La España Ni-ni avanza mientras Europa pone la prioridad en la educación

El informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2012″ no puede resultar más desolador: España es el país de Europa con más jóvenes que ni estudian, ni trabajan. Este titular que suena más bien a epitafio generacional es el resultado más desolador de la crisis económica que nos azota desde hace cinco años… ¿o no? Como en la mayoría de los ratios de nuestra actividad en los últimos años, el fracaso educativo en el conjunto del Estado español se ha visto tuneado por el muro de ladrillo de la bonanza económica. Las inversiones realizadas para mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes se han dilapidado en reformas legislativas yuxtapuestas, más basadas en criterios ideológicos que en sistema de evaluación de la calidad en las aulas. La peor de las políticas, la partidista, se ha instalado en la organización de los programas educativos y en la selección de los recursos humanos del profesorado. El fracaso escolar hasta hace unos años quedaba absorbido por la burbuja inmobiliaria que daba empleo a generaciones mal formadas capaces de consumir sin sentido común para saber que algún día serían enterrados en el desahucio de una hipoteca bancaria. Pero el debate de las aulas, de los colegios o de la universidad, ha aburrido siempre a una España ágrafa por naturaleza, donde al maestro y al profesor se le sitúa a la cola del éxito social. Este desprestigio de la educación, más que gradual está en nuestro adn – por supuesto con enormes diferencias territoriales en toda la península – y lastra las capacidades para la investigación y la innovación, que no son sino el resultado de la buena educación.

Es evidente que la crisis ha agudizado la situación, pues, a quiénes más desafecta el desempleo es a los jóvenes – el 51% de 18 a 25 años mo encuentra trabajo – y mucho más a aquellos que no tienen estudios. El 23,7% de los españoles de entre 15 y 29 años ni estudia, ni trabaja y España es también el país con mayor tasa de desempleados entre los diplomados de educación universitaria, y el segundo entre los que han superado estudios de secundaria superior y postsecundaria no universitaria. Los más afectados por la falta de oportunidades laborales son sobre todo los mayores de 25 años, ya que entre estos el paro alcanza el 28,6%, 8,6 puntos por encima de la media de la OCDE, seguidos por los jóvenes de entre 20 y 24 años, donde es del 27,4%. En total, independientemente de la edad y del nivel de estudios, el estudio destaca que el tamaño de la población Ni-ni en España casi dobla la media de la OCDE. Pero los jóvenes no son los únicos afectados por una “mala educación”, ya que la tasa de paro creció del 9% en 2007 al 24,7% en 2010 entre los españoles que se quedaron al nivel de la educación secundaria inferior, cuando en el caso de los diplomados con educación superior aumentó de forma algo menos importante, del 4,8% al 10,4%.

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Ante este drama que asola el futuro de nuestros jóvenes, los gobiernos españoles, primero de Rodríguez Zapatero y aún en mayor medida el actual de Mariano Rajoy, han respondido corriendo en sentido opuesto a la recomendaciones de las instituciones de la Unión Europea, reduciendo la inversión en Educación, en Investigación y en Innovación, hasta límites denunciados por los colectivos científicos y de profesorado en todos los ámbitos. Justo lo contrario de lo que el Informe conjunto de 2012 del Consejo y la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y formación solicita de los Estados miembros. “Frente a la peor crisis económica y financiera de su historia, la Unión Europea se ha visto obligada a adoptar nuevas medidas y ha acordado la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La educación y la formación son parte esencial de esa estrategia, en particular de las de las Directrices Integradas, de los programas nacionales de reforma de los Estados miembros y de las recomendaciones específicas por país destinadas a orientar a los Estados miembros en sus reformas. Uno de los cinco objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 se refiere a la tasa de abandono escolar y a la de personas con estudios superiores o equivalentes completos”, señala el informe taxativamente. Y todo ello con el único objetivo de poner el acento simultáneamente en reformas que impulsen el crecimiento a corto plazo y en un modelo de crecimiento adecuado a medio plazo. Es preciso modernizar los sistemas de educación y formación para aumentar su eficacia y calidad y dotar a las personas de las capacidades y competencias que necesitan en el mercado de trabajo, lo que aumentará su confianza para superar los retos actuales y futuros, contribuirá a aumentar la competitividad de Europa y generará crecimiento y empleo.

