos en detrimento de PSC y PP.

El gran generador de este calendario y, en gran medida, de la enorme incertidumbre que el futuro político español despierta, no es otro que Podemos. Una formación de recientísimo cuño, inexperta total en este tipo de comicios, pues, solo concurrió a las elecciones europeas de circunscripción y lista única. Esta formación y su líder han alcanzado cuotas de popularidad mediática desconocidas hasta la fecha en tan escaso período, lo que afianza la opinión de que su novedad despierta enorme interés, sea a favor o en contra. Se trata en esencia de un fenómeno caliente, que en dicha condición reúne lo mejor y lo peor de si mismo. Podemos está de moda, pero su reto es no ser una moda y convertirse en una realidad creíble y sostenible como oferta política en el tiempo. Como todas las cosas, a su vez el tiempo corre en su contra, ya que cada vez son menos novedosos, pierden frescura a medida que les conocemos más, se parecen a todos y se les exige que concreten sus propuestas. El cheque gratuito a Podemos por parte de los electores no sabemos cuántas convocatorias a las urnas puede durar, pero cuatro como tenemos este año, se antojan demasiadas. Las informaciones sobre irregularidades de Errejón o sobre las cuentas personales de Monedero no les ayudan, como tampoco lo hace la gestión del gobierno griego de Alexis Tsiprasa medida que tenga que reconocer el estrecho margen de acción política que queda más allá de los imperativos impuestos por Bruselas. Y, para colmo de posibles males, para la formación de Pablo Iglesias, aparecen los novísimos, una fuerza política más asumible y centrada para muchos votantes, Ciudadanos, con un líder mejor vestido y de discurso amable, que está robando a parte del electorado snob en todo el territorio que se siente español.

Como se ve, vivimos tiempos tan confusos como previsiblemente convulsos y de cambio político en España. El grado exacto y la magnitud del terremoto, lo iremos sabiendo por etapas y comicios. Ninguna de ellas dejará de tener impacto en la siguiente, de ahí que convenga a la hora de reflexionar o hacer pronósticos tomárselo con mucha calma y sosiego. Sobre todo si tenemos en cuenta que los medios y los propios partidos han decidido convertir a las encuestas en arma de guerra de uso más que frecuente asiduo. Nos estamos viendo sometidos cada fin de semana a un sondeo sobre algo relacionado con unas u otras elecciones, como si pudiera ser cierto que la opinión o el voto cambia cada siete días en más de un diez por cierto de la población. Tratar de influir mediante encuestas en el estado de ánimo del votante es una vieja técnica a la que no niego valor,  pero muchas empresas demoscópicas, medios de comunicación, sociólogos y politólogos, están poniendo en riesgo su buen nombre y credibilidad en este juego. En cualquier caso, los ciudadanos tenemos la última palabra y la partida empieza en Andalucía.

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2014, Europa en la encrucijada

2014 llega con un marcado carácter europeo. No solo por ser año electoral en laUnión Europea que elije su eurocámara, sino porque como cada siete años, el llamado marco presupuestario de la UE se renueva y con él todo el conjunto de fondos y ayudas comunitarias. Asimismo, el año que comienza debería instaurar definitivamente la Unión Bancaria, lo que significa que al igual que Estados Unidos, los europeos tendremos una moneda común, un banco central y una reserva federal. Y por si todo esto fuera poco, a raíz de la renovación de los escaños de los europdiputados, deben renovarse todos los cargos principales de nuestras instituciones, el presidente del Consejo Europeo, el de la Comisión y todos sus miembros, el del Eurogrupo, así como el del Alto Representante Exterior de la Unión. En conjunto, un año de cambios profundos que contará con una cierta estabilidad política en los Estados miembros, pues, ninguno de los grandes tiene comicios nacionales, salvo si en ItaliaBerlusconi decide arrastrar a su país al caos electoral para resolver sus problemas judiciales. Si habrá, por contra una consulta popular de gran trascendencia en el mes de septiembre, anunciada y pactada con el Reino Unido, sobre la independencia de Escocia, a diferencia de la solicitada en Cataluña y no admitida por Madrid, señalada para el próximo mes de noviembre. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que la Unión Europea se halla ante un conjunto de procesos políticos y de reformas económicas que cambiarán su fisonomía y, con casi total seguridad, de tener éxito consolidarán definitivamente el proyecto europeo, como de fracasar pueden suponer su fin.

El 25 de mayo de 2014 – el 22 de mayo en Holanda y Reino Unido – se celebrarán las elecciones europeas. Y serán los comicios de la UE más importantes de la historia, no solo por el número de europeos llamados al voto, nada menos que más de 375 millones, en 28 Estados, tras la incorporación en 2013 de Croacia, sino por la capacidad política que tendrá en la nueva legislatura la Eurocámara. En estos próximos 5 años el Parlamento Europeo acabará de desplegar su marco de poder establecido en el Tratado de Lisboa, el marco legal que rige en la actualidad a los miembros de la UE. El conjunto de su actividad legislativa y de control legislativo y ejecutivo de la Comisión y el Consejo, llegará a un 60% de las decisiones que se toman en Bruselas. Pero lo que resulta más trascendente y gestual es que el parlamento saliente de las urnas en mayo, nominará al presidente o presidenta de la Comisión y a todos sus miembros, algo que debe ratificar el Consejo, pero que difícilmente se entendería que los jefes de Gobierno fueran contrarios a la voluntad popular expresada en unos comicios. Por tanto, el nuevo Parlamento tendrá la potestad de nombrar y cesar al máximo órgano de la UE, quedando por tanto, definitivamente legitimado democráticamente como soberano de las decisiones comunitarias. Es cierto que estas elecciones se van a producir en un clima general en Europa de descrédito de la clase política y que se anuncia en las encuestas un grado de participación bajo – en torno al 46%, lo que sería la media de otros comicios europeos -, sin embargo, en dichos sondeos llama la atención que entre los jóvenes la estimación de voto se eleva al 65%, probablemente porque tienen clara conciencia de lo que se juegan en Bruselas a futuro. Un dato a tener en cuenta para los detractores del programa Erasmus que tanto ha hecho por unir Europa. Las predicciones actuales, tanto de una encuesta/panel realizada por el propio Parlamento Europeo como por el Think tank de Jacques Delors, Notre Europe, nos hablan de una victoria por la mínima de los socialistas frente a al Partido Popular Europeo, un incremento espectacular de los no adscritos, es decir, una amalgama de ultraderechistas, radicales, comunistas y antisistemas, la consolidación al alza de las opciones nacionalistas moderadas y una caída significativa de los Verdes. Si así fueran las cosas sería difícil recurrir al bipartidismo imperante en alternancia para la conformación de mayorías parlamentarias. Seguramente se acudiría a la fórmula alemana dela gran coalición para las grandes cuestiones europeas mediante el acuerdo del PSE y el PPE, mientras que en el día a día los eurodiputados se verán obligados a hacer mucha y buena política mediante acuerdos de todo tipo.

