Mes: marzo 2012

De cómo la abstención avanza silenciosamente sin que nadie quiera escucharla

Las elecciones en Andalucía y Asturias del pasado domingo han remarcado la tendencia de caída de participación e incremento de las abstención registrada en los últimos años en el Estado español. En Andalucía votó el 62,23% del electorado, cerca de diez puntos menos que en las elecciones autonómicas de 2008, mientras que en Asturias solo lo hizo el 55.92%, nada menos que once puntos menos que en los comicios anteriores. Exceptuando las grandes batallas electorales que suponen las elecciones generales, de las que sale el presidente del gobierno electo y que moviliza a todos los grandes medios de comunicación en torno al debate PSOE / PP, el resto de citas electorales se está deslizando hacia abstenciones en la banda del 40% al 50%, convirtiéndose en la opción mayoritaria de los ciudadanos. En la última década, de manera muy especial en los últimos cinco años, cerca de un 15% más de la población con derecho a voto se ha desenganchado del sistema hasta tal punto que se queda en casa el día de la gran liturgia de la democracia. Un fenómeno silenciado por los grandes partidos políticos, que evalúan los resultados electorales con una breve declaración retórica sobre la escasa participación, pero sin aludir a las motivaciones que provocan este desapego de la gente hacia la política. El disputado voto del abstencionista ha dejado paso a la disputa por el cada día más disminuido voto de los convencidos, en una suerte de batalla por el hooliganismo que cristaliza los votantes propios en eso que llaman los expertos politólogos, suelos electorales de los partidos.

La abstención, término que deriva de la voz latina abstentio, es un no hacer o no obrar, lo en esencia normalmente no produce efecto jurídico alguno. En democracia la abstención puede suponer la existencia de corrientes políticas que no se integran en el juego político normal, aunque con carácter general suele responde a impulsos o motivaciones individuales plenamente respetadas y asumidas incluso cuando sobrepasan determinados límites porcentuales. Ante ese fenómeno nos encontramos, el de la apatía ciudadana. Una población crecientemente desencantada del sistema, que no detecta liderazgos atractivos y opta por darle la espalda a la política. El resultado es una mezcla de desobediencia cívica y de concreción de insatisfacción política. En el caso del Estado español, varía sustancialmente los grados de abstención en función del tipo de cita electoral de la que hablemos. En las elecciones generales, al Congreso la media de abstención es del 26%, mientras que al Senado es del 38%, en las municipales y autonómicas del 34%, en las europeas del 45% y en referéndums del 40%. Son, pues, curiosamente, las elecciones más cercanas y las más alejadas o supranacionales, las que registran una menor participación. Pero si miramos las Comunidades con mayor nivel de identidad nacional como es el caso de Euskadi o Catalunya, las participaciones se acercan a los niveles de las elecciones generales. Por tanto, parece evidente que la movilización electoral tiene mucho que ver con el grado de pertenencia que el ciudadano tiene a su comunidad, lo que aporta valores al voto, no puramente racionales, sino más basados en sentimientos y pasiones identitarias/ideológicas.

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Si echamos una mirada a nuestros entornos democráticos, tanto en un espacio maduro en este sentido como lo es el de Europa o en uno más joven y en aún en proceso de consolidación como lo es el latinoamericano, sobre los datos que arrojan las elecciones de la última década, los resultados son los siguientes:

Estados con una abstención entre el 100% y el 80%: En Europa, Mónaco; en América Latina, ninguno. Abstención entre el 60% y el 80%: en Europa, Andorra y Suiza; en América Latina, Colombia y Guatemala. Abstención entre el 40% y el 60%: en Europa, Lituania, Polonia, Estonia, Francia, Luxemburgo, Moldavia y Letonia; en América Latina, Venezuela, República Dominicana, Jamaica y México. Abstención entre el 40% y el 20%: en Europa, Hungría, Macedonia, Reino Unido, Ucrania, Irlanda, Finlandia, Rumanía, Eslovenia, Liechtenstein, Portugal, Alemania, Bulgaria, Holanda, Austria, Noruega, República Checa, Chipre y España; en América Latina, El Salvador, Bolivia, Honduras, Surinam, Guyana, Costa Rica, Belize, Chile, Panamá, Nicaragua y Brasil. Y abstención entre el 0% y el 20%: en Europa, Suecia, Eslovaquia, Dinamarca, Bélgica, Grecia, Italia, Islandia, San Marino y Malta; y en América Latina, Ecuador, Argentina y Uruguay (en esta última escala existe en estos Estados algún tipo de obligación de voto).

Acercando más el foco a la Unión Europea y sus grandes democracias, todas ellas han ido incrementando sus niveles de abstención desde la década de los setenta en un promedio que oscila entre un 10% y un 20% más, unas cifras alarmantes que alcanzan sus máximos en las elecciones al Parlamento Europeo, que en la mayoría de estos Estados apenas alcanzan el 50% de la participación. El desapego a la política común y a las instituciones europeas es altísimo, eso sí prácticamente desde su creación.

Sin ánimo de convertir este post en una retahíla de datos, si resulta de interés observar el comportamiento ciudadano ante el voto, según las edades y el género. Así, la participación electoral en Europa de los jóvenes entre 18 y 30 años nos aporta datos bastante homogéneos aunque con diferencias. En general, votan mucho menos que sus mayores, pero mientras que en el Reino Unido, votan mucho menos (un 39% más), en España la diferencia se modera (un 25% menos) y en Italia, sin embargo, no existe prácticamente diferencia (un 0,2% menos). El comportamiento cívico democrático es evidente que madura con la edad porque a medida que nos hacemos mayores el nivel de participación electoral se incrementa, pasando la abstención de los jóvenes entorno a un 45%, entre los 30 y 40 años baja a un 37%, de 40 a 50 años ronda el 32% de abstención, de 50 a 60 años un 26%, de los 60 a 70 años, solo de un 20% y entre los mayores de 70 años, un 15% de media de abstención. Y respecto a la influencia del género en las ganas de votar, digamos que históricamente y hasta hoy, las mujeres votan más que los hombre europeos, en una media superior de participación de un 5% para las féminas.

