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El euro y Europa son ahora más fuertes… o ¿no?

Con una frase tan rotunda como vacua, terminó su rueda de prensa tras la cumbre europea de verano el presidente Mariano Rajoy: “el euro y Europa son ahora más fuertes”. Después de dos días de intenso trabajo, los jefes de Gobierno de la Unión salían desubicados – en palabras del presidente del Consejo Van Rompuy– sin tener muy claro si era de día o de noche. Y todo ello debido al plante por sorpresa de España e Italia al plan de crecimiento de no tratarse y aprobarse antes los nuevos mecanismos de financiación a la banca, en especial la española. Una jugada que en la reunión de la pasada semana en Roma entreMerkel, Hollande, Monti y Rajoy ninguno descubrió y que puso patas arriba el plenario del Consejo Europeo y del Eurogrupo. Parece que el presidente español a base de aplicar su galleguidad a la política europea, está logrando sumir a todos sus colegas en el marasmo del ni si, ni no, sino todo lo contrario cuando se refiere a la parte contratante de la primera parte que será considerada como la parte contratante de la primera parte. Al más puro estilo marxista – evidentemente no ideológica, sino la ironía de los hermanos – la UE lleva enzarzada dos meses con el rescate – norescate español, sin ser capaz de formular una propuesta concreta.

Es cierto que gracias al vértigo con que se han acostumbrado a acudir los dirigentes europeos a sus cumbres, todos se asoman al precipicio en la madrugada del jueves a viernes a cogidos de la mano se disponen a bailar el ritual de la yenka, un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Después, a la mañana siguiente todos se esfuerzan en realizar su particulares visiones de los acuerdos, dejando muy claro que ninguno de ellos han cedido nada y que salimos reforzados como europeos. Y para concluir la representación, el lunes los mercados se encargan de poner a cada uno en su sitio, que últimamente no es otro que en el de la falta de credibilidad institucional europea. Pero no es menos cierto que a base de miedo, diría pánico, la Unión sigue caminando o al menos no se rompe. Además en esta cumbre ha quedado de manifiesto que Europa ya no avanza al paso monocorde que marcaban Merkel y Sarkozy, algo ha empezado a cambiar en estas 48 horas y en la previa llevada a cabo en la Ciudad Eterna. Los nuevos equilibrios políticos empiezan a mostrar señales, Francia ha trabajado de “tapado” de las posiciones defendidas por España e Italia y a Alemania le quedan como fieles escuderos, su cinturón de hierro, formado por  Holanda, Eslovaquia,Luxemburgo, Finlandia, Austria, Eslovenia y Estonia. El Mediterráneo se ha alzado ante la política calvinista de austeridad y ajustes. Al menos ahora el debate está abierto.

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Alemania aceptó a regañadientes en la reunión de Roma la puesta en marcha de un plan de crecimiento para la UE basado en su Estrategia 2020 de Economía Inteligente. La recesión que se extiende por el continente – Francia se ha frenado ya en el último trimestre – ha obligado a Merkel a asumir que se destinen 120.000 millones de euros a proyectos de innovación, investigación e infraestructuras. Su contraataque en la Cumbre de Bruselas no se hizo esperar. Sabedora de que a fecha de hoy por la situación que aún atraviesa la economía alemana tiene una posición de predominio, quiso aprovechar la ventaja para proponer avances en la unión política, fiscal y bancaria. Más Europa, aunque eso sí, a la alemana. Algo que causa problemas al novel presidente francés, François Hollande, dado lo sensible que es la opinión pública francesa a ceder soberanía – recordemos el no francés en el referéndum de la Constitución Europea -. Así las cosas, Merkel ha logrado que antes de detallar de dónde saldrán los fondos y cómo se gestionarán, la Comisión proponga medidas para avanzar en la homogeneidad fiscal, es decir, presupuestaria nacional.

Una vez más, aquellas economías y con ellas sus ciudadanos que sufren la caída de demanda en forma de desempleo y pérdida de poder adquisitivo de las familias, tendrán que esperar al menos otros seis meses para que se pongan en marcha medidas de reactivación. Seguimos moviéndonos muy lento, mucho más que el entorno que nos rodea, como un paquidermo enfermo al que lo único que le queda es la memoria con su recuerdo de lo peligroso que puede llegar a ser una Europa desunida. La prioridad, por desgracia, seguirán siendo los ajustes presupuestarios, la refinanciación de la banca y, después, con suerte, hablaremos de crecimiento. No nos engañemos porque no caerá del cielo el maná ansiado de un plan marshall europeo sin que antes los posibles receptores estén en las condiciones que el donante pretende, es decir, suficientemente diezmadas sus arcas públicas y privadas como para prestar la ayuda en forma de compraventa.

Al menos esa sigue siendo la intención de una Merkel que llegó a afirmar desafiante en las vísperas de la cumbre que ella no vería en vida el nacimiento de los eurobonos. Por tanto, resulta difícil seguir creyendo al presidente Rajoy cuando se empeña en decirnos que el plan de saneamiento de la banca española no incluye “ninguna condicionalidad macroeconómica”. Algo que el presidente delBanco Central Europeo Mario Draghi contradecía casi en comparecencia contigua en hora y lugar al señalar que ”todas estas cosas, para ser creíbles, deberían ir acompañadas de una condicionalidad estricta. Esto es esencial, en caso contrario no serán creíbles”. O en palabras aún más claras las pronunciadas por Van Rompuy, “nada es gratis”. Lo cuenten como lo cuentes, pues, la realidad es tozuda y Rajoy, de todas formas sale aparentemente vencedor de este round europeo y que vive al día, se enfrenta ahora a la necesidad de seguir tomando medidas que desde la Comisión, el BCE y el FMI le piden ya a gritos.

La subida del IVA de productos y servicios básicos – que podría pasar del 4% o el 8% hasta el 18% -; el copago del medicamento sacando mas 450 fármacos del catálogo de cobertura de la Seguridad Social; las subidas de la luz y del gas que ya conocemos, son solo el inicio de un nuevo rosario de recortes de los que difícilmente podrán librarse los sueldos de los funcionarios y los contratos de interinos de la Administración y la edad de jubilación o el pago a los pensionistas. En este particular via crucis que venimos sufriendo los ciudadanos y en la senda regresiva de caída en nuestras rentas y en nuestros derechos, nos quedan aún muchos pasos atrás. Si ya nos movemos en términos relativos en situaciones como las vividas a principios de los 90, todo hace pensar que llegaremos a parecernos a la España de inicios de los 80, pero nada nos asegura que no tengamos que vivir como en los años 50 y nos tengamos que conformar con el biscúter porque no podamos comprar un 600.

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La nueva sinfonía europea: crecer sí, pero ¿cómo?

La cumbre celebrada en Roma entre los mandatarios de las cuatro principales economías del euro – Alemania, Francia, Italia y España – parece alumbrar un nuevo modelo de actuaciones para afrontar la crisis económica que asola la Unión Europea desde hace tres años. Merkel, Hollande, Monti y Rajoy han acordado poner en marcha un plan de crecimiento cifrado en nada menos que 130.000 millones de euros, el 1 por ciento del PIB de la UE y una cantidad similar a la aportación anual de los socios de la Unión a los presupuesto comunitarios. La música suena bien y podría calificarse como la primera decisión sensata que nuestros dirigentes toman desde que se iniciara esta pesadilla plagada de malas noticias. Por fin se pone en marcha el new deal europeo que debe ser capaz de hacer sostenible el Estado del bienestar, que nos ha concedido a los europeos el mayor periodo de paz y prosperidad de los últimos siglos, gracias a la alternancia de medidas de austeridad y politicas de crecimiento. En el fondo, algo de tanto sentido común como gastar en lo prioritario y fomentar aquello que nos hace progresar.

La novedad del enfoque tiene no solo transcendencia de fondo, sino también en su esencia formal. Estos últimos años hemos asistido en la UE a un gobierno en la sombra entorno al eje franco-alemán, donde las directrices de la canciller alemana eran sumisamente aceptadas por el presidente francés – una dependencia que le costó la derrota electoral a Sarkozy -. La escenografía ha cambiado con la llegada del socialista François Hollande al Palacio del Elíseo y fruto también, hay que reconocerlo de los buenos oficios del primer ministro italiano, Mario Monti – algo que hubiera sido inviable de la mano del escandaloso Silvio Berlusconi -. En la foto se ha colado de rondón y en el último minuto del presidente español Mariano Rajoy, seguramente para dar un espaldarazo de confianza a la maltrecha economía española, al borde oficial de la intervención y del rescate financiero. Y también su presencia se deba quizás a que el cuadrilatero aunque no sea en absoluto rectangular, representa una forma geométrica de gobernanza mucho más equilibrada que un triángulo isósceles donde Italia jugaría el papel de criada pobre de las dos potencias europeas ahora enfrentadas en una velada discusión sobre su idea de cómo encarar el futuro de la UE. La foto evidentemente tiene valor, valor de marca y valor a futuro.

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Sin embargo, hechos los merecidos halagos al golpe de timón en la política del euro, que debemos fundamentalmente a Hollande, al programa de los socialistas galos y a los ciudadanos franceses que le han dado su confianza, queda la tarea fundamental por hacer: ponerle letra a la música, pasar de la sintonía de fondo, a la armonía de una composición que debe ser sinfónica, pues, debe acompasar tiempo e instrumentos para sacarnos de la recesión que nos invade y amenaza. Hemos cambiado el monótono y arcaico compas del dos por dos impuesto por Merkel, al compas de compasillo, el cuatro por cuatro, auspiciado por Hollande, con mejor ritmo pues engloba a mas del 70 por ciento del PIB y de la población de la zona euro. Toca ahora componer, llenar ese pentagrama en blanco que espera a conocer las notas, los tonos y los silencios que nuestra economía requiere. Sabemos la cuantía pero no sabemos la forma en que cada Estado lo desembolsará, ni el organismo encargado de gestionarlos.

