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Otoño electoral: Euskadi y Galicia a las urnas… ¿quién sobrevivirá?

La reciente historia de las contiendas electorales demuestra la capacidad que la crisis económica está teniendo para llevarse por delante líderes políticos. Prácticamente ninguno, si exceptuamos el sorprendente caso del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán – que aguantó in extremis y viéndose obligado a pactar gobierno con Izquierda Unida – han sido triturados por las urnas. Por ello cada vez es menor la tentación de utilizar el adelanto electoral como herramienta de cálculo político dados los riesgos que tienen los presidentes de encontrarse con la bofetada del cabreo ciudadano en forma de castigo en los resultados. Nadie se atreve a poner a prueba el hartazgo de la calle, de una sociedad confundida, asustada, e incluso irritada con una clase política a la que ya considera un problema y por la que no se siente representada. Así las cosas, los que se precipitan al abismo insondable de unas elecciones anticipadas es o porque no cuentan con suficientes apoyos en el arco parlamentario para su gestión o porque les obligan desde instancias superiores. Ambos casos han confluido repentinamente esta semana para provocar la convocatoria de elecciones en dos comunidades históricas – eufemismo con el que en España se denomina a realidades nacionales como lo son la vasca y la gallega – Euskadi yGalicia de manera solapada o, mejor dicho, bajo el efecto dominó. Ya que de no haber convocado primero el lehendakari Patxi López, muy probablemente el presidente Núñez Feijoó habría agotado su legislatura en marzo del año que viene.

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La primera reflexión que produce la doble convocatoria para el próximo 21 de octubre no puede ser otra que desde el gobierno central se pretende evitar la foto fija de la noche electoral de un resultado claramente favorable a los planteamientos soberanistas en el País Vasco. Las expectativas de que el Partido Popular gallego pueda revalidar una mayoría absoluta contribuirían a presentar una imagen más sosegada del trance de los comicios vascos. “España no se rompe”, podrían proclamar interna, pero sobre todo externamente los responsables del gobierno en una grave situación económica al que solo le falta para certificar la ruina del Estado la desintegración territorial en las nacionalidades históricas. Galicia constitucionalmente es una de esas nacionalidades con pedigrí por lo que una apuesta por la españolidad le serviría a Rajoy para quitar hierro ante sus colegas europeos a la deriva independentista de los resultados vascos. Sin embargo, mucho arriesga el presidente del Gobierno, que con casi total seguridad es el instigador del adelanto en Galicia o muy seguro tiene que estar de que en su tierra sabrán entender sus duras políticas de ajuste, pues, de caer derrotado Feijoó el doblete en la derrota podría abrir una crisis de impredecibles consecuencias. Supondría un revés total a la gestión del gobierno central prácticamente al año de su llegada a La Moncloa, en un momento de contestación sindical – los tambores de guerra ya llaman a una nueva huelga general y en el escenario de una más que previsible solicitud a la Unión Europea de un segundo rescate. En Galicia Rajoy se juega mucho, más que nunca, pero si le sale bien la jugada y jugando en casa gana, habrá disipado el calendario electoral sin ninguna cita hasta junio de 2013, que los europeos estamos llamado a votar el Parlamento que elegirá por vez primera al presidente de la Comisión, unos comicios que desgraciadamente son de menor relevancia en el cálculo político de los grandes partidos y que además siempre benefician al Partido Popular. Incluso aunque se produjera un castigo en las elecciones europeas se podría minimizar.

Sin duda, las elecciones que más preocupan a Rajoy son las vascas, más por su repercusión mediática que por la realidad de lo que cualquier resultado en ellas pueda producir. Haber alimentado el cuento del lobo de la independencia desde los medios de comunicación de Madrid, convierte cada comicio en Euskadi en una suerte de referéndum de autodeterminación del pueblo vasco. Y nada más lejos de los hechos. Durante treinta años los vascos han votado con mayor o menor grado de libertad, bajo la amenaza terrorista de ETA y con partidos injustificablemente ilegalizados, con las cartas marcadas por unos y otros, pero casi siempre los ciudadanos se han expresado igual, o al menos, una clara mayoría de su sociedad: contraria a la violencia de todo signo, a favor de la libre concurrencia de todas las opciones políticas, con fuertes tendencias nacionalistas y con un marcado carácter social en sus políticas. Poco cambian las cosas cada vez que los vascos hablan a través de las urnas, su electorado está bastante cristalizado. Esta vez van a votar sin la presión de la violencia, aunque absurdamente aún bajo la tutela ideológica de ETA, y con todas opciones para elegir. Eso no quiere decir que no Madrid y la izquierda abertzale no permitan perder el protagonismo del falso debate que siguen estableciendo sobre un proceso de paz que tiene en sus tempos y en la discrección de las decisiones, la clave del éxito.

Es más que previsible según indican las encuestas que sea el PNV– Partido Nacionalista Vasco y su candidato a lehendakari Iñigo Urkullu – el más votado y con más parlamentarios en estas elecciones. Como casi seguro que EH Bildu – la nueva marca de Batasuna y los restos de Eusko Alkartasuna y Aralar – vuelva por derecho propio a convertirse en notable actor de la vida política vasca. De la misma forma, casi nadie duda del castigo que recibirá en PSE – Partido Socialista de Euskadi – en la persona del lehendakari López a su pacto contra natura con el Partido Popular y a la pobre gestión de su gobierno que además ha tenido que hacer frente a la crisis económica. Y, por último, el PP vasco bastante tendrá con aguantar y no perder muchos parlamentarios en unas elecciones que seguro que le pasarán factura por las políticas de recortes y subida de impuestos efectuadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Con estas premisas y con la salvedad de que en una situación económica como la que vivimos y con la ola de vuelta a la legalidad de la Izquierda Abertzale que aún está presente, siempre pueden producirse sorpresas, lo lógico es que el PNV sea el encargado de gobernar la Comunidad Autónoma Vasca. Sin mayorías absolutas que son inviables en la cuadrícula PNV / Bildu PSE / PP que compone el mapa político vasco, el juego de las negociaciones se antoja complejo. Pero en cualquier escenario que se dibuje de gobernabilidad el único fijo es el PNV y el único además capaz de llegar a acuerdos con los otros protagonistas. Con Bildu en materias identitarias y reivindicativas soberanistas frente a Madrid, así como en materia de pacificación. Con el PSE en el troncal de sus políticas sociales y con el PP en la coordinación de las políticas económicas de ajuste para el cumplimiento de los límites de déficits impuestos por Bruselas en una comunidad que no recordemos que tiene capacidad recaudatoria y tres haciendas forales. Y de no ser producirse la sorpresa y si fuera EH Bildu la primera fuerza política en el parlamento de Vitoria, mal haría Madrid en dramatizar las consecuencias de lo que sería simplemente la libre elección del pueblo vasco, pues, a lo que tendría que dedicarse es sencillamente a gestionar la situación por ello creada y normalizar lo que los ciudadanos han decidido que sea normal.

En Galicia, aparentemente las cosas pintan como están, revalidando la mayoría absoluta el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, sobre todo, por la circunstancia en que pilla el adelanto a la oposición. El PSdG – Partido Socialista de Galicia – se enfrentaba en septiembre a un proceso de primarias promovido nada más y nada menos que por el ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE, José Blanco contra el secretario general gallego Pachi Vázquez. Con las espadas en alto, y sin tiempo para dirimir las diferencias internas, parece complicado que el candidato socialista cuenta con el apoyo y la unidad suficiente para lograr el vuelco electoral. El otro actor necesario para romper la mayoría absoluta popular, el Bloque Nacionalista Galego – BNG – acaba de vivir dos escisiones, la de uno de sus fundadores y figura emblemática, Xosé Manuel Beiras, con su Encontro Irmandiño y la más moderada opción galleguistaCxG – Compromiso por Galicia – surgida en el entorno del ex vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. Tanto una como otra tienen difícil, dado lo prematuro de la cita electoral, entrar en el Parlamento gallego, pero está por ver la fuerza que son capaces de restarle al BNG. El principal riesgo al que se enfrenta Feijoó es así mismo por su pobre gestión, cuyo mayor éxito es ser la comunidad autónoma con menor déficit público del Estado, fruto de su escasa aportación de grandes proyectos para Galicia y de la cómplice política de recortes con lo fijado desde Madrid por Rajoy. Y el segundo gran problema que le rodea como un fantasma de la santa compaña, es el índice de cabreo que la forma de gobernar de su colega Mariano Rajoy ha podido generarse entre los gallegos. Cierto es que el carácter gallego y lo dice uno que lo es, es poco propicio a los cambios hacia la nada y que la seguridad y la confianza son factores que siempre han tenido a favor los populares en Galicia, pero no es menos cierto que el voto urbano perdido por el Partido Socialista y en menor medida por los nacionalistas gallegos puede dar sorpresas en las provincias de A Coruña y Pontevedra – sobre todo en Vigo -.

