España – Página 3 – Con acento hispano

Acuerdos comerciales con Centroamérica, Colombia y Perú: nuevas oportunidades de negocio para las empresas europeas

En los últimos meses han entrado en vigor los nuevos acuerdos comerciales de la Unión Europea con Perú – 1 de julio -, Colombia – 1 de agosto – yCentroamérica – 6 de agosto – que vienen a unirse a los ya suscritos hace años con Chile y México. El mapa de la relación estratégica entre las dos regiones cada vez queda más claramente establecido en aquello países latinoamericanos que han apostado con claridad por el libre comercio como base de su desarrollo económico. Mientras los países miembros de Mercosur siguen inmersos en rondas negociadoras con Bruselas con mínimos avances, la llamada Alianza del Pacífico avanza hacia la consolidación de un espacio de intercambio de productos, servicios e inversiones con la UE, que ofrece hacia ambos lados del Atlántico nuevas y enormes oportunidades. El hecho de que Brasil, atrapada en el limbo de Mercosur y ante el anuncio de inicio de negociaciones de la UE conEE.UU. se haya apresurado a anunciar su intención de abrir un proceso de diálogo con Bruselas para la firma de un tratado comercial bilateral, no hace más que refrendar el camino emprendido por otros Estados de América Latina y Caribe en la relación con Europa. Llegados a esta situación de relación bilateralizada, cabe preguntarse cuáles son las realidades de ambas zonas y cuáles las oportunidades que se abren para las empresas europeas en los nuevos países con los que hemos suscrito acuerdos.

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A tal efecto, tiene valor referencial el estudio llevado a cabo por la CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas – “La Unión Europea y América Latina y el Caribe: Inversiones para el crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental”, que sirvió de documento de análisis para la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea que se celebrará en Santiago de Chile el 26 y 27 de enero de 2013. Sus principales conclusiones en materia comercial son las siguientes:

La Unión Europea ha perdido peso relativo en el comercio exterior latinoamericano en las últimas tres décadas, sobre todo como mercado de destino para las exportaciones.
A mediados de la presente década, la Unión Europea podría verse desplazada por China como segundo socio comercial de América Latina y el Caribe.
Cerca de dos tercios del comercio internacional de la Unión Europea se realizan con los propios miembros del bloque; América Latina y el Caribe representó solo entre el 2% y el 3% del comercio de la Unión Europea durante la década pasada.
Las exportaciones de la región a la Unión Europea son más intensivas en recursos naturales (procesados) que las exportaciones a los Estados Unidos o a la propia región.
Las exportaciones de México a la Unión Europea son más intensivas en tecnología 7.que las del resto de la región.
Salvo en el caso de México, las exportaciones latinoamericanas a la Unión Europea están muy concentradas en los productos básicos, como banano, café, carbón, carne bovina, cobre, gas, hierro y acero, petróleo y soja.
La región participa poco en las cadenas de valor europeas, como lo ilustran sus bajos niveles de comercio intraindustrial.
Tras la crisis, el comercio de la región con la Unión Europea se recuperó más lentamente que el comercio con otras regiones.
El comercio de servicios entre la Unión Europea y América Latina creció más rápidamente que el comercio entre la Unión Europea y el mundo, lo que constituye una oportunidad para ambas regiones.
La región mantiene una balanza comercial positiva con la Unión Europea; América del Sur registra el principal superávit.
Tras la entrada en vigor de sus acuerdos de asociación en 2000 y 2003, México y Chile consiguieron aumentar el número de productos exportados a la Unión Europea.
Entre los principales nuevos productos exportados por Chile destacan el vino, las manzanas frescas y el salmón.
Entre los principales productos exportados por México se destacan los vehículos y las manufacturas electrónicas.
Comparada con la Unión Europea, América Latina y el Caribe se muestra rezagada a la hora de facilitar el comercio.

Y en materia de inversiones:

El perfil inversionista de cada país de la Unión Europea es diferente. Las empresas transnacionales de países como España, Alemania, Francia,Italia y el Reino Unido tienen una larga tradición en la región.
En la última década, la mayor parte de la Inversión Extranjera Directa de la Unión Europea se dirige a países europeos y América Latina y el Caribe pierde relevancia como destino entre las regiones en desarrollo.
A pesar de esto, desde la perspectiva latinoamericana la Unión Europea es la principal fuente de IED.
Existen importantes diferencias entre países receptores: la Unión Europea consolida su presencia en América del Sur.
Brasil es el mayor polo de atracción en la región.
España es el principal inversionista europeo en la región.
Las empresas españolas en América Latina han pasado de ser el área problemática a la tabla de salvación durante la crisis.
Mientras las inversiones alemanas se concentran en pocos países y sectores, las inversiones francesas han aumentado fuertemente en los últimos años.
Por su parte, las inversiones italianas se diversiﬁcan y empresas transnacionales de los Países Bajos materializan importantes fusiones y adquisiciones.
Los servicios son el sector predominante.
Las empresas europeas han sido agentes protagonistas en las grandes fusiones y adquisiciones registradas en América Latina y el Caribe.
Pero también han sido las empresas más activas en la creación de nueva capacidad productiva.
América Latina y el Caribe no es un destino preferente de inversiones en actividades de investigación y desarrollo.
Sin embargo, las empresas transnacionales europeas juegan un rol importante en la innovación y en las actividades de investigación y desarrollo en la región, especialmente en el Brasil.
Las translatinas han invertido principalmente en otros países de la región, aunque también se han aventurado en Europa.
En comparación con el resto de empresas latinoamericanas, las que tienen su sede en el Brasil son las más orientadas hacia Europa.
La crisis económica en Europa: puede ser una oportunidad para las empresas translatinas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas son agentes económicos relevantes para ambas regiones.
La internacionalización de las pymes es un camino posible para romper el círculo vicioso.