Actualmente, todas las partidas de los presupuestos públicos, incluidas las de educación y formación, están sometidas a examen. La mayoría de los Estados miembros tienen dificultades para mantener los actuales niveles de gasto, y aún más para aumentarlos.Sin embargo, los estudios muestran que una mejora del nivel educativo puede tener enormes beneficios a largo plazo y generar crecimiento y empleo en la Unión Europea. Por ejemplo, alcanzar el objetivo de referencia de reducir a menos de un 15 % la tasa de alumnos con un nivel insuficiente en materias básicas de aquí a 2020 podría suponer unas enormes ganancias económicas globales a largo plazo para la Unión Europea. De la misma forma es crucial alcanzar el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de reducir a menos de un 10 % de aquí a 2020 la tasa de jóvenes de entre 18 y 24 años que abandona prematuramente la enseñanza y la formación. España vuelve a ser un caso sangrante en esta materia, pues, actualmente registra porcentajes del 28% de abandono muy lejano del 15% de la media de la UE. Una mayor oferta de educación y formación profesional de alta calidad, adaptada a las necesidades de los jóvenes, por ejemplo en forma de aprendizaje mixto que vincule la FP con la enseñanza secundaria general, puede contribuir a reducir el abandono escolar. Esta opción ofrece un itinerario educativo diferente que, para algunos estudiantes, puede resultar más estimulante. Una de las propuestas que realiza, en este sentido, la Comisión Europea consiste en eforzar la cooperación con los padres y las comunidades locales. La cooperación entre los centros educativos y las empresas, las actividades extracu­rriculares y extraescolares y las «garantías juveniles» constituyen posibles formas de participación de los diferentes agentes locales.

Pero Europa no puede quedarse anclada en el objetivo de la educación primaria, secundaria y universitaria, debemos convertirnos en el gran continente de la formación permanente. Para salir reforzada de la crisis, Europa debe generar un crecimiento económico basado en el conocimiento y la innovación. La educación terciaria o equivalente, puede ser un potente motor de ese crecimiento: forma el personal altamente cualificado que Europa precisa para avanzar en la investigación y el desarrollo y aporta a las personas las capacidades y las cualificaciones que necesitan en la economía del conocimiento. En la Estrategia Europa 2020 se ha establecido el objetivo principal de aumentar hasta el 40 % la propor­ción de personas de 30 a 34 años que han obtenido un título de educación terciaria o equivalente de aquí a 2020. En 2010, la tasa media de titulaciones de educación terciaria en ese grupo de edad era del 33,6 %. Y estos conceptos no pueden aplicarse en los Estados europeos como estrategias desagregadas, debemos sacar la rentabilidad del espacio común europeo poniendo en valor el concepto de movilidad durante el aprendizaje. La movilidad consolida los cimientos europeos del futuro crecimiento basado en el conocimiento y de la capacidad de innovar y competir a nivel internacional. Por otro lado, aumenta la empleabilidad de las personas, contribuye a su desarrollo personal y es valorada por los empleadores. Sin embargo, las actuales tasas de movilidad no se corresponden con los beneficios que esta aporta. En torno a un 10-15 % de los titulados de educación superior cursa parte de sus estudios en el extranjero, que es donde la movilidad aporta el valor añadido más reconocido, mientras que solo lo hace un 3 % de los titulados de FP.

En estos días que millones de niños y jóvenes europeos vuelven a las aulas deberíamos cambiar nuestra mentalidad de aparcacoches o de consumo educativo, por el que enviamos a nuestros hijos a aquellos centros que menos nos molestan o nos garantizan títulos y certificados sin contraste de calidad alguno. Deberíamos ser conscientes de una vez de lo que nos jugamos en la formación del recurso humano del mañana como mejor herramienta para solucionar los problemas del presente. Cada euro que dejamos de invertir en una educación adecuada y con la evaluación pertinente, es una oportunidad perdida para luchar contra el cáncer, una década más de dependencia del petróleo, una pérdida de miles de puestos de trabajo y, sobre todo, la consagración de una injusticia social al no dar la oportunidad equitativa al individuo de formarse en libertad. Nos jugamos tanto en la educación que es incomprensible que actuemos al hablar y decidir sobre ella de una forma tan frívola como lo hemos venido haciendo en las últimas décadas. Podemos fallar en casi todo, podemos replantearnos casi todo, pero no cabe duda que concebir la educación como un gasto corriente y no como una inversión nos aboca al camino del empobrecimiento sistemático de la sociedad. Y esto no es solo de responsabilidad de los líderes políticos, lo es de cada uno de nosotros al no permitirlo.