En cualquier caso, lo cierto es que para Rajoy ninguna de las citas electorales no es plato de buen gusto teniendo en cuenta la dura agenda política a la que se enfrenta en su relación con Bruselas. Tiene prioridades de enorme calado y en las que se juega no solo su futuro político sino como será visto por la historia y por los españoles, en urnas de Euskadi y Galicia lo único que puede es llevarse sustos, pocas alegrías por grandes que fueran le servirían en su objetivo fundamental, que no es otro que sobrevivir políticamente a la crisis. Sin embargo, le guste o no, vascos y gallegos están llamados a votar en medio de un clima de desprestigio galopante de la política y de los políticos cuando más necesaria es ella  y lo son ellos. Por eso, por respeto a dos pueblos con la historia y la pasión de una identidad propia, de lengua y culturas propias, debería Madrid respetar los procesos electorales que se van a vivir en estas dos comunidades sea cual sea el resultado de los mismos, porque de lo contrario el mínimo rédito que le queda al Estado español entre muchos ciudadanos vascos y gallegos como garante de derechos y libertades, desaparecerá por completo. Tiene Madrid probablemente una de sus últimas oportunidades de demostrar que la apuesta por la convivencia democrática es su prioridad máxima sean quienes sean sus interlocutores y que el Estado se construye desde la compresión del diferente y el respeto de las ideas del adversario. Veremos quién sobrevive a este otoño electoral; se admiten apuestas.

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¿Y si nos plantamos?

Que la situación económica que vivimos está llegando a límites que afectan a la normal convivencia pacífica entre los ciudadanos parece obvio. Con más de cinco millones de personas en paro y más de un millón de familias con todos sus miembros sin trabajo, lo milagroso es que en España no ardan las calles. Esta crisis dura ya cuatros años, tres especialmente crudos, pero no es solo la duración lo que la hace insoportable, lo es sobre todo, la curva de caída, el tremendo vértigo del precipicio por el que nos estamos hundiendo. Estábamos acostumbrados a vivir de una determinada manera – por encima o no de nuestras posibilidades – y ahora casi sin solución de continuidad hemos perdido el suelo de ingresos. Ni siquiera se puede vivir de las rentas o de los ahorros, porque los activos de todo tipo de devalúan al no poder venderse y los depósitos pierden rentabilidad ante la situación de las entidades financieras y de los mercados bursátiles. Así las cosas, se está imponiendo la ética del “sálvese quien pueda”. En vez de recurrir a la herramienta de la solidaridad inteligente, la que prima la suma y la colaboración como mejor medio para crecer, estamos aplicando el egoísmo como fuente de desigualdades, sin tener en cuenta que la sociedad como la rueda se mueve por inercias colectivas. En nada ayudan a propiciar escenarios cooperativos las actitudes del gobierno que en vez de llamar a un esfuerzo común, con una meta y objetivo además de deseable alcanzable, lo único que reparte a golpe de sustos, son recortes y ajustes que empobrecen cada día nuestras esperanzas. Pero aún más inútiles resulta el espectáculo mediático que generan los que pretenden responder a sus políticas. El show indignado quedó reducido a vídeos en youtube y tuits en las redes sociales. Y el último fenómeno inventado, el asalto “express” a supermercados con aforado comunista como líder, tiene visos de acabar en un mal remedo de la serie Curro Jiménez – a cuyo actor Sancho Gracia, buen gallego de corazón, recuerdo en su fallecimiento -.

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Necesitamos respuestas, en la medida de lo posible si no milagrosas sí eficaces. Y es evidente que a grandes males, grandes remedios, pensar que de la grave situación que atravesamos se sale con medias verdades y medidas de medio pelo de lenta aplicación, es como pretender curar una neumonía a base de aspirinas. Por eso, ahora que la economía alemana da signos claros de parón y que quienes han impuesto el monólogo de los ajustes ven las orejas al lobo del estancamiento con inflación y peligran sus exportaciones, tal vez sea el momento de reflexionar sobre cuál seria el precio y las consecuencias de plantarnos anteMerkel y quienes nos imponen un camino ciego para salir de la crisis. En este mero ejercicio mental de plantear hipótesis por descabelladas que puedan parecer, podríamos plantearnos las siguientes cuestiones:

Suspender pagos: La presión a la que está siendo sometida la deuda española y la italiana ha llegado a tales niveles que ahogan la tesorería de las cuentas públicas. En los último dos meses ambos Estados han soportado primas de riesgo que nunca han bajado de los 400 puntos y en algunas ocasiones han rebasado los 650 puntos básicos, así como tipos de interés en el bono a diez años entre el 6,5% y el 7,5%. Sus capacidades para ser financiados en los mercados primarios se están agotando ante la mirada impasible de los responsables el Banco Central Europeo, con su presidente Mario Draghi y el gobernador del Bundesbank, Jens Weidman, a la cabeza. En esta circunstancia y teniendo en cuenta los cuantiosísimos vencimientos de deuda a los que tiene que hacer frente España en el último cuatrimestre, parece matemáticamente imposible no acudir a algún tipo de rescate e intervención europea para salvar los pagos ineludibles a los que un Estado con 10 millones de pensionistas y 5,6 millones de parados debe hacer frente. Ante tal sunami social al Gobierno le quedan solo dos caminos posibles salvo imponderable accidental: solicitar un rescate escalonado en función de las necesidades que vayan viniendo de tesorería y las durísimas condiciones de ajuste que acarrearán en su letra pequeña o plantarse y ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos ponerse al frente de la manifestación de los indignados y suspender pagos poniendo al euro fecha de defunción.

Vivir para pagar intereses de la deuda.- De optar el Gobierno por el camino de la dócil sumisión al programa marcado por Bruselas, resulta fácil calcular que en un escenario de recesión como el que se atisba para el año 2013 y probablemente también para parte del 2014, a lo sumo se alcanzará a poder devolver los intereses de la deuda, sin ser capaces de pagar parte alguna del principal. Con un Estado cada vez más debilitado y sin capacidad alguna para invertir en políticas de fomento del empleo, en infraestructuras, en educación y en investigación, la realidad es que elegir este camino nos aboca al empobrecimiento paulatino y a enormes esfuerzos para pagar intereses a nuestros prestamistas. Ello en un país donde los jóvenes emigrarán en masa y quedarán como mucho 15 millones de población activa sobre un total de más de 46 millones de habitantes, hace inviable la recuperación en al menos una década.

Quita total ejemplos históricos.- Aunque pueda parecer que las quitas son un fenómeno relativamente nuevo, nada más lejos de la realidad. La primera quita de la que se tiene constancia fue realizada por Enrique III de Inglaterra en el año 1340, según los economistas Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, que en su obra “Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera” recogen un total de más de 260 casos de impago registrados para los que se dispone de información estadística e histórica. En1982 México declaró que sus reservas de divisas estaban agotadas. Tras esto, los prestamistas se negaron a renovar la financiación a este país y a otros en situación similar. Ese mismo año y en 1983 se produjo el impago de México y Brasil respectivamente. En 1998 Rusia declaró una moratoria unilateral en el pago de su deuda externa. El FMI no intervino. Probablemente, la quita argentina fue una de las más mediáticas, seguida en directo por televisión e internet durante el año 2001. Ahora es Grecia la protagonista del último episodio de una crónica anunciada, de la historia que se repite cuando se somete a un Estado a préstamos cuyos intereses y condiciones resultan para sus ciudadanos imposibles de cumplir. La contrapartida a la quita no es gratuita, todos los países que han pasado por estas crisis de insolvencia han devenido en la venta de sus principales activos públicos y privados a manos de capitales extranjeros.

Deuda alemana y tipos de interés de la deuda.- Alemania se ha ahorrado 60.000 millones de euros con la financiación de su deuda desde mediados de 2010, mientras que por el contrario, España ha visto duplicados los intereses de su deuda a diez años en el mercado secundario, pasando del 3,7% en 2010 al más del 7%. Mientras, los intereses germanos han llegado a reducirse a la mitad, marcando niveles inéditos en el 1,16%, el pasado mes de julio. Los 998.000 millones de deuda pública alemana a principios de 2010, le costaban 31.000 millones de euros en intereses. Pero los 1,3 billones de deuda externa pública de finales de 2011 solo le cuestan 25.000 millones de intereses anuales. Por el contrario, España, cuya deuda exterior gubernamental y del Banco de España ha pasado de 374.000 millones a 455.000 millones, tenía que recolectar casi 15.000 millones de euros para pagar intereses, y ahora necesita cerca de 26.000 millones para hacer frente a esos pagos de la deuda. Los intereses que tiene que pagar España por su deuda pública externa son los mismos que paga Alemania por una deuda tres veces mayor. Si el euro desapareciera, la paridad del marco se fijaría en función de ratios alemanes sobre el conjunto sin el beneficio que le presta actualmente la posición relativa en la eurozona, lo que con caso total seguridad elevaría los intereses de su deuda en al menos dos puntos, lo que desequilibraría sustancialmente sus presupuestos.

La rebelión sudista.- La suma de Italia y España, unidos a los ya rescatados Grecia y Portugal, suman más de 116 millones de habitantes, el PIB de Italia y España supera en 200.000 millones de euros al año y respresenta el 25% del de la eurozona. Tienen ambos capacidad de plantarse y poner al mundo en quiebra, de ahí la preocupación mostrada en los últimos meses por la Administración Obama y por los mandatarios chinos y rusos. Queda, por tanto, que Monti y Rajoyevalúen los beneficios de uno u otro camino, elegir entre la sumisión o el plante y, muy probablemente, deberán escoger entre rebelarse ante las presiones externas y sofocar las revueltas internas que seguro acabarán produciéndose en sus Estados. El tiempo es inexorable y tras la tregua agosteña, el otoño amenaza con tempestades.