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Respecto a las personalidades que pueden pasar a ejercer el protagonismo en las instituciones de la Unión, empecemos por el cargo de presidente de la Comisión. El Partido Socialista Europeo ya ha nominado formalmente a su candidato, el actual presidente del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schulz. Hombre de marcado acento político que de ganar no pasará desapercibido ante la opinión pública. El Partido Popular Europeo aún no ha nominado a su candidato o candidata y en las quinielas suenan nombres como los de Enda Kenny, primer ministro irlandés,  Jyrki Katainen, primera ministra finlandesa, Jean ClaudeJunker, ex primer ministro luxemburgués,  o de los actuales comisarios, MichelBarnier y Viviane Reding. Los liberales y nacionalistas de ALDE tampoco han nominado y suenan el actual portavoz de dicho grupo en la eurocámara, GuyVerhofstadt, el ex ministro de Exteriores alemán, Westerwelle o el comisario de Economía, el finés Olli Rehn. Pendientes de un proceso de primarias en todos los Estados miembros están los Verdes y sí ha nominado a su candidato los partidos más a la izquierda de la cámara, en la persona del líder de Syriza, el griego AlexisTsipras, todo un símbolo de la lucha contra las políticas de ajustes llevadas a cabo en su rescatado país por órdenes de Bruselas.

La UE afronta el 2014 con unas previsiones económica que podrían calificarse de moderadamente optimistas en su cuadro macroeconómico. El crecimiento se cifra en un 1,4%, pero todo estará en función de que el eje franco alemán sea capaz de mantener tales cifras. Especialmente la locomotora alemana, pero sin dejar de lado las debilidades de una economía francesa que tiene pendiente muchas reformas estructurales solicitadas por la Comisión y cuya demanda interna no consigue alegrarse. En todo caso, sea cual sea el crecimiento, la realidad seguirá estando marcada por los altos porcentajes de desempleo, muy especialmente, de paro juvenil que afecta al 23,5% y en algunos países como España a uno de cada dos jóvenes en edad laboral. De ahí que esta sea la principal tarea en la agenda de la nueva Comisión que tomará posesión a la vuelta del verano. A él se unen cuestiones como el despliegue del SEAE – Servicio Europeo de Acción Exterior, la puesta en marcha la unión bancaria, la Agenda digital,  mejorar el funcionamiento del mercado interior o hacer funcionar el Marco Financiero plurianual 2014-2020. En este último tema, la UE ha aprobado unos presupuestos que siguiendo la doctrina germánica de la canciller Merkel, obliga a un ahorro o recorte del 3% respecto al anterior periodo 2007-2013. Con un compromiso de 960.000 millones de euros, de los cuales irán destinados a gasto 908.000 millones. Ello ha obligado a la reformulación de todos los fondos europeos. Así la PAC con 408.000 millones €, en su gran mayoría irán dirigidas a agricultores activos y pagos a medidas medioambientales. El FEDER se destinan 500.000 millones, y especialmente en el caso de España es el más afectado por los recortes. España recibirá 25.116 millones. De los cuáles solo Extremadura con 1.858 millones, quedará entre las regiones objetivo 1 por tener una renta per cápita por debajo de la media europea. Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia reciben un trato especial – 12.201 millones. El resto  recibirán 10.084 millones a repartir, es decir, prácticamente nada respecto a la etapa anterior. Quedan, pues, los fondos europeos a la innovación e investigación como joyas del nuevo proceso que se pone en marcha en 2014, el llamado programa HORIZON 2020 con unos 100.000 millones de euros.

No será baladí la puesta en marcha definitiva de la Unión Bancaria Europea. Una necesidad surgida a raíz de la crisis financiera internacional y que ha obligado afortunadamente a tener que correr, pese a las continuas reticencias alemanas, a los responsables del Banco Central Europeo en el diseño de una verdadera Reserva Federal que garantice la sostenibilidad del euro. Su objetivo no es otro que reducir la fragmentación de los mercados de la Eurozona. Se basa en tres pilares: el supervisor bancario único, el mecanismo único para la resolución de problemas de las entidades con problemas y el sistema común para garantía de depósitos. De estos tres retos, el del supervisor único está aprobado y tiene fecha de entrada en vigor a partir de noviembre 2014. Los otros dos están prácticamente aprobados tras el pasado Consejo Europeo y frente a los más pesimistas todo parece indicar que también a lo largo del próximo año estarán en funcionamiento. Tendremos como decía, por tanto, una moneda común fuerte y estable, con un Banco Central emisor y supervisor único del que dependerán todas las entidades financieras que operan en Europa. Pocas cosas pueden dar más credibilidad en un mundo monetarizado como el global que hoy tenemos a un proyecto de construcción política como lo es la Unión Europea.

Muchas claves para doce meses, muchos objetivos y muchas dificultades que sortear. Si los europeos para bien o para mal somos cada día más conscientes de lo que ha supuesto la cesión de soberanía que hemos hecho a la Unión – un 85% de las decisiones lo son supranacionales -, este año podemos batir el record de percepción de la trascendencia que en nuestras vidas tiene lo que se decide en Bruselas. Nuestra identidad es ya una amalgama más o menos armónica de lo que nos rodea más cercano, con lo que desde la riqueza de la diversidad hemos unido en Europa. Saber defender nuestros intereses, ser competitivos, en resumen, poder ejercer los mayores grados de libertad posibles, depende de cómo sepamos jugar nuestras cartas en este entorno de excelencia que quiere ser la Unión Europea. El reto es dual, por un lado elegir a nuestros mejores representantes para llevar a cabo las políticas que Europa precisa y desde las empresas o el trabajo individual, ser capaces de competir y de aliarse con los procesos innovadores que en nuestro espacio común van a ponerse en marcha en la próxima década. Este es el nuevo tren que se pone en marcha en 2014, podemos subirnos a él como hicimos en su día cuando Europa significó las mayores metas de progreso o darle la espalda y recluirnos en nuestros patios interiores mirando la ropa colgada del vecino en un eterno ejercicio de envidia malsana y empobrecimiento intelectual. Una vez más la elección es nuestra.

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En el 1 de mayo, un nuevo enfoque del reparto del trabajo y el mercado laboral

La Unión Europea acumula un diferencial de desempleo 5 puntos superior al que registra Estados Unidos. Y dentro de esa estadística macabra de drama de personas sin trabajo, España bate todos los record con tasas que superan el 50% entre los jóvenes y cerca del 40% en algunas Comunidades Autónomas comoAndalucía. Se hace muy difícil articular un modelo de convivencia armoniosa y pacífica en una sociedad que permite desigualdades tan tremendas. Duro resulta de entender brechas sociales que permiten diferencias de renta entre ricos y pobres de más del 60% como sucede en países subdesarrollados, pero mucho más insostenible es un Estado en el que 1 de cada 4 ciudadanos no tiene trabajo para aportar un salario mensual a su familia. Cuando se llega a tal fracaso del modelo de marcado laboral, se vive en situación de emergencia y deberíamos poner el centro del debate en la búsqueda de soluciones inmediatas para garantizar una vida digna a nuestros semejantes en la sociedad que vivimos. La retórica y los grandes principios tienen que dejar paso a propuestas novedosas, imaginativas y pero con altas dosis de realismo. Tenemos que ser audaces y aprender de la prueba – error, ser capaces de articular nuevas fórmulas de relación empresa – trabajador y de colaboración público – privada. Un reto que no es solo cosa de los políticos en su función ejecutiva y legisladora, también atañe a cada trabajador y a cada empresario, obligados como están a salir de la crisis en el mismo barco.