Podemos preguntarnos quién es el beneficiario del incremento de la abstención en las elecciones. Desde luego, vista la reacción de los políticos, lo que si podemos afirmar sin ánimo de equivocarnos es que los abstencionistas no obtienen beneficio alguno de su actitud. Hasta ahora siempre habíamos pensado que eran los grandes partidos, los que mejor tajada sacaban de la abstención en detrimento de las minorías parlamentarias. Eso sí, repartiéndose la suerte entre ellos, unas veces la desmovilización ha favorecido a uno y otras al contrario, en función de la capacidad de tener a sus adeptos apasionados por derrotar al enemigo en el acto de votar. Sin embargo, la evolución reciente está demostrando que las minorías más radicales, ultraderecha, ultraizquieda o ultranacionalistas, según los Estados, son los mayores beneficiarios del fenómeno abstencionista europeo. Y eso se produce por su capacidad de alentar movimientos de rechazo al sistema, que generan corrientes de simpatías de fuerte militancia. Estos llamados neopopulismos, que no pretenden cambiar la sociedad, sino condicionar las decisiones desde sus posiciones de minoría, se están convirtiendo en la llave de la gobernabilidad en muchos Estados o comunidades, en gran medida gracias a la fuerte abstención registrada en un comicio tras otro.

Si queremos salvar el modelo de Estado del bienestar igualitario, equitativo y universal que los europeos con más o menos antigüedad hemos ido construyendo, debemos ser conscientes de la necesidad de combatir el abstencionismo que paulatinamente está minando la credibilidad de nuestras democracias. A la abstención como desapego del sistema, se le hace frente a través de la democratización efectiva de los partidos políticos, otorgando sentido efectivo y no meramente ritual al acto electoral, estableciendo un sistema de apertura de listas o al menos la eliminación de las cerradas y bloqueadas y, en definitiva, mediante una profundización efectiva en la democracia y, sobre todo, recuperando el prestigio de la institución representativa por excelencia, el Parlamento, privado progresivamente de poderes efectivos. Una nueva forma de hacer política que cambie la máxima déspotica del “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, por la necesaria aceptación de la norma básica de la democracia del principio de la soberanía popular. Modernas formas de participación en la vida pública y en las decisiones que nos afectan día a día, requieren nuevas mentalidades y culturas políticas. Un objetivo que se viene demandando machaconamente desde instancias sociológicas, pero que a las que los líderes y dirigentes políticos han hecho oídos sordos.

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Construyendo puentes: Unión Europea – América Latina Caribe

Se ha celebrado esta semana en Bruselas el seminario organizado por el diarioAquí Europa bajo el título “Construyendo puentes, Europa, América Latina, Caribe”. Los ponentes – dirigentes del Parlamento, Comisión y Consejo europeos,Eurochambres, embajadores ante la UE de México, Brasil, Chile y Colombia,Fundación EULAC y compañías globales como Microsot y Telefónica – han puesto encima de la mesa los distintos temas que a lo largo del año 2012 van a centrar la agenda de relación entre las dos regiones. A saber, objetivos y temario de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno UE-ALC – América Latina Caribe – de Santiago de Chile en enero de 2013; la ratificación de los acuerdos comerciales de la UE con Colombia, Perú y Centroamérica; la negociación de la Ronda Mercosur; el arranque de la Fundación EULAC y el inicio de conversaciones para un tratado comercial preferente con Ecuador y Bolivia.

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A modo de pinceladas gruesas, impresionistas, del termómetro de la relación UE-ALC les dejo a continuación escritas frases y datos de los cualificados ponentes del seminario:

“Es necesario impulsar el concepto de diplomacia económica con cinco vectores básicos: 1) transparencia de negocio creando un Registro Mercantil común; 2) dotar de confianza legal con órganos de arbitraje UE-ALC; 3) clima de negocio gracias a la formación en común empresarial; 4) movilidad empresarial mediante un Erasmus para empresarios de los dos lados y 5) innovación promovida desde clusters UE-ALC”.

“La relación debe dejar de ser retórica para pasar a la acción y debe cambiar el lenguaje de la cooperación para el desarrollo por el de la colaboración económica”.

“La cumbre de Santiago será la primera que producirá entre dos organismos supranacionales, la UE y CELAC – Comunidad de Estados Latinomericanos y Caribeños – lo que demuestra un alto grado de madurez en procesos integradores”.

“Brasil es el cuarto inversor mundial en la UE con 80.000 millones de € al año y ésta invierte en América Latina más que China, Rusia e India juntos. América Latina podría exportar ya un 30% más a la UE. Europa exporta a ALC bienes de alta gama y calidad que son complementarios y no competitivos como los chinos de los productos latinoamericanos. La evolución de las exportaciones mundiales a ALC en la última década muestra un fuerte descenso de EE.UU. aprovechado por China mientras la UE ha sido capaz de mantener niveles similares en estos años”.

“La Unión Europea y América Latina componen el mayor espacio de paz y democracia del mundo hoy: 60 Estados y 1.100 millones de habitantes”.

“La crisis en la UE es mutante como la piel de una serpiente, primero fue financiera, después de la deuda soberana, luego de crecimiento y ahora de empleo, por eso llegamos siempre tarde para resolverla, nos lleva con la lengua fuera. Seguramente porque el viejo continente se está convirtiendo en un continente de viejos, mientras que el nuevo mundo latinoamericano está gestando un mundo nuevo. Por eso la crisis es una llamada a la humildad y a la oportunidad de una relación más madura de igual a igual”.