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Fuga de patriotas

El Estado español está en fuga. Una especie de pérdida de identidad y de capacidad para hacerse con el control de lo que sucede dentro de sus fronteras se está apoderando del subconsciente colectivo. Corren malo tiempos para aquellos a los que se les llena la boca hablando de la fuerza nacional española y que glosan las gestas históricas imperiales. El recurso a culpar de todos los males patrios a las opiniones diversas que se emiten desde posiciones nacionalistas de catalanes, vascos o gallegos, ante una crisis galopante como la que vivimos, suena a poco. Por supuesto que todos nuestros males provienen de ese periodo de infausto recuerdo que significó la transición democrática, cuando en una especie de locura general cedimos a la turba roja de socialistas y comunistas y los indignos deseos de los separatistas pariendo un engendro contra natura patria, como es el Estado de las Autonomías. Pero esta españolísima simplona doctrina ya no resulta suficiente cuando vemos día a día como se caen los frágiles cimientos de eso que algunos llaman grandilocuentemente España. Son demasiados los datos que confirman que la recesión económica se está llevando ese concepto ilusorio por el sumidero. Los más cinco millones y medio de parados, las más de 250.000 empresas que han cerrado, los más de 300.000 jóvenes que han emigrado o los más de 160.000 millones de euros que han salido de España, atestiguan dramáticamente que la fuga obliga a una urgente redefinición del Estado.

Fuga de capitales.- La salida neta de capitales del Estado (sin contar con las operaciones del Banco de España) alcanzó los 163.185,9 millones de euros en los cinco primeros meses del año, de los que 41.294,3 millones salieron sólo en mayo, como consecuencia de la huida de inversiones en cartera, préstamos y depósitos. En el mismo periodo de 2011 el saldo era positivo y se acumulaba una entrada neta de capital de 14.598,5 millones, de acuerdo con los datos de la balanza de pagos. La salida de capitales de España ha convertido al Banco Central Europeo en la principal fuente de financiación de las entidades financieras españolas. Los bancos españoles pidieron en mayo 287.813 millones prestados al BCE. La desconfianza y la incertidumbre han podido con la pasión patria y el dinero busca refugios olvidando los colores de su bandera.

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Fuga de cerebros.- La cifra de desempleo en España para la franja de edad 17-35 años supera el 44%. El Censo de Españoles Residentes Ausentes habla de la significativa salida de jóvenes “muy cualificados” que se van a otros países a trabajar. ¿A dónde se fueron? En Europa, los principales destinos son el Reino Unido, con 7,756; Francia, con 5,264 y Alemania, con 4,408. En América lo sonEE.UU., con 5,042; Ecuador, con 4,182; Venezuela, con 3,033, y Argentina, con 2,931. A Marruecos se fueron 1,557, y a China 987. La salida en masa de una generación de jóvenes supone un fenómeno similar al vivido por países comoMéxico o Argentina en tiempo en que la deuda exterior hacía inviable alcanzar niveles de crecimiento y, por tanto, de creación de empleo en estos países. La resultante clara de la pérdida de población formada y en el inicio de su vida laboral, no es otra que la pérdida de riqueza del Estado.

Fuga del Estado.- La pérdida de peso específico de lo público ante la crisis económica es palpable. En vez de reforzar la autoridad del poder público como garante de los ciudadanos ante la grave situación que atravesamos, los gobiernos de PSOE y PP han aceptado sumisamente el guión marcado desde Bruselas al dictado de Berlín, de ajustes y recortes de las capacidades públicas para hacer frente a la caída de actividad. Sin apenas inversión y con el empleo público reduciéndose hasta cotas dramáticas, el Estado se desvanece como agente protagonista en la sociedad. Los gobernantes disminuidos en sus decisiones aparecen ante la gente como meros peleles de los mercados, inmersos sus partidos en inútiles batallitas echándose la culpa unos a otros del caos. Mientras, Gobiernos autonómicos y Central se enfrentan encarnizadamente por la corroña del un 1% del déficit público, sin ofrecer el nuevo modelo de convivencia que precisamos.

Fuga de sueños.- Lo peor del estado de las cosas que vive España es la pérdida de un horizonte de ilusiones. No tiene nada que ofrecer al mañana, no le quedan sueños que vender a su población que se levanta cada día con la tremenda certeza de que el futuro será irremediablemente peor que el triste presente. No hay ni hoja de ruta, ni rumbo que trazar, ni navegantes que den confianza a la tripulación. La nave ha entrado en un mar de sargazos y se deja ir a la deriva de los vientos que imponen las decisiones. A estas alturas de la película todo el mundo sabe en España que lo que nos vaya a pasar, es decir, la siguiente mala noticia, no depende de nosotros, sino de lo que otros decidan que nos suceda.

Fuga de valores.- Nada es casualidad en el curso de la historia, todo se produce por una conjunción de elementos que se cuecen lentamente en la olla de nuestras relaciones sociales. La sociedad española llevaba décadas descuidando el adn básico de la convivencia cívica. Los valores democráticos se han deteriorado – si es que no se fundaron en el 78 con claras deficiencias – hasta niveles de degradación. Ejemplarizamos sobre ladrones de guante blanco, no tuvimos reparos para mirar hacia otro lado cuando se produjeron crímenes de terrorismo de Estado, sacralizamos un bipartidismo empobrecedor, anatemizamos al nacionalismo periférico y, sobre todo, derrochamos fondos en corrupción en vez de en educación. Esos individuos son los que ahora se enfrentan individualmente a la crisis, sin la fuerza de la solidaridad para salir adelante, porque aquí todo el mundo se ha echado al monte, las empresas grandes aplastan a las pequeñas y no queremos ver el rostro de nuestro vecino no vaya a ser que nos pida ayuda. Una sociedad sin valores, es una sociedad muerta y la nuestra está en la UVI con una enfermedad terminal diagnosticada.

El verano es tiempo de fuga, las temperaturas tórridas de la península suelen servir a episodios de evasiones varias. No seré yo quien evite el bálsamo del descanso y el olvido temporal de los problemas a aquellos que estén en disposición de disfrutar de sus vacaciones, pero tal vez es el momento de reconocer que ese juego de patriotas que desde los bandos nacionales se airea ya no tiene sentido. Seguramente porque siempre fue falso, llamar ahora a las filas por una España que no existe, debería llevarnos a clamar por un Estado posible, el de la suma bajo el mínimo común denominador y el respeto mútuo. Solo ese nuevo pacto social puede evitar la fuga definitiva.

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Al rescate de las Comunidades Autónomas: ¡motín a bordo!

Sabido es que resulta de lo más cómodo en situaciones de excepcional dificultad buscar un responsable para ponerlo en la picota y hacerle responsable de cuantos males nos invaden. La cultura hispánica lejana a la autorresponsabilidad y a la autocrítica, siempre encuentra justificaciones ajenas a sus problemas con tanta facilidad como pone en marcha juicios sociales inquisitoriales para buscar culpables que nos tranquilicen las conciencias. En esta crisis por la que tratamos de navegar hace ya casi un lustro, el relato oficial del drama que vivimos ha acudido a distintos malos de la película para explicar lo que no estaba sucediendo con una trágica frivolidad que ha impedido un análisis riguroso de las causas internas del crack de nuestra economía y de las reformas estructurales que son imprescindibles para salir de ésta. Primero fueron los vientos lejanos de Wall Street en exclusiva quiénes protagonizaron titulares de medios y declaraciones de políticos como si la globalización no fuera con nosotros. Después, los errores de un presidente del Gobierno que se empeñó en negar la gravedad de los hechos convirtió a Rodríguez Zapatero en el pim pam pum del colectivo. Su desaparición dejó paso a la omnipresente figura de la canciller alemana Angela Merkel como mala oficial, su intransigencia en flexibilizar las condiciones de ajuste que nos han impuesto la ha convertido en el blanco de las iras de la calle. Pero como siempre necesitamos culpables patrios, encontramos un mantra extraordinario, capaz de explicar sin titubeos el origen de todos nuestras desgracias: las Comunidades Autónomas. Una aberración de la transición democrática que nos ha convertido en 17 reinos de taifas repletos de corruptos que malgastan el dinero de los pobres españoles, vamos en una palabra, la cueva de Alí Babá y los 17 ladrones. Simple, simplicísimus, la mejor de las coartadas para volver a 1976, al glorioso régimen donde las diputaciones provinciales y los gobernadores civiles mantenían la ley y el orden, por cierto de un Estado, tan arruinado como el actual.