Con este panorama parece evidente que son muchas las oportunidades que se abren de un lado y otro para la colaboración entre empresas, no solo respecto al mero intercambio comercial, sino en el ámbito de las inversiones y de las fusiones de empresas. El concepto de compañías eurolatinas puede establecer un nuevo área de trabajo en común y de transacción efectiva de conocimiento de un lado a otro del Atlántico. Las bases legales están razonablemente puestas para que este reto pueda abordarse, no podemos esta vez culpar a los políticos de no haber hecho los deberes. Queda por realizar el esfuerzo privado e individual, el del emprendimiento y la aventura empresarial en forma de salto hacia nuevas formas y nuevos espacios de colaboración. Tenemos mucho que aprender los unos de los otros. América Latina ha superado crisis financieras y sistémicas similares a las que hoy vivimos en Europa y los europeos tenemos aún un sistema de protección social modélico que puede definitivamente ayudar a reducir a mínimas expresiones la brecha social latinoamericana. Se trata de hacer negocio conjunto con mentalidad de trabajo conjunto, un “win to win”, en el que las dos partes suman y no, como en tiempos pretéritos, uno de se aprovecha groseramente de las potencialidades del otro. Lejanas las conquistas, las colonizaciones y las neocolonizaciones, ha llegado el tiempo del reconocimiento, desde el respeto, desde la diversidad, pero desde la riqueza de la puesta en común.

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El impeachment de Rajoy

El 1 de agosto es tradicional fecha vacacional para los españoles, de ahí que la comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno Mariano Rajoy ante los diputados resulte formalmente a contratiempo. Para cúmulo de circunstancias extrañas ni el escenario era el propio para esta cita, pues, al encontrarse el Congreso de los Diputados en obras, la sesión se celebró en el plenario del Senado, esa especie de limbo de los políticos patrios. Todo un acto del esperpento nacional a la altura de la convocatoria del pleno: Comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno, ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para informar sobre la situación económica y política de España. Claro que tras la insistencia del resto de grupos: Comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por los Grupos Parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para que ofrezca explicaciones sobre su relación en el “Caso Bárcenas”, para que aclare todos los interrogantes que pesan sobre la situación del Presidente del Ejecutivo y para que informe de manera transparente a la ciudadanía ante la gravedad de las informaciones conocidas. Y por parte de los grupos nacionalistas: Comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), a fin de dar cuenta sobre su posición y actuaciones en relación al denominado caso Bárcenas.

Bárcenas en fin, ha obligado al presidente del Gobierno a dar explicaciones de su relación con el ex gerente y ex tesorero del Partido Popular durante más de 20 años. Un culebrón, parte desglosada del caso Gürtel, que acompaña a Rajoy desde su nombramiento como presidente del PP y que propiamente en el caso Bárcenas lleva la friolera de 4 años de instrucción judicial. Todo un espectáculo bochornoso, mediático primero y después en perfecta sintonía de retroalimentación con los autos judiciales, que persigue la gestión de Mariano Rajoy como impagable herencia de sus antecesores en el cargo de la calle Génova. Esos usos y costumbres que parecen haber dado forma a la financiación del PP desde su fundación, flotan y reflotan en forma de portadas de prensa a medida que los desesperantes tiempos judiciales pueden complicar la vida de los protagonistas políticos de este entuerto. Y empeñado como está Rajoy en convencernos de que la recuperación ya se roza con la punta de los dedos, decide su tesorero Luis aplicar la famosa técnica del chantaje para tratar de que también a él se le apliquen los beneficios de un futuro prometedor lejos de los barrotes de la cárcel que a fecha de hoy habita.

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La palabra bochorno viene del latín vulturnus, el viento del Este caliente y molesto que se levanta en el estío. Tal vez ese clima sofocante provocó el otro sentido de la acepción referido al sentimiento que puede producir una situación de desazón o sofocamiento producido por algo que ofende, molesta o avergüenza. No cabe duda que si algo provoca el episodio de ver a un presidente del Gobierno dando explicaciones en el Congreso de los Diputados por las acusaciones formuladas por el ex tesorero de su partido es bochorno. Y esa es también la palabra que dio origen a una de las prácticas democráticas más antiguas del parlamentarismo anglosajón. El impeachment es una figura del Derecho anglosajón, específicamente en Estados Unidos y Gran Bretaña, mediante el cual se puede procesar a un alto cargo público. El parlamento o congreso debe aprobar el procesamiento y posteriormente encargarse del juicio del acusado (normalmente en la Cámara Alta, nuestro Senado). Una vez que un individuo ha sido objeto de un impeachment tiene que hacer frente a la posibilidad de ser condenado por una votación del órgano legislativo, lo cual ocasiona su destitución e inhabilitación para funciones similares. El término impeachment literalmente significa “bochorno”, y tiene su origen en la Edad Media, cuando el parlamento inglés lanzó acusaciones contra el rey y sus colaboradores por derrochar caudales públicos, avergonzándolos.