Nos queda también saber qué instrumentos serán los encargados de interpretar la nueva melodía. En otras palabras, debemos decidir en qué invertir, cuáles creemos que son los pilares sobre los que destinar fondos que generen la creación de empleo y con ello de riqueza en el continente. La Comisión Europea y posteriormente el Parlamento y el Consejo, ya marcaron las líneas fuerza en la llamada Estrategia 2020 de la UE –  “para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” – y ahora toca acelerar los plazos. Son la educación, la innovación, la investigación y las infraestructuras, los ejes motores del desarrollo, siempre desde el absoluto respeto a la sostenibilidad medioambiental. Yo solo hecho en falta un nuevo sector adicional, el de los servicios sociales. Si no somos conscientes de nuestra realidad demográfica presente y futura, de una población que envejece en progresión geométrica, todas nuestras previsiones económicas resultarán inválidas. Tenemos que ser capaces de construir un sector económico viable en torno a la actividad asistencial a nuestros mayores, discapacitados, enfermos crónicos y todo ciudadano en especial situación de necesidad y desprotección.

En todo caso, que nadie piense que solo inyectando fondos resolveremos nuestros problemas. Será necesaria una política fiscal armonizada, que apueste por la economía productiva y no especulativa, que incluya, por supuesto, la ansiada tasa sobre transacciones financieras y un sistema de gobernanza económica y, por lo tanto, también política más automático, con más capacidad para preveer situaciones y plantear medidas. Europa tiene que ser más ágil en sus decisiones y para ello tiene que ser más homogénea, algo que lejos de estar reñido con la diversidad que nos enriquece, debe servir para evitar desigualdades injustas en nuestro espacio común. No podemos seguir haciéndonos competencia desleal con tipos y figuras impositivas divergentes. Estamos obligados a consensuar un modelo fiscal europeo, donde impuestos directos, indirectos y tasas sobre el consumo o el uso se muevan en bases similares, con la solidaridad como valor principal inspirador.

Pero sea como sea, no cabe duda que esta oportunidad que se nos presenta a raíz del anuncio de los líderes de los principales Estados europeos realizado en la ciudad eterna, solo llegará a buen puerto si es una tarea colectiva. Resetear Europa, cuyo software se ha quedado colgado, requiere de la participación de todos. No podemos depositar la responsabilidad de reiniciar el proyecto europeo en cuatro mandatarios, más o menos legitimados por sus ciudadanos. Esta es tarea de la Europa de los pueblos y de la Europa de los ciudadanos. Si no se profundiza en un nuevo modelo de relación de la política con la ciudadanía, si no se hace partícipe a las personas del proceso de cambio que debemos producir, volveremos a fracasar. Más democracia y más participación son elementos imprescindibles para el éxito. Las próximas elecciones europeas de junio de 2013, dentro de menos de un año, elegiremos una cámara de representación que nombrará directamente al presidente de la Comisión Europea, un hecho que desconoce, según encuestas de la propia institución, más del 97% de los ciudadanos de la Unión. No desaprovechemos la posibilidad de implicarnos políticamente en el momento clave de la construcción europea, esta crisis nos ha puesto a todos en el disparadero del precipicio hacia el futuro. El salto al vacío requiere un cambio de mentalidad ciudadana, que empieza en el individuo como parte de una comunidad.

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El rapto de Europa

Cuenta la leyenda mitológica griega que Zeus, en su faceta de incansable conquistador de diosas, ninfas y mortales, puso sus ojos en la bella princesa fenicia Europa. Con el fin de seducirla se transformó en un toro blanco y se mezcló con las manadas del padre de Europa, el rey Agenor. Mientras Europa y su séquito recogían flores cerca de la playa, ella quedó prendada del toro, acarició sus costados y, viendo que era manso, terminó por subir a su lomo. Zeus aprovechó esa oportunidad y corrió al mar, nadando con ella a su espalda hasta la isla de Creta. Entonces reveló su auténtica identidad y Europa se convirtió en la primera reina de Creta. El padre de Europa, corrió desconsolado el resto de su vida por todos los caminos que sus fuerzas pudieron recorrer al grito de ¡Europa!, ¡Europa!, nombre que quedó grabado en la memoria de los habitantes de los lugares por los que pasó y que, por ello, acabó dando nombre al continente. Zeus le dio tres regalos a Europa: Talos, un autómata de bronce; Laelaps, un perro que nunca soltaba a su presa; y una jabalina que nunca erraba. Hoy ha querido la historia que la leyenda ilustre la paradoja que vive nuestra Unión Europea sin cambiar de escenario, en las tierras helénicas bañadas como en los tiempos del mito por las aguas del Mediterráneo. En Grecia, de nuevo, se representa las escenas más épicas de la ya vieja Europa.

Sabido es que los griegos clásicos construyeron su universo mitológico para explicarse el cosmos y su existencia humana plagado de dioses que lejos de ser justos, adolecían de las mismas debilidades que el hombre pero dotados de poderes superlativos. Caprichosos y egoístas, ponían en riesgo el equilibrio de las cosas y no dudaban en emplear la fuerza y el engaño en sus múltiples enfrentamientos, incluso, entre dioses padres e hijos. Supongo que a todos nos suena esta situación y que cualquiera podría imaginar en las reuniones del Consejo Europeo a nuestros 27 jefes de gobierno en el Olimpo de Bruselas, discutiendo ajenos a la realidad mientras, ajenos a los comunes mortales, ciudadanos que asistimos atónitos a las consecuencias de una crisis que destruye el empleo y socava día a día los cimientos del Estado del bienestar. Encerrados en sus moradas de cristal, los políticos europeos parecen no querer enterarse de que su mundo se derrumba porque el nuestro ya se ha venido abajo. Pelean por la supremacía olímpica y por enviar al inframundo a esos dioses variables que no han cumplido las reglas del juego. Merkel, Sarkozy antes y ahora cumplirá el mismo roll Hollande, han enviado al invierno que supone la intervención económica a Papandreu, Berlusconi, Cowen, Sócrates y Zapatero. Sus sucesores, Papademos, Monti, Kenny, Passos Coelho y Rajoy, se dedican a administrar bajo mandato de los dioses olímpicos, la penuria y la miseria de unas políticas de ajustes que han demostrado que solo sirven para condenarnos a todos a la recesión.

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Nuestro mundo, aquel que construimos con el esfuerzo de la solidaridad y la ilusión del sueño europeo común, de tanto precipitarse hacia el abismo en los últimos tres años, se viene abajo por la fuerza de la gravedad, por esa insoportable levedad del ser que se pliega a la incercia de los acontecimientos. Todos sabemos que el desastre es inminente, incluso hablamos sin rubor de sus consecuencias, pero nadie es capaz de hacer nada. Miramos al Olimpo buscando una señal que nos dé confianza, que nos marque el camino hacia esa nueva tierra prometida europeista, pero solo nos llegan los ecos de sus broncas, los rumores de desunión, los reproches mutuos y el ruido ensordecedor de sus escándalos de corrupción. Pero mientras, la gente sufre, padece el dolor de un empobrecimiento que está abriendo una brecha social profunda entre ricos y pobres. Mientras, la sanidad pública se desmantela y sus profesionales trabajan al límite malpagados. Nuestros hijos cada vez se educan peor porque no hay recursos para tener los mejores profesores. No investigamos, ni innovamos porque no tenemos ni ideas para enfocar hacia dónde mirar, ni fondos para destinarlos. Mientras nuestros mayores han pasado de ser atendidos a tener que atender a sus hijos en paro y a sus nietos sin hogar. Estamos asistiendo al desahucio social, a la expulsión a la marginalidad de una buena parte de nuestra sociedad. Y nadie hace nada…

Asistimos a una de las transformaciones del mundo más vertiginosas de la historia. Pero deberíamos tirar de Einstein y relativizar la situación, al fin y al cabo, solo estamos ante una minúscula partícula del tiempo en evolución, por mucho que para nosotros sea la única transcendental porque es la que nos ha tocado vivir. Huir del drama y la tragedia como forma de representación de lo que está sucediendo es la primera de la tareas a las que deberíamos enfrentarnos. El cambio es consustancial a la esencia terrenal y humana, algo que sin embargo sigue provocándonos temor y parálisis. Tenemos una Unión Europea de solo 50 años de vida y una moneda única de poco más de diez. Es lógico que como el adolescente al que le duelen los huesos, le sale acné y sus hormonas se revolucionan, nuestro proyecto en común en crecimiento muestre síntomas de juventud. Pero si seguimos teniendo la firme determinación de seguir creciendo, de seguir apostando por un espacio en libertad, de profundizar en la democracia y la transparencia de nuestras actuaciones, de redimensionar nuestro edificio de derechos y coberturas sociales, acabaremos madurando y demostrando al mundo que ese joven que tantos desvelos supuso un día para todos, es de nuevo el referente universal de civilización.