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Amnistía fiscal o la quiebra de la legitimidad del Estado

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ha aportado una sorpresa mayúscula con la que casi nadie contaba, dado que el propio presidente en sus días de líder de la oposición la había calificado de “impresentable, injusta y antisocial”: la amnistía fiscal. Una medida que hipotéticamente pretende que afloren 25.000 millones de euros de rentas sumergidas para lograr una recaudación adicional de 2.500 millones de euros. La excepcionalidad de un perdón de esta naturaleza de entrada suena a emergencia recaudatoria, a sacar dinero de debajo de las piedras sea cual sea el coste de la prospección para aflorar dinero negro. Todo vale con tal de cuadrar las cuentas a las que Bruselas obliga, acuciado como está el Ejecutivo español por presentarlas y aprobarlas – resulta clamoroso que un gobierno que tomó posesión en diciembre, no haya presentado los presupuestos hasta tres meses después, exactamente una semana después de las elecciones andaluzas -. Las prisas, siempre malas consejeras, urgen a una severa reducción del déficit público, que debe pasar del 8,2% registrado el 2011, al 5,3% en el corriente 2012 y lo que se hace aún más difícil de imaginar, en 2013 deberá situarse en el 3%. Se me antoja que para entonces no quedará nada que recortar en una paisaje desolado por la crisis y la austeridad sobrevenida.

En la historia de la democracia española, se ha aprobado dos veces la amnistía fiscal y, en los dos casos, la ha aplicado un gobierno socialista. La primera vez fue en 1984, con Miguel Boyer al frente del ministerio de Economía. Boyer endureció las leyes contra los evasores de impuestos y, al mismo tiempo, concedió ‘el perdón’ al permitir que todos los que tenían ocultas sus actividades pudieran comprar pagarés del Tesoro Público, sin ninguna penalización fiscal y pudiendo salvaguardar el anonimato. La segunda vez fue en 1991, con Carlos Solchagacomo titular de la cartera de Hacienda. En esta ocasión, la amnistía consistió en permitir que los infractores compraran deuda pública con dinero negro con un tipo de interés inferior al del mercado. El indulto no funcionó como el Gobierno de Felipe González esperaba y tuvieron que subir el IVA en los Presupuestos Generales de 1992, además de advertir de que no se volvería a conceder el perdón fiscal. Ahora, más de veinte años después de la aprobación de la primera amnistía fiscal, con una crisis económica y financiera que deja cinco millones de parados, una deuda pública que puede alcanzar el 74,3% del PIB en 2012 y unas arcas del Estado casi vacías, un gobierno vuelve a plantear la amnistía pese a que los antecedentes nunca cumplieron las expectativas en ella puestas. Con todo, no es España una excepción en Europa ya que otros países han optado por esta medida. Así, Italia es uno de los mejores ejemplos: el pasado mes de octubre, el entonces primer ministro, Silvio Berlusconi, volvía a proponer la amnistía fiscal para reducir el déficit. De este modo, se planteaba eximir los delitos fiscales a quienes compren deuda soberana. Algo que le valió críticas, incluso, desde dentro de su propio partido. Ésta no era la primera vez que ‘Il Cavaliere’ decide perdonar a los evasores con tal de que su dinero vuelva a fluir en el país. Ya en el año 2009 se aprobó la medida y logró que 95.000 millones de euros regresaran a las arcas italianas. Pero según los expertos, esta cifra no es sinónimo de éxito, sobre todo porque la multa para los evasores italianos fue de un irrisorio 5%, cuando en otros países era 10 veces mayor, y aseguran que nuestra Agencia Tributaria tiene más controles que la de Berlusconi.