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Así las cosas, creo que existen unas líneas de reflexión trascendentales para cambiar la mentalidad y la visión del mercado laboral. Porque no estamos ante un problema simple y concreto de condiciones laborales, estamos ante la necesidad de abordar un auténtico cambio de forma de vida y de modelo relacional entre las personas. Ese nuevo contrato social que tantas veces he mentado en este blog, en referencia al empleo es hoy más imprescindible que nunca. Por eso os propongo pensar en conceptos tan básicos o genéricos como:
  • Reducir horas de trabajo para generar empleos.
  • Conciliación de la vida laboral y familiar.
  • Relación entre las horas extra y la creación de empleo.
  • El efecto de la economía sumergida sobre el paro.
  • Prestaciones alternativas a la prestación por desempleo.
  • Una sociedad que consume lo que necesita.

REPARTO DEL TRABAJO.- No se trata solo de reducir  las horas de trabajo o su salario, sino de la racionalización de la jornada laboral. Se trata de trabajar menos para vivir más, para vivir más con los nuestros. Está demostrado que la incorporación de avances tecnológicos y procesos de innovación en la producción, aumenta los niveles de productividad sin necesidad de incrementar las horas/hombre. De la misma forma que resulta fácil probar que la reducción de la jornada de 40 a 35 horas semanales de un puesto de trabajo, crea automáticamente un nuevo empleo. La acomodación de horarios y salarios de cientos de miles de trabajadores a sus necesidades reales, supondría un incremento de trabajadores cotizantes a la seguridad social, garantizando la sostenibilidad del sistema de protección.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.- Si queremos que los trabajadores del futuro estén preparados profesional y personalmente, los años de crianza de los niños, la presencia de los adultos que eduquen, se convierten en un aspecto esencial, que hay que cuidar y facilitar en aras de un futuro más optimista. Guarderías próximas a los centros de trabajo, aulas de apoyo escolar,… son medidas necesarias para la conciliación familiar, además de ser en sí mismas, una fuente de generación de empleo. Además, la estimulación de la conciliación laboral permitiría aumentar la natalidad en la Unión Europea, el área del mundo con más bajas tasas en este sentido, asegurando una mayor sostenibilidad del propio sistema.

LAS HORAS EXTRA.- Una cosa es el concepto de producción que requiere de la continuidad de un equipo de trabajo determinado y otra muy distinta, la práctica laboral que amplía la jornada desproporcionadamente con horarios casi inhumanos a lo largo de siete días de la semana. Muchos sectores, como por ejemplo la industria y la hostelería, son conocidos por la realización de un número de horas extra tremendo. Muy por encima de lo legal, y en muchos casos, ni se declaran, ni se cotizan. Simplemente no existen. Trabajar de lunes a viernes 11 horas diarias y el sábado 5 ó 6 con el tradicional almuerzo especial de por medio, ha sido práctica habitual de muchas empresas.

La ECONOMÍA SUMERGIDA.- Una sociedad que permite tasas de economía sumergida superiores al 20%, como es el caso de España, tiene un auténtico cáncer social en su interior. Hoy por hoy, resulta imposible evaluar correctamente de los 6,2 millones de personas que declaran encontrarse en el paro en la Encuesta de Población Activa, cuántos realmente lo están. Y si estas situaciones de ilegalidad se producen debemos huir de planteamientos hipócritas. La actuación de control e inspección de la Administración con las consiguientes sanciones severas para los delincuentes empresariales es imprescindible, pero también lo es rebajar las trabas burocráticas y analizar los costes sociales que el puesto de trabajo legal lleva aparejado. El incentivo siempre debe estar del lado del que cumple la ley.

PRESTACIONES SOCIALES ALTERNATIVAS.- El modelo recaudatorio y de prestaciones y subsidios por desempleo en España, ha demostrado en esta crisis, que está obsoleto y no soluciona ni alivia siquiera el problema. Las medidas de impulso para el empleo, no sólo deben ser subvenciones o bonificaciones para el empresario sino medidas con miras a medio plazo, que se prolonguen en el tiempo y que contemplen no sólo la flexibilidad del mercado de trabajo, sino de la propia Administración. Modelos como el alemán y el holandés, que en vez de pagar a los desempleados (en la forma de prestaciones por desempleo) pagan para que los trabajadores permanezcan empleados, pero trabajando menos horas y con menos salario, ha posibilitado que sus tasas de desempleo no aumenten al ritmo que lo han hecho otros países e incluso están por debajo de algunos de los que no han experimentado depresiones tan profundas.

CONSUMIR LO NECESARIO.- Todo lo dicho de nada serviría si no somos capaces de cambiar el concepto mismo de consumo y de necesidades vitales. Hemos construido una sociedad de consumo basada en la oferta de sobreproducción. Todo el esfuerzo marketiniano se dedica a convencernos de necesidades que están alejadas de la vida real de las personas. Tienen que ver con las necesidades de producción de fábricas que en absoluto tienen en cuenta la demanda y menos aún la sostenibilidad de los recursos naturales del planeta. El consumidor responsable es un consumidor sensibilizado, informado, crítico y consciente, es decir preocupado por las repercusiones económicas, sociales y medioambientales que acompañan a las sociedades de consumo.

Si no somos capaces de enfocar la reforma del mercado laboral desde un nuevo modelo de relación integral de la persona con el entorno, estaremos simplemente remendando un traje desfasado para vestir una sociedad que ha desbordado el esquema de producción posindustrial. Esta labor de cambio global requiere una toma de conciencia que parte de la reflexión individual para ser puesta en común entre todos. Es labor de los políticos, de los agentes sociales, empresarios y trabajadores, como lo es también del pensamiento que podamos aportar al proceso desde la universidad o los centros de conocimiento. Podemos optar por el consenso y la convivencia buscando entre todos soluciones al paradigma del desempleo que nos embarga actualmente o darnos al individualismo pernicioso salvando nuestro corto presente sin pensar en un futuro para todos. La elección es libre y de cada cual, pensadlo.