No tiene sentido que la Unión Europea que sigue suponiendo la organización supranacional con más calidad de vida del planeta vea cuestionado su futuro por los mercados. Algo falla de base en el planteamiento: si nuestra deuda es la más cara por las incertidumbres que provocamos, ¿qué será entonces del futuro del resto de mundo que necesita de nosotros comercialmente para seguir viviendo? ¿Pueden los mercados afirmar que el futuro de economías tan dependientes como la china, la hindú, la brasileña o la turca por poner algunos ejemplos de Estados emergentes es más predecible? Y que decir del resto del mundo aún atrapado por la hambruna y las desigualdades, África entera y gran parte de Asia o América Latina, ¿son poblaciones cuyo futuro pinta mejor a corto o medio plazo que el nuestro? Situar a Europa como el paradigma del problema mundial es tan ridículo como racionalmente insostenible. Otra cosa, bien distinta, es que se apele a nuestra responsabilidad de ricos egocéntricos para que no nos convirtamos una vez más en escenario de conflicto y seamos capaces de liderar las ideas de futuro de la humanidad. Todos necesitamos más Europa, no sólo los europeos, el resto del mundo también nos necesita. Hemos sido a la vez los pueblos más guerreros y que más sacrificios en vidas han supuesto a la humanidad en su historia y de la misma forma el continente que más ideas a aportado al ser humano. La Unión solo tiene un sentido: apostar por el lenguaje de la palabra y abandonar la semántica de las armas, algo que solo será sostenible si nuestros políticos son capaces de hacer política con mayúsculas para el ciudadano, para resolver sus problemas.

Europa como su dioses del Olimpo se enfrenta a una guerra de Titanes, la guerra contra la especulación, la avaricia, la ilegalidad, el fraude, esos dioses que gobiernan los mercados a su antojo, sin que el poder de representación pública de gobiernos e instituciones haya sido capaz de hacerles frente hasta ahora. Tenemos armas, las del derecho, las de la democracia, la de nuestros ciudadanos libres decididos a no dejarse amedrentar por las agencias de rating o las primas de riesgo. Somos más y más fuertes en razón y convicción, solo tenemos que creérnoslo. Sólo necesitamos que Zeus, sea Merkel o quien sea capaz de liderar esta contienda política, reúna a sus hermanos dioses en el próximo Consejo Europeo del 28 de junio y tomen medidas que destierren al Tártaro, el peor lugar del inframundo a los Titanes que pretenden acabar con nuestra civilización forjada a través de siglos de conquistas sociales. Salvar el euro en sus integridad, salvar a los griegos de su particular tragedia y abrir la senda del crecimiento económico son las primeras batallas de las que deben salir victoriosa y para eso Europa sigue contando con su autómata de bronce, su perro que no suelta a su presa y la jabalina que nunca yerra.

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¿Rescate, intervención, préstamo?… no, secuestro

Podemos estar discutiendo nominalmente hasta la saciedad cómo se llama lo que nos ha sucedido este fin de semana, pero la realidad pura y dura es que rescate, intervención o préstamo, España requiere un máximo de 100.000 millones de euros de ayuda europea, con supervisión compartida con el FMI para sanear la deuda privada residenciada en las entidades financieras españolas. Estrena España método en todos los sentidos, pues, solicita “lo que sea” en medio de un cambio de mecanismos instrumentados al efecto por la Unión Europea. Hasta ahora los rescates europeos se realizaban a través del fondo llamado de Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) de rescate temporal, cuya vigencia se extiende hasta mediados de 2013. El nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate permanente fijado a través de un Tratado por los países miembros del euro, debería entrar en vigor del MEDE  el 1 de julio, aunque es probable que se retrase al 9 de julio ya que de momento solo ha sido ratificado por cuatro Estados. El dinero de estos fondos proviene de aportaciones de los países y del endeudamiento de los mismos gracias a los avales. Si sumamos las cantidades de rescate que la UE ha realizado a Estados del euro en estos últimos tres años –Grecia, 240.000, Irlanda 85.000, Portugal 80.000 y ahora España 100.ooo – suman la escalofriante suma de 505.000 millones de euros, traducido medio billón de euros. Un efecto dominó de dedicatoria de fondos públicos para satisfacer intereses de mercados entregados a la especulación.

Es evidente que los mecanismos de la Unión no han sido capaces de establecer cortafuegos en la eurozona, los problemas de unos se han ido transmitiendo a otros aunque fueran de naturaleza y cuantía diversa. Compartimos moneda de la misma manera que compartimos riesgos, alguien debería aprender de una maldita vez una lección que está costando demasiados sacrificios a los ciudadanos europeos. Vamos de seis meses en seis meses demostrando al mundo nuestra firme determinación de derrochar dinero para tapar vergüenzas transfronterizas, de la misma forma que acto seguido los mercados castigan al siguiente Estado en la lista cada vez más engrosada de los “malditos”. Y, por supuesto, que hay razones para los ataques especulativos, pues, pusimos en marcha una unión monetaria pensada para tiempos de bonanza como si la crisis no existiera y con demasiadas divergencias presupuestarias y fiscales entre los miembros del euro. Ahora, bajo el estricto mando de la canciller Angela Merkel, los ajustes y recortes sociales avocan a los Estados intervenidos a ciclos de recesión y, por tanto, de empobrecimiento relativo de sus clases medias. Nos pongamos como nos pongamos, el contagio de este círculo vicioso es ya una realidad que afecta al corazón mismo de la moneda única y de todo el entramado comunitario. En la teoría de prestar con condiciones leoninas, Alemania se puede quedar sola en una Europa asolada por el desempleo, el consumo hundido y los derechos sociales desmantelados.

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En todo caso, si nos ceñimos a las consecuencias que puede traer en España esta novedosa fórmula de préstamo cabe realizarse una serie de preguntas a las que por intención o desconocimiento el gobierno Rajoy no ha aportado respuestas:

1.- ¿Por qué se ha realizado la petición antes de concluir las evaluaciones que realizan las consultoras contratadas por el BCE y por el gobierno español y qué les hace cifrar en 100.000 millones de euros lo que según el FMI como máximo afectaría a entidades financieras españolas por valor de 46.000 millones de euros? Si las prisas tienen que ver con las elecciones griegas del próximo domingo 17, ha habido tiempo para realizar estos trabajos, luego alguien ha pecado de dejadez ante un tema crítico.

2.- ¿A qué se van a destinar las ayudas a la banca? El problema de insolvencia lo ha provocado el cambio de legislación llevado a cabo por el ministro De Guindos al obligar a provisionar hasta el 80% aquellos activos inmobiliarios de bancos y cajas que no se destinen de inmediato a promoción. Esta mera modificación contable ha supuesto la quiebra de entidades como Bankia de la noche a la mañana, pues, lo que un día podía valer 100 puede valer 20 sin contar con las suficientes provisiones de capital para hacer frente a estas pérdidas en balance. Si como podemos temernos, ahora esos 100.000 millones de euros se destinan a provisiones inmovilizadas, el crédito seguirá congelado y habremos dedicado un ingente cantidad de dinero exactamente a lo contrario que precisa nuestras economía.

3.- ¿Qué vamos a hacer con el 10% de incremento de déficit público que suponen las ayudas? Por más que el gobierno trate de explicar que el préstamo no cotiza como desequilibrio presupuestario y, por tanto, requiere mayores emisiones de deuda, es obvio que el mecanismo de su cesión a través del FROB y con el aval del Estado, no deja lugar a dudas sobre la naturaleza de dinero que recibiremos. Y siendo eso así, falta por conocer el margen de negociación que le queda a España para incumplir el pacto fiscal que hemos rubricado en la Unión Europea y que nos obliga este año a alcanzar el 5,3% de déficit público y en 2013 el 3%.

4.- ¿Qué medidas adicionales de ajuste se van a instrumentar para reducir los nuevos desequilibrios presupuestarios provocados por el préstamo a la banca? Sea por la vía de incremento de impuestos, con el IVA como abanderado principal pero no único o sea mediante reducción de salarios públicos, aumento de la edad de jubilación y menores niveles de prestación de servicios sociales, parece que nadie nos salva de pagar los intereses de la deuda y de la propia ayuda, mediante nuevos sacrificios de los ciudadanos.

5.- ¿Qué garantía tenemos que esta medida de enorme impacto y brutal cuantía va a “calmar” las ansias especulativas de los mercados? Alguien tendrá que explicarnos qué ganamos con destinar fondos a la banca para depositarlos inertes sobre suelos baldíos y no emplearlos para regenerar el tejido de la economía productiva.

Son demasiadas preguntas gruesas, de fondo, como para admitir que de la noche a la mañana hemos resuelto nuestros problemas y la mirada perversa de los especuladores va a apartarse de nosotros en busca de nuevas víctimas más propicias. Si la solución de la crisis de la eurozona fuera tan simple ya la habríamos resuelto hace años. Somos vulnerables porque no hemos sido capaces de demostrar a los mercados nuestra capacidad para poner en marcha herramientas de gobernanza económicas y, sobre todo, políticas a la altura de las necesidades de nuestra moneda, de nuestra unión y de un mundo globalizado, acelerado y con gigantes emergentes pidiendo su oportunidad en la toma de decisiones universal. Pero me sigue quedando la pregunta del millón, que no de los 100.000 millones, les saldría mucho más barata contestarme que solicitar la ayuda: ¿qué pasaría si permitimos de forma natural que alguna de las entidades financieras aquejadas del mal inmobiliario llegara a quebrar? Dado que cuando se inició la crisis internacional con la caída de Leheman Brothers por ley se elevó la cuantía del Fondo de Garantía de Depósitos a 100.000 euros por depositario y que además se garantizan las cantidades en cuentas corrientes, ¿por qué tenemos socializar los riesgos de quiénes invirtieron en activos de dudoso valor? Supongo que mi pregunta es tan inocente que no tiene respuesta en un mundo bancario repleto de malas praxis que llevan a un director de sucursal a vender acciones preferentes de su banco a analfabetos que firmaban los documentos de compraventa con su huella dactilar. Si a esas actitudes no solo no les aplicamos la exigencia de responsabilidades judiciales y les tapamos las vergüenzas con miles de millones de euros, solo me queda volver a preguntar, ¿por qué lo llamamos amor cuando queremos decir sexo?