Más allá de lo expuesto en Bruselas, la realidad cruda es que Europa vive inmersa en un proceso de reducción de déficits públicos y de reestructuración de la deuda soberana de algunos de sus Estados, en pleno escenario de crisis, con bajos niveles de crecimiento económico, inflación al alza y destrucción de empleo. Un panorama que caracterizó en la década de los 80 y de los 90 a las grandes economías latinoamericanas, en casos tan paradigmáticos como el de Argentina, México o Brasil. Fueron años de intervención del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de “corralitos” monetarios, de dolarización y mercados negros, de insolvencia de sus entidades financieras y de impagos de compromisos internacionales en la Región. La credibilidad de Latinoamérica estaba por los suelos y sus sistemas políticos alternaban etapas de democracia sumida en la corrupción, con periodos de caudillismos, populismos o dictaduras sin reparos en la vulneración de los derechos humanos. Desde entonces el camino recorrido por gobiernos, pero sobre todo por la ciudadanía del otro lado del Atlántico, ha transformado profundamente los indicadores de la Región. Con todos los riesgos que se le quieran poner, el continente crece, crea empleo, controla sus déficits y se siente joven para acometer los complejos retos de futuro en una economía globalizada.

Los tiempos han cambiado tanto, que ahora es en Europa donde interviene el Fondo Monetario Internacional, pero por otro lado, las inversiones directas de empresas alemanas en Latinoamérica y el Caribe se han duplicado en los últimos 10 años. La presencia española en sectores como el financiero y el de las telecomunicaciones en cuantiosa. Y FIAT es más grande en Brasil que en Italia. En Europa, en las actuales circunstancias, crece el interés por América Latina. No hay mejor terreno para retomar el crecimiento ante los límites de sus maduras y traumadas economías. Por ello un tema clave es  descifrar hasta qué punto la comprometida situación financiera y fiscal de la Euro Zona sustraerá liquidez para sostener el ritmo de inversión extranjera europea en la región latinoamericana. Así las cosas, Latinoamérica tiene una posición muy privilegiada para consolidar cadenas de valor apoyadas en la asociación con capitales europeos.

Pero no nos engañemos, para que la realidad de una necesaria cooperación europea prospere, primero tenemos que conocernos, no podemos seguir ignorándonos. Del conocimiento mutuo entre nuestras heterogéneas opiniones públicas surgirá el encuentro necesario. La oportunidad que supone la cumbre de enero en Santiago de Chile debe ser aprovechada con el trabajo a lo largo de este año. Si no nos conocemos, no nos entenderemos y si no nos entendemos no cooperaremos. Socios globales: ese es el estatus de relación birregional al que debemos aspirar dos áreas de civilizaciones comunes. Tenemos mucho que aprender los unos de los otros, pero más que hacer el retórico repertorio de oportunidades, toca trabajar en serio por ellas.

Si tenemos que mirar hacia adelante para explorar las enormes posibilidades que nos brinda la colaboración birregional convendría recordar las palabras que nos han dejado escrito dos grandes humanistas de nuestro espacio intelectual universal. El mexicano Carlos Fuentes nos advirtió de que “tenemos un pasado que debemos recordar, pero que sobre todo tenemos un porvenir que podemos desear”. Y unos cuantos años antes, el español Miguel de Unamuno nos recomendó que “procuremos más ser padres de nuestro porvenir, que hijos de nuestro pasado”. Extraordinario reto el de europeos y latinoamericanos de labrarnos un provenir común. Dialoguemos y trabajemos por él.

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Falacias sobre el copago sanitario en Europa

El debate sobre la utilidad o no del sistema de copago para la financiación del sistema sanitario se ha abierto en España a raíz de la aprobación por parte del govern de la Generalitat de Catalunya de una tasa de 1 euro por receta – el llamado ticket moderador – en el Servei Catalá de la Salut. De la misma forma que en la mayoría de los Estados más asolados por la crisis de la deuda – Grecia,Irlanda y Portugal – se han introducido medidas de este tipo, parece por los indicios que el gobierno del Partido Popular en España, pese a negarlo una y otra vez, está llevando a cabo reuniones “técnicas” con las consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas para el estudio primero y posterior implementación de medidas de copago sanitario. Convendría, pues, en este clima preimpositivo analizar sin sesgos ideológicos  y sin fundamento o prejuicios carentes de rigor, las virtudes y los defectos de este tipo de reformas. Lo digo partiendo de la base de la trascendencia que en nuestras vidas tiene garantizar un sistema de salud público de calidad, de acceso garantizado universal y equitativo. Nos jugamos demasiado en las decisiones que sobre el tema tomemos como para que el debate se produzca con opiniones de algunos políticos o tertulianos basadas en generalidades y lugares comunes, en vez de en datos contrastados o hipótesis elaboradas por profesionales de la sanidad. Son éstos, que además en el caso del Estado español, lo son de reconocido prestigio y compromiso con el sistema, quienes más tienen que decir sobre una reforma que solo debe pretender hacer viable la sostenibilidad de uno de los mejores modelos de salud pública de Europa y, por ello, del mundo.

El objeto aludido para introducir el copago es la insuficiencia financiera del modelo. Se nos dice que no tenemos recursos suficientes para mantener un sistema tan bueno, pero tan caro. Yo niego la mayor. Lo primero que tenemos que decidir es qué sistema de salud público queremos tener y cuál es su relación con las ofertas de sanidad privada. Dimensionar la cartera de servicios sanitarios que queremos tener es el primer trabajo, así como establecer qué orden de importancia le concedemos en el conjunto de gasto público. Porque si como parece, todos pensamos que junto con el pago de las pensiones y la educación gratuita e igualmente universal, son los gastos comprometidos ineludibles, a partir de aquí serán otras las partidas a reformar. Por tanto, una vez que definamos el tamaño del sistema y consiguientemente sus necesidades de recursos, podremos pasar a definir las partidas de ingresos sobre las que lo sustentamos. Empiezo por deshacer otra falacia del copago por introducir, porque el copago en el Estado español ya está implantado. En primer lugar, mediante las cuotas a la Seguridad Social que pagamos todos los trabajadores y empresarios, en esa suerte de mutualidad aseguradora de diversas prestaciones que supone. En ese sentido, sería muy convenientes que dichas cuotas vinieran desglosadas en sus diferentes aportaciones para que pudiéramos saber claramente a qué se dedica la caja única: tanto para su sanidad, tanto para su pensión, tanto para su prestación por desempleo si ha lugar… Así evitaríamos la mala praxis habitual, que han llevado a cabo todos los gobiernos, de meter la mano en la caja para sufragar otro tipo de gastos. En segundo lugar, pagamos un porcentaje de los medicamentos – excepto los pensionistas – que nos receta la sanidad pública. Por lo tanto, no debemos hablar de copago como novedad, sino de extender a nuevos tipos de impuesto la financiación de la salud.