Históricamente en En Estados Unidos, de catorce procesos de impeachmentiniciados a nivel federal, sólo cuatro acabaron con una resolución condenatoria. Sólo dos presidentes han sido juzgados mediante este procedimiento, Bill Clinton(1998-1999)por el caso Levinsky y Andrew Johnson (1868) por negar los derechos a los negros varones y los dos fueron absueltos. Richard Nixoninterrumpió el proceso al dimitir de su cargo en 1974 tras la aprobación de su impeachment por el caso Watergate. Sin encaje en el ordenamiento constitucional actual español, sin embargo, el impeachment se ha convertido en una fórmula simbólica de enfrentar a un dirigente político con la verdad en sede parlamentaria. Y en la sesión del 1 de agosto de 2013 en presencia de diputados y senadores, Rajoy ha empeñado su palabra después de reconocer como error la confianza de la presunción de inocencia en Luis Bárcenas al que ha calificado de presunto culpable. Así se lo han hecho ver varios portavoces parlamentarios que habrán pedido copia taquigráfica de la sesión a la espera de si nuevas portadas de periódico añaden pruebas reales de que el presidente del Gobierno les ha mentido. Al órdago a la chica de Bárcenas con papeles manuscritos de contabilidad ilegal del Partido Popular y mensajes sms cruzados con Rajoy, el presidente ha lanzado con una imagen que trataba de transmitir tranquilidad de hombre seguro, un órdago a la grande en forma de impeachment: “todo lo que dice sobre mi es falso y basado en falsedades”.

Un presidente del Gobierno cuenta con todas las herramientas posibles, incluidas fiscalía y cloacas de la inteligencia de la razón de Estado. La información debería ser su materia prima y más aún, él mejor que nadie sabe lo que Bárcenas puede tener para chantajearle, porque nadie mejor que él para ser testamentario de su pasado. Sin embargo, a veces el problema no es conocer la verdad, sino la percepción que de la verdad puede realizarse. Rajoy se enfrenta a un maestro en esta materia, pues, Bárcenas ha elegido al diario El Mundo y su director Pedro J.Ramírez como francotirador oficial. Su fuerza es la del afamado cazador de piezas políticas durante más de 30 años de democracia de baja calidad. En el Congreso tiene como estilete el verbo fácil de Rosa Díez, la líder de UPyD, que abandera el “patriotismo constitucional”, esa suerte de populismo cañí con actor Cantó incluido. Ella junto al comunista Cayo Lara se han convertido en los verdaderos líderes de la oposición y han protagonizado los discursos más exigentes y duros en la crítica al presidente del Gobierno. Ambos han pedido a Rajoy que dimita y que convoque elecciones. Una tiene al medio de comunicación de los escándalos y el otro cree tener la calle a su favor. En tierra de nadie, intentando sacar cabeza desde su abismo interno y de sus propios bochornos de corrupción, el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba asistía a una sesión en la que no tenía nada que ganar y todo que perder al quedar en evidencia su debilidad en articular una moción de censura abocada al fracaso aritmético y programático.

España se va de vacaciones atormentada por la crisis económica, inmersa en escándalos de corrupción y dolida por un trágico accidente ferroviario que se ha llevado 79 vidas. Todos trataremos de descansar, incluso de la triste política del bipartidismo oficial, que es incapaz ya de ofrecer un proyecto de Estado ilusionante. Y Rajoy se va vivo, con su órdago a cuestas y dispuesto a fumarse un puro a la espera del siguiente movimiento de su enemigo. Bárcenas mientras tendrá que hacer frente al bochorno estival madrileño en la serrana prisión de Soto del Real, pensando si lo que sabe y tiene es suficiente para tumbar las estructuras del Estado. Y el periodista en discordia, pasará unos días en su chalet de Baleares, aquel en que un diputado de Esquerra Republicana protagonizó un tan inocente como ridículo gesto en bañador y dni en boca, tramando al sol su siguiente acoso regeneracionista mientras las deudas multimillonarias ponen en cuestión a su grupo mediático. En fin, que el bochorno de estío es general aunque la gente no lo merezca, al menos la gente anónima como mis heróicos compatriotas gallegos de Angrois que acudieron desesperados a las vías de terror para tratar de salvar vidas en medio de la tragedia. Ellos y muchos otros ciudadanos anónimos que como dejó escrito Machado son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Ellos merecen algo más que este país hoy nos ofrece.

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Los españoles preocupados por la corrupción son cada vez más incívicos

La crisis no es gratuita ni siquiera a la hora de medir los comportamientos éticos de los ciudadanos. El largo y tortuoso camino a que está obligando a transitar la difícil situación económica que atraviesan personas y familias, está provocando cambios de comportamiento poco edificantes. La última encuesta del CIS – Centro de Investigaciones Sociológicas – refleja un conjunto de miserias humanas a las que parecen entregados los españoles, sean en el ámbito público o privado. Lo más llamativo del estudio consiste en la doble moral que parece imperar en la sociedad española. Cada vez se muestran más críticos con la corrupción que afecta a la clase política, pero por su parte, se incrementa el número de personas que justifican actuaciones incorrectas en su quehacer diario y más doméstico.

Parece haber consenso en que el clima social ha empeorado en este sentido. Más del 60 por ciento de los españoles cree que los comportamientos incívicos e ilegales han aumentado en los últimos cinco años, coincidiendo con el inicio de la crisis. Muy significativos son los datos sobre la percepción de la solidaridad. Así, mientras solo un 3,1% de los jóvenes entre 18 y 24 años consideran que la mayoría de las personas solo miran por sí mismas, el porcentaje aumenta hasta el 7,1% en el grupo de 25 a 34 años y alcanza el máximo (7,2%) entre los mayores de 65 años.

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Veamos, sin embargo, cuáles son las actitudes que los españoles consideran reprochables y que están muy sensibilizados. Así, el 94,4% considera intolerable conducir bebiendo alcohol, fingir una enfermedad para conseguir una baja temporal en el trabajo (92,3%), arrojar y tirar basura en lugares públicos (92%), conducir habiendo agotado los puntos del carné de conducir (90,3%) y estropear el mobiliario urbano o hacer pintadas en las paredes (90,1%). En cuanto a los comportamientos incívicos más extendidos, los españoles señalan el hecho de que los dueños no recojan los excrementos de los perros (81,8%), arrojar basura y papeles en lugares públicos (75,6%), exceder el límite de velocidad en la carretera (76,7%) o acordar con un comerciante o profesional que no les cobre el IVA para pagar menos por un producto o servicio (67,4%).