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Tocando fondo, Spain is touching bottom

Aunque sabido es que todo puede empeorar, no es menos cierto que los últimos indicios dramáticos que rodean a la economía española hacen presagiar los mejores augurios de futuro. Estamos tocando fondo, eso sí ayudados por nuestros socios europeos y el tenaz seguimiento de nuestros pasos por parte de las instituciones de Bruselas. Retrocedemos a tal velocidad sobre nuestros pasos dados con denuedo durante décadas, que estamos sorprendiendo una vez más a propios y extraños. Fuimos un día el milagro europeo creciendo por encima del 2% durante más de diez años y ahora hemos sido capaces de caer por debajo de dichos niveles de desarrollo. Hacemos el cangrejo a la misma misma velocidad que surcábamos antes los mercados a tranco de guepardo. Somos, en fin, un auténtico portento de la naturaleza Estado-Nación. La Bolsa está por debajo de niveles de 2003, la renta per cápita retrocede a ratios de los 90, la morosidad se acerca a la de los inicios de los 80… se impone la moda retro o lo que es lo mismo, volvemos a situaciones anteriores a nuestra entrada en la Unión Europea– entonces Comunidad Económica Europea -. Los fondos de cohesión y estructurales que de la mano de Europa han servido para transformar el paisaje español y revalorizar los activos en infraestucturas, las mismas joyas que están prontas a venderse ante la falta de liquidez del Estado.

Sin embargo, debemos observar los últimos acontecimientos como los síntomas de una posible recuperación. Desde hace tres años, cuando nos sacudió la resaca de la crisis financiera internacional, banqueros y clase política gobernante se han empeñado en negar la realidad. Unos por defender intereses tan bastardos como cuantiosos en suma de privilegios y otros por desconocimiento, irresponsabilidad o falta de coraje. Cuando todas las entidades bancarias deAlemania, Francia, Bélgica, Reino Unido u Holanda pusieron en cuestión los valores de sus activos y la posición de su pasivo, nosotros alardeamos de buena salud tapando unos a otros las vergüenzas, sabedores como eran todos de su comatoso estado de salud fruto del endeudamiento privado desproporcionado en productos inmobiliarios. El círculo vicioso era perfecto: el increíble riesgo asumido por todos en torno al sector de la construcción tenía su base en los altísimo niveles de consumo que el crecimiento de nuestra economía generó durante más de diez años. Ello llevó a promotores y bancos a entrar en una espiral del quien da más que inundó el mercado de hipotecas. La realidad es que cuando la recesión se echó encima traduciéndose en elevadas cifras de paro, la construcción se paró en seco y la mayoría de las empresas del sector, grandes, pequeñas y advenedizas, empezaron a desaparecer endosando sus tóxicos activos – que no es otra cosa que algo de dudoso valor – a bancos y cajas. Ya era, pues, cuestión de tiempo que en los balances de las entidades financieras españolas aflorara la realidad contable de unas pérdidas que rondan los 250.000 millones de euros.

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Hemos agotado el tiempo de las mentiras, primero dentro de casa y luego fuera con nuestros socios de la UE. Nuestra credibilidad se ha ido agotando, primero por el descuadre de nuestras cuentas públicas, todas ellas también afectadas por el síndrome del ladrillo dada la dependencia que las administraciones locales y autonómicas tuvieron del sector inmobiliario también. Déficits no confesados con facturas en los cajones y agujeros negros de pérdidas en cajas de ahorro – casualmente residenciadas en ambos casos en la Comunidad de Madrid y en laComunidad Valenciana – han puesto la gota que ha colmado el baso de los incumplimientos de una economía demasiado pesada para ser rescatada al uso sin acarrear graves consecuencias al euro. Ahora, por tanto, que estamos a la espera de los resultados de las auditorias financieras externas – tan externas que el Banco de España no pinta nada en su labor supervisora – y que las cuentas públicas de todas nuestras administraciones deben presentarse a su control en elMinisterio de Hacienda y en la Comisión Europea cada mes, podemos proclamar orgullosos que hemos tocado fondo.

En situaciones críticas solo del reconocimiento de la verdad pueden venir las soluciones y por eso mismo llegar a tocar fondo suele ser un requisito imprescindible para iniciar la reconstrucción del sistema. De ahí que si el gobierno de Mariano Rajoy tuviera una hoja de ruta clara para afrontar esta posguerra, es el momento ya no de pedir sacrificios a los que la mayoría de la población está más que resignada, sino de hacer el relato de la tierra prometida. Hacia dónde vamos, por duras que sean las penurias que debamos pasar, y cómo debemos afrontar la travesía, son las dos grandes cuestiones aún sin respuesta. No se puede pedir a los ciudadanos que asuman recorte tras recorte de sus derechos, mientras asisten atónitos a la salida a flote de la escandalosa gestión del pasado, sin ofrecerles la esperanza no mesiánica sino en forma de políticas sostenibles.

Es evidente que lo primero que debemos reconocer es la pérdida de valor de activos y de caída de renta de los españoles. Somos más pobres y aún lo seremos más. Según diversos cálculos nos estamos jugando caer entre un 30% y un 50%, lo que nos llevaría en una especia de viaje en el tiempo a los primeros años de la década de los 80. Aclimatados a la nueva circunstancia, tanto a nivel público como privado, es urgente un planteamiento de modelo de competitividad de nuestra economía y un plan de contingencia social para salvaguardar las bases del Estado del bienestar – sanidad, educación y servicios sociales – en una sociedad que envejece a toda velocidad. Las reformas de fondo del siglo XXI que precisamos, ya llevan más de una década de retraso dado que vivíamos en la opulencia, dormidos en el sueño de morfeo sin pensar que el futuro no estaba conquistado.

La práctica quiebra de Bankia se ha convertido en el detonante definitivo de la hora de la verdad bancaria. Más allá de las soluciones coyunturales que se puedan articular de acuerdo con las instituciones europeas para producir los inevitables rescates de las entidades financieras españolas afectadas por el mal inmobiliario, la realidad es que el conjunto de entidades y su volumen se verá sustancialmente disminuido. Ello afectará de forma decisiva a economías locales y regionales con la práctica desaparición de cajas de ahorro centenarias que han cumplido labores básicas de financiación en dichas comunidades. En un marco de concentración con incorporación de capital de países europeos y con menor capacidad de competencia, las empresas pequeñas y medianas seguirán por mucho tiempo teniendo difícil su acceso a las líneas de crédito imprescindibles para su actividad. La sangría vivida por empresas y trabajadores a manos de responsables bancarios que se han comportado obviando el código del sentido común y la buenas conductas del gobierno, requieren la exigencia de responsabilidades. Es inasumible seguir siendo testigos mudos de la caída de entidades cuando paralelamente los causantes de la misma salen por la puerta de atrás con los maletines de sus cuantiosas y blindadas prejubilaciones. Hemos tocado fondo y ahora debemos ponernos en pie, pero por dignidad para empezar a caminar tenemos que juzgar y depurar las culpabilidades de lo sucedido.

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Si Merkel manda y Rajoy acata… ¡a mí que me rescaten!

Un buen amigo pamplonés me saludaba hace poco al grito de ¡a mí que me rescaten! Si bien es cierto que él mismo se confiesa personaje canalla y atorrante – yo añado que lo es menos de lo que quisiera – la verdad es que el clima de anonadamiento a que nos somete el ritmo de los recortes del Gobierno Rajoy bien justifica la actitud de huida hacia adelante. En apenas los famosos 100 días de inquilino del palacio de La Moncloa, con su mayoría absoluta a cuestas, el presidente popular ha puesto en marcha una basta reforma del Estado del Bienestar consistente básicamente en el sálvese quien pueda ante el feroz acoso de Mariano manostijeras. Resulta difícil de interpretar el camino emprendido dado que ni el talante del personaje, ni la propia ideología en muchas de las medidas tomadas acompaña este rosario de decretos ley que cada viernes nos sobresaltan. La única explicación posible a la ruptura del consenso constitucional que se está produciendo entorno a temas fundamentales que afectan a los derechos de los ciudadanos, tiene que ver con las directrices marcadas desde Berlín por la canciller Merkel y el propio reconocimiento reciente de Rajoy de viaje por Latinoamérica cuando afirmó simplón: “no nos queda más remedio que tomar medidas que no nos gusta porque es que no tenemos dinero”. Somo pobres y lo reconocemos abiertamente. El problema es que cuando se utiliza la segunda persona del plural en estos casos se es profundamente injusta, porque pobres pobres en España lo son menos de un 10%, como ricos ricos lo son otros tantos, el resto ese 80% de clase media ,con todos sus tonos y matices de media hacia abajo y media hacia arriba, lo que nos está pasando es que nos estamos empobreciendo.

En estos cuatro meses de regencia del PP, han subido los impuestos: IRPF, tasas – las universitarias hasta un 50% más -, los especiales; han implantado el copago sanitario, incluso para los jubilados; han recortados los presupuestos en ciencia y tecnología en más del 40%; prácticamente han difuminado la inversión pública en nuevas infraestructuras; han impuesto el déficit cero a todas las administraciones y han reducido de 45 a 33, pero de hecho a 20 días la indemnización por despido laboral. Un programa de medidas que ha admirado a la inspiradora germánica de tales políticas y al FMI, pero que no sirve para calmar a los mercados que siguen tensando la cuerda de la prima de riesgo en niveles superiores a los 420 puntos básicos y que acumula más parados en la cola de las oficinas de desempleo y sigue reduciendo la actividad con tasas de crecimiento negativas síntoma de una nueva recesión. Inmersos en el bucle del círculo vicioso, recortamos porque no tenemos dinero para afrontar compromisos públicos y deuda, lo que frena el consumo y con ello los ingresos del Estado decrecen a la vez que se incrementan las necesidades de gasto social. El laberinto es tan sinuoso que a medida que lo transitamos nos damos cuenta de que no haya salida alguna a la crisis. Todo viene trazado de Bruselas, convertidas las instituciones europeas en una pantomima formal de las decisiones que Berlín toma con la sumisa complicidad de Francia. Enfrente ninguna forma de vida inteligente se manifiesta, la socialdemocracia asiste atónita a la deconstrucción sistemática de gran parte de su obra de las últimas cinco décadas, sin ser capaz de elaborar un discurso alternativo al que puedan aferrarse los ciudadanos. ¡Esto es lo que hay y no hay más!