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Si echamos un vistazo a la situación de nuestro entorno europeo, veremos que el copago en distintas modalidades existe en todos. En veintisiete se realiza el copago farmacéutico. En todos salvo en Dinamarca, España, Grecia – y ahora se va a introducir – y Reino Unido, existe el copago en atención hospitalaria. En todos menos en España, Grecia – y también pagarán ya –, Hungría, Lituania, Reino Unido y República Checa se paga algo por la atención especializada. Y respecto a la atención primaria, donde menos está implantado el copago, es totalmente gratuita en España, Grecia – y se les acaba – Holanda, Hungría, Italia, Lituania,Polonia, Reino Unido y República Checa. Es decir, los Estados con menor nivel de copago y, por tanto, de aportación directa de los ciudadanos al coste de los servicios sanitarios que emplean, son el Reino Unido y España. En ambos casos, somos según diversos baremos e indicadores dos de las mejores sanidades del mundo y en el caso español, el tercer país del mundo en esperanza de vida. Además, resulta útil combinar este dato con el de la rentabilidad de la inversión del gasto sanitario, es decir, qué porcentaje sobre el total del PIB empleamos en sanidad. Así en España nos sale muy barata esa salud pública de calidad. La media de los países desarrollados en Europa está alrededor del 9% del PIB, llegando a cifras mucho más altas en EE.UU. (14%). En España el porcentaje es de los más bajos de Europa (8,4%), por debajo de la media europea, solamente por delante de Finlandia, Hungría, Polonia y la República Checa y muy por debajo de lo destinado en Suiza (11,3%), Alemania (10,6%), Bélgica (10,4%), Francia(11,1%), Austria (10,1%), Dinamarca (9,5%), Holanda (9,3%), Islandia (9,2%),Suecia (9,2%), Grecia (9,1%) e Italia (8,7%).

Se supone que el principal argumento a favor de la extensión del modelo de copago es la disminución del “consumo” sanitario. En ese sentido, deberíamos recordar que la enfermedad, en general, se contrae, no se desea y, más importante aún, que quien discrimina el uso del sistema son sus profesionales, es decir, aquellos en quienes depositamos la confianza en nuestra curación o cuidado. Partir de la base del abuso del sistema supone quebrar la confianza en él y, en todo caso, si existen los excesos atajense, pero no se introduzcan impuestos indiscriminados que culpan a aquellos que nada tienen que ver con los que se aprovechan indebidamente. En cualquier caso, en los países europeos donde más experiencia por tiempo y extensión del copago tienen, está demostrado que efectivamente disminuye el “consumo”, si bien a costa de importantes pérdidas en el reparto equitativo. Es evidente que pese a que se reduzca la aportación del copago a las capas con menores niveles de renta, el hecho de tener que pagar establece una discriminación que afecta más al que menos tiene y que le disuade de acudir al médico. Ello supone a largo plazo que al desaparecer la labor preventiva de la consulta periódica, se pierde el contacto con el paciente y el historial clínico es menos rico en datos, por lo que una enfermedad puede revelarse más grave cuando aparece y propender a convertirse en dolencia crónica. Es decir, que lo barato a la larga se vuelve caro. Y, como dato adicional, la cuantía que se recauda por las distintas fórmulas de copago no son relevantes a efectos del conjunto del gasto sanitario, con ellas no se garantiza la sostenibilidad del sistema. En resumen, demasiado coste social para poco retorno económico.

Si el problema se centra en la financiación del sistema y éste resulta prioritario en nuestras vidas, deberíamos plantearnos una reforma fiscal en profundidad que lo haga viable. De igual forma que el Pacto de Toledo aseguró un consenso básico para garantizar el pago a largo plazo de las pensiones, se requiere un Pacto de Estado para la Salud, dado que además la responsabilidad de su gestión está plenamente transferida a las Comunidades Autónomas. A éstas se les puede marcar y se debe, el mínimo de servicios y prestaciones a las que está obligada por ley, pero en absoluto se les puede impedir a aquellas que mejor gestionan o son capaces de hacer frente a sus necesidades de recursos, que dejen de prestar una asistencia de máxima calidad porque en otras comunidades se malgasta o despilfarra. La solidaridad interterritorial solo es exigible cuando existe paralelamente la fiscalización del gasto y la responsabilidad de cada uno en el mismo. En todo caso, más que imponer una tributación especial en función de la renta personal a los usuarios de los distintos sistemas de salud como ha propuesto el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, parece mucho más coherente y eficaz, acometer una reforma fiscal global que ante la situación de ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres en España, suponga un nuevo modelo de redistribución de la riqueza y, con ello, de financiación de la sanidad, pensiones, desempleo o educación. Cualquier otra medida es un parche intencionado para encubrir la privatización del sistema.