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De las horas más difíciles del socialismo español

Cuando uno escribe siempre llega un día que si se quiere ser honesto con uno mismo toca desnudarse. Es un instante complejo de mirada extraña y figura ante el espejo que siempre habríamos deseado no tener que pasar. Se vive como una confesión sin cura y sin confesionario, en el anonimato de unas palabras sobre un papel en blanco pero la penitencia de hacer públicas las intimidades es más dolorosa que el peor de los via crucis. No tengo nada de lo que sentirme culpable, más bien todo lo contrario tengo mucho de lo que enorgullecerme, pero es como quien se despoja de algo que considera parte de su identidad que jamás reveló públicamente. Y a ello voy: nací en un hogar que por historia y convicción militó en el Partido Socialista Obrero Español y que sufrió en carne viva la guerra civil, la posguerra y las consecuencias de una dictadura para quien no estuvo en el bando victorioso. Con todo no me educaron en la venganza ni en el odio al enemigo, tuve la inmensa fortuna de acudir a las clases de profesores que lo fueron de laInstitución Libre de Enseñanza al amparo de la noble personalidad de Josefina Aldecoa. Liberado de los principios fundamentales del Movimiento,  del “Cara al sol”, de la confesión y comunión diaria, crecí entre libros de literatura prohibida y los poetas del 27. Una libertad que sigo atesorando y que probablemente haya fraguado una terca personalidad independiente. Por eso hoy me duele en las entrañas la deriva onerosa que está tomando el Partido Socialista en España y que en el peor de los momentos dibuja el escenario más patético de defensa de los derechos de los más débiles.

Vivimos una crisis dura, no solo por los azotes de pérdida de bienestar que supone, sino porque no somos capaces de ponerle rostro y combatirla. Pareciera como que el enemigo sabe darnos la espalda cada vez que tratamos de acercarnos a él para exigirle responsabilidades. Torna y muda a toda velocidad y siempre logra controlar la situación para hacernos parecer guiñoles a su antojo. Los pirómanos que incendiaron nuestras casas se nos muestran como solidarios bomberos pero cobrando la cuota de servicio para apagar las llamas que ellos prendieron. Todo sucedió en un mundo gobernado por tesis liberales de mercado y de capitales, de sociedad de consumo bien educada que pedía crédito al límite de sus posibilidades y, por supuesto, muchas veces por debajo de los lógicamente asumible. Pero había que seguir el ritmo infernal del crecimiento que nos marcaba la banca, las inmobiliarias y la industria del automóvil. Vivir para pagar, sin poder vivir y a la postre sin poder pagar. Nuestra izquierda, aquella que nuestros padres construyeron a girones de dolor, a tiros en trincheras, miró complaciente la festividad del santo empréstito y dio por bienvenida la juerga de los pobres enriquecidos de la noche a la mañana. Sindicatos y partidos del puño y la rosa cayeron en la trama oficial del todo vale y a la vuelta de unas décadas envueltos en corrupción y anquilosados por aparatos comprometidos con el establishment fueron perdiendo discurso, credibilidad y, lo más importante, dosis de ética para plantar cara.  Y así llegó la crisis con sus ERE’s y sus ajustes que no son sino la regresión a tiempos pretéritos cuando el trabajo era un don de gracia divina concedida por el empresario y no un derecho del ser humano.

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Así las cosas no es de extrañar que la sociedad haya dado la espalda a la política, porque realmente a quien se la ha dado es a la izquierda democrática, aquella de la que esperaba más cuando los actores de la crisis se pusieron al mando y reclamaron el cese ordenado de tanto despilfarro en forma de cobertura social para el pueblo. Esperábamos que estuvieran allí para defendernos aun cuando no supieran cómo hacerlo, esperábamos su gesto, su compostura, su compañía. Pero los compañeros a los que esperábamos nos volvieron la espalda y comulgaron con las razones oficiales, aceptaron los despidos, callaron ante los desaucios y levantaron tímidamente la voz cuando nos empezaron a despojar de derechos de educación o salud. Para entonces ya eran cómplices del drama y por eso en nada les sorprende que la gente no les vote, que les devuelva la espalda en forma de castigo en las urnas. Y uno pensaba que llegados a este punto llegaría la reacción, que alguien en su sano juicio o garante de unos principios o con el mínimo de coraje vital, trataría de enfrentarse a aquellos que han secuestrado la voluntad de unas ideas. Las siglas no representan nada si la acción no las acompaña y si no se sirve al pueblo para el que se dice servir.

En dos elecciones autonómicas, Galicia y País Vasco, el PSOE ha perdido cerca de medio millón de votos, pero ya lo hizo anteriormente hace un año en los comicios generales y en Andalucía y Asturias pese a mantener a duras penas unos gobiernos partitocráticos. De ser la opción mayoritariamente empática de los españoles ha pasado a ser la menos creída por ellos. Ha derrochado toda la honradez de más 125 años de historia. El Partido Socialista se fundó clandestinamente en Madrid, el 2 de mayo de 1879, en torno a un núcleo de intelectuales y obreros, fundamentalmente tipógrafos, encabezados por PabloIglesias. El primer programa del nuevo partido político fue aprobado en una asamblea de 40 personas, el 20 de julio de ese mismo año. El PSOE fue así uno de los primeros partidos socialistas que se fundaron en Europa, como expresión de los afanes e intereses de las nuevas clases trabajadoras nacidas de la revolución industrial. De aquellos ideales apenas quedan rastros y la traición continua lo ha convertido en una opción que como mucho aspira a la alternancia incapaz de construir un proyecto sólido de alternativa al modelo de sociedad en crisis que vivimos.

Andan ahora los socialistas españoles esperando la siguiente derrota para medir el grado de catástrofe que sufren y el nivel de cambio que deben aplicar en su aparato. Todo interno, todo endogámico mientras fuera la gente sufre y la tenaz política germánica europea que sodomiza al gobierno español nos hace más pobre de por vida y de por generaciones venideras. Y ellos mientras se retan unos a otros: el secretario general Rubalcaba se siente unánimemente respaldado y reta a los disidentes que se atrevan a que le echen de la madrileña sede de Ferraz. Pero en los mentideros del partido no hay dirigente que no clame por su decapitación seguros como están de que no existe futuro alguno en su dirección. Todos tienen miedo, el miedo al miedo, el pánico a perder no se sabe qué, a no estar en una lista a tener que verse las caras con la calle y la vida sin siglas que te amparen. Nadie tiene un gramo de dignidad para salirse del frío cálculo de los equilibrios de poder del partido y de los tiempos entre congresos ordinarios, conferencias políticas y elecciones varias. Por esperar solo esperan el fallo del contrario, el siguiente traspiés del Gobierno Rajoy para ocupar sin esfuerzo de nuevo La Moncloa y volver a traicionar la fe de sus votantes. Así cuatrienio a cuatrienio y tratar de pillar viento a favor económico para sufear la siguiente ola de crecimiento sin tener que generar una nueva teoría de reparto de la riqueza.