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Las famosas líneas rojas – nunca mejor dicho – que la izquierda trazó para romper los consensos y salir a la calle a protestar, se han saltado con total impunidad. La educación y la sanidad se están reformando en aspectos trascendentales sin contar con la otra parte contratante del arco parlamentario. Se toman con nocturnidad y alevosía medidas que afectan a cuestiones vitales del día a día del bolsillo y el bienestar de la gente sin hablarse con profesionales del sector y el resto de fuerzas políticas. Se comunican con notas de prensa sotto voce, entrevistas en medios internacionales o filtraciones confusas. Todo ello en virtud a una legítima mayoría parlamentaria que le concedió al Partido Popular las elecciones generales del pasado mes de noviembre, pero que desde el punto de vista del sentido común del buen gobernante, no debería haber sido interpretado como una especia de trágala para cualquier tipo de reforma. Con las cosas de comer no se juega y si se hace debe ser entre todos, no como si el juguete solo le perteneciera a uno de los jugadores y los demás tengan que observar como se divierte el ganador. Este tipo de actuaciones egocéntricas se suelen demostrar cortoplacistas y, sobre todo, no cuentan con el acompañamiento casi unánime que precisan para obtener los resultados deseados. Además, si miramos con detenimiento a la letra pequeña de las medidas, no van a tener el efecto pretendido en el plazo inmediato para las que se toman. Tanto en educación como en sanidad la implantación de las mismas por sus requerimientos técnicos – caso del copago y su referencia al nivel de renta – o por los calendarios lectivos en la universidad, no podrán tener el efecto anunciado en el déficit corriente de 2012. Difícilmente alguien puede creerse que España cumplirá la tasa impuestas del 5,3%, más bien superará el 6%, una cifra que deberá ser reducida a la mitad el año que viene, es decir, en unos 18 meses, lo que resulta aún más absurdo de imaginar salvo total desmantelamiento de la protección social en el Estado español.

Es razonable en esta circunstancia en la que el Gobierno central ha implantado la práctica del búsquese la vida a las Comunidades Autónomas, que territorios de fuerte base identitaria y concepción nacional de su destino se pregunten qué ventajas les ofrece pertenecer a un Estado que reformula materias de derechos básicos de sus ciudadanos sin el más mínimo diálogo y cercenando de hecho su capacidad de autogobierno. Las decisiones tomadas por Madrid y que, en gran medida deben ser trasladadas dadas sus competencias por los gobiernos autonómicos, han roto el consenso constitucional bajo el falso argumento de la emergencia dictada desde Berlín. Y de fondo rezuma por doquier un afán recentralizador del Estado que ha buscado en el modelo de Estado autonómico una suerte de pandemia colectiva de despilfarro y derroche del gasto público, cuando lo que es censurable es la mala praxis de la acción política allí donde se han cometido excesos. El control y la exigencia de la autorresponsabilidad nada tienen que ver con la pérdida de competencia que de facto producen muchas de las medidas adoptadas por el ejecutivo de Rajoy ya que dejan vacías de contenido a consejerías incapaces de llevar a cabo sus políticas al no contar con los recursos necesarios. Sin una reforma fiscal en profundidad que revise todos las tipologías impositivas desde un nuevo enfoque de redistribución de la riqueza en el conjunto del Estado, lo único que lograremos al elevar la presión contributiva a las familias mediante parches e impulsos de la necesidad inmediata, es extenuar el núcleo de defensa que las personas estamos teniendo en esta ya larga y dura crisis. Y eso, guste o no, pasa también por una redefinición del modelo de Estado y de su simetría en autogobierno dialogando con aquellos que desean más grado de independencia en sus decisiones e integrando a quienes forman parte más de un dibujo virtual que de una realidad política o socioeconómica.

Ante tanto alboroto diario de medidas y sobresaltos cotidianos en nuestra maltrecha economía doméstica, resulta muy complicado pararse un minuto a reflexionar qué puede estar pasando para que haga lo que haga el gobierno todo sea insuficiente a los ojos de los mercados. Algún motivo tendrá que haber para que la credibilidad y la confianza sea imposible de consolidar por mucho que llevemos a cabo las políticas que nos marca Merkel y su subordinada en el FMI,Lagarde. Así que puesto a lanzar hipótesis se me ocurre que tal vez estemos ante el síndrome del comprador que piensa que el precio de lo que desea comprar seguirá aún bajando. Si lo que nos está sucediendo es algo tan simple como que asistimos a la devaluación formal de los activos de un Estado, incluidas sus entidades financieras y sus grandes empresas, me temo que nuestros compradores siguen esperando a que el valor de los mismos siga cayendo hasta el límite de su quiebra. España no puede devaluar su moneda porque no la tiene, no montar su corralito, lo único que puede es malvenderse a una junta de acreedores liderada por Angela Merkel. Y si esto fuera así, qué motivo tiene ella para comprar ya si no se han cumplido su plan del todo y la caída de los intereses españoles aún no es la deseada.

Si me conceden el beneficio de la duda respecto al planteamiento de la venta de España a pedazos, tendremos que convenir que lo que necesitamos con urgencia es un buen vendedor, capaz de poner en valor lo mejor de cada casa y de tapar las vergüenzas de nuestras deficiencias. Mi tío abuelo Manuel a su vuelta de su periplo cubano que le sirvió para dilapidar toda la fortuna familiar, volvió a su pueblo en Lugo con una maleta repleta de piedras para que los mozos que le ayudaron con su equipaje chismorrearan a sus vecinos la suerte que había tenido en sus negocios de ultramar. Tres meses después paso de la ruina a montar una fábrica de galletas y un colegio en el pueblo. Mejor nos ponemos nuestras mejores galas para la subasta y gritamos sin complejos al tono canallesco de mi amigo Charlie, ¡a mí que me rescaten!

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España en caída libre… de estado de ánimo

Un día nos levantamos todos y se nos anunció que la cosa iba mal, que entrábamos en crisis. Las razones venían de lejos, del intrincado mundo de las finanzas made in USA convertido en un laboratorio de genética capaz de parir productos timo a gran escala y alta velocidad. Eso nos contaron al menos. Pronto supimos que la estafa nos pillaría a todos en una suerte de efecto dominó imparable fruto del contagio que habitualmente en la especie humana produce la avaricia acumulativa de riqueza innecesaria. El previsible pánico colectivo que la situación podía provocar movió a los gobiernos a ocultarnos la verdad. Al fin y al cabo una mentira piadosa y la esperanza en un mañana mejor convertiría la crisis en una gripe infantil – como se atrevió a denominarla tajante uno de los grandes banqueros patrios -. Acudimos todos , porque se hizo con fondos públicos – al rescate con la deuda de nuestros Estados y hasta las joyas de la abuela empeñamos para que nada les pasara a los causantes de los males. Así nos endeudamos hasta las cejas a la misma velocidad que los rescatados empezaron a culparnos del exceso de endeudamiento. Sin crédito, nuestras empresas empezaron a cerrar y el número de parados se disparó sin sentido de la medida. De ahí al rosario de recortes públicos que vivimos prácticamente solo ha habido solución de continuidad.

Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hete aquí el corolario final a esta historia rocambolesca que llevamos viviendo en España desde hace más de tres años. Y no cabe duda que si queremos adquirir algún aprendizaje de tan estrepitoso fracaso que puede tirar por tierra todo el trabajo de 30 años de democracia sin consolidar y deconstruir nuestro endeble Estado del Bienestar, el mejor sería culpar a nuestra estupidez individual hecha colectivo, en vez de construir malos imaginarios instalados en los mercados internacionales. El que especula lo hace porque puede, es decir, porque se dan razones objetivas para que lo haga y además el ambiente le es propicio porque se le permite. Son quienes han creado el caldo de cultivo para que campen a sus anchas los verdaderos responsables de la situación. Y hasta aquí la ya manida explicación del cómo hemos podido llegar hasta aquí, de cómo hemos podido caer tan bajo.

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Porque si no queremos engañarnos más, de eso se trata, de saber hasta dónde de bajo tenemos que caer. Si supiéramos el piso sótano que nos va a albergar empezaríamos a acostumbrarnos a vivir como las ratas, sin luz y depredando entre la basura. El problema es que no sabemos aún si somos roedores, rumiantes como antaño o tenemos que darnos al vampirismo. ¿En qué especie animal nos vamos a convertir en esta inacabable evolución? Sería todo un detalle que quienes toman las decisiones – si es que hay alguien ahí, al timón de la nave – pusiera tope a la caída, la que fuera, por duro que llegara a ser reconocer la pérdida de posición. Al menos podríamos empezar a vivir en nuestras posibilidades y buscar como siempre escalar posiciones. De esta forma nuestros gobernantes podrían llamarnos al esfuerzo colectivo para remontar, ilusionarnos y ponernos metas como siempre que una sociedad ha caído se ha reconstruido. El problema es que si tardamos cerca de dos años en que se reconociera la crisis, ahora llevamos otros dos en depresión profunda sin tocar suelo.