Como la memoria es frágil en un país que no quiere recordar habrá que echar la vista atrás para refrescar las ideas sobre cómo surgió el invento de las Comunidades Autónomas. Es evidente que como no se cansan de repetir los enemigos del modelo autonómico, España tenía un “problema” con Euskadi yCataluña – curiosa manera de afrontar el debate del encaje de realidades nacionales dentro del Estado – podía perfectamente, pues, haber optado por un régimen administrativo asimétrico o por la simetría total que representa el federal. Sin embargo, en un peculiar encaje de bolillos, las distintas fuerzas constitucionales – salvo el Partido Nacionalista Vasco que siempre se opuso al modelo aunque finalmente lo acató – entendieron que las Autonomías atemperaban mejor las tensiones territoriales del Estado español. Para ello se estableció en el texto constitucional de 1978 dos vías de acceso a las competencias autonómicas: la vía rápida para las históricas – dado que ejercieron autogobierno durante la Segunda República – las citadas Euskadi y Cataluña por el artículo 151 y el resto de las hasta entonces regiones y provincias, por el artículo 143 o la vía lenta. Un procedimiento que se vio alternado el 28 de febrero de 1980, en virtud del referéndum celebrado en Andalucía que consagró con un apabullante del 87% a favor del acceso de los andaluces a la vía rápida. A partir de este momento se puso en marcha un proceso de aceleración del Estado autonómico y de las transferencias de gestión de los asuntos básicos para la vida de los ciudadanos desde la administración central a las administraciones autonómicas. El “café para todos” como lo bautizó el ministro Clavero, enfrentado al presidente Adolfo Suárez, se puso en marcha y ha durado hasta la fecha. Pero sus detractores se olvidan que si estamos donde estamos se debe a la voluntad popular de casi tres millones de andaluces que libremente decidieron exigir a Madrid más autogobierno y más rápido. Cosas incómodas que tiene la democracia, ¡qué le vamos a hacer señores del antiguo régimen!

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Para cualquier planteamiento de reforma que se quiera plantear habrá que partir de dos condiciones inexcusables: primero, proponer un modelo alternativo al autonómico que se formule claramente, sin argucias de si es más caro o más barato, pues, lo que nos jugamos es un modelo de convivencia, no el tipo de asesor fiscal que escogemos; y en segundo lugar, que cualquier modificación debe ser aceptado por la voluntad popular, la de los ciudadanos de los distintos territorios que hoy componen este Estado plurinacional. Cada cual tiene un derecho inalienable recogido en la declaración de las Naciones Unidas a pertenecer a la entidad jurídica nacional o estatal que desee, si bien esta capacidad de autodeterminación al colisionar con el derecho de quienes en una misma comunidad tienen distinto deseo, debe articularse a través del consenso y la negociación. Es decir, que abrir el melón del modelo de Estado, en ningún caso puede encontrar la justificación fácil de culpabilizarlas del éxceso de déficit de la economía española, para cercenar derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Si abrimos el melón, si estamos de acuerdo en que el traje se nos ha quedado pequeño y viejo, nos hacemos uno nuevo con todas las consecuencias, incluido como no puede ser de otra forma el derecho a decidir libremente. Supongo que estas reflexiones ya no son tan del agrado de los medios y políticos que cada día con más fuerza y virulencia predican la imperiosa necesidad de reformar el Estado español. Si la única reforma posible es que el Estado sea más español, o lo logran por la fuerza o tendrá que refrendarlo territorio a territorio los distintos pueblos que componen el Estado.

Pero para centrar la realidad del supuesto problema de despilfarro que suponen las Comunidades Autónomas, debemos empezar por asumir que las Autonomías son más Estado que el Estado central, pues, gestionan más del 60% del gasto público, especialmente aquellos aspectos como la Sanidad o la Educación más sensibles y más cercanos del servicio público al ciudadano. El conjunto de las CC.AA. los 140.083 millones de euros, que equivale al 13,1% del PIB, mientras que la deuda pública total de España, cerró el año pasado en 734.962 millones de euros, lo que supone el 68,5% del PIB y, por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 35.420 millones de euros en 2011, el equivalente al 3,3% del PIB. Nos pongamos como nos pongamos, criminalicemos a quien queramos criminalizar, la realidad es que el fuerte incremento de la deuda pública en el Estado se ha debido a las cuantiosísimas ayudas que se vienen prestando a la banca desde el inicio de la crisis y a los pagos por prestaciones al desempleo, que afecta a más cinco millones y medio de parados. Son el pago por intereses de la deuda, unos 40.000 millones al año y la cobertura del paro, cerca de 50.000 millones al año, los capítulos que han tensionado hasta el extremo la prima de riesgo española en los últimos años.

Pretender el cambio de un modelo porque en estos 30 años de su funcionamiento se han producido malas praxis es algo así como dejar de conducir porque puedes tener un accidente. De lo que ha adolecido el modelo autonómico es de autorresponsabilidad fiscal, unos entes gestores de gastos fundamentales y con tienen capacidad de generar ingresos, son por naturaleza irresponsables. De ahí que convenga en estos momentos analizar dónde se identifican territorialmente los principales problemas de endeudamiento y déficit autonómico. De otra forma pagarán justos por pecadores. Cuatro son las comunidades con un endeudamiento por encima del 15% de su PIB: Cataluña 41.778 millones de euros, 20,7%; Valencia, 20.762 millones de euros, 20,7%; Castilla-La Mancha, 6.587 millones de euros, 18,8%; y Baleares 4.432 millones de euros, 16,3%. Ellas cuatro solas alcanzan el 50% del total de la deuda autonómica. Les  siguen seis comunidades con ratios de deuda similares a los del Estado, entre el 15% y el 10%: Navarra (12,9%), Galicia (12,3%), Rioja (11,2%), Extremadura (10,9%),Aragón (10,2%) y Murcia (10,1%). Mientras que sólo 7 comunidades registraron al cierre del 2011 niveles de deuda por debajo del 10% de su PIB: Andalucía (9,8%),Castilla y León (9,4%), Cantabria (9,3%), Asturias (9,1%), Canarias (8,8%), País Vasco (8,1%) y Madrid (7,9%). La insuficiencia financiera de quien gestiona y no recibe recursos, unido a la mala gestión imputable a determinados gobiernos autonómicos que si se quieren leer las cifras de evolución de la deuda tienen nombre y apellidos, explica el incremento del endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

Así las cosas, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han anunciado su intención de acudir al mecanismo de financiación puesto en marcha por el Gobierno central para facilitar los pagos por parte de las Comunidades Autónomas, una suerte de rescate autonómico aunque como en el caso de la intervención de España queramos jugar a laberintos semánticos para correr una cortina de humo sobre la realidad. El problema es que el fondo que se ha instrumentado es claramente insuficiente para dar cabida a los 140.000 millones que anualmente generamos de deuda y sus consiguientes intereses. Cataluña es la punta del iceberg del problema y su incapacidad para realizar pagos tan imprescindibles como las nóminas de los médicos de los hospitales está a la vuelta de la esquina. El president de la Generalitat Artur Mas ha advertido de la circunstancia y apela a un pacto fiscal con el Estado para poner fin a un largo período de insuficiencia financiera por parte de Cataluña, que se siente maltratada en el reparto de transferencias. De  no producirse este nuevo consenso la administración catalana será incapaz de hacer frente a sus obligaciones y podría ser intervenida, una situación que como el propio dirigente nacionalista ha indicado, abocaría a unas elecciones para que el pueblo catalán decidiera el camino a seguir. Detrás podrían venir cualquiera del resto de las Comunidades Autónomas, pues, la mayoría de ellas han reformado sus estatutos para poder celebrar elecciones dentro del período cuatrianual de mandato. Estamos ante la necesidad de un replanteamiento general del modelo de Estado, más en su formulación de responsabilidad fiscal que de otra índole, pero en todo caso ante la obligación de un nuevo pacto de Estado. De no abordarse o de hacerlo con meras pretensiones recentralizadoras colándolas de rondón con el pretexto de la crisis, podemos vernos sumidos en un auténtico motín a bordo.

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Crónica desde el protectorado español de la UE: más recortes para la venta

Reconozco que nunca pensé vivir una escena como la protagonizada la semana pasada por el presidente Mariano Rajoy en su intervención durante el pleno del Congreso de los Diputados. Comparecía mes y medio después de anunciar la solicitud de ayuda – rescate – intervención o como quieran llamarle para la banca española. Comparecía para dar cuenta de las decisiones del Consejo Europeo de finales de junio y comparecía para anunciar el nuevo paquete de medidas económicas para reducir el déficit y cumplir con las obligaciones y con las recomendaciones impuestas a los Estados por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Y en su relato del vía crucis por el hará transitar a los ciudadanos, en un rapto de sinceridad terrorífico, exclamó ante los atónitos oídos de sus señorías: “Es que no puedo hacer otra cosa, ¡es que no tengo libertad!”. Proclamado el protectorado español en sede parlamentaria nos queda tratar de analizar las consecuencias de las medidas tomadas y la deriva que como Estado supervisado y controlado nos espera.

Subida del IVA: bajo el argumento de que los tipos impositivos indirectos son enEspaña menores que la media de la UE, el gobierno ha subido tres puntos del 18% al 21% el gravamen general, mientras que ha sacado de la lista de los superreducidos productos y servicios de las misma forma que del tipo reducido. Pretende en total recaudar este año con esta medida 2.300 millones de euros, pero tal cantidad se había calculado de entrar en vigor la subida a lo largo del mes de julio y, sin embargo, tratando de no perjudicar al sector turístico, la medida no se pondrá en marcha hasta el 1 de septiembre. A esta reducción recaudatoria habrá que restar el efecto depresor que sobre la demanda interna tendrá la mayor carga impositiva y la consecuente subida de precios. A corto, por tanto, la medida detraerá el consumo con el consiguiente efecto negativo sobre las empresas y la creación de empleo. Una previsión razonable situaría el impacto de la medida en los 1.000 millones de euros.