El modelo público de Salud en el Estado español no requiere un cambio radical, ni siquiera en su esquema de financiación. Eso solo lo defienden los que buscan su desaparición. Requiere mejorar los modelos de gestión y, sobre todo, implicar más y contar más con sus profesionales que siguen siendo los mejores defensores del sistema. Requiere un redimensionamiento de sus recursos y una evaluación de sus necesidades de inversión para no quedarse obsoleto en equipamientos y en formación de sus clínicos. Pero con eso no estamos hablando de nada que no sea un trabajo continuo en el ámbito más importantes de nuestras vidas, algo que debemos hacer día a día, no excepcionalmente. No podemos asumir con debates superfluos y vacuos la introducción de un impuesto a la enfermedad, una suerte de tributo por no estar sano, porque eso rompe el equilibrio de una sociedad que cree en la solidaridad y en la red de apoyo que supone que tus congéneres paguen por ti cuando tú lo necesitas igual que tú harías por ellos si así sucediera. En eso nos diferenciamos los europeos, para bien, de modelos de sociedad como el de Estados Unidos, donde curarse es un privilegio o de sociedades donde los derechos solo están al alcance de los más ricos. No podemos permitir que entre nosotros se instale el egoísmo de aceptar que nuestros niños o ancianos podrán vivir en función de su renta. Si así lo hacemos, habremos matado el concepto mismo de Europa.
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Razones para una huelga general… contra el sistema

Los sindicatos mayoritarios en el conjunto del Estado UGT y CC.OO. – esta vez sí en coincidencia con las centrales sindicales vascas ELA y LAB– nos convocan a una huelga general el próximo 29 de marzo. Será la sexta jornada completa de protesta contra acciones de gobiernos democráticos, ocho si contamos dos que se quedadon a medias, es decir, un paro de media jornada y otra de una hora. No ha habido un presidente que se haya librado de esta especie de ritual litúrgico con tintes decimonónico-revolucionarios que caracteriza la simbología de una relación de gobernante y representantes sindicales. Lo único novedoso en Rajoy es lo prematuro del enfrentamiento, no ha salvado ni los cien días de gracia de un nuevo dirigente -y que el mismo se encargó de predecirla en su primer consejo europeo de enero ante la atónita mirada de su colega finlandés que no entiende una palabra del castellano en que le hablaba el pitoniso líder español. El motivo de tanta premura en la protesta radica en la reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido Popular, un texto legislativo que abarca la práctica totalidad de los aspectos de las relaciones laborales – contratación, despidos, organización del recurso humano y convenios colectivos -. Mientras que en otros temas que aparentemente requerían urgencia en su tratamiento, sobre todo, la presentación de los presupuestos generales del Estado Rajoy se lo tomado con calma, la reforma laboral parece que estaba preparada de antemano y parte de la hoja de ruta de la derecha española. Forma parte de su ADN cambiar el equilibrio en la relación empresario trabajador. El contratador se convierte en el libre decisor de cuantas cuestiones afectan a la vida laboral del contratado. Se pretende una auténtica transformación del estatus quo entre propietarios y fuerza de trabajo. El modelo social de conquista de derechos de la clase trabajadora que desde la revolución industrial nos llevó a la construcción y disfrute del Estado del Bienestar ha tocado a su fin: Requiescant in pace.

Parece evidente que ante un vuelco tan sustancial en la relación laboral unos sindicatos agotados en su identidad y carentes de representatividad y credibilidad ante la sociedad se hayan visto obligados a sacar fuerzas de flaqueza y casi sin querer promover la movilización contra el gobierno qie supone la huelga. Y lo hacen en un Estado en ruina económica, carente de un modelo territorial a futuro y socialmente desestructurado en una suerte de individialismo feroz del sálvese quien pueda. Ni la clase política ni los sindicatos son capaces de lanzar un mensaje dotado de suficiente honestidad como para ser creíble. Viven a los ojos de los ciudadanos inmersos en un sistema corrupto por muchos de sus protagonistas y por sus vicios de funcionamiento. Así las cosas, los protagonistas de esta huelga solo buscan justificar su papel ante la audiencia y pasar de acto. Algo que el sufrido público ya sabe y contempla aburrido en su sofá que concluya pronto la farsa general o huelga con perdón. Pero las razones para una huelga son evidentes si uno atiende al contenido de la nueva ley: Reducción del despido improcedente a 33 días y 24 mensualidades; despido por causas económicas sin necesidad de pérdidas: a 20 días por año; adiós a la ultraactividad en los convenios y a los permisos para ERE; despido procedente por causas organizativas o absentismo.

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Los principales argumentos que emplea el gobierno para llevar a cabo una reforma de naturaleza tan radical se basan en la supuesta rigidez del mercado laboral en España y los abusos que del sistema de protección realizan una parte de los trabajadores. El primero tiene tan poco fundamento que su corolario lo dice todo: no se puede contratar más si no de abarata el despido. Es decir que la causa fundamental para crear un nuevo puesto de trabajo no es otra que el precio del despido sin causa, porque debemos recordar que la cuantía a pagar por el empresario cuando despide depende de causas objetivas y si no las hay es cuando resulta caro. Despojar a un trabajador de su modo de vida debe estar suficientemente motivado y no puede quedar exclusivamente al libre albedrío del empresario, de hay que se le añada un coste a tal decisión. En la reforma lo que el Ejecutivo ha hecho es sencillamente ampliar las causas de despido objetivo a un amplio repertorio de situaciones que solo controla el empresario, incluidas las bajas laborales. El segundo supuesto tiene su fundamento en la mala praxis que los trabajadores hacen de sus derechos, es decir, absentismo, bajas, escasa productividad en el puesto de trabajo… Estamos ante el típico caso de coger la parte por el todo. Si existen y es evidente que sí abusos, utilícense medidas de control y fiscalización, desde la inspección de Trabajo o reformese la legislación para evitar que las prácticas de unos pocos afecten a los demás. Lo que el gobierno ha hecho es hacerse eco de las quejas – muchas de ellas absolutamente fundadas – de los empresarios para colar una reforma de desmantelamiento social.