Esa horrible sensación del ascensor que desciende a demasiada velocidad en un rascacielos, que pega el estómago a la pared del diafragma y te hace sentir como si por la boca te fuese a salir hasta la primera digestión de tu vida, es la que ahora hace inviable salir de la crisis. Porque mientras estás en caída libre, no te mueves, estás demasiado asustado como para pensar y lo único que deseas es que la caja mortuoria en que aparenta haberse convertido el elevador, pare de una maldita vez. Ese estado de ánimo que atenaza nuestros sentidos está provocando el encefalograma plano de nuestra economía. Y nuestros gobernantes una vez más prefieren optar por no decir la verdad e ir parando en cada planta por etapas, buscando una muerte dulce en la que nadie repare para que nadie se atreva a cuestionarles.

La situación requiere ya de un presupuesto base cero. Debemos establecer las necesidades en una columna y las posibilidades en otras. El ajuste debe producirse a fuerza de consenso, pues, solo tendrá éxito si partimos del diálogo y el contrato social como base. Debiéramos haber aprendido que la desigualdad y la brecha social no produce desarrollo y que solo las clases medias con coberturas sociales que ofrecen garantías posibilita un consumo tan estable como responsable. Se nos anuncian nuevos recortes cada día, en función de la presión que la prima de riesgo ejerce sobre el mercado de deuda. Todo lo que ayer era intocable ha dejado de serlo en horas y las demandas de mayores ajustes no tienen medida, llegando incluso a proponer la presidenta de la Comunidad Madrid, Esperanza Aguirre, que las Comunidades Autónomas devuelvan las competencias de Sanidad, Educación y Justicia. El modelo de Estado se cuestiona por minutos, según acucian los puntos básicos de referencia con el bono alemán. Un disparate solo explicable por el hundimiento de la moral de la tropa, que atónita observa inmóvil los anuncios del gobierno mediante notas de prensa con la misma alevosía en la forma que nocturnidad en los tiempos de emisión.

Mientras yo me pregunto si es posible que el dinero que otrora cabalgaba brioso por las esquinas de ciudades, villas y pueblos desolados en forma de suelo urbanizable, hoy se haya tornado efecto rampante que solo alimenta la todopoderosa deuda de la economía privada – banca y grandes empresas constructoras -. Y ¿qué ha sido de ese ahorro privado que acudía presto y veloz a cualquier inversión por poco sólida que esta aparentara, incluida la grotesca estafa en forma de coleccionistas de sellos? La liquidez se ha esfumado y nadie sabe como ha sido. Supongo que algo tendrá que ver el nada honorable hecho de la propuesta de amnistía fiscal que se ha sacado de la manga el gobierno de Mariano Rajoy como acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado más severos. El nuevo lema del posibilismo gubernamental: riguroso con el cumplidor, generoso con el defraudador. Al menos en su comunicación el presidente ha optado por matarnos a pellizcos, un sustito cada día para anestesiarnos en la suerte de su sino. En palabras de su ministro de Economía, Luis de Guindos, debemos “evadirnos a corto plazo de los mercados”. En la evasión está la victoria.

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Amnistía fiscal o la quiebra de la legitimidad del Estado

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ha aportado una sorpresa mayúscula con la que casi nadie contaba, dado que el propio presidente en sus días de líder de la oposición la había calificado de “impresentable, injusta y antisocial”: la amnistía fiscal. Una medida que hipotéticamente pretende que afloren 25.000 millones de euros de rentas sumergidas para lograr una recaudación adicional de 2.500 millones de euros. La excepcionalidad de un perdón de esta naturaleza de entrada suena a emergencia recaudatoria, a sacar dinero de debajo de las piedras sea cual sea el coste de la prospección para aflorar dinero negro. Todo vale con tal de cuadrar las cuentas a las que Bruselas obliga, acuciado como está el Ejecutivo español por presentarlas y aprobarlas – resulta clamoroso que un gobierno que tomó posesión en diciembre, no haya presentado los presupuestos hasta tres meses después, exactamente una semana después de las elecciones andaluzas -. Las prisas, siempre malas consejeras, urgen a una severa reducción del déficit público, que debe pasar del 8,2% registrado el 2011, al 5,3% en el corriente 2012 y lo que se hace aún más difícil de imaginar, en 2013 deberá situarse en el 3%. Se me antoja que para entonces no quedará nada que recortar en una paisaje desolado por la crisis y la austeridad sobrevenida.

En la historia de la democracia española, se ha aprobado dos veces la amnistía fiscal y, en los dos casos, la ha aplicado un gobierno socialista. La primera vez fue en 1984, con Miguel Boyer al frente del ministerio de Economía. Boyer endureció las leyes contra los evasores de impuestos y, al mismo tiempo, concedió ‘el perdón’ al permitir que todos los que tenían ocultas sus actividades pudieran comprar pagarés del Tesoro Público, sin ninguna penalización fiscal y pudiendo salvaguardar el anonimato. La segunda vez fue en 1991, con Carlos Solchagacomo titular de la cartera de Hacienda. En esta ocasión, la amnistía consistió en permitir que los infractores compraran deuda pública con dinero negro con un tipo de interés inferior al del mercado. El indulto no funcionó como el Gobierno de Felipe González esperaba y tuvieron que subir el IVA en los Presupuestos Generales de 1992, además de advertir de que no se volvería a conceder el perdón fiscal. Ahora, más de veinte años después de la aprobación de la primera amnistía fiscal, con una crisis económica y financiera que deja cinco millones de parados, una deuda pública que puede alcanzar el 74,3% del PIB en 2012 y unas arcas del Estado casi vacías, un gobierno vuelve a plantear la amnistía pese a que los antecedentes nunca cumplieron las expectativas en ella puestas. Con todo, no es España una excepción en Europa ya que otros países han optado por esta medida. Así, Italia es uno de los mejores ejemplos: el pasado mes de octubre, el entonces primer ministro, Silvio Berlusconi, volvía a proponer la amnistía fiscal para reducir el déficit. De este modo, se planteaba eximir los delitos fiscales a quienes compren deuda soberana. Algo que le valió críticas, incluso, desde dentro de su propio partido. Ésta no era la primera vez que ‘Il Cavaliere’ decide perdonar a los evasores con tal de que su dinero vuelva a fluir en el país. Ya en el año 2009 se aprobó la medida y logró que 95.000 millones de euros regresaran a las arcas italianas. Pero según los expertos, esta cifra no es sinónimo de éxito, sobre todo porque la multa para los evasores italianos fue de un irrisorio 5%, cuando en otros países era 10 veces mayor, y aseguran que nuestra Agencia Tributaria tiene más controles que la de Berlusconi.

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Portugal aprobó la medida a mediados de 2010. En grandes líneas, esta medida excepcional se aplicó a depósitos bancarios,  valores mobiliarios y otros instrumentos financieros tales como fondos de inversión y determinados seguros de vida-ahorro. Se estipuló el pago de un impuesto del 5% del valor de los activos y no es necesario transferirlos a entidades financieras portuguesas, siempre y cuando se trate de elementos que estuvieran depositados en estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Alemania hizo lo mismo mucho antes de que la actual crisis arreciara. En 2003, el canciller GerardSchröder, dio luz verde a una amnistía fiscal que en la que se permitía a los empresarios alemanes repatriar los fondos que tuvieran en el exterior sin penalización alguna, aunque fijaba una tasa del 25% sobre este dinero una vez que hubiera salido a la luz. En concreto, en los cuatro primeros meses del año el total del dinero repatriado gracias a esta norma ha sumado únicamente 125 millones de euros. Una cantidad muy por debajo de los 5.000 millones previstos inicialmente. Francia tuvo un conato de implantación de la amnistía fiscal en 2004. El primer ministro francés, Jean Pierre Raffarin había apostado por repatriar capitales, implantando una tasa liberatoria de retorno, entre el 10% y 20%, según el volumen de dinero legalizado. Finalmente, Raffarin dio marcha atrás. Le llovieron críticas de todos los partidos.  No se veía ni “moral” ni “eficaz” para la lucha contra la evasión de capitales y la circulación de dinero negro. Años después, en 2009, la Administración Tributaria francesa por aprobar un régimen especial de regularización. Creó una unidad especial en Hacienda. El objetivo: gestionar todos los procesos de regularización de patrimonios opacos situados en paraísos fiscales. Así, se asegura que se apliquen criterios similares en los procesos de regulación y se da seguridad jurídica, ya que sólo hay un órgano inspector. Y en Reino Unido en agosto de 2010, “Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) lanzó entre septiembre de 2009 y marzo de 2010 The new disclosure opportunity,  encaminada a regularizar exclusivamente cuentas bancarias offshore, debiendo los contribuyentes pagar los impuestos dejados de ingresar durante los últimos diez años junto con una sanción del 10% de la deuda. Si bien no se garantizó la inmunidad penal de los contribuyentes que se acogiesen al programa, el HMRC anunció que las posibilidades de comenzar acciones penales eran extremadamente bajas”.

En España habría que empezar por recordar que conviven cinco Haciendas –Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra/Nafarroa y España – y de ellas solo la española aplicará la medida, pues, las otras cuatro ya han manifestado que optan por la lucha contra el fraude como mejor argumento para incrementar los ingresos forales. Tanto en lo que respecta a los que practican la economía sumergida que, según la Fundación de las Cajas de Ahorro, se cifra en el 24% del PIB de España, como para los que sacan sus grandes capitales fuera de país para evadir impuesto. La OCDE calcula que el 13% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales, esto es, entre cinco y siete billones de dólares. El objetivo es hacer que aflore el dinero negro o que vuelva a España. La estimación del gobierno es que se conseguirá que aflore un 10% de la economía sumergida. Eso son 25.000 millones de euros. Lo cual quiere decir que el gobierno sabe perfectamente que están fuera del control impositivo 250.000 millones de euros. De los cuales —con suerte, con mucha suerte— nos dicen que esperan ingresar 2.500. Si esos 250.000 millones tributaran a lo que deben, más los recargos y las correspondientes sanciones, no tendríamos ninguna necesidad alguna de recortar en educación, sanidad, investigación o dependencia en los presupuestos de 2012. Y resulta concluyente el dato que aporta que con los métodos regulares de la lucha contra el fraude fiscal, en 2010, la Agencia Tributaria logró recuperar más de 10.000 millones de euros procedentes de actividades fuera del fisco. Una cifra que supone un 1% del PIB.