La mayoría de los encuestados nunca ha estropeado el mobiliario urbano (95,1%). Además, el 90,2% nunca se iría voluntariamente sin pagar de un bar o restaurante y nueve de cada diez (89,9%) no ha dejado de declarar a Hacienda parte o todos sus ingresos. Y aunque la mayoría (71%) también desaprueba colarse en el transporte público (metro, tren, autobús…) hasta un 40% de los más jóvenes, entre 18 y 24 años, creen que se puede tolerar de alguna manera, porcentaje que disminuye conforme aumenta la edad del encuestado hasta representar un 13% entre los mayores de 65 años. El acto más injustificable para los españoles (el 94,4% cree que no se debe tolerar) es conducir tras beber alcohol mientras que únicamente el 63,3% califica de intolerable acordar con un profesional que no les cobre el IVA para pagar menos por un producto o servicio.

Ha aumentado la preocupación de los españoles por la corrupción, el fraude y los políticos, mientras remite ligeramente la inquietud por las cifras del paro. La encuesta también refleja un repunte de la preocupación por los recortes. Pero hay otras preguntas que son menos habituales. Por ejemplo, la mayoría de los españoles piensa que no se puede confiar demasiado en la la gente y que nunca se es bastante prudente en el trato con los demás. La desconfianza social se está convirtiendo en uno de los efectos colaterales y males endémicos que está provocando la crisis. Eso y una cierta comprensión o permisividad mayor con el fraude fiscal como una forma de buscarse la vida. “Echarse al monte” se ha convertido en la forma que han encontrado los españoles para capear el temporal de la crisis, algo que está transformando el paisaje social en una especie de selva de intereses particulares difícilmente conciliable con una convivencia solidaria.

Y pese a la crisis, la mayor parte de los españoles dice sentirse feliz e incluso muy feliz con su vida. Lo que representa una especie de hedonismo idiota, basado en el ripio de Góngora “ande yo caliente, ríase la gente”. Lo más importante para ser feliz en la vida para los españoles es tener buena salud y lo que menos tener creencias religiosas. Entre el 0 y el 10, los españoles se ponen de media un 7,24 en felicidad y un 6,98 en la satisfacción con su vida. Asombroso: más de la mitad valora con un notable o sobresaliente su estado de felicidad. Lo dicho habrá que hacérselo mirar, porque la inconsciencia ante el dolor ajeno solo puede producir una sociedad más egoísta y cuyos valores se deterioran a toda velocidad.

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Consejo Europeo de verano: la UE sigue haciendo sus deberes… con 5 raspado

Ya se sabe que desde popularización de la teoría de la relatividad, es decir, que todo es según se mire, podemos ver la realidad como una botella medio llena o medio vacía. Yo cuando observo el proceso de construcción europeo trato de hacerlo con perspectiva, con la que su trayectoria e historia nos ha enseñado y desde esos parámetros, son los pequeños pasos los que más han hecho por este proyecto de unión complejo y dificultoso. Por eso creo que el último Consejo Europeo, el de verano, preludio de las vacaciones de nuestros líderes políticos, nos ha dejado un racimo de decisiones, que sin tirar cohetes, suponen un aprobado raspado, suficiente para seguir caminando juntos. Se han puesto las bases definitivas y los plazos fijos para la entrada en vigor de la Unión Bancaria; se ha dotado en cuantía, aunque raquítica, también con fecha de pago, el fondo para el empleo juvenil y se ha instrumentado a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) una línea de crédito para las pymes europeas. Y por si fuera poco, el presupuesto enmendado por el Parlamento ya tiene el visto bueno del Consejo y la imprescindible reforma de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) parece cercana a llegar a buen puerto. Todo ello a escasas fechas de la incorporación oficial de un nuevo socio, Croacia, que ensancha nuestras fronteras y nuestra riqueza diversa. Seguro que para los euroescépticos y para los euroutópicos, como casi siempre este es un Consejo fallido, pero Europa nunca se ha construido a base de filias y fobias, más bien se diseñó y se ha ido haciendo realidad a base de trancas y barrancas, de parones y arreones, pero en ese bailar la conga a que nos tiene acostumbrados la Unión, lo mejor siempre han sido los pasitos cortos hacia adelante.

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Pero vayamos por partes y analicemos el alcance de zancada que las decisiones tomadas en Bruselas suponen. El Ecofin había allanado con una decisión previa el asunto de la Unidad Bancaria. Los ministros de Economía de los Veintisiete lograron el jueves al segundo intento un acuerdo sobre la nueva directiva para gestionar la reestructuración y liquidación de bancos, que establece qué acreedores deben asumir pérdidas en futuras crisis bancarias. La norma garantiza que en ningún caso se tocarán los depósitos inferiores a 100.000 euros y otorga una protección especial a los de más de 100.000 euros en manos de pymes y particulares, que sólo sufrirán pérdidas como último recurso. Los Veintisiete siguen firmes, a pesar de los continuos retrasos y de las objeciones deAlemania, en el tortuoso viaje hacia la unión bancaria, que debería estar lista a final de año. Para ello deben alcanzarse acuerdos definitivos sobre la directiva de resolución —el cierre— de bancos. Por tanto, estamos a las puertas de contar con un verdadero Banco Central que funcione como Reserva, de ahí a la emisión de bonos quedará un suspiro. Si tenemos en cuenta que en Estados Unidos el dólar empezó a circular en 1785 y la FED, la Reserva Federal empezó a funcionar en 1913, los europeos habremos tardado bastante menos en contar con un sistema financiero propio, dado que el euro lleva en funcionamiento desde 1995 y el BCEfue instituido en 1998. En menos de 20 años habremos completado un proceso monetario y financiero para el que EE.UU. necesitó 120 años y una guerra civil. Un siglo menos si bien los tiempos y las necesidades poco tienen que ver hoy.