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Recorte de sueldo de funcionarios: en este apartado se ha optado por vía rápida y expeditiva, en vez de una reducción lineal de sueldos públicos, se les suprime temporalmente – todos sabemos lo difícil que resulta recuperar derechos cuando son conculcados – la paga extra de navidad. Calcula el Ejecutivo que esta poda le granjeará 5.000 millones de euros. Es evidente que en diciembre en las fechas y compras navideñas, al menos, 3.000 millones de esos 5.000 dejarán de estar en circulación para ser gastados en consumo. En una palabra bajará la recaudación por IVA y seguirá produciendo un efecto negativo sobre el conjunto de las empresas y el empleo. De la misma forma, como es obvio, se reducirá la lo recaudado por el Estado en impuesto de Sociedades y en cotizaciones a seguridad social, pudiendo incrementarse lo destinado a cubrir el paro de aquellos trabajadores con los que no contarán las empresas ante una campaña navideña deprimida. No resulta, pues, complicado suponer que los iniciales 5.000 millones de ingresos, sean finalmente tan solo 4.000 millones de euros.

Recorte del subsidio de desempleo: a partir del sexto mes, del 60% al 50% sobre la base reguladora, aunque se mantiene durante dos años, una medida que, según sus cálculos, le permitirá ahorrar 1.900 millones en 2012. Lo que no parece que se haya calculado es el coste social de tal medida ya que en la actual situación del mercado de trabajo en España difícilmente se convertirá como pretende el Gobierno que creamos en un incentivo para la búsqueda de empleo por parte de los parados. Más bien supondrá una vuelta de tuerca más sobre las maltrechas economías domésticas y en muchos casos el paso a situaciones de pobreza severa que deberán ser de una u otra forma atendidas. Superar, por tanto, los 1.000 millones efectivos en ahorro, sería todo un éxito.

Reducción del número de concejales: hasta un 30% por tramos de población. Si tenemos en cuenta que más del 90% de los concejales no cobran, escaso por no decir ínfimo será el ahorro que producirá una medida que lo único que viene a reducir es la democracia más cercana, la local y que solo beneficiará a los grandes partidos en detrimento de la riqueza de la pluralidad política y representativa.

Recortes en los presupuestos ministeriales: 600 millones de euros en las partidas de gastos de los ministerios. Realmente los presupuestos generales del Estado han durado menos que un caramelo a la puerta de un colegio, los aprobaba el Senado a finales de junio y a los quince días han sido enmendados mediante la poco edificante fórmula de los decreto-ley. La inversión pública se ha reducido a mínimos históricos y ello también producirá el ratio depresor sobre las empresas licitadoras de concursos de la administración. Deberíamos creer que los 600 millones saldrán del gasto ministerial corriente, pero hasta la fecha no existe un plan concreto por ministerios al efecto.

El precio de la deuda: El Estado español paga diariamente 100 millones de euros por los intereses de la deuda y los tipos que los mercados nos imponen siguen subiendo rondando el 7%. España acumula una deuda total de más 700.000 millones de euros, con un gasto por su gestión, es decir, intereses y avales, de 140.000 millones de euros. Por tanto, en lo que queda de año el pago de la deuda se comerá más de 1.500 millones de euros.

El círculo vicioso: A las cuentas reseñadas debe unirse el pago del rescate a la banca, cifrada en un máximo de 100.000 millones a diez años al 3% de interés. Por si fuera poco, uno de los países opositores a la concesión de la ayuda,Finlandia, percibirá 770 millones de euros en concepto de garantía por parte de España. Vivimos para pagar nuestras deudas, no tenemos libertad ni capacidad de maniobra para generar crecimiento y con ello empleo.

La hora de la venta: en estas circunstancias, el guión de este drama solo se resuelve mediante la aplicación de quitas al deudor, ejemplos tenemos en Latinoamérica en la década de los 80 y ahora en Grecia, y sobre todo, mediante la continua devaluación de los activos del Estado públicos y privados. Los primeros – aeropuertos, puertos, autovías e incluso sanidad hospitalaria – si son valorados en función de la deuda que pesa sobre ellos, saldrán a la venta a precio de saldo y, los segundos, cada día ver caer su valor bursátil afectados por la contramarca España que los deprecia y hace vulnerables a la compra hostil de sus competidores a precios irrisorios solo hace cinco años. Si paso en Argentina oMéxico, ¿por qué hemos de pensar que nuestro proceso de intervención vaya a ser diferente a aquellos que supuso el drama del subdesarrollo y la pobreza para sus pueblos? Convertirse en un protectorado de la Unión Europea, por el momento nos ha privado de la libertad para acertar o errar en nuestro destino, ahora nos queda por comprobar el precio en cuantía y tiempo de este cautiverio.

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El euro y Europa son ahora más fuertes… o ¿no?

Con una frase tan rotunda como vacua, terminó su rueda de prensa tras la cumbre europea de verano el presidente Mariano Rajoy: “el euro y Europa son ahora más fuertes”. Después de dos días de intenso trabajo, los jefes de Gobierno de la Unión salían desubicados – en palabras del presidente del Consejo Van Rompuy– sin tener muy claro si era de día o de noche. Y todo ello debido al plante por sorpresa de España e Italia al plan de crecimiento de no tratarse y aprobarse antes los nuevos mecanismos de financiación a la banca, en especial la española. Una jugada que en la reunión de la pasada semana en Roma entreMerkel, Hollande, Monti y Rajoy ninguno descubrió y que puso patas arriba el plenario del Consejo Europeo y del Eurogrupo. Parece que el presidente español a base de aplicar su galleguidad a la política europea, está logrando sumir a todos sus colegas en el marasmo del ni si, ni no, sino todo lo contrario cuando se refiere a la parte contratante de la primera parte que será considerada como la parte contratante de la primera parte. Al más puro estilo marxista – evidentemente no ideológica, sino la ironía de los hermanos – la UE lleva enzarzada dos meses con el rescate – norescate español, sin ser capaz de formular una propuesta concreta.

Es cierto que gracias al vértigo con que se han acostumbrado a acudir los dirigentes europeos a sus cumbres, todos se asoman al precipicio en la madrugada del jueves a viernes a cogidos de la mano se disponen a bailar el ritual de la yenka, un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Después, a la mañana siguiente todos se esfuerzan en realizar su particulares visiones de los acuerdos, dejando muy claro que ninguno de ellos han cedido nada y que salimos reforzados como europeos. Y para concluir la representación, el lunes los mercados se encargan de poner a cada uno en su sitio, que últimamente no es otro que en el de la falta de credibilidad institucional europea. Pero no es menos cierto que a base de miedo, diría pánico, la Unión sigue caminando o al menos no se rompe. Además en esta cumbre ha quedado de manifiesto que Europa ya no avanza al paso monocorde que marcaban Merkel y Sarkozy, algo ha empezado a cambiar en estas 48 horas y en la previa llevada a cabo en la Ciudad Eterna. Los nuevos equilibrios políticos empiezan a mostrar señales, Francia ha trabajado de “tapado” de las posiciones defendidas por España e Italia y a Alemania le quedan como fieles escuderos, su cinturón de hierro, formado por  Holanda, Eslovaquia,Luxemburgo, Finlandia, Austria, Eslovenia y Estonia. El Mediterráneo se ha alzado ante la política calvinista de austeridad y ajustes. Al menos ahora el debate está abierto.

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Alemania aceptó a regañadientes en la reunión de Roma la puesta en marcha de un plan de crecimiento para la UE basado en su Estrategia 2020 de Economía Inteligente. La recesión que se extiende por el continente – Francia se ha frenado ya en el último trimestre – ha obligado a Merkel a asumir que se destinen 120.000 millones de euros a proyectos de innovación, investigación e infraestructuras. Su contraataque en la Cumbre de Bruselas no se hizo esperar. Sabedora de que a fecha de hoy por la situación que aún atraviesa la economía alemana tiene una posición de predominio, quiso aprovechar la ventaja para proponer avances en la unión política, fiscal y bancaria. Más Europa, aunque eso sí, a la alemana. Algo que causa problemas al novel presidente francés, François Hollande, dado lo sensible que es la opinión pública francesa a ceder soberanía – recordemos el no francés en el referéndum de la Constitución Europea -. Así las cosas, Merkel ha logrado que antes de detallar de dónde saldrán los fondos y cómo se gestionarán, la Comisión proponga medidas para avanzar en la homogeneidad fiscal, es decir, presupuestaria nacional.

Una vez más, aquellas economías y con ellas sus ciudadanos que sufren la caída de demanda en forma de desempleo y pérdida de poder adquisitivo de las familias, tendrán que esperar al menos otros seis meses para que se pongan en marcha medidas de reactivación. Seguimos moviéndonos muy lento, mucho más que el entorno que nos rodea, como un paquidermo enfermo al que lo único que le queda es la memoria con su recuerdo de lo peligroso que puede llegar a ser una Europa desunida. La prioridad, por desgracia, seguirán siendo los ajustes presupuestarios, la refinanciación de la banca y, después, con suerte, hablaremos de crecimiento. No nos engañemos porque no caerá del cielo el maná ansiado de un plan marshall europeo sin que antes los posibles receptores estén en las condiciones que el donante pretende, es decir, suficientemente diezmadas sus arcas públicas y privadas como para prestar la ayuda en forma de compraventa.