Los mismos profesionales de la Agencia Tributaria se han manifestado en contra de la medida que consideran solo servirá para “enjugar los delitos fiscales a precio de saldo”. Los inspectores, que se supone son quienes más deben saber sobre fraude, estiman que el 72% del dinero defraudado a Hacienda proviene de las grandes fortunas y las grandes empresas que, incomprensiblemente, son investigados con muchos menos recursos, ya que la Agencia Tributaria concentra el 80% de sus investigaciones en pequeñas empresas y pequeños contribuyentes. Las grandes empresas tienen más mecanismos de elusión, como las conocidas SICAV, y por supuesto, más facilidades de evasión, ya sea a través de paraísos fiscales o mediante operaciones entre entramados societarios. Pareciera que Rajoy pretende dar la razón a los medios de comunicación y opciones de ultraderecha europea que vienen repitiendo hasta la saciedad que las economías periféricas son nidos de defraudadores y vagos. Oficializando el perdón de delincuentes fiscales se acredita internacionalmente la existencia de un problema estructural, que cuanto menos debería ser inconfesable: España país de economía sumergida y de fuga de capitales. No parece el mejor reclamos para que nuestros socios se corresponsabilicen con los problemas de paro, falta de crecimiento e insuficiencia financiera a la que nos está sometiendo la crisis.

Pero son las consideraciones para la convivencia en el Estado las que resultan más graves de la medida anunciada. En primer lugar, por el agravio comparativo que supone para los millones de contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones. Se premia al defraudador, que podrá esperar a que una de estas amnistías cíclicas pongan en regla su dinero negro. El mensaje es claro: en el Estado español es más rentable delinquir que cumplir o dicho de otra forma, el impuesto grava la honradez. El Estado pierde la legitimidad para exigir el esfuerzo colectivo, el que hace posible un sistema social de protección mútua y, en suma, la arquitectura del Estado del Bienestar se resquebraja en sus cimientos. Rompe también el equilibrio territorial, pues, los niveles de economía sumergida y de fraude fiscal son muy dispares en unas y otras Comunidades Autónomas, con lo que abierta la veda de la aministía, aquellas Comunidades más honestas en sus cuentas y en perseguir el fraude, salen claramente perjudicadas frente a aquellas donde la corrupción y los defraudadores protagonizan la vida pública y la economía productiva. La crisis ha aflorado nuestras miserias peninsulares, pero no imaginábamos que llegaría a recurrir al perdón de los que roban al conjunto de los ciudadanos para salir adelante. Si quienes actúan de manera egoísta, buscando la riqueza monetaria a cualquier precio, incluido el recurso a la delincuencia fiscal, son hoy nuestros salvadores, prefiero declararme éticamente insumiso de este Estado de cosas.

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Razones para una huelga general… contra el sistema

Los sindicatos mayoritarios en el conjunto del Estado UGT y CC.OO. – esta vez sí en coincidencia con las centrales sindicales vascas ELA y LAB– nos convocan a una huelga general el próximo 29 de marzo. Será la sexta jornada completa de protesta contra acciones de gobiernos democráticos, ocho si contamos dos que se quedadon a medias, es decir, un paro de media jornada y otra de una hora. No ha habido un presidente que se haya librado de esta especie de ritual litúrgico con tintes decimonónico-revolucionarios que caracteriza la simbología de una relación de gobernante y representantes sindicales. Lo único novedoso en Rajoy es lo prematuro del enfrentamiento, no ha salvado ni los cien días de gracia de un nuevo dirigente -y que el mismo se encargó de predecirla en su primer consejo europeo de enero ante la atónita mirada de su colega finlandés que no entiende una palabra del castellano en que le hablaba el pitoniso líder español. El motivo de tanta premura en la protesta radica en la reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido Popular, un texto legislativo que abarca la práctica totalidad de los aspectos de las relaciones laborales – contratación, despidos, organización del recurso humano y convenios colectivos -. Mientras que en otros temas que aparentemente requerían urgencia en su tratamiento, sobre todo, la presentación de los presupuestos generales del Estado Rajoy se lo tomado con calma, la reforma laboral parece que estaba preparada de antemano y parte de la hoja de ruta de la derecha española. Forma parte de su ADN cambiar el equilibrio en la relación empresario trabajador. El contratador se convierte en el libre decisor de cuantas cuestiones afectan a la vida laboral del contratado. Se pretende una auténtica transformación del estatus quo entre propietarios y fuerza de trabajo. El modelo social de conquista de derechos de la clase trabajadora que desde la revolución industrial nos llevó a la construcción y disfrute del Estado del Bienestar ha tocado a su fin: Requiescant in pace.

Parece evidente que ante un vuelco tan sustancial en la relación laboral unos sindicatos agotados en su identidad y carentes de representatividad y credibilidad ante la sociedad se hayan visto obligados a sacar fuerzas de flaqueza y casi sin querer promover la movilización contra el gobierno qie supone la huelga. Y lo hacen en un Estado en ruina económica, carente de un modelo territorial a futuro y socialmente desestructurado en una suerte de individialismo feroz del sálvese quien pueda. Ni la clase política ni los sindicatos son capaces de lanzar un mensaje dotado de suficiente honestidad como para ser creíble. Viven a los ojos de los ciudadanos inmersos en un sistema corrupto por muchos de sus protagonistas y por sus vicios de funcionamiento. Así las cosas, los protagonistas de esta huelga solo buscan justificar su papel ante la audiencia y pasar de acto. Algo que el sufrido público ya sabe y contempla aburrido en su sofá que concluya pronto la farsa general o huelga con perdón. Pero las razones para una huelga son evidentes si uno atiende al contenido de la nueva ley: Reducción del despido improcedente a 33 días y 24 mensualidades; despido por causas económicas sin necesidad de pérdidas: a 20 días por año; adiós a la ultraactividad en los convenios y a los permisos para ERE; despido procedente por causas organizativas o absentismo.

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Los principales argumentos que emplea el gobierno para llevar a cabo una reforma de naturaleza tan radical se basan en la supuesta rigidez del mercado laboral en España y los abusos que del sistema de protección realizan una parte de los trabajadores. El primero tiene tan poco fundamento que su corolario lo dice todo: no se puede contratar más si no de abarata el despido. Es decir que la causa fundamental para crear un nuevo puesto de trabajo no es otra que el precio del despido sin causa, porque debemos recordar que la cuantía a pagar por el empresario cuando despide depende de causas objetivas y si no las hay es cuando resulta caro. Despojar a un trabajador de su modo de vida debe estar suficientemente motivado y no puede quedar exclusivamente al libre albedrío del empresario, de hay que se le añada un coste a tal decisión. En la reforma lo que el Ejecutivo ha hecho es sencillamente ampliar las causas de despido objetivo a un amplio repertorio de situaciones que solo controla el empresario, incluidas las bajas laborales. El segundo supuesto tiene su fundamento en la mala praxis que los trabajadores hacen de sus derechos, es decir, absentismo, bajas, escasa productividad en el puesto de trabajo… Estamos ante el típico caso de coger la parte por el todo. Si existen y es evidente que sí abusos, utilícense medidas de control y fiscalización, desde la inspección de Trabajo o reformese la legislación para evitar que las prácticas de unos pocos afecten a los demás. Lo que el gobierno ha hecho es hacerse eco de las quejas – muchas de ellas absolutamente fundadas – de los empresarios para colar una reforma de desmantelamiento social.

El gobierno mismo antes de la aprobación de la reforma no solo aceptó que la nueva legislación no creará empleo a corto plazo, sino que además anunció que su impacto unido a la recesión económica provocará 600.000 desempleos más. Como introducción y enunciado de una reforma que pretende atacar el principal problema socioeconómico que tenemos no está nada mal. Y como aperitivo para un Rajoy neófito en las artes de dirigir un equipo gubernamental tampoco es poco reto enfrentarse de súbito con una huelga general a escasos cuatro días de dos citas electorales autonómicas, Andalucía y Asturias, que medirán el grado de desgaste ante la ciudadanía de sus políticas. Está claro que para los políticos la vida ya no da treguas ni cheques en blanco, todo va demasiado deprisa y demasiado mal como para esperar con buena voluntad. Por ello resulta aún más sorprendente que el PP haya pisado tan pronto y tan premeditadamente un callo que tanto duele en la calle.