Por fin hemos tenido una Cumbre que no ha centrado sus debates en el euro y en los rescates a países. Y ello ha posibilitado que de una vez la mirada abandone la sede de los banco y mire tímidamente a la calle y al drama que viven los ciudadanos en plena crisis económica. Los Jefes de Estado o de Gobierno han decidido un Pacto por el Crecimiento y el Empleo en el que se recoge la actuación que deben emprender los Estados miembros y la Unión Europea con el fin de relanzar el crecimiento, la inversión y el empleo, así como hacer que Europa sea más competitiva. La UE hace los deberes que puede dado que las políticas de empleo son patrimonio y competencia de los Estados miembros. El pacto tácito alcanzado hace más de un año entre François Hollande, Mario Monti y MarianoRajoy logró arrancar en un principio a Angela Merkel un paquete para el crecimiento y el empleo de 120.000 millones de euros que debería gastarse en medidas con un efecto inmediato en el crecimiento. El Consejo ha aprobado la mínima cifra de 8.000 millones, eso sí de los un tercio serán para España, líder europeo en paro juvenil. Supone destinar 2.000 euros a cada parado juvenil español. Sin embargo, resulta más relevante la recomendación que puede tornarse exigencia de la UE a que cada Estado aplique fondos y medidas para reducir esta lacra. Ahora le queda a los jefes de Gobierno la tarea de profundizar la línea trazada por Bruselas. A quiénes no se apliquen, la Comisión y sus ciudadanos se lo reprocharán.

En el caso de las pymes, las expectativas estaban puesta en el plan conjunto Comisión Europea-Banco Europeo de Inversiones (BEI) para reciclar 10.000 millones de fondos estructurales y, mediante ingeniería financiera, convertirlos en hasta 100.000 millones de créditos a pymes. Pero este plan afronta obstáculos técnicos (el BEI quiere mantener su triple A y en la versión más ambiciosa, el programa conlleva un apalancamiento de hasta 10 veces) y políticos (obliga a los socios europeos a utilizar parte de sus fondos estructurales). Además, la última versión del borrador ata más en corto al BEI. El documento mantiene el respaldo a la iniciativa, pero añade que se deben respetar “los principios de solidez financiera y transparencia, así como los límites de crédito acordados por el BEI”. Es decir, el BEI podrá asumir más riesgo, pero sin pasarse. Por eso mismo, los Veintisiete retrasan al mes de julio el debate sobre los detalles técnicos de este instrumento, ya que en función de cómo se articule, el BEI y los socios europeos asumirán más o menos riesgos y se ayudará a más o menos pymes. La decisión sobre el diseño de este instrumento, y su dotación máxima, vuelve aplazarse hasta julio, según figura en el proyecto de conclusiones, que no menciona ninguna cifra. El único compromiso que han asumido los líderes europeos es que el plan esté operativo “en enero de 2014″.

Sin duda la decisión más trascendente e histórica que han tomado los jefes de Gobierno es la del visto bueno a la negociación con Serbia para su adhesión a la Unión Europea. Tras un largo camino, el inicio de esos contactos, fijado para enero del año próximo como fecha límite, representa un paso clave en el futuro comunitario: Europa se dispone a restañar sus últimas heridas de guerra. Cuando el próximo 1 de julio Croacia se convierta oficialmente en el Estado miembro número 28 de la Unión, Serbia estará a las puertas de poder serlo. La mayoría de países defendía abrir en octubre las negociaciones con Serbia, candidato a la adhesión desde marzo de 2012, pero Alemania ha insistido en retrasarlas hasta enero tras rechazar la propuesta de compromiso de abrirlas en diciembre. Los ministros de Asuntos Europeos de la UE recomendaron el martes abrir negociaciones con Serbia “a más tardar en enero de 2014″, pero dejaron en manos de los líderes, como quería Berlín, decidir si ellos también debían dar su visto bueno al mandato o marco de negociación del acuerdo o bastaba con el visto bueno a nivel ministerial como es lo “normal”, así como iniciar negociaciones de un Acuerdo de Asociación con Kosovo.

“E la nave va” podríamos decir fellinianamente. La Unión sigue sorteando problemas y tratando de ensanchar su espacio sin perder sus referentes y valores diferenciales: la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado del bienestar. Lo hace como lo ha hecho siempre, no nos engañemos, a trompicones, con socios poniendo palos en las ruedas y con poco apasionamiento. Pero lo hace y mal haremos si despreciamos sus avances o si hacemos caso omiso a lo que en Bruselas se decide. Europa es nuestro destino común, el que nos relaciona con el mundo y el lugar donde nos jugamos nuestros sueños. Resulta increíble que siendo la plaza donde se dirimen los asuntos más trascendentales de la cosa pública, los españoles sigan siendo ágrafos de lo que allí sucede. Culpa dolosa tienen los distintos Gobiernos que no han querido o sabido hacer pedagogía de la importancia de conocer los mecanismos decisorios y las noticias que en Bruselas se cuecen. Pero responsables son todos los que han convertido la UE en la diana de las críticas de todos sus males, cuando ni siquiera saben quién es el presidente del Consejo o la Comisión Europea, ni lo que decide su Gobierno o lo que de soberanía ha cedido ya hace lustros a la Unión. Será que están más ocupados en saberse la alineación de “la roja” que de saber que Irlanda pasa a Lituania el testigo de la presidencia de turno el próximo 1 de julio… ¡país!.