Así devanean los socialistas españoles en plena crisis y es normal que muchos ciudadanos radicalicen sus posturas de izquierdas y voten nuevas opciones como las que representan desde la atomizada versión de Izquierda Unida o las múltiples versiones nacionalistas como lo son los casos de Alternativa Galega de Esquerda de Xosé Manuel Beiras o la propia EH Bildu de la Izquierda Abertzale vasca. Se van por el sumidero como una bañera que un día estuvo llena de agua, pero en la que alguien se olvidó de poner el tapón. Pierden elección tras elección y se miran de reojo sin saber que hacer salvo cuidarse de la puñalada de su enemigo interior. Se desangran en cada titular de periódico en una frase vacua, incapaz de aportar una luz de esperanza a unos ciudadanos cada día más angustiados por la crisis. No necesitan reformarse, no les vale ya con regenerarse, solo les sirve una refundación porque ya no les vale ni la marca, ni el logo, ni los rostros que se ponen junto a él. Todo debería ser nuevo si de verdad quieren recuperar la credibilidad porque lo primero que deben demostrar es que quieren ser útiles a la sociedad, que quieren servir de algo a aquellos que un día creyeron en ellos y a otros que nunca lo harían. Seguramente hacen más falta que nunca o al menos tanto como cuando sus fundadores tuvieron el valor de alzarse contra la injusticia que les rodeaba. Pero si no son capaces de darse cuenta de volver a la vida y reconocer lo que en la calle es un problema puede que dejen de interesarnos y tal y como siempre evoluciona el ecosistema, se conviertan en especie extinguida y les sustituya otra más preparada para el mundo que vivimos. Su suerte aún es suya y la decisión de todos nosotros.

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Al rescate de las Comunidades Autónomas: ¡motín a bordo!

Sabido es que resulta de lo más cómodo en situaciones de excepcional dificultad buscar un responsable para ponerlo en la picota y hacerle responsable de cuantos males nos invaden. La cultura hispánica lejana a la autorresponsabilidad y a la autocrítica, siempre encuentra justificaciones ajenas a sus problemas con tanta facilidad como pone en marcha juicios sociales inquisitoriales para buscar culpables que nos tranquilicen las conciencias. En esta crisis por la que tratamos de navegar hace ya casi un lustro, el relato oficial del drama que vivimos ha acudido a distintos malos de la película para explicar lo que no estaba sucediendo con una trágica frivolidad que ha impedido un análisis riguroso de las causas internas del crack de nuestra economía y de las reformas estructurales que son imprescindibles para salir de ésta. Primero fueron los vientos lejanos de Wall Street en exclusiva quiénes protagonizaron titulares de medios y declaraciones de políticos como si la globalización no fuera con nosotros. Después, los errores de un presidente del Gobierno que se empeñó en negar la gravedad de los hechos convirtió a Rodríguez Zapatero en el pim pam pum del colectivo. Su desaparición dejó paso a la omnipresente figura de la canciller alemana Angela Merkel como mala oficial, su intransigencia en flexibilizar las condiciones de ajuste que nos han impuesto la ha convertido en el blanco de las iras de la calle. Pero como siempre necesitamos culpables patrios, encontramos un mantra extraordinario, capaz de explicar sin titubeos el origen de todos nuestras desgracias: las Comunidades Autónomas. Una aberración de la transición democrática que nos ha convertido en 17 reinos de taifas repletos de corruptos que malgastan el dinero de los pobres españoles, vamos en una palabra, la cueva de Alí Babá y los 17 ladrones. Simple, simplicísimus, la mejor de las coartadas para volver a 1976, al glorioso régimen donde las diputaciones provinciales y los gobernadores civiles mantenían la ley y el orden, por cierto de un Estado, tan arruinado como el actual.

Como la memoria es frágil en un país que no quiere recordar habrá que echar la vista atrás para refrescar las ideas sobre cómo surgió el invento de las Comunidades Autónomas. Es evidente que como no se cansan de repetir los enemigos del modelo autonómico, España tenía un “problema” con Euskadi yCataluña – curiosa manera de afrontar el debate del encaje de realidades nacionales dentro del Estado – podía perfectamente, pues, haber optado por un régimen administrativo asimétrico o por la simetría total que representa el federal. Sin embargo, en un peculiar encaje de bolillos, las distintas fuerzas constitucionales – salvo el Partido Nacionalista Vasco que siempre se opuso al modelo aunque finalmente lo acató – entendieron que las Autonomías atemperaban mejor las tensiones territoriales del Estado español. Para ello se estableció en el texto constitucional de 1978 dos vías de acceso a las competencias autonómicas: la vía rápida para las históricas – dado que ejercieron autogobierno durante la Segunda República – las citadas Euskadi y Cataluña por el artículo 151 y el resto de las hasta entonces regiones y provincias, por el artículo 143 o la vía lenta. Un procedimiento que se vio alternado el 28 de febrero de 1980, en virtud del referéndum celebrado en Andalucía que consagró con un apabullante del 87% a favor del acceso de los andaluces a la vía rápida. A partir de este momento se puso en marcha un proceso de aceleración del Estado autonómico y de las transferencias de gestión de los asuntos básicos para la vida de los ciudadanos desde la administración central a las administraciones autonómicas. El “café para todos” como lo bautizó el ministro Clavero, enfrentado al presidente Adolfo Suárez, se puso en marcha y ha durado hasta la fecha. Pero sus detractores se olvidan que si estamos donde estamos se debe a la voluntad popular de casi tres millones de andaluces que libremente decidieron exigir a Madrid más autogobierno y más rápido. Cosas incómodas que tiene la democracia, ¡qué le vamos a hacer señores del antiguo régimen!

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Para cualquier planteamiento de reforma que se quiera plantear habrá que partir de dos condiciones inexcusables: primero, proponer un modelo alternativo al autonómico que se formule claramente, sin argucias de si es más caro o más barato, pues, lo que nos jugamos es un modelo de convivencia, no el tipo de asesor fiscal que escogemos; y en segundo lugar, que cualquier modificación debe ser aceptado por la voluntad popular, la de los ciudadanos de los distintos territorios que hoy componen este Estado plurinacional. Cada cual tiene un derecho inalienable recogido en la declaración de las Naciones Unidas a pertenecer a la entidad jurídica nacional o estatal que desee, si bien esta capacidad de autodeterminación al colisionar con el derecho de quienes en una misma comunidad tienen distinto deseo, debe articularse a través del consenso y la negociación. Es decir, que abrir el melón del modelo de Estado, en ningún caso puede encontrar la justificación fácil de culpabilizarlas del éxceso de déficit de la economía española, para cercenar derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Si abrimos el melón, si estamos de acuerdo en que el traje se nos ha quedado pequeño y viejo, nos hacemos uno nuevo con todas las consecuencias, incluido como no puede ser de otra forma el derecho a decidir libremente. Supongo que estas reflexiones ya no son tan del agrado de los medios y políticos que cada día con más fuerza y virulencia predican la imperiosa necesidad de reformar el Estado español. Si la única reforma posible es que el Estado sea más español, o lo logran por la fuerza o tendrá que refrendarlo territorio a territorio los distintos pueblos que componen el Estado.