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Portugal aprobó la medida a mediados de 2010. En grandes líneas, esta medida excepcional se aplicó a depósitos bancarios,  valores mobiliarios y otros instrumentos financieros tales como fondos de inversión y determinados seguros de vida-ahorro. Se estipuló el pago de un impuesto del 5% del valor de los activos y no es necesario transferirlos a entidades financieras portuguesas, siempre y cuando se trate de elementos que estuvieran depositados en estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Alemania hizo lo mismo mucho antes de que la actual crisis arreciara. En 2003, el canciller GerardSchröder, dio luz verde a una amnistía fiscal que en la que se permitía a los empresarios alemanes repatriar los fondos que tuvieran en el exterior sin penalización alguna, aunque fijaba una tasa del 25% sobre este dinero una vez que hubiera salido a la luz. En concreto, en los cuatro primeros meses del año el total del dinero repatriado gracias a esta norma ha sumado únicamente 125 millones de euros. Una cantidad muy por debajo de los 5.000 millones previstos inicialmente. Francia tuvo un conato de implantación de la amnistía fiscal en 2004. El primer ministro francés, Jean Pierre Raffarin había apostado por repatriar capitales, implantando una tasa liberatoria de retorno, entre el 10% y 20%, según el volumen de dinero legalizado. Finalmente, Raffarin dio marcha atrás. Le llovieron críticas de todos los partidos.  No se veía ni “moral” ni “eficaz” para la lucha contra la evasión de capitales y la circulación de dinero negro. Años después, en 2009, la Administración Tributaria francesa por aprobar un régimen especial de regularización. Creó una unidad especial en Hacienda. El objetivo: gestionar todos los procesos de regularización de patrimonios opacos situados en paraísos fiscales. Así, se asegura que se apliquen criterios similares en los procesos de regulación y se da seguridad jurídica, ya que sólo hay un órgano inspector. Y en Reino Unido en agosto de 2010, “Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) lanzó entre septiembre de 2009 y marzo de 2010 The new disclosure opportunity,  encaminada a regularizar exclusivamente cuentas bancarias offshore, debiendo los contribuyentes pagar los impuestos dejados de ingresar durante los últimos diez años junto con una sanción del 10% de la deuda. Si bien no se garantizó la inmunidad penal de los contribuyentes que se acogiesen al programa, el HMRC anunció que las posibilidades de comenzar acciones penales eran extremadamente bajas”.

En España habría que empezar por recordar que conviven cinco Haciendas –ArabaBizkaiaGipuzkoaNavarra/NafarroaEspaña – y de ellas solo la española aplicará la medida, pues, las otras cuatro ya han manifestado que optan por la lucha contra el fraude como mejor argumento para incrementar los ingresos forales. Tanto en lo que respecta a los que practican la economía sumergida que, según la Fundación de las Cajas de Ahorro, se cifra en el 24% del PIB de España, como para los que sacan sus grandes capitales fuera de país para evadir impuesto. La OCDE calcula que el 13% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales, esto es, entre cinco y siete billones de dólares. El objetivo es hacer que aflore el dinero negro o que vuelva a España. La estimación del gobierno es que se conseguirá que aflore un 10% de la economía sumergida. Eso son 25.000 millones de euros. Lo cual quiere decir que el gobierno sabe perfectamente que están fuera del control impositivo 250.000 millones de euros. De los cuales —con suerte, con mucha suerte— nos dicen que esperan ingresar 2.500. Si esos 250.000 millones tributaran a lo que deben, más los recargos y las correspondientes sanciones, no tendríamos ninguna necesidad alguna de recortar en educación, sanidad, investigación o dependencia en los presupuestos de 2012. Y resulta concluyente el dato que aporta que con los métodos regulares de la lucha contra el fraude fiscal, en 2010, la Agencia Tributaria logró recuperar más de 10.000 millones de euros procedentes de actividades fuera del fisco. Una cifra que supone un 1% del PIB.

Los mismos profesionales de la Agencia Tributaria se han manifestado en contra de la medida que consideran solo servirá para “enjugar los delitos fiscales a precio de saldo”. Los inspectores, que se supone son quienes más deben saber sobre fraude, estiman que el 72% del dinero defraudado a Hacienda proviene de las grandes fortunas y las grandes empresas que, incomprensiblemente, son investigados con muchos menos recursos, ya que la Agencia Tributaria concentra el 80% de sus investigaciones en pequeñas empresas y pequeños contribuyentes. Las grandes empresas tienen más mecanismos de elusión, como las conocidas SICAV, y por supuesto, más facilidades de evasión, ya sea a través de paraísos fiscales o mediante operaciones entre entramados societarios. Pareciera que Rajoy pretende dar la razón a los medios de comunicación y opciones de ultraderecha europea que vienen repitiendo hasta la saciedad que las economías periféricas son nidos de defraudadores y vagos. Oficializando el perdón de delincuentes fiscales se acredita internacionalmente la existencia de un problema estructural, que cuanto menos debería ser inconfesable: España país de economía sumergida y de fuga de capitales. No parece el mejor reclamos para que nuestros socios se corresponsabilicen con los problemas de paro, falta de crecimiento e insuficiencia financiera a la que nos está sometiendo la crisis.