El gobierno mismo antes de la aprobación de la reforma no solo aceptó que la nueva legislación no creará empleo a corto plazo, sino que además anunció que su impacto unido a la recesión económica provocará 600.000 desempleos más. Como introducción y enunciado de una reforma que pretende atacar el principal problema socioeconómico que tenemos no está nada mal. Y como aperitivo para un Rajoy neófito en las artes de dirigir un equipo gubernamental tampoco es poco reto enfrentarse de súbito con una huelga general a escasos cuatro días de dos citas electorales autonómicas, Andalucía y Asturias, que medirán el grado de desgaste ante la ciudadanía de sus políticas. Está claro que para los políticos la vida ya no da treguas ni cheques en blanco, todo va demasiado deprisa y demasiado mal como para esperar con buena voluntad. Por ello resulta aún más sorprendente que el PP haya pisado tan pronto y tan premeditadamente un callo que tanto duele en la calle.

La verdad es que si no fuera por lo trágico de la situación podría jugarse con la ironía de la situación de vivir una huelga a la inversa en un Estado con cinco millones parados como registra el español. Imagínense solo por un instante que en una suerte de huelga a la japonesa de nuestros parados el día 29 decidieran todos ellos al unísono acudir a un centro de trabajo para ejercer su derecho a idem. Solo por una jornada se reivindicarían haciendo lo que ahora es más importante en su vida: trabajar. El caos sería superior al que causarán los piquetes “informativos” de rigor ese día y su efecto ante la opinión pública y, por ello, ante el gobierno mayor que el qie los sindicatos venderán a los medios de comunicación sea cual sea el nivel de actividad durante la huelga. Porque si analizamos los logros sindicales que tanta movilización oficialistas de liberados a supuesto no tenemos más remedio que reconocer que su esfuerzo ha sido directamemte proporcional a los derechos que hemos ido perdiendo los trabajadores: salarios mileuristas, contratos temporales, despidos más baratos. Será que nuestros sindicatos han estado volcados en la correcta recaudación de los fondos para la formación. Creo sinceramente que razones para una huelga general como las meigas – muy apropiadas dado qie el presidente Rajoy es gallego – haberlas hailas. Una huelga contra el funcionamiento general del sistema, contra la corrupción política, sindical y empresarial. Una huelga contra los banqueros, las agencias de rating y los especuladores de los mercados financieros. Y una huelga la última hora del paro de postre dedicada a una reforma laboral injusta que desmantela buena parte de los derechos conquistados por los trabajadores durante muchos años de sacrificio y duras batallas cuando la negociación se hacia en las barricadas y no en despachos de moqueta sindical.

El problema es que parar el sistema y clamar aunque solo sea un día por su correcto y honesto funcionamiento supone exigir responsabilidades penales a cuantos culpables hay de la grave situación que padecemos y no habría seguramente celdas suficientes si echamos un poco la vista atrás en nuestro pasado reciente y presente más actual. Y, sobre todo, no tenemos convocantes suficientes con la diginidad necesaria para ponerse a la cabeza de la manifestación y llamar a la regeneración del sistema. Así es que lo mejor será esperar pacientemente a que pase la huelga porque el 30 de marzo solo habrá una cosa segura los eres y despidos serán con 20 días por año trabajado.

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¿Cuál es el siguiente paso a la indignación? Reforma o ruptura

En 2008, fue la gota que colmó el vaso, la mecha que prendió la llama y el detonante de la crisis financiera de la que hoy seguimos sufriendo las consecuencias. Bueno, no todos. Ahora nos anuncian a bombo y platillo que la quebrada Lehman Brothers ha salido de su ruina. La bancarrota de 639.000 millones de dólares de la entidad, que dio inicio al desastroso ciclo financiero internacional que ha provocado una recesión en cadena, oficialmente ha concluido y el banco está listo para empezar a devolver los 65.000 millones dólares a sus acreedores y para volver a operar, esperemos que bajo normas de actuación más éticas y decorosas. Pero la realidad 2 años y medio después no es otra que un mundo en franca recesión, sin modelo económico global de futuro y, en el caso de Europa, sumidos en un proceso de rescate de varios países, inmersos en recortes presupuestarios y con alto riesgo de desmontaje del Estado del bienestar del que venimos disfrutando en los últimos 50 años.

Y todo empezó en Wall Street, todos nuestros actuales males surgieron como de la nada de una pesadilla de ingeniería financiera basada en el timo de la estampita. Tan vulgar como real, tan burda la trampa como descomunales sus consecuencias. Se desencadenó la tormenta, nos llevó a todos por delante y para cuando quisimos darnos cuenta, el mundo ya no era como nos lo habían hecho creer y además éramos culpables de no se sabe qué. Tardamos bastante en indignarnos porque el susto nos atenazó un tiempo, la indignación trató de manifestarse y se quedó en un ridículo gesto fotográfico de concentraciones hacia la nada. Sin propuesta alguna y sin capacidad de quemar los nuevos palacios de invierno – las bolsas -, la protesta se fue diluyendo dejando constancia de su impotencia y del triunfo del sistema que aunque caduco sigue reinando. De la confusión pasamos al pánico, de ahí a la indignación y ahora vivimos un insípido periodo de anonadamiento. Con la boca abierta al sol y dando vueltas sobre nosotros mismos, tratamos de encontrar un nuevo rumbo en un mundo que cada día es menos colectivo y más individualista, que ha apostado por el sálvese quien pueda y abandona a toda velocidad las fórmulas de soluciones solidarias a los problemas.

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La democracia para lo único que nos ha servido en este extraño periodo de la humanidad es para oficializar los cambios de gobierno. Uno tras otro han ido cayendo de distintos colores, de derechas o de izquierdas porque hacía mucho tiempo que salvo a sus siglas habían apostatado de sus ideologías y de plantear propuestas de cambio a la sociedad. Basados en la alternancia y no en la alternativa, hemos visto ser deglutidos por la crisis a George Bush, Gordon Brown, Silvio Berlusconi, Yorgos Papandreu, José Luis Rodríguez Zapatero y, de seguir así las cosas, pronto engrosarán la lista Nicolás Sarkozy y Angela Merkel. Dado que el único derecho que le queda al empobrecido ciudadano es introducir la papeleta en la urna, castiga al gobernante y busca en su oponente una oportunidad a ciegas para salir de la crisis, todo ello convenientemente revestido de una notable desidia y falta de credibilidad de la clase política.