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Europa planta cara a China

Al gigante chino últimamente se le está complicando el panorama de su comercio internacional. Estados Unidos, Japón y ahora, la Unión Europea, han denunciado por prácticas de dumping productos de exportación chinos ante la OMC(Organización Mundial de Comercio). No cabe duda que son meras escaramuzas que no merecen el apelativo de “guerra comercial”, pero empiezan a trazar un camino del cambio de relación de la UE con la potencia asiática. Solo Alemaniaclama, por el momento en el desierto, para frenar la escalada de violencia denunciante que puede hacer peligrar las cuantiosas exportaciones de las empresas alemanas a China. Una vez más un ejercicio egocéntrico de la CancillerMerkel incapaz de consensuar una posición común con sus socios comunitarios.

El causante del nuevo brote de enfrentamiento entre la Comisión Europea y las autoridades chinas han sido las paneles solares. Fabricar componentes de todo tipo a muy bajo coste en China e introducirlos en los mercados europeos produce, además de pingues beneficios a los exportadores chinos, efectos demoledores sobre la industria europea. Su capacidad de investigación e innovadora se resiente día a día en virtud de esta competencia basada en el dumping social. Las empresas europeas venden cada vez menos en su mercado único y con ello sus márgenes de inversión son exiguos. Así las cosas, son cada vez más las voces empresariales en La UE y en EE.UU. que demandan un cambio de reglas del juego en el comercio mundial. Una especie de suerte de chinofobia recorre los mercados y pronto podría afectar a las decisiones de los consumidores, si no fuera porque los precios de los productos chinos, calidad aparte, son imbatibles.

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La respuesta China como suele ocurrir en este tipo de contenciosos comerciales no se ha hecho esperar. Tu me atacas por los paneles solares y yo te la devuelvo con el vino. La acusación argüida por China de que el vino francés cuenta en el sector con ayudas públicas del Gobierno galo, resulta tan ridículo como paradójico. No vendrán ahora los chinos a pretender que creamos que los maravillosos caldos de Burdeos son fruto de subvenciones después de varios siglos de cuidado trabajo de calidad de sus bodegas reconocidas internacionalmente. El contraataque chino afecta de forma especial a las exportaciones de Francia, España e Italia, principales productores vinícolas europeos. En el actual contexto de crisis de demanda interna en las economías europeas, el peso de las exportaciones ha cobrado especial relevancia, de ahí que cualquier traba para las ventas en el exterior se convierta en un poderoso handicap para el desarrollo de cualquier sector. Lo único que hasta aquí pretende la Unión Europea, como viene sucediendo en los casos de conflicto con Estados Unidos y Japón, es obligar a cumplir a China las reglas del juego internacionales. Algo que Europa demanda de China en 80 productos, que bien por ciberespionaje, por copia descarada o por indicios de fabricación sin homologación, incumplen las normas de fabricación europeas que obligan a los países de la Unión.

En la actualidad, el flujo comercial entre China y la Unión Europea, en ambos sentidos, alcanza la portentosa cifra de los 430.000 millones de euros anuales. Una balanza comercial que se ha visto afectada favorablemente del lado chino a raíz de la infravaloración de su moneda en los mercados cambiarios. Según todas las estimaciones, el yuan se encuentra al menos un 20% por debajo de su valor real lo que evidentemente favorece las exportaciones chinas y ha obligado al cierre de numerosas empresas incapaces de competir a precios chinos en la UE y en EE.UU. Ello nos mete de lleno en el intenso debate que vivimos en Europa sobre la capacidad de competitividad de nuestras empresas y el teórico alto coste social de nuestro sistema de bienestar. Nadie pone en duda la necesidad de mejorar los procesos de eficiencia en la producción, así como la necesidad de incorporar mayores niveles de innovación e incrementar las tasas de investigación en la UE, pero deberíamos partir de la base de que por mucho que mejoremos seremos incapaces de competir con aquellos que juegan el partido sin cumplir nuestras reglas. En Europa se respetan los derechos de los trabajadores con un grado de cumplimiento que se ampara en siglos de batalla sindical y de conquistas laborales, algo que en una China inmersa en un capitalismo salvaje de planificación comunista no cuenta a la hora de producir. En Europa se avanza en el cumplimiento de los compromisos internacionales de reducción de impacto medioambiental de nuestras emisiones de CO2, China es el principal enemigo de esos acuerdos y los incumple sistemáticamente. En Europa la propiedad intelectual tiene un alto precio y China alardea de su capacidad de réplica, sea o no legal. En Europa, en fin, hemos sacralizado el concepto de derechos humanos y de democracia, en China eso no toca y el mundo mira a otra parte cada vez que alguien trata de poner el tema encima de la mesa, por temor al gigante asiático y sus hipotéticos comportamientos bélicos.