La verdad es que si no fuera por lo trágico de la situación podría jugarse con la ironía de la situación de vivir una huelga a la inversa en un Estado con cinco millones parados como registra el español. Imagínense solo por un instante que en una suerte de huelga a la japonesa de nuestros parados el día 29 decidieran todos ellos al unísono acudir a un centro de trabajo para ejercer su derecho a idem. Solo por una jornada se reivindicarían haciendo lo que ahora es más importante en su vida: trabajar. El caos sería superior al que causarán los piquetes “informativos” de rigor ese día y su efecto ante la opinión pública y, por ello, ante el gobierno mayor que el qie los sindicatos venderán a los medios de comunicación sea cual sea el nivel de actividad durante la huelga. Porque si analizamos los logros sindicales que tanta movilización oficialistas de liberados a supuesto no tenemos más remedio que reconocer que su esfuerzo ha sido directamemte proporcional a los derechos que hemos ido perdiendo los trabajadores: salarios mileuristas, contratos temporales, despidos más baratos. Será que nuestros sindicatos han estado volcados en la correcta recaudación de los fondos para la formación. Creo sinceramente que razones para una huelga general como las meigas – muy apropiadas dado qie el presidente Rajoy es gallego – haberlas hailas. Una huelga contra el funcionamiento general del sistema, contra la corrupción política, sindical y empresarial. Una huelga contra los banqueros, las agencias de rating y los especuladores de los mercados financieros. Y una huelga la última hora del paro de postre dedicada a una reforma laboral injusta que desmantela buena parte de los derechos conquistados por los trabajadores durante muchos años de sacrificio y duras batallas cuando la negociación se hacia en las barricadas y no en despachos de moqueta sindical.

El problema es que parar el sistema y clamar aunque solo sea un día por su correcto y honesto funcionamiento supone exigir responsabilidades penales a cuantos culpables hay de la grave situación que padecemos y no habría seguramente celdas suficientes si echamos un poco la vista atrás en nuestro pasado reciente y presente más actual. Y, sobre todo, no tenemos convocantes suficientes con la diginidad necesaria para ponerse a la cabeza de la manifestación y llamar a la regeneración del sistema. Así es que lo mejor será esperar pacientemente a que pase la huelga porque el 30 de marzo solo habrá una cosa segura los eres y despidos serán con 20 días por año trabajado.

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Déficit público, las verdades del fraude y la falacia de culpar a las Comunidades Autónomas

El Eurogrupo, el particular club de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, no tomará decisión alguna sobre los límites impuestos al déficit público español hasta mayo. La flexibilidad para con la economía española queda en stand by, pendiente de que el Gobierno presente los presupuestos y se revise el programa de estabilidad. Asimismo, el borrador del Eurogrupo precisa que la consolidación fiscal «debe ser diferenciada» según «las condiciones de los Estados miembros». En apariencia deja abierta la posibilidad de tener en cuenta las muy especiales circunstancias de desempleo y recesión que vive la economía española. Pero según se producía tal declaración comprensiva, en el Consejo Europeo se les recordaba a los países sujetos a un programa de asistencia o sometidos al escrutinio de los mercados que se ciñan a los objetivos acordados. Una de cal y otra de arena, una pasito hacia adelante y un pasito hacia atrás. Y en paralelo, la canciller Angela Merkel redundaba en su monótono discurso de severos ajustes se oponía claramente a suavizar la política de recortes para hacer del crecimiento una prioridad.

Estamos ante un tema crucial para España pero, por supuesto, para el equilibrio futuro de la zona euro. Europa no puede permitirse el lujo de que una de las economías principales por PIB y por habitantes de la Unión se vea sometida a un absoluto colapso. Ese debería ser el primer argumento para la reflexión de los jefes de gobierno cuando tengan que decidir sobre las cuentas del Estado español. Repasemos, no obstante, los datos para tratar de comprender las posibilidades reales que España tiene de reducción de déficit en el 2012. El gobierno afloró la cifra del 8,51%, es decir, 91.344 millones de euros y culpó del desfase respecto al objetivo inicial del 6% a las Comunidades Autónomas. Una falacia inadmisible, pues, son ellas los centros de gestión de gasto más importante en el Estado. En una palabra, solo con la gestión de la Educación y la Sanidad deben financiar el 15% del total del gasto del Estado, con lo que es evidente que si producen desfases presupuestarios, siempre serán las culpables de los mismos, ya que el Estado central ha transferido tal responsabilidad. Pensar que el Estado gestionaría mejor estas altas responsabilidades de servicios y derechos sociales básicos, es cuanto menos insconstitucional, además de un absurdo apriorismo. La descentralización y la autonomía ha demostrado en más de 30 años de gestión una mayor eficacia que el modelo burocratizado de la verticalidad alejada de los ciudadanos.

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La explicación para tamaña mentira que pretende responsabilizar a las Comunidades Autónomas de todos los males del Estado español no puede ser otro que el intento de proceder a un proceso recentralizador encubierto en una hipotética mayor eficacia en la administración. Un planteamiento ideológico de quienes nunca han creído en un modelo de autogobierno y mucho menos de la realidad plurinacional que representan Catalunya, Euskadi o Galicia. Pero la realidad tozuda, además de estar representada por millones de electores que en una y otra cita electoral dejan claro su opinión votando opciones nacionalistas, nos dice que la descentralización ha producido grandes beneficios de modernización. Distinto es el imprescindible debate sobre la responsabilidad fiscal y de la exigencia del correcto gobierno de las cuentas públicas en cualquier ámbito sea municipal, autonómica o estatal. Si unas Comunidades Autónomas han contribuido en el saldo neto de relación con el resto del Estado y otras han salido beneficiadas, habría sido lógico exigir cuentas del uso de dicha solidaridad interterritorial. No deberíamos seguir admitiendo que algunas Comunidades se declaren pobres por naturaleza sin más y que, por tanto, ni cuantiosas ayudas europeas, ni ayudas estatales para su desarrollo hayan servido para que sigan perdiendo habitantes. Algo habrán hecho mal sus gobernantes y alguna responsabilidad debe exigirles el Estado.

En todo caso, si Bruselas es intransigente con las cuentas públicas españolas, el gobierno de Mariano Rajoy se verá obligado a reducir 44.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado del 2012. Un cifra tremenda en un plazo mínimo, que difícilmente puede cuadrar. Si tenemos en cuenta que los recortes efectuados por el gobierno de Rodríguez Zapatero, congelando pensiones y reduciendo sueldos de funcionarios alcanzó los 10.000 millones de euros. El nuevo Ejecutivo le pegó un tijeretazo de entrada de 8.900 millones de euros, fundamentalmente mediante la subida de impuestos, cuatro puntos de media en el IRPF. Ambos recortazos no alcanzan el 50% de lo que ahora debería acometerse, cuando además el escenario macroeconómico apunta a una clara recesión en todo el año con lo que el presupuesto de ingresos se verá afectado a la baja. La ecuación pues solo puede cuadrar subiendo más impuestos y reduciendo más los gastos. En el primer capítulo el IVA parece llamado a cobrar de nuevo protagonismo ya que el 18% sigue siendo un porcentaje por debajo de la media europea. Dos punto más, es decir, situarlo en el 20% con los actuales niveles de consumo podrían suponer un aumento de los ingresos de unos 7.000 millones de euros. Y en otro orden de figuras tributarias, quedaría la posibilidad de incrementar impuestos especiales – tabaco y carburantes – a lo sumo por valor de 3.000 millones de euros y el amplio repertorio de tasas por uso de infraestruras y municipales, lo que podría sumar otros 4.000 millones de euros.

El total de lo que vía contributiva podría recaudarse alcanzaría como máximo unos 20.000 millones de euros. El resto deberá proceder del recorte de las partidas de gasto, dado que la venta de activos del Estado , las últimas joyas de la corona – Aena, Puertos o Loterías – en las actuales circunstancias del mercado serían una ruina. Y puesto a meter la tijera en el gasto por enésima vez, me temo que solo quedan por acometer dos partidas fundamentales, tanto como los derechos que amparan: la educación y la sanidad. En el primer caso, por la composición del propio gasto muy relacionado con el personal docente, resulta difícil de recortar salvo en contratados y como mucho supondría ahorrarse unos 4.000 millones de euros. Por contra, en sanidad todo depende del nivel de los servicios a los que se quiera dar cobertura o lo que es lo mismo, que prestaciones se cubre gratuitamente y que despliegue de recursos requiere. Con eso ya ha amagado el gobierno, primero el propio presidente Rajoy en su discurso de investidura cuando anunció una ley de servicios básicos y muy recientemente su ministra de Sanidad, Ana Mato, en la reunión con todos los consejeros autonómicos cuando estableció la creación de una comisión al efecto. En este tema nos jugamos nada menos que la calidad asistencial y, en el fondo, la calidad de nuestra salud. Recortar entre 15.000 y 20.000 millones en sanidad si no se hace con criterios técnicos y de excelencia en la gestión puede suponer un irreversible empobrecimiento del sistema de salud que tenemos y que, hoy por hoy, se encuentra entre los mejores de Europa y, por tanto, mundial.

Claro que si el gobierno quiere coger el toro por los cuernos de verdad siempre le quedaría la opción de aplicar la tasa por transacciones de capital, gravar vehículos financieros especulativos como las Sicav y, sobre todo, de poner en marcha un auténtico plan de lucha contra el fraude fiscal. El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español, según el análisis realizado sobre el fraude por la consultora i2 Integrity. Los propios inspectores de hacienda llevan años clamando por la pérdida de ingresos del Estado que se pierden en actividades fiscalmente opacas y economía sumergida como si nuestro Estado fuera un queso gruyere. ¿Podemos soportar tales cifras sin hacer nada y por contra asumir sin rubor el desmontaje de nuestra cobertura sanitaria? ¿Podemos exigir a nuestros socios europeos que nos flexibilicen sus criterios de ajuste presupuestario si permitimos tales niveles de corrupción social? El principal problema de nuestras cuentas, públicas y privadas, porque la banca adolece del mismo mal, no es otro que la falta de credibilidad. No se creen nuestros presupuestos, ni nuestros balances. O somos capaces de demostrarles que no mentimos o desterramos la mentira de nuestro vocabulario comunitario o Europa será inflexible con España como lo ha sido con Grecia o lo puede ser con Italia. Esta vez la verdad tiene claramente premio.

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