Pero son las consideraciones para la convivencia en el Estado las que resultan más graves de la medida anunciada. En primer lugar, por el agravio comparativo que supone para los millones de contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones. Se premia al defraudador, que podrá esperar a que una de estas amnistías cíclicas pongan en regla su dinero negro. El mensaje es claro: en el Estado español es más rentable delinquir que cumplir o dicho de otra forma, el impuesto grava la honradez. El Estado pierde la legitimidad para exigir el esfuerzo colectivo, el que hace posible un sistema social de protección mútua y, en suma, la arquitectura del Estado del Bienestar se resquebraja en sus cimientos. Rompe también el equilibrio territorial, pues, los niveles de economía sumergida y de fraude fiscal son muy dispares en unas y otras Comunidades Autónomas, con lo que abierta la veda de la aministía, aquellas Comunidades más honestas en sus cuentas y en perseguir el fraude, salen claramente perjudicadas frente a aquellas donde la corrupción y los defraudadores protagonizan la vida pública y la economía productiva. La crisis ha aflorado nuestras miserias peninsulares, pero no imaginábamos que llegaría a recurrir al perdón de los que roban al conjunto de los ciudadanos para salir adelante. Si quienes actúan de manera egoísta, buscando la riqueza monetaria a cualquier precio, incluido el recurso a la delincuencia fiscal, son hoy nuestros salvadores, prefiero declararme éticamente insumiso de este Estado de cosas.

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América Latina 2012: perspectivas políticas y económicas

PERSPECTIVAS POLÍTICAS

El calendario electoral de la región el año 2012 vendrá marcado por tres comicios:

  • 20 de mayo, elecciones presidenciales en la República Dominicana.
  • 1 de julio, elecciones presidenciales en México.
  • 7 de octubre, elecciones presidenciales en Venezuela.

Y sobre todas ellas tendrá enorme significación la contienda electoral en Estados Unidos para elegir al inquilino de la Casa Blanca el 6 de noviembre.

A nivel local, cabe también destacar las elecciones municipales en Chile el 12 de octubre para medir el desgaste del gobierno del presidente Sebastián Piñera; las elecciones locales y estatales en Brasil que servirán de termómetro para saber cómo han afectado los escándalos de corrupción al Partido de los Trabajadores y, por último, las elecciones legislativas en El Salvador del 11 de marzo.
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Previsiones electorales:

  • República Dominicana: El PDL del actual presidente Leonel Fernándezparte como favorito, de la mano de la candidatura montada en tándem, Danilo Medina como candidato a presidente y Margarita Cedeño, la esposa del propio Fernández, como vicepresidenta. El opositor con más opciones es el ex presidente Hipólito Mejía (PRD) de 2000 a 2004. Las últimas encuestas auguran un resultado muy reñido.
  • México: El PRI aspira seriamente a volver a ocupar la presidencia de México tras doce años de derrotas, la más clamorosa la de 2006 cuando fue relegado al tercer puesto. Su candidato, el ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto tiene el carisma y la frescura que parece recobrar la ilusión de los votantes priistas. Si lo difícil en el seno del partido era lograr unidad en torno a un candidato, dado el conglomerado de caudillos regionales y gobernadores en que se ha convertido el PRI, ahora parece claro que la apuesta unánime por Peña les concede una notable ventaja en las encuestas. Enfrente, de nuevo López Obrador (PRD) por la izquierda y el PAN del presidente Calderón, muy desgastado tras 12 años en el poder por la derecha pendiente aún de nominar y por el que compiten Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Santiago Creel.
  • Venezuela: Hugo Chávez aquejado en los últimos meses de un cáncer se enfrenta al reto de revalidar su presidencia tras 13 años de gobierno. Su estado de salud será uno de los aspectos clave para saber si finalmente será capaz de volver a vencer. De momento los sondeos le son favorables, pero bien es cierto que tendrá enfrente a la coalición opositora más numerosa y organizada que nunca, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que elegirá su candidato en primarias el próximo 12 de febrero. El principal candidato es Henrique Capriles empresario joven y de perfil centrista. La buena marcha de la economía venezolana que crece a buen ritmo impulsado por las exportaciones petrolíferas es el principal activo de Chávez para convencer a los venezolanos de la necesidad de seguir emprendiendo su programa de “reformas bolivarianas”.
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