Al menos esa sigue siendo la intención de una Merkel que llegó a afirmar desafiante en las vísperas de la cumbre que ella no vería en vida el nacimiento de los eurobonos. Por tanto, resulta difícil seguir creyendo al presidente Rajoy cuando se empeña en decirnos que el plan de saneamiento de la banca española no incluye “ninguna condicionalidad macroeconómica”. Algo que el presidente delBanco Central Europeo Mario Draghi contradecía casi en comparecencia contigua en hora y lugar al señalar que ”todas estas cosas, para ser creíbles, deberían ir acompañadas de una condicionalidad estricta. Esto es esencial, en caso contrario no serán creíbles”. O en palabras aún más claras las pronunciadas por Van Rompuy, “nada es gratis”. Lo cuenten como lo cuentes, pues, la realidad es tozuda y Rajoy, de todas formas sale aparentemente vencedor de este round europeo y que vive al día, se enfrenta ahora a la necesidad de seguir tomando medidas que desde la Comisión, el BCE y el FMI le piden ya a gritos.

La subida del IVA de productos y servicios básicos – que podría pasar del 4% o el 8% hasta el 18% -; el copago del medicamento sacando mas 450 fármacos del catálogo de cobertura de la Seguridad Social; las subidas de la luz y del gas que ya conocemos, son solo el inicio de un nuevo rosario de recortes de los que difícilmente podrán librarse los sueldos de los funcionarios y los contratos de interinos de la Administración y la edad de jubilación o el pago a los pensionistas. En este particular via crucis que venimos sufriendo los ciudadanos y en la senda regresiva de caída en nuestras rentas y en nuestros derechos, nos quedan aún muchos pasos atrás. Si ya nos movemos en términos relativos en situaciones como las vividas a principios de los 90, todo hace pensar que llegaremos a parecernos a la España de inicios de los 80, pero nada nos asegura que no tengamos que vivir como en los años 50 y nos tengamos que conformar con el biscúter porque no podamos comprar un 600.

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La nueva sinfonía europea: crecer sí, pero ¿cómo?

La cumbre celebrada en Roma entre los mandatarios de las cuatro principales economías del euro – Alemania, Francia, Italia y España – parece alumbrar un nuevo modelo de actuaciones para afrontar la crisis económica que asola la Unión Europea desde hace tres años. Merkel, Hollande, Monti y Rajoy han acordado poner en marcha un plan de crecimiento cifrado en nada menos que 130.000 millones de euros, el 1 por ciento del PIB de la UE y una cantidad similar a la aportación anual de los socios de la Unión a los presupuesto comunitarios. La música suena bien y podría calificarse como la primera decisión sensata que nuestros dirigentes toman desde que se iniciara esta pesadilla plagada de malas noticias. Por fin se pone en marcha el new deal europeo que debe ser capaz de hacer sostenible el Estado del bienestar, que nos ha concedido a los europeos el mayor periodo de paz y prosperidad de los últimos siglos, gracias a la alternancia de medidas de austeridad y politicas de crecimiento. En el fondo, algo de tanto sentido común como gastar en lo prioritario y fomentar aquello que nos hace progresar.

La novedad del enfoque tiene no solo transcendencia de fondo, sino también en su esencia formal. Estos últimos años hemos asistido en la UE a un gobierno en la sombra entorno al eje franco-alemán, donde las directrices de la canciller alemana eran sumisamente aceptadas por el presidente francés – una dependencia que le costó la derrota electoral a Sarkozy -. La escenografía ha cambiado con la llegada del socialista François Hollande al Palacio del Elíseo y fruto también, hay que reconocerlo de los buenos oficios del primer ministro italiano, Mario Monti – algo que hubiera sido inviable de la mano del escandaloso Silvio Berlusconi -. En la foto se ha colado de rondón y en el último minuto del presidente español Mariano Rajoy, seguramente para dar un espaldarazo de confianza a la maltrecha economía española, al borde oficial de la intervención y del rescate financiero. Y también su presencia se deba quizás a que el cuadrilatero aunque no sea en absoluto rectangular, representa una forma geométrica de gobernanza mucho más equilibrada que un triángulo isósceles donde Italia jugaría el papel de criada pobre de las dos potencias europeas ahora enfrentadas en una velada discusión sobre su idea de cómo encarar el futuro de la UE. La foto evidentemente tiene valor, valor de marca y valor a futuro.

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Sin embargo, hechos los merecidos halagos al golpe de timón en la política del euro, que debemos fundamentalmente a Hollande, al programa de los socialistas galos y a los ciudadanos franceses que le han dado su confianza, queda la tarea fundamental por hacer: ponerle letra a la música, pasar de la sintonía de fondo, a la armonía de una composición que debe ser sinfónica, pues, debe acompasar tiempo e instrumentos para sacarnos de la recesión que nos invade y amenaza. Hemos cambiado el monótono y arcaico compas del dos por dos impuesto por Merkel, al compas de compasillo, el cuatro por cuatro, auspiciado por Hollande, con mejor ritmo pues engloba a mas del 70 por ciento del PIB y de la población de la zona euro. Toca ahora componer, llenar ese pentagrama en blanco que espera a conocer las notas, los tonos y los silencios que nuestra economía requiere. Sabemos la cuantía pero no sabemos la forma en que cada Estado lo desembolsará, ni el organismo encargado de gestionarlos.

Nos queda también saber qué instrumentos serán los encargados de interpretar la nueva melodía. En otras palabras, debemos decidir en qué invertir, cuáles creemos que son los pilares sobre los que destinar fondos que generen la creación de empleo y con ello de riqueza en el continente. La Comisión Europea y posteriormente el Parlamento y el Consejo, ya marcaron las líneas fuerza en la llamada Estrategia 2020 de la UE –  “para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” – y ahora toca acelerar los plazos. Son la educación, la innovación, la investigación y las infraestructuras, los ejes motores del desarrollo, siempre desde el absoluto respeto a la sostenibilidad medioambiental. Yo solo hecho en falta un nuevo sector adicional, el de los servicios sociales. Si no somos conscientes de nuestra realidad demográfica presente y futura, de una población que envejece en progresión geométrica, todas nuestras previsiones económicas resultarán inválidas. Tenemos que ser capaces de construir un sector económico viable en torno a la actividad asistencial a nuestros mayores, discapacitados, enfermos crónicos y todo ciudadano en especial situación de necesidad y desprotección.

En todo caso, que nadie piense que solo inyectando fondos resolveremos nuestros problemas. Será necesaria una política fiscal armonizada, que apueste por la economía productiva y no especulativa, que incluya, por supuesto, la ansiada tasa sobre transacciones financieras y un sistema de gobernanza económica y, por lo tanto, también política más automático, con más capacidad para preveer situaciones y plantear medidas. Europa tiene que ser más ágil en sus decisiones y para ello tiene que ser más homogénea, algo que lejos de estar reñido con la diversidad que nos enriquece, debe servir para evitar desigualdades injustas en nuestro espacio común. No podemos seguir haciéndonos competencia desleal con tipos y figuras impositivas divergentes. Estamos obligados a consensuar un modelo fiscal europeo, donde impuestos directos, indirectos y tasas sobre el consumo o el uso se muevan en bases similares, con la solidaridad como valor principal inspirador.

Pero sea como sea, no cabe duda que esta oportunidad que se nos presenta a raíz del anuncio de los líderes de los principales Estados europeos realizado en la ciudad eterna, solo llegará a buen puerto si es una tarea colectiva. Resetear Europa, cuyo software se ha quedado colgado, requiere de la participación de todos. No podemos depositar la responsabilidad de reiniciar el proyecto europeo en cuatro mandatarios, más o menos legitimados por sus ciudadanos. Esta es tarea de la Europa de los pueblos y de la Europa de los ciudadanos. Si no se profundiza en un nuevo modelo de relación de la política con la ciudadanía, si no se hace partícipe a las personas del proceso de cambio que debemos producir, volveremos a fracasar. Más democracia y más participación son elementos imprescindibles para el éxito. Las próximas elecciones europeas de junio de 2013, dentro de menos de un año, elegiremos una cámara de representación que nombrará directamente al presidente de la Comisión Europea, un hecho que desconoce, según encuestas de la propia institución, más del 97% de los ciudadanos de la Unión. No desaprovechemos la posibilidad de implicarnos políticamente en el momento clave de la construcción europea, esta crisis nos ha puesto a todos en el disparadero del precipicio hacia el futuro. El salto al vacío requiere un cambio de mentalidad ciudadana, que empieza en el individuo como parte de una comunidad.