Pero para centrar la realidad del supuesto problema de despilfarro que suponen las Comunidades Autónomas, debemos empezar por asumir que las Autonomías son más Estado que el Estado central, pues, gestionan más del 60% del gasto público, especialmente aquellos aspectos como la Sanidad o la Educación más sensibles y más cercanos del servicio público al ciudadano. El conjunto de las CC.AA. los 140.083 millones de euros, que equivale al 13,1% del PIB, mientras que la deuda pública total de España, cerró el año pasado en 734.962 millones de euros, lo que supone el 68,5% del PIB y, por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 35.420 millones de euros en 2011, el equivalente al 3,3% del PIB. Nos pongamos como nos pongamos, criminalicemos a quien queramos criminalizar, la realidad es que el fuerte incremento de la deuda pública en el Estado se ha debido a las cuantiosísimas ayudas que se vienen prestando a la banca desde el inicio de la crisis y a los pagos por prestaciones al desempleo, que afecta a más cinco millones y medio de parados. Son el pago por intereses de la deuda, unos 40.000 millones al año y la cobertura del paro, cerca de 50.000 millones al año, los capítulos que han tensionado hasta el extremo la prima de riesgo española en los últimos años.

Pretender el cambio de un modelo porque en estos 30 años de su funcionamiento se han producido malas praxis es algo así como dejar de conducir porque puedes tener un accidente. De lo que ha adolecido el modelo autonómico es de autorresponsabilidad fiscal, unos entes gestores de gastos fundamentales y con tienen capacidad de generar ingresos, son por naturaleza irresponsables. De ahí que convenga en estos momentos analizar dónde se identifican territorialmente los principales problemas de endeudamiento y déficit autonómico. De otra forma pagarán justos por pecadores. Cuatro son las comunidades con un endeudamiento por encima del 15% de su PIB: Cataluña 41.778 millones de euros, 20,7%; Valencia, 20.762 millones de euros, 20,7%; Castilla-La Mancha, 6.587 millones de euros, 18,8%; y Baleares 4.432 millones de euros, 16,3%. Ellas cuatro solas alcanzan el 50% del total de la deuda autonómica. Les  siguen seis comunidades con ratios de deuda similares a los del Estado, entre el 15% y el 10%: Navarra (12,9%), Galicia (12,3%), Rioja (11,2%), Extremadura (10,9%),Aragón (10,2%) y Murcia (10,1%). Mientras que sólo 7 comunidades registraron al cierre del 2011 niveles de deuda por debajo del 10% de su PIB: Andalucía (9,8%),Castilla y León (9,4%), Cantabria (9,3%), Asturias (9,1%), Canarias (8,8%), País Vasco (8,1%) y Madrid (7,9%). La insuficiencia financiera de quien gestiona y no recibe recursos, unido a la mala gestión imputable a determinados gobiernos autonómicos que si se quieren leer las cifras de evolución de la deuda tienen nombre y apellidos, explica el incremento del endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

Así las cosas, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han anunciado su intención de acudir al mecanismo de financiación puesto en marcha por el Gobierno central para facilitar los pagos por parte de las Comunidades Autónomas, una suerte de rescate autonómico aunque como en el caso de la intervención de España queramos jugar a laberintos semánticos para correr una cortina de humo sobre la realidad. El problema es que el fondo que se ha instrumentado es claramente insuficiente para dar cabida a los 140.000 millones que anualmente generamos de deuda y sus consiguientes intereses. Cataluña es la punta del iceberg del problema y su incapacidad para realizar pagos tan imprescindibles como las nóminas de los médicos de los hospitales está a la vuelta de la esquina. El president de la Generalitat Artur Mas ha advertido de la circunstancia y apela a un pacto fiscal con el Estado para poner fin a un largo período de insuficiencia financiera por parte de Cataluña, que se siente maltratada en el reparto de transferencias. De  no producirse este nuevo consenso la administración catalana será incapaz de hacer frente a sus obligaciones y podría ser intervenida, una situación que como el propio dirigente nacionalista ha indicado, abocaría a unas elecciones para que el pueblo catalán decidiera el camino a seguir. Detrás podrían venir cualquiera del resto de las Comunidades Autónomas, pues, la mayoría de ellas han reformado sus estatutos para poder celebrar elecciones dentro del período cuatrianual de mandato. Estamos ante la necesidad de un replanteamiento general del modelo de Estado, más en su formulación de responsabilidad fiscal que de otra índole, pero en todo caso ante la obligación de un nuevo pacto de Estado. De no abordarse o de hacerlo con meras pretensiones recentralizadoras colándolas de rondón con el pretexto de la crisis, podemos vernos sumidos en un auténtico motín a bordo.

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De cómo la abstención avanza silenciosamente sin que nadie quiera escucharla

Las elecciones en AndalucíaAsturias del pasado domingo han remarcado la tendencia de caída de participación e incremento de las abstención registrada en los últimos años en el Estado español. En Andalucía votó el 62,23% del electorado, cerca de diez puntos menos que en las elecciones autonómicas de 2008, mientras que en Asturias solo lo hizo el 55.92%, nada menos que once puntos menos que en los comicios anteriores. Exceptuando las grandes batallas electorales que suponen las elecciones generales, de las que sale el presidente del gobierno electo y que moviliza a todos los grandes medios de comunicación en torno al debate PSOE / PP, el resto de citas electorales se está deslizando hacia abstenciones en la banda del 40% al 50%, convirtiéndose en la opción mayoritaria de los ciudadanos. En la última década, de manera muy especial en los últimos cinco años, cerca de un 15% más de la población con derecho a voto se ha desenganchado del sistema hasta tal punto que se queda en casa el día de la gran liturgia de la democracia. Un fenómeno silenciado por los grandes partidos políticos, que evalúan los resultados electorales con una breve declaración retórica sobre la escasa participación, pero sin aludir a las motivaciones que provocan este desapego de la gente hacia la política. El disputado voto del abstencionista ha dejado paso a la disputa por el cada día más disminuido voto de los convencidos, en una suerte de batalla por el hooliganismo que cristaliza los votantes propios en eso que llaman los expertos politólogos, suelos electorales de los partidos.

La abstención, término que deriva de la voz latina abstentio, es un no hacer o no obrar, lo en esencia normalmente no produce efecto jurídico alguno. En democracia la abstención puede suponer la existencia de corrientes políticas que no se integran en el juego político normal, aunque con carácter general suele responde a impulsos o motivaciones individuales plenamente respetadas y asumidas incluso cuando sobrepasan determinados límites porcentuales. Ante ese fenómeno nos encontramos, el de la apatía ciudadana. Una población crecientemente desencantada del sistema, que no detecta liderazgos atractivos y opta por darle la espalda a la política. El resultado es una mezcla de desobediencia cívica y de concreción de insatisfacción política. En el caso del Estado español, varía sustancialmente los grados de abstención en función del tipo de cita electoral de la que hablemos. En las elecciones generales, al Congreso la media de abstención es del 26%, mientras que al Senado es del 38%, en las municipales y autonómicas del 34%, en las europeas del 45% y en referéndums del 40%. Son, pues, curiosamente, las elecciones más cercanas y las más alejadas o supranacionales, las que registran una menor participación. Pero si miramos las Comunidades con mayor nivel de identidad nacional como es el caso de EuskadiCatalunya, las participaciones se acercan a los niveles de las elecciones generales. Por tanto, parece evidente que la movilización electoral tiene mucho que ver con el grado de pertenencia que el ciudadano tiene a su comunidad, lo que aporta valores al voto, no puramente racionales, sino más basados en sentimientos y pasiones identitarias/ideológicas.