El pasado mes de octubre Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y Ángel Gurría, secretario general de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) presentaron el documento las “Perspectivas Económicas de América Latina 2012″ durante la Cumbre Iberoamericana en Asunción, Paraguay. Su resumen ejecutivo es un excelente compendio de situación de los principales retos a los que se enfrenta la región y, por ello, lo reproduzco a continuación:

  • El sólido crecimiento de la economía de América Latina desde 2003 hace posible que los países de la región consideren ambiciosas agendas de políticas públicas para mitigar riesgos y aprovechar las actuales oportunidades para su desarrollo.
  • La región debe fortalecer su capacidad de respuesta macroeconómica para enfrentar los riesgos derivados de la incertidumbre en la economía global y la volatilidad de los mercados internacionales de capitales.
  • Las políticas macroeconómicas también deben ser coherentes con las necesidades de largo plazo ligadas a los cambios económicos y demográficos en curso.
  • Las economías latinoamericanas ganaron espacio fiscal que utilizaron para enfrentar la crisis financiera y reducir la pobreza, pero aún son vulnerables a nuevos shocks.
  • Los países latinoamericanos deben aprovechar las oportunidades para eliminar restricciones al desarrollo y dar un salto cuantitativo y cualitativo en la provisión de servicios públicos.
  • Para construir Estados que puedan responder a las necesidades del desarrollo, es necesario llevar a cabo reformas fiscales tendentes a reducir la enorme brecha existente entre las necesidades y los recursos disponibles.
  • La recaudación tributaria de América Latina no solamente es baja, sino que las bases imponibles son pequeñas y están sesgadas hacia impuestos no progresivos.
  • Las bases impositivas se ven limitadas por la extensión de gastos tributarios: deducciones y exenciones.
  • La política fiscal tiene un impacto redistributivo poco significativo debido a los bajos niveles de impuestos directos personales y de gasto público social, unidos a su insuficiente focalización.
  • La articulación de de un pacto fiscal que refuerce el contrato social entre los ciudadanos y el Estado puede ser fundamental.
  • Más allá de mayores recursos financieros, el Estado también debe transformarse para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y gestionar los recursos de manera más eficiente, transparente y eficaz.
  • La transformación del Estado no puede limitarse a hacer mejor lo que ha venido haciendo hasta ahora, sino que tiene que identificar nuevas estrategias para definir y alcanzar objetivos prioritarios. Hay tres áreas claves para apoyar un crecimiento sostenible e inclusivo: educación, infraestructura y desarrollo productivo e innovación.
  • La cobertura y el gasto en educación han mejorado de manera sostenida en las últimas década en América Latina. Sin embargo, su calidad sigue siendo baja y el acceso desigual.
  • En la gestión de servicios educativos, destacan dos tendencias: una creciente descentralización en su provisión y el incremento de la participación del sector privado en la formación terciaria.
  • Las infraestructuras son un importante cuello de botella para la sostenibilidad del crecimiento, la competitividad e incluso la equidad en la región. América Latina presenta brechas elevadas con respecto no solo a los países de la OCDE, sino también a economías emergentes de Asia y otras regiones del mundo.
  • América Latina necesita mejorar el marco normativo para fortalecer los procesos de planificación y gestión de la inversión en infraestructuras con una visión de largo plazo.
  • A su vez, es fundamental perfeccionar los incentivos y las normas que regulan la participación del sector privado en la inversión, gestión y provisión de infraestructuras.
  • La brecha de productividad es un problema persistente que refleja la baja diversificación de las economías de la región, su especialización en sectores no intensivos en tecnología y la escasa inversión en investigación y desarrollo y en innovación.
  • La educación, la infraestructura y el desarrollo productivo y la innovación son tres áreas clave para alcanzar los objetivos de competitividad, desarrollo económico e inclusión social. En cada una de ellas se requieren políticas públicas activas, planificación estratégica y una gestión más eficiente y eficaz por parte del Estado.
  • Un desafío clave de América Latina es movilizar inversión privada en investigación y desarrollo.
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