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¿Rescate, intervención, préstamo?… no, secuestro

Podemos estar discutiendo nominalmente hasta la saciedad cómo se llama lo que nos ha sucedido este fin de semana, pero la realidad pura y dura es que rescate, intervención o préstamo, España requiere un máximo de 100.000 millones de euros de ayuda europea, con supervisión compartida con el FMI para sanear la deuda privada residenciada en las entidades financieras españolas. Estrena España método en todos los sentidos, pues, solicita “lo que sea” en medio de un cambio de mecanismos instrumentados al efecto por la Unión Europea. Hasta ahora los rescates europeos se realizaban a través del fondo llamado de Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) de rescate temporal, cuya vigencia se extiende hasta mediados de 2013. El nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate permanente fijado a través de un Tratado por los países miembros del euro, debería entrar en vigor del MEDE  el 1 de julio, aunque es probable que se retrase al 9 de julio ya que de momento solo ha sido ratificado por cuatro Estados. El dinero de estos fondos proviene de aportaciones de los países y del endeudamiento de los mismos gracias a los avales. Si sumamos las cantidades de rescate que la UE ha realizado a Estados del euro en estos últimos tres años –Grecia, 240.000, Irlanda 85.000, Portugal 80.000 y ahora España 100.ooo – suman la escalofriante suma de 505.000 millones de euros, traducido medio billón de euros. Un efecto dominó de dedicatoria de fondos públicos para satisfacer intereses de mercados entregados a la especulación.

Es evidente que los mecanismos de la Unión no han sido capaces de establecer cortafuegos en la eurozona, los problemas de unos se han ido transmitiendo a otros aunque fueran de naturaleza y cuantía diversa. Compartimos moneda de la misma manera que compartimos riesgos, alguien debería aprender de una maldita vez una lección que está costando demasiados sacrificios a los ciudadanos europeos. Vamos de seis meses en seis meses demostrando al mundo nuestra firme determinación de derrochar dinero para tapar vergüenzas transfronterizas, de la misma forma que acto seguido los mercados castigan al siguiente Estado en la lista cada vez más engrosada de los “malditos”. Y, por supuesto, que hay razones para los ataques especulativos, pues, pusimos en marcha una unión monetaria pensada para tiempos de bonanza como si la crisis no existiera y con demasiadas divergencias presupuestarias y fiscales entre los miembros del euro. Ahora, bajo el estricto mando de la canciller Angela Merkel, los ajustes y recortes sociales avocan a los Estados intervenidos a ciclos de recesión y, por tanto, de empobrecimiento relativo de sus clases medias. Nos pongamos como nos pongamos, el contagio de este círculo vicioso es ya una realidad que afecta al corazón mismo de la moneda única y de todo el entramado comunitario. En la teoría de prestar con condiciones leoninas, Alemania se puede quedar sola en una Europa asolada por el desempleo, el consumo hundido y los derechos sociales desmantelados.

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En todo caso, si nos ceñimos a las consecuencias que puede traer en España esta novedosa fórmula de préstamo cabe realizarse una serie de preguntas a las que por intención o desconocimiento el gobierno Rajoy no ha aportado respuestas:

1.- ¿Por qué se ha realizado la petición antes de concluir las evaluaciones que realizan las consultoras contratadas por el BCE y por el gobierno español y qué les hace cifrar en 100.000 millones de euros lo que según el FMI como máximo afectaría a entidades financieras españolas por valor de 46.000 millones de euros? Si las prisas tienen que ver con las elecciones griegas del próximo domingo 17, ha habido tiempo para realizar estos trabajos, luego alguien ha pecado de dejadez ante un tema crítico.

2.- ¿A qué se van a destinar las ayudas a la banca? El problema de insolvencia lo ha provocado el cambio de legislación llevado a cabo por el ministro De Guindos al obligar a provisionar hasta el 80% aquellos activos inmobiliarios de bancos y cajas que no se destinen de inmediato a promoción. Esta mera modificación contable ha supuesto la quiebra de entidades como Bankia de la noche a la mañana, pues, lo que un día podía valer 100 puede valer 20 sin contar con las suficientes provisiones de capital para hacer frente a estas pérdidas en balance. Si como podemos temernos, ahora esos 100.000 millones de euros se destinan a provisiones inmovilizadas, el crédito seguirá congelado y habremos dedicado un ingente cantidad de dinero exactamente a lo contrario que precisa nuestras economía.

3.- ¿Qué vamos a hacer con el 10% de incremento de déficit público que suponen las ayudas? Por más que el gobierno trate de explicar que el préstamo no cotiza como desequilibrio presupuestario y, por tanto, requiere mayores emisiones de deuda, es obvio que el mecanismo de su cesión a través del FROB y con el aval del Estado, no deja lugar a dudas sobre la naturaleza de dinero que recibiremos. Y siendo eso así, falta por conocer el margen de negociación que le queda a España para incumplir el pacto fiscal que hemos rubricado en la Unión Europea y que nos obliga este año a alcanzar el 5,3% de déficit público y en 2013 el 3%.

4.- ¿Qué medidas adicionales de ajuste se van a instrumentar para reducir los nuevos desequilibrios presupuestarios provocados por el préstamo a la banca? Sea por la vía de incremento de impuestos, con el IVA como abanderado principal pero no único o sea mediante reducción de salarios públicos, aumento de la edad de jubilación y menores niveles de prestación de servicios sociales, parece que nadie nos salva de pagar los intereses de la deuda y de la propia ayuda, mediante nuevos sacrificios de los ciudadanos.

5.- ¿Qué garantía tenemos que esta medida de enorme impacto y brutal cuantía va a “calmar” las ansias especulativas de los mercados? Alguien tendrá que explicarnos qué ganamos con destinar fondos a la banca para depositarlos inertes sobre suelos baldíos y no emplearlos para regenerar el tejido de la economía productiva.

Son demasiadas preguntas gruesas, de fondo, como para admitir que de la noche a la mañana hemos resuelto nuestros problemas y la mirada perversa de los especuladores va a apartarse de nosotros en busca de nuevas víctimas más propicias. Si la solución de la crisis de la eurozona fuera tan simple ya la habríamos resuelto hace años. Somos vulnerables porque no hemos sido capaces de demostrar a los mercados nuestra capacidad para poner en marcha herramientas de gobernanza económicas y, sobre todo, políticas a la altura de las necesidades de nuestra moneda, de nuestra unión y de un mundo globalizado, acelerado y con gigantes emergentes pidiendo su oportunidad en la toma de decisiones universal. Pero me sigue quedando la pregunta del millón, que no de los 100.000 millones, les saldría mucho más barata contestarme que solicitar la ayuda: ¿qué pasaría si permitimos de forma natural que alguna de las entidades financieras aquejadas del mal inmobiliario llegara a quebrar? Dado que cuando se inició la crisis internacional con la caída de Leheman Brothers por ley se elevó la cuantía del Fondo de Garantía de Depósitos a 100.000 euros por depositario y que además se garantizan las cantidades en cuentas corrientes, ¿por qué tenemos socializar los riesgos de quiénes invirtieron en activos de dudoso valor? Supongo que mi pregunta es tan inocente que no tiene respuesta en un mundo bancario repleto de malas praxis que llevan a un director de sucursal a vender acciones preferentes de su banco a analfabetos que firmaban los documentos de compraventa con su huella dactilar. Si a esas actitudes no solo no les aplicamos la exigencia de responsabilidades judiciales y les tapamos las vergüenzas con miles de millones de euros, solo me queda volver a preguntar, ¿por qué lo llamamos amor cuando queremos decir sexo?

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De cómo vivir rescatado

Ahora que la palabra apocalipsis se ha puesto de moda ante un hipotético rescate de la economía española, habría que recordar que esta dramática situación no es nueva en la historia de España. Es más somos uno de los Estados con mejores marcas en el particular ranking de la bancarrota universal. Nada menos que seis veces se declaró en quiebra durante los siglos XVI y XVII, bajo el reinado de los Austrias, y en ocho ocasiones más en los convulsos años marcados por las continuas guerras civiles en el siglo XIX. Vamos que deberíamos estar más acostumbrados a la penuria y los desahucios que a la bonanza y los éxitos, eso al menos en el caso de los ciudadanos de a pie. El significado del rescate en el caso de un Estado es muy similar al concepto que manejamos cuando hablamos de particulares o familias.  Un país se declara en quiebra cuando sus debilitadas cuentas públicas no le permiten hacer frente a sus compromisos de pago, tanto con particulares como con organismos internacionales o terceros países. Esto ocurre cuando los niveles de déficit fiscal y deuda externa y pública son insostenibles.

Es evidente que cuando se llega a una situación así, se han producido suficientes errores propios como para propiciar la especulación en torno a la ruina y posterior “salvación”, así como la presión externa de aquellos que aguardan la caída para quedarse con los restos a muy módicos precios. Y los mecanismos son siempre los mismos desde que el tiempo es tiempo. Los salvadores dosifican las ayudas a cambio de que se produzcan las medidas que consideran garantizarán su devolución. Los “rescates” no son otra cosa que convertir deuda privada, que por lo general han generado y disfrutado los sectores más ricos, en deuda pública que pagarán a la lo largo de décadas principalmente las clases de rentas más bajas. Además, la nueva deuda además de estar condicionada, debe ser preferente, es decir, se paga antes que cualquier otro compromiso. En la década de los 70 y los 80 los rescatadores se cebaron en América Latina y otras economía entonces denominadas en “vías de desarrollo”. Fueron los grandes momentos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y supusieron la antesala de las políticas neoliberales que en los 90 se extendieron al ritmo de la globalización. Grecia, Irlanda y Portugal fueron los primeros euroestados en sufrir las consecuencias de las alegrías del mercado libre y ahora el volumen de España complica encontrar a los buitres la manera de hincar el diente al cadáver. Mera cuestión de tiempo y de ponerse de acuerdo los carroñeros para repartirse el festín.