Tras unos paneles solares o unas botellas de vino está en juego una tendencia de posicionamiento en el mundo global de dos potencias llamadas a entenderse. Es imposible concebir un planeta en paz si no somos capaces de garantizar el desarrollo pacífico de naciones como la China, cuyos más de 1.300 millones de habitantes tienen todo el derecho a disfrutar de los mismos productos, servicios y, sobre todo, derechos, de los que gozamos 500 millones de europeos. La mesa de diálogo debe partir de esa base igualitaria y de que unos y otros nos necesitamos para garantizar el futuro. China precisa materias primas de las que carece para sustentar su crecimiento, pero también precisa de los mercados en los que vender sus productos, como es el caso de la Unión Europea. Si Europa y Estados Unidos no son capaces de generar crecimiento en sus economías, China será la primera afectada por el parón como ya viene sucediendo en el último lustro en el que el PIB chino se ha ralentizado pasando del 10,4 al 9,3. Pero, por otro lado, el resto del mundo no deberíamos olvidar las tremendas magnitudes de la economía china y, por tanto, el impacto tremendo que cualquier debilidad suya puede suponernos. La República Popular China es, desde 2008, la segunda potencia económica mundial según su PIB a valor nominal, sólo superada por EE.UU. y es el mayor exportador mundial y el segundo importador más grande de bienes. China es el país de mayor crecimiento económico mundial, con una tasa media anual de aumento del PIB, en los últimos treinta años, de más del 10%. Su ingreso per cápita se situaba en 6.567$ en 2009. Según un informe del organismo internacional Conference Board, si la economía China sigue creciendo en comparación al crecimiento de EE.UU, podría tener una economía más poderosa que la de EE.UU. en 2016.

Lo primero que debe hacer la UE es definir una posición común respecto a las importaciones chinas. En este sentido, no es de recibo la posición de Alemania preocupada por sus exportaciones a China e incapaz de unirse a los planteamientos que desde la Comisión Europea se vienen realizando para obligar a las autoridades chinas a sentarse a una mesa de negociación con unos mínimos requisitos cumplidos. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en un tema tan básico como la defensa de nuestro mercado único, de poco sirven las grandes palabras de defensa de la construcción europea con que suelen despachar los líderes europeos sus cumbres en Bruselas. El futuro de nuestro modelo social está en juego, esta no es una guerra comercial sin más, que dilucidan unos empresarios. Si no somos capaces de frenar y ordenar el comercio entre China y la UE, si no atemperamos sus necesidades de progreso con el establecimiento de unos costes mínimos de cumplimiento de derechos fundamentales en sus centros de producción o el dumping social que estamos sufriendo a base de importaciones de productos chinos, acabarán con nuestras empresas, el paro se seguirá incrementando en nuestros países y serán imposibles de sostener servicios públicos tan básicos como la sanidad o la educación. Nos jugamos demasiado en el diálogo con China y no hay peor enfermo que el que no quiere escuchar… unos y otros.

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Unión Europea, bienvenida Croacia, ya somos 28

El próximo 1 de julio de 2013 quedará registrado en los anales de la historia de la construcción europea como el día de una nueva incorporación, el de una nueva ampliación del espacio europeo en virtud de la integración definitiva de pleno derecho de Croacia en la Unión Europea. Esta misma semana el comisario croata, Neven Mimica se examina ante los eurodiputados. Los hasta ahora 27, acogemos un nuevo Estado de trayectoria como tal reciente, emanado del tremendo y cruento conflicto de los Balcanes, la última tragedia bélica protagonizada en el continente. Es el segundo de los Estados de la extinta Yugoslavia – tras la incorporación de Eslovenia en 2004 – que es admitido en el selecto club de los derechos humanos y la protección social que representa hoy por hoy la Unión. Tras Croacia, a la cola y a la espera del cumplimiento de los requisitos impuestos por Bruselas, aguardan Macedonia, Montenegro y, especialmente, Serbia, la principal potencia balcánica. Europa, pues, se abre a una nueva realidad de población y de cultura, en medio de una crisis económica e institucional, lo que para muchos no aportará más que complicaciones añadidas y, para otros, entre los que me encuentro, supondrá un enriquecimiento en diversidad y oportunidades.

Croacia compone una realidad de 4.290.000 habitantes, en 56.500 kilómetros cuadrados, con una renta per cápita de 69.000 dólares – la 72 del ranking mundial y una edad media de su población de 41,4 años. Es un país prácticamente en la media Europea y, en comparación con las últimas admisiones tanto de los Estados Bálticos como de Rumanía y Bulgaria, incorpora una sociedad más desarrollada. Croacia posee una economía postcomunista basada principalmente en varios servicios y algunas industrias ligeras, como industria química. Asimismo, gozan de fama mundial sus grandes astilleros de barcos comerciales que son adquiridos por un gran número de países. El turismo es una importante fuente de ingresos. El ingreso de turistas anuales supera con creces a la población croata. Es una economía que se encuentra muy cerca del pleno desarrollo según el Foro Económico Mundial. Junto con la República de Eslovenia, eran y siguen siendo las naciones más industrializadas y avanzadas de la ex República Federal de Yugoslavia. Los principales socios comerciales de Croacia son Italia y Alemania, con los cuales realiza intercambios comerciales que suman más del 20% de su PIB. Croacia comenzó a recibir ayudas de los fondos PHG de pre-adhesión a la UE en 2003 y al cierre de este año sumaban 420 millones de euros. Estas ayudas se han destinado principalmente a reforzar las políticas de modernización del gobierno, como puede ser la reestructuración industrial, mecanización agrícola y política financiera. El PIB de Croacia se estima que crezca en un 4,4% en 2006, dos puntos sobre la media de crecimiento de la UE; pero deben citarse los problemas constantes en la política interna de gobierno, que no ha sido capaz de solucionar el gran problema de la excesiva fuga de talentos; que emigra a países como Alemania y Canadá ante la falta de oportunidades, y que en las regiones costeras de Iliria y Dalmacia, en donde su mano de obra sólo labora durante las vacaciones de verano europeas, que son de cinco meses al año ven cómo sus dividendo decaen rápidamente por falta de estímulos importantes al sector turístico, y esta región en especial se ha visto fuertemente golpeada por las sucesivas crisis financieras a nivel global; con un desempleo oficialmente situado en un 12%, y en donde las cifras extraoficiales hablan de hasta un 30%, situación que tiene al borde de la desesperación a toda la industria turística en la región; ya que ante la caída de los ingresos de países vecinos como Eslovenia y Serbia se reducen los turistas, más aún de la nueva competencia de otros países como Montenegro y República de Macedonia, con gran potencial en la industria turística de los Balcanes.