La política se ha instaurado en el centro ideológico, lo que en palabras de un notable ministro franquista no es más que un punto en el infinito – lo decía uno que sentía un claro desprecio por las opiniones de los demás -. Pero la realidad es que por centrarse han perdido su perfil y sus aristas diferenciadoras, se han profesionalizado las bases de los partidos y funcionarizado sus programas o propuestas. Todo un compendio de males que han contribuido al gobierno de los mercados y a la incapacidad para controlarlos desde normas sociales basadas en el bien general. Lo liberal se ha ido imponiendo como sin querer, porque además ser liberal se ha convertido en una suerte de poder decir un día una cosa y al día siguiente lo contrario con solución de continuidad. De tal forma que quien contraviene su norma es un peligroso antisistema que sabe dios a dónde pretende llevarnos. La voz única se ha ido imponiendo como la única política posible ocupando un enorme espacio social de una sociedad anestesiada antes y ahora aturdida por la crudeza de la crisis.

Todos los gobiernos al darse cuenta de su absoluta incapacidad para solventar la situación con un mínimo éxito han tratado de encontrar un culpable a que responsabilizar de los males. El déficit, las agencias de rating, los derrochadores países del Sur en Europa y en España las Comunidades Autónomas esos monstruos de dos cabezas que duplican gastos y derrochan lo que no tenemos para honra y gloria de unos pequeños virreyes políticos. Explicación simplona a problemas de fondo de un modelo de sociedad, pero que se compran fácilmeTeante por una sociedad que necesita un malo de la película para lanzar contra él todos sus enfados cotidianos fruto de la caída real de sus ingresos. Y en esta política huidiza que no afronta seriamente los problemas y que frivoliza con titulares fáciles, está alimentando los neopopulismos en los extremos de los arcos parlamentarios. Surgió el Tea Party y en Europa la extrema derecha, como reverdecen posiciones comunistas nostálgicas del colectivismo. Aún no han sido capaces de alcanzar gobiernos, porque ni lo pretenden, es una extrema desvergonzada, que solo quiere condicionar, ser la llave de las políticas sin pretender cambiar el mundo como lo intentaron pese a que nos causaran no pocos dramas, el nazismo, el fascismo o el comunismo.

Sería lógico suponer que esta crisis que ya dura mucho – cuatro años a la velocidad que se mueve nuestro mundo globalizado se asemeja a una década de las de antes – debe provocar pronto un nuevo estado de ánimo entre nosotros. La indignación suele dar paso a la rebeldía y esa sensación motriz tiene dos caminos para expresarse: la reforma o la ruptura. Europa no puede seguir tratando de avanzar a base de planes de actuación o eleva la categoría de sus políticas o el cortoplacismo nos hundirá. O plantea reformas en profundidad del modelo de sociedad que tenemos hoy o llegará la ruptura, porque ya llamar revolución a los cambios radicales suena a película romántica. De una forma o de otra, más o menos cruentamente, más o menos ordenadamente, tiene que surgir una o varios voces de liderazgo que nos lleven al otro lado del río, donde nada será como hasta ahora. El momento peonza por agotamiento está llegando a su fin, toca definir un rumbo y un destino, incluso aunque no sepamos siquiera en qué consiste a ciencia cierta lo que proponemos. Dicho lisa y llanamente, necesitamos ya una nueva utopía.

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Déficit público, las verdades del fraude y la falacia de culpar a las Comunidades Autónomas

El Eurogrupo, el particular club de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, no tomará decisión alguna sobre los límites impuestos al déficit público español hasta mayo. La flexibilidad para con la economía española queda en stand by, pendiente de que el Gobierno presente los presupuestos y se revise el programa de estabilidad. Asimismo, el borrador del Eurogrupo precisa que la consolidación fiscal «debe ser diferenciada» según «las condiciones de los Estados miembros». En apariencia deja abierta la posibilidad de tener en cuenta las muy especiales circunstancias de desempleo y recesión que vive la economía española. Pero según se producía tal declaración comprensiva, en el Consejo Europeo se les recordaba a los países sujetos a un programa de asistencia o sometidos al escrutinio de los mercados que se ciñan a los objetivos acordados. Una de cal y otra de arena, una pasito hacia adelante y un pasito hacia atrás. Y en paralelo, la canciller Angela Merkel redundaba en su monótono discurso de severos ajustes se oponía claramente a suavizar la política de recortes para hacer del crecimiento una prioridad.

Estamos ante un tema crucial para España pero, por supuesto, para el equilibrio futuro de la zona euro. Europa no puede permitirse el lujo de que una de las economías principales por PIB y por habitantes de la Unión se vea sometida a un absoluto colapso. Ese debería ser el primer argumento para la reflexión de los jefes de gobierno cuando tengan que decidir sobre las cuentas del Estado español. Repasemos, no obstante, los datos para tratar de comprender las posibilidades reales que España tiene de reducción de déficit en el 2012. El gobierno afloró la cifra del 8,51%, es decir, 91.344 millones de euros y culpó del desfase respecto al objetivo inicial del 6% a las Comunidades Autónomas. Una falacia inadmisible, pues, son ellas los centros de gestión de gasto más importante en el Estado. En una palabra, solo con la gestión de la Educación y la Sanidad deben financiar el 15% del total del gasto del Estado, con lo que es evidente que si producen desfases presupuestarios, siempre serán las culpables de los mismos, ya que el Estado central ha transferido tal responsabilidad. Pensar que el Estado gestionaría mejor estas altas responsabilidades de servicios y derechos sociales básicos, es cuanto menos insconstitucional, además de un absurdo apriorismo. La descentralización y la autonomía ha demostrado en más de 30 años de gestión una mayor eficacia que el modelo burocratizado de la verticalidad alejada de los ciudadanos.