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Llegados aquí cabría señalar que realmente llevamos dos años supervisados y seudorescatados. Los efectos en política económica de nuestros desequilibrios los llevamos pagando desde que en mayo de 2010 al ex presidente RodríguezZapatero le bajaron del guindo y le impusieron un giro copernicano que acarreó a los ciudadanos la congelación de las pensiones y la reducción de sueldo a los funcionarios como primeras dosis de la amarga medicina que llevamos tomando desde entonces. Los llamados ajustes, que curiosamente son unidireccionales, es decir siempre se aplican sobre las clases medias y bajas, tienen ya en España más de 24 meses de antigüedad y lejos de ser suficientes no han hecho más que empezar. Por tanto, deberíamos tener claro el tortuoso camino a seguir que nos espera caso de ser rescatados. Se parece mucho al actual pero acentuando en intensidad y tiempo las medidas ya aplicadas.

En todo caso podemos señalar con bastante exactitud los diferentes efectos que un rescate podría producir:

  • Sobre el Estado: el principal efecto se deriva del encarecimiento para colocar deuda pública o hacerlo a altísimo precio. En la actual crisis, en todos los casos de rescate, se ha detectado cómo antes la rentabilidad de los bonos soberanos de los países se ha disparado y ha marcado niveles récord respecto al bono alemán, que es el activo de referencia, por considerarse el más solvente. Este hecho provoca que las medidas de ajuste del déficit emprendidas por los gobiernos rescatados se alarguen en el tiempo y en las cuantías, en una auténtica espiral perversa.
  • Sobre las empresas: el rescate produciría un efecto top-down, empezando por las que cotizan en bolsa, dado que el hecho de anunciar un estado de insolvencia y su posterior rescate tiene un efecto muy negativo sobre los mercados de valores. Las caídas en las cotizaciones de las principales empresas multinacionales españolas sería automática dada la globalización del capital. Ello las pondría al borde de posibles opas hostiles de compradores ávidos de sus activos internacionales, lo que les obligaría a profundas restructuraciones para tratar de sostener sus resultados. Con lo que sus proveedores de manera indirecta verán mermadas las facturaciones y una vez más las pequeñas y medianas empresas volverán a pagar el pato de los ajustes.
  • Sobre el ciudadano: los peores efectos ya lo está sintiendo por lo que por su naturaleza no le pillarán de sorpresa pero sí por la dureza de los mismos. Así verán incrementada la carga tributaria derivada de la necesidad del Estado de ingresar más recursos con los que atender el servicio de la deuda. A la vez que sus rentas del trabajo y de capital disminuirán debido a la reducción de los salarios tanto públicos como privados, del cierre de empresas por la caída de demanda y de la cancelación de contratos públicos ante la necesidad de las Administraciones de seguir recortando gasto.

A estos efectos hay que añadir el estigma que un  rescate que se convertirá en noticia de alcance internacional producirá sobre la marca del Estado español. En primer lugar, por la falta de credibilidad que todo lo español tendrá y, en definitiva, porque llevará aparejada una pérdida de atractivo para inversiones internacionales, tanto como una huida de las actualmente residentes. Deslocalizaciones y búsqueda de lugares más acordes para encontrar las rentabilidades seguras se coordinarán a alta velocidad.

Pero, sin duda, los efectos más perniciosos del rescate son los que atacan y socavan los sentimientos. Un país rescatado es un colectivo sin ánimo, sin rumbo, que pierde los referentes del presente y solo espera mesiánicamente la aparición de alguien que le lleve a la tierra prometida. Y si ésta no llega, uno no tiene más remedio que buscársela, el destino de una juventud formada a la que definitivamente condenaríamos a la emigración. Varias generaciones perdidas para el conocimiento en común, regalada al mundo a bajo coste. El empobrecimiento en ratios de renta per cápita y de servicios sociales – eduación, sanidad y dependencia – es seguro, los cálculos más optimistas lo cifran en un 30% y los más pesimistas en un 50%, pero el derrumbe generacional de una sociedad que pierde el talento y el empuje de sus jóvenes es incalculable. Ese sería el peor precio pagado por el rescate.

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Merkel descubre su jugada: el estado de excepción «económica» para los periféricos

La llegada al parisino palacio del Elíseo de François Hollande y con él la de los aires programáticos de los socialdemócratas galos a Bruselas han obligado a la canciller Angela Merkel a descubrir sus cartas. Alemania ha tenido que improvisar un documento con sus planteamientos para reactivar el crecimiento en la zona euro y en él, siempre según filtración al diario Der Spiegel, destila las que son sus verdaderas intenciones para sacar provecho particular de la crisis en la Unión Europea. De los seis puntos destaca uno por la trascendencia del planteamiento: la creación de zonas de excepción económica para los Estados periféricos del euro. Casi nada con lo que se descuelgan nuestros socios germánicos después de que llevemos sufriendo tres años la crisis con sus consiguientes recortes por ellos impuestos.

Nos hace Merkel esta brutal propuesta basándola en la similar decisión que su antecesor Gerhard Schröeder tomó hace ahora exactamente diez años cuando Alemania pagaba la cuantiosa factura de la reunificación y la economía de la ex República Federal no daba a basto para relanzar el crecimiento de la ex República Democrática. Paradojas de la vida, aquellos presupuestos del Estado alemán elevaron su endeudamiento hasta cerca de los 40.000 millones de euros y el entonces ministro de Finanzas Hans Eichel, se vio obligado a declarar el estado de excepción económica ya que la Constitución alemana solo permite que el endeudamiento sea superior a las inversiones cuando se produce un desequilibrio de la economía. Alemania superó finalmente en un punto y medio el 3% fijado en el Pacto de Estabilidad y convergencia que llevó aparejada la puesta en marcha del euro. Todos lo entendimos y lo aceptamos por lo que Alemania no tuvo sanciones de la Comisión Europea por sus desequilibrios presupuestarios. A veces la memoria debería servir para algo. Sin embargo, por contra su propuesta actual es convertir a las economías desequilibradas, ya no solo en zonas supervisadas sino sometidas a una especie de dictadura tecnócrata.

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El estado de excepción consistiría en ventajas fiscales y regulaciones menos estrictas que sean capaces de atraer inversiones extranjeras a los países que hoy viven ahogados por la presión de los intereses de la deuda. Y como es natural esos inversores también se verán favorecidos por un amplio programa de privatizaciones llevadas a cabo a través de “instituciones de desconfianza”. En una palabra podrán adueñarse de los principales activos de ese país a precio de saldo y si esos hipotéticos inversores hablan alemán hemos cuadrado el círculo. Para rematar su gloriosa propuesta para nuestro crecimiento Merkel pretende que adoptemos el modelo dual de formación profesional que ha convertido a Alemania en una masa de trabajadores de bajo coste laboral pero intercambiable entre sectores, es decir flexible y de alta movilidad. A cambio la República Federal se ve obligada a importar con arduas dificultades ingenieros o científicos investigadores.

En el fondo y simplificando las intenciones de Merkel, estamos ante una propuesta de neocolonialismo puro y duro del centro hacia la periferia, una forma de pax germánica concluída la conquista de la eurozona. A cambio de seguir en la moneda del imperio tendremos que malvender las joyas de la abuela y las mejores de la corona y después pasaremos a ser trabajadores baratos en las colonias. Suena feo la verdad pero dado que llevamos años vomitando de vértigo al borde del abismo, lo normal es que nos veamos obligados a aceptar nuestra triste condición de periféricos esclavos. Como muy bien señalaron en sendos artículos bajo el mismo tema, Slavoj Zizek y José María Ridao, vivimos en un permanente estado de excepción económica que ha llegado a justificar la caída de gobiernos legítimos emanados de las urnas en Grecia e Italia para ser sustituidos por ejecutivos tecnócratas que como hemos podido observar tampoco son capaces de salir del marasmo en que nos tiene inmersos esta crisis. Pero en aquellos países donde el cambio de gobierno se ha solventado en las urnas, como es el caso de Portugal o España, los nuevos gobenantes actúan como autómatas deterministas al dictado de la tecnocracia imperante desde Berlín vía Bruselas. Y volviendo a las paradojas de este drama continental algunos se empeñan en que se nos olvide que el gran préstamo para Atenas se utiliza para cancelar la deuda griega con los grandes bancos franceses y alemanes o que la financiación pública para ayudar a la banca española a limpiar sus cimientos de basura inmobiliaria está resultando un excelente negocio para esos mismos bancos alemanes que reciben préstamos al 1% y prestan al 8%.

Enfrente, quitando los planteamientos iniciales de reeqiilibrio del eje franco-alemán por parte del presidente Hollande, lo único que ha habido es indignación sin encauzar, ciudadanos desesperados manifestando su confusión, simplemente una negativa generalizada a que se desmonte el Estado de bienestar. Ni una idea, ni una propuesta. Deberíamos tomar conciencia de que periféricos somos todos, sobre todo, cuando alguien ha decidido convertirse en el centro del universo Europa. La batalla se ha desencadenado cuando alguien ya se pensaba triunfadora, pero las urnas, la bendita democracia parecen haber torcido el destino de la Unión. Sigamos confiando, pues, en más democracia y más Europa para salir del estado de excepción económica.

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