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Si echamos una mirada a nuestros entornos democráticos, tanto en un espacio maduro en este sentido como lo es el de Europa o en uno más joven y en aún en proceso de consolidación como lo es el latinoamericano, sobre los datos que arrojan las elecciones de la última década, los resultados son los siguientes:

Estados con una abstención entre el 100% y el 80%: En Europa, Mónaco; en América Latina, ninguno. Abstención entre el 60% y el 80%: en Europa, Andorra y Suiza; en América Latina, Colombia y Guatemala. Abstención entre el 40% y el 60%: en Europa, Lituania, Polonia, Estonia, Francia, Luxemburgo, Moldavia y Letonia; en América Latina, Venezuela, República Dominicana, Jamaica y México. Abstención entre el 40% y el 20%: en Europa, Hungría, Macedonia, Reino Unido, Ucrania, Irlanda, Finlandia, Rumanía, Eslovenia, Liechtenstein, Portugal, Alemania, Bulgaria, Holanda, Austria, Noruega, República Checa, Chipre y España; en América Latina, El Salvador, Bolivia, Honduras, Surinam, Guyana, Costa Rica, Belize, Chile, Panamá, Nicaragua y Brasil. Y abstención entre el 0% y el 20%: en Europa, Suecia, Eslovaquia, Dinamarca, Bélgica, Grecia, Italia, Islandia, San Marino y Malta; y en América Latina, Ecuador, Argentina y Uruguay (en esta última escala existe en estos Estados algún tipo de obligación de voto).

Acercando más el foco a la Unión Europea y sus grandes democracias, todas ellas han ido incrementando sus niveles de abstención desde la década de los setenta en un promedio que oscila entre un 10% y un 20% más, unas cifras alarmantes que alcanzan sus máximos en las elecciones al Parlamento Europeo, que en la mayoría de estos Estados apenas alcanzan el 50% de la participación. El desapego a la política común y a las instituciones europeas es altísimo, eso sí prácticamente desde su creación.

Sin ánimo de convertir este post en una retahíla de datos, si resulta de interés observar el comportamiento ciudadano ante el voto, según las edades y el género. Así, la participación electoral en Europa de los jóvenes entre 18 y 30 años nos aporta datos bastante homogéneos aunque con diferencias. En general, votan mucho menos que sus mayores, pero mientras que en el Reino Unido, votan mucho menos (un 39% más), en España la diferencia se modera (un 25% menos) y en Italia, sin embargo, no existe prácticamente diferencia (un 0,2% menos). El comportamiento cívico democrático es evidente que madura con la edad porque a medida que nos hacemos mayores el nivel de participación electoral se incrementa, pasando la abstención de los jóvenes entorno a un 45%, entre los 30 y 40 años baja a un 37%, de 40 a 50 años ronda el 32% de abstención, de 50 a 60 años un 26%, de los 60 a 70 años, solo de un 20% y entre los mayores de 70 años, un 15% de media de abstención. Y respecto a la influencia del género en las ganas de votar, digamos que históricamente y hasta hoy, las mujeres votan más que los hombre europeos, en una media superior de participación de un 5% para las féminas.

Podemos preguntarnos quién es el beneficiario del incremento de la abstención en las elecciones. Desde luego, vista la reacción de los políticos, lo que si podemos afirmar sin ánimo de equivocarnos es que los abstencionistas no obtienen beneficio alguno de su actitud. Hasta ahora siempre habíamos pensado que eran los grandes partidos, los que mejor tajada sacaban de la abstención en detrimento de las minorías parlamentarias. Eso sí, repartiéndose la suerte entre ellos, unas veces la desmovilización ha favorecido a uno y otras al contrario, en función de la capacidad de tener a sus adeptos apasionados por derrotar al enemigo en el acto de votar. Sin embargo, la evolución reciente está demostrando que las minorías más radicales, ultraderecha, ultraizquieda o ultranacionalistas, según los Estados, son los mayores beneficiarios del fenómeno abstencionista europeo. Y eso se produce por su capacidad de alentar movimientos de rechazo al sistema, que generan corrientes de simpatías de fuerte militancia. Estos llamados neopopulismos, que no pretenden cambiar la sociedad, sino condicionar las decisiones desde sus posiciones de minoría, se están convirtiendo en la llave de la gobernabilidad en muchos Estados o comunidades, en gran medida gracias a la fuerte abstención registrada en un comicio tras otro.

Si queremos salvar el modelo de Estado del bienestar igualitario, equitativo y universal que los europeos con más o menos antigüedad hemos ido construyendo, debemos ser conscientes de la necesidad de combatir el abstencionismo que paulatinamente está minando la credibilidad de nuestras democracias. A la abstención como desapego del sistema, se le hace frente a través de la democratización efectiva de los partidos políticos, otorgando sentido efectivo y no meramente ritual al acto electoral, estableciendo un sistema de apertura de listas o al menos la eliminación de las cerradas y bloqueadas y, en definitiva, mediante una profundización efectiva en la democracia y, sobre todo, recuperando el prestigio de la institución representativa por excelencia, el Parlamento, privado progresivamente de poderes efectivos. Una nueva forma de hacer política que cambie la máxima déspotica del “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, por la necesaria aceptación de la norma básica de la democracia del principio de la soberanía popular. Modernas formas de participación en la vida pública y en las decisiones que nos afectan día a día, requieren nuevas mentalidades y culturas políticas. Un objetivo que se viene demandando machaconamente desde instancias sociológicas, pero que a las que los líderes y dirigentes políticos han hecho oídos sordos.

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Razones para una huelga general… contra el sistema

Los sindicatos mayoritarios en el conjunto del Estado UGTCC.OO. – esta vez sí en coincidencia con las centrales sindicales vascas ELA y LAB– nos convocan a una huelga general el próximo 29 de marzo. Será la sexta jornada completa de protesta contra acciones de gobiernos democráticos, ocho si contamos dos que se quedadon a medias, es decir, un paro de media jornada y otra de una hora. No ha habido un presidente que se haya librado de esta especie de ritual litúrgico con tintes decimonónico-revolucionarios que caracteriza la simbología de una relación de gobernante y representantes sindicales. Lo único novedoso en Rajoy es lo prematuro del enfrentamiento, no ha salvado ni los cien días de gracia de un nuevo dirigente -y que el mismo se encargó de predecirla en su primer consejo europeo de enero ante la atónita mirada de su colega finlandés que no entiende una palabra del castellano en que le hablaba el pitoniso líder español. El motivo de tanta premura en la protesta radica en la reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido Popular, un texto legislativo que abarca la práctica totalidad de los aspectos de las relaciones laborales – contratación, despidos, organización del recurso humano y convenios colectivos -. Mientras que en otros temas que aparentemente requerían urgencia en su tratamiento, sobre todo, la presentación de los presupuestos generales del Estado Rajoy se lo tomado con calma, la reforma laboral parece que estaba preparada de antemano y parte de la hoja de ruta de la derecha española. Forma parte de su ADN cambiar el equilibrio en la relación empresario trabajador. El contratador se convierte en el libre decisor de cuantas cuestiones afectan a la vida laboral del contratado. Se pretende una auténtica transformación del estatus quo entre propietarios y fuerza de trabajo. El modelo social de conquista de derechos de la clase trabajadora que desde la revolución industrial nos llevó a la construcción y disfrute del Estado del Bienestar ha tocado a su fin: Requiescant in pace.