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La explicación para tamaña mentira que pretende responsabilizar a las Comunidades Autónomas de todos los males del Estado español no puede ser otro que el intento de proceder a un proceso recentralizador encubierto en una hipotética mayor eficacia en la administración. Un planteamiento ideológico de quienes nunca han creído en un modelo de autogobierno y mucho menos de la realidad plurinacional que representan Catalunya, Euskadi o Galicia. Pero la realidad tozuda, además de estar representada por millones de electores que en una y otra cita electoral dejan claro su opinión votando opciones nacionalistas, nos dice que la descentralización ha producido grandes beneficios de modernización. Distinto es el imprescindible debate sobre la responsabilidad fiscal y de la exigencia del correcto gobierno de las cuentas públicas en cualquier ámbito sea municipal, autonómica o estatal. Si unas Comunidades Autónomas han contribuido en el saldo neto de relación con el resto del Estado y otras han salido beneficiadas, habría sido lógico exigir cuentas del uso de dicha solidaridad interterritorial. No deberíamos seguir admitiendo que algunas Comunidades se declaren pobres por naturaleza sin más y que, por tanto, ni cuantiosas ayudas europeas, ni ayudas estatales para su desarrollo hayan servido para que sigan perdiendo habitantes. Algo habrán hecho mal sus gobernantes y alguna responsabilidad debe exigirles el Estado.

En todo caso, si Bruselas es intransigente con las cuentas públicas españolas, el gobierno de Mariano Rajoy se verá obligado a reducir 44.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado del 2012. Un cifra tremenda en un plazo mínimo, que difícilmente puede cuadrar. Si tenemos en cuenta que los recortes efectuados por el gobierno de Rodríguez Zapatero, congelando pensiones y reduciendo sueldos de funcionarios alcanzó los 10.000 millones de euros. El nuevo Ejecutivo le pegó un tijeretazo de entrada de 8.900 millones de euros, fundamentalmente mediante la subida de impuestos, cuatro puntos de media en el IRPF. Ambos recortazos no alcanzan el 50% de lo que ahora debería acometerse, cuando además el escenario macroeconómico apunta a una clara recesión en todo el año con lo que el presupuesto de ingresos se verá afectado a la baja. La ecuación pues solo puede cuadrar subiendo más impuestos y reduciendo más los gastos. En el primer capítulo el IVA parece llamado a cobrar de nuevo protagonismo ya que el 18% sigue siendo un porcentaje por debajo de la media europea. Dos punto más, es decir, situarlo en el 20% con los actuales niveles de consumo podrían suponer un aumento de los ingresos de unos 7.000 millones de euros. Y en otro orden de figuras tributarias, quedaría la posibilidad de incrementar impuestos especiales – tabaco y carburantes – a lo sumo por valor de 3.000 millones de euros y el amplio repertorio de tasas por uso de infraestruras y municipales, lo que podría sumar otros 4.000 millones de euros.

El total de lo que vía contributiva podría recaudarse alcanzaría como máximo unos 20.000 millones de euros. El resto deberá proceder del recorte de las partidas de gasto, dado que la venta de activos del Estado , las últimas joyas de la corona – Aena, Puertos o Loterías – en las actuales circunstancias del mercado serían una ruina. Y puesto a meter la tijera en el gasto por enésima vez, me temo que solo quedan por acometer dos partidas fundamentales, tanto como los derechos que amparan: la educación y la sanidad. En el primer caso, por la composición del propio gasto muy relacionado con el personal docente, resulta difícil de recortar salvo en contratados y como mucho supondría ahorrarse unos 4.000 millones de euros. Por contra, en sanidad todo depende del nivel de los servicios a los que se quiera dar cobertura o lo que es lo mismo, que prestaciones se cubre gratuitamente y que despliegue de recursos requiere. Con eso ya ha amagado el gobierno, primero el propio presidente Rajoy en su discurso de investidura cuando anunció una ley de servicios básicos y muy recientemente su ministra de Sanidad, Ana Mato, en la reunión con todos los consejeros autonómicos cuando estableció la creación de una comisión al efecto. En este tema nos jugamos nada menos que la calidad asistencial y, en el fondo, la calidad de nuestra salud. Recortar entre 15.000 y 20.000 millones en sanidad si no se hace con criterios técnicos y de excelencia en la gestión puede suponer un irreversible empobrecimiento del sistema de salud que tenemos y que, hoy por hoy, se encuentra entre los mejores de Europa y, por tanto, mundial.

Claro que si el gobierno quiere coger el toro por los cuernos de verdad siempre le quedaría la opción de aplicar la tasa por transacciones de capital, gravar vehículos financieros especulativos como las Sicav y, sobre todo, de poner en marcha un auténtico plan de lucha contra el fraude fiscal. El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español, según el análisis realizado sobre el fraude por la consultora i2 Integrity. Los propios inspectores de hacienda llevan años clamando por la pérdida de ingresos del Estado que se pierden en actividades fiscalmente opacas y economía sumergida como si nuestro Estado fuera un queso gruyere. ¿Podemos soportar tales cifras sin hacer nada y por contra asumir sin rubor el desmontaje de nuestra cobertura sanitaria? ¿Podemos exigir a nuestros socios europeos que nos flexibilicen sus criterios de ajuste presupuestario si permitimos tales niveles de corrupción social? El principal problema de nuestras cuentas, públicas y privadas, porque la banca adolece del mismo mal, no es otro que la falta de credibilidad. No se creen nuestros presupuestos, ni nuestros balances. O somos capaces de demostrarles que no mentimos o desterramos la mentira de nuestro vocabulario comunitario o Europa será inflexible con España como lo ha sido con Grecia o lo puede ser con Italia. Esta vez la verdad tiene claramente premio.

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