Parece evidente que ante un vuelco tan sustancial en la relación laboral unos sindicatos agotados en su identidad y carentes de representatividad y credibilidad ante la sociedad se hayan visto obligados a sacar fuerzas de flaqueza y casi sin querer promover la movilización contra el gobierno qie supone la huelga. Y lo hacen en un Estado en ruina económica, carente de un modelo territorial a futuro y socialmente desestructurado en una suerte de individialismo feroz del sálvese quien pueda. Ni la clase política ni los sindicatos son capaces de lanzar un mensaje dotado de suficiente honestidad como para ser creíble. Viven a los ojos de los ciudadanos inmersos en un sistema corrupto por muchos de sus protagonistas y por sus vicios de funcionamiento. Así las cosas, los protagonistas de esta huelga solo buscan justificar su papel ante la audiencia y pasar de acto. Algo que el sufrido público ya sabe y contempla aburrido en su sofá que concluya pronto la farsa general o huelga con perdón. Pero las razones para una huelga son evidentes si uno atiende al contenido de la nueva ley: Reducción del despido improcedente a 33 días y 24 mensualidades; despido por causas económicas sin necesidad de pérdidas: a 20 días por año; adiós a la ultraactividad en los convenios y a los permisos para ERE; despido procedente por causas organizativas o absentismo.

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Los principales argumentos que emplea el gobierno para llevar a cabo una reforma de naturaleza tan radical se basan en la supuesta rigidez del mercado laboral en España y los abusos que del sistema de protección realizan una parte de los trabajadores. El primero tiene tan poco fundamento que su corolario lo dice todo: no se puede contratar más si no de abarata el despido. Es decir que la causa fundamental para crear un nuevo puesto de trabajo no es otra que el precio del despido sin causa, porque debemos recordar que la cuantía a pagar por el empresario cuando despide depende de causas objetivas y si no las hay es cuando resulta caro. Despojar a un trabajador de su modo de vida debe estar suficientemente motivado y no puede quedar exclusivamente al libre albedrío del empresario, de hay que se le añada un coste a tal decisión. En la reforma lo que el Ejecutivo ha hecho es sencillamente ampliar las causas de despido objetivo a un amplio repertorio de situaciones que solo controla el empresario, incluidas las bajas laborales. El segundo supuesto tiene su fundamento en la mala praxis que los trabajadores hacen de sus derechos, es decir, absentismo, bajas, escasa productividad en el puesto de trabajo… Estamos ante el típico caso de coger la parte por el todo. Si existen y es evidente que sí abusos, utilícense medidas de control y fiscalización, desde la inspección de Trabajo o reformese la legislación para evitar que las prácticas de unos pocos afecten a los demás. Lo que el gobierno ha hecho es hacerse eco de las quejas – muchas de ellas absolutamente fundadas – de los empresarios para colar una reforma de desmantelamiento social.

El gobierno mismo antes de la aprobación de la reforma no solo aceptó que la nueva legislación no creará empleo a corto plazo, sino que además anunció que su impacto unido a la recesión económica provocará 600.000 desempleos más. Como introducción y enunciado de una reforma que pretende atacar el principal problema socioeconómico que tenemos no está nada mal. Y como aperitivo para un Rajoy neófito en las artes de dirigir un equipo gubernamental tampoco es poco reto enfrentarse de súbito con una huelga general a escasos cuatro días de dos citas electorales autonómicas, AndalucíaAsturias, que medirán el grado de desgaste ante la ciudadanía de sus políticas. Está claro que para los políticos la vida ya no da treguas ni cheques en blanco, todo va demasiado deprisa y demasiado mal como para esperar con buena voluntad. Por ello resulta aún más sorprendente que el PP haya pisado tan pronto y tan premeditadamente un callo que tanto duele en la calle.

La verdad es que si no fuera por lo trágico de la situación podría jugarse con la ironía de la situación de vivir una huelga a la inversa en un Estado con cinco millones parados como registra el español. Imagínense solo por un instante que en una suerte de huelga a la japonesa de nuestros parados el día 29 decidieran todos ellos al unísono acudir a un centro de trabajo para ejercer su derecho a idem. Solo por una jornada se reivindicarían haciendo lo que ahora es más importante en su vida: trabajar. El caos sería superior al que causarán los piquetes “informativos” de rigor ese día y su efecto ante la opinión pública y, por ello, ante el gobierno mayor que el qie los sindicatos venderán a los medios de comunicación sea cual sea el nivel de actividad durante la huelga. Porque si analizamos los logros sindicales que tanta movilización oficialistas de liberados a supuesto no tenemos más remedio que reconocer que su esfuerzo ha sido directamemte proporcional a los derechos que hemos ido perdiendo los trabajadores: salarios mileuristas, contratos temporales, despidos más baratos. Será que nuestros sindicatos han estado volcados en la correcta recaudación de los fondos para la formación. Creo sinceramente que razones para una huelga general como las meigas – muy apropiadas dado qie el presidente Rajoy es gallego – haberlas hailas. Una huelga contra el funcionamiento general del sistema, contra la corrupción política, sindical y empresarial. Una huelga contra los banqueros, las agencias de rating y los especuladores de los mercados financieros. Y una huelga la última hora del paro de postre dedicada a una reforma laboral injusta que desmantela buena parte de los derechos conquistados por los trabajadores durante muchos años de sacrificio y duras batallas cuando la negociación se hacia en las barricadas y no en despachos de moqueta sindical.

El problema es que parar el sistema y clamar aunque solo sea un día por su correcto y honesto funcionamiento supone exigir responsabilidades penales a cuantos culpables hay de la grave situación que padecemos y no habría seguramente celdas suficientes si echamos un poco la vista atrás en nuestro pasado reciente y presente más actual. Y, sobre todo, no tenemos convocantes suficientes con la diginidad necesaria para ponerse a la cabeza de la manifestación y llamar a la regeneración del sistema. Así es que lo mejor será esperar pacientemente a que pase la huelga porque el 30 de marzo solo habrá una cosa segura los eres y despidos serán con 20 días por año trabajado.

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