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Sin embargo, conviene recordar en este momento histórico los dramáticos antecedentes vividos en la región, la fragmentación fruto del conflicto en la misma y las consecuencias geopolíticas y económicas que la guerra ha tenido. Pese a que la Unión Europea mantuvo una teórica neutralidad en el conflicto e incluso una insultante pasividad ante los horribles crímenes padecidos por la población de estos países, es evidente que Alemania jugó un papel primordial al ponerse claramente del lado de Croacia y frente a Serbia, aliado tradicional de Moscú. De ahí que si bien es cierto que a la vista de los acontecimientos actuales, Croacia es la gran beneficiada de la descomposición del régimen yugoslavo, la UE debería agilizar la incorporación del resto de Estados cuyos esfuerzos sean inequívocos por cumplir las condiciones políticas y económicas de acceso. Es especialmente relevante el caso de Serbia, un Estado con 7,3 millones de habitantes, una verdadera potencia media en el contexto continental, que negocia en estos momentos los plazos de su incorporación.

El debate sobre las ampliaciones es tan viejo como el camino de la construcción europea. Siempre se ha cuestionado por algunos socios fundadores y por los puristas institucionales el ingreso de nuevos Estados. El principal argumento se basa en la ingobernabilidad de una Europa extendida y la falta de preparación de los recién llegados. Cuando la península ibérica, España y Portugal, con Grecia lo hicieron el año 1986 se criticó que nuestra llegada cambiada sustancialmente la homogeneidad de la Comunidad Económica Europea, por tratarse de Estados sureños y con escasa cultura del rigor presupuestario. Por eso los mismos agoreros de entonces son los más firmes partidarios de aplicar el austericidio a los “vagos del sur”, a aquellos, en definitiva, que nunca debieron haber entrado en el selecto club de los ricos europeos. Después abogaron por la Europa de las dos velocidades en las ampliaciones de los años 90 surgidas al amparo de la caída del Muro de Berlín y auspiciadas por Alemania como cinturón de su espacio de producción y comercial.

Pero la verdad es que el mejor espacio europeo es el que ensancha sus fronteras a todos los europeos, sean del norte o del sur, más blancos o más morenos, ricos o pobres. Esa Europa que a la vez es tierra de acogida para los inmigrantes necesitados de esperanza en el futuro y de asilo político a cualquier persona que se siente perseguida en el mundo por razón de su raza, su religión o sus ideas. La misma Europa que es capaz de realizar un verdadero diálogo multilateral con el resto del mundo para universalizar los derechos y libertades que consagran nuestras instituciones democráticas. Frente a una concepción de Europa reduccionista, cicatera en su visión global y ensimismada en su moneda, su inflación, sus tasas de desempleo y PIB, que nos tiene anclados en un debate estéril de subvenciones a la mantequilla invendible y que protege privilegios improductivos, debemos preconizar la fundacional idea de los padres de Europa basada en los valores que durante siglos han hecho de nuestro continente el referente filosófico del ser humano. La Europa cerrada nos generó guerras y devastación, la apertura de miras en un espacio común nos ha reportado el mayor período europeo de convivencia próspera y pacífica. Por eso no nos queda más que alegrarnos de la nueva incorporación y dar la bienvenida a Croacia a la Unión Europea.

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En el 1 de mayo, un nuevo enfoque del reparto del trabajo y el mercado laboral

La Unión Europea acumula un diferencial de desempleo 5 puntos superior al que registra Estados Unidos. Y dentro de esa estadística macabra de drama de personas sin trabajo, España bate todos los record con tasas que superan el 50% entre los jóvenes y cerca del 40% en algunas Comunidades Autónomas comoAndalucía. Se hace muy difícil articular un modelo de convivencia armoniosa y pacífica en una sociedad que permite desigualdades tan tremendas. Duro resulta de entender brechas sociales que permiten diferencias de renta entre ricos y pobres de más del 60% como sucede en países subdesarrollados, pero mucho más insostenible es un Estado en el que 1 de cada 4 ciudadanos no tiene trabajo para aportar un salario mensual a su familia. Cuando se llega a tal fracaso del modelo de marcado laboral, se vive en situación de emergencia y deberíamos poner el centro del debate en la búsqueda de soluciones inmediatas para garantizar una vida digna a nuestros semejantes en la sociedad que vivimos. La retórica y los grandes principios tienen que dejar paso a propuestas novedosas, imaginativas y pero con altas dosis de realismo. Tenemos que ser audaces y aprender de la prueba – error, ser capaces de articular nuevas fórmulas de relación empresa – trabajador y de colaboración público – privada. Un reto que no es solo cosa de los políticos en su función ejecutiva y legisladora, también atañe a cada trabajador y a cada empresario, obligados como están a salir de la crisis en el mismo barco.

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Así las cosas, creo que existen unas líneas de reflexión trascendentales para cambiar la mentalidad y la visión del mercado laboral. Porque no estamos ante un problema simple y concreto de condiciones laborales, estamos ante la necesidad de abordar un auténtico cambio de forma de vida y de modelo relacional entre las personas. Ese nuevo contrato social que tantas veces he mentado en este blog, en referencia al empleo es hoy más imprescindible que nunca. Por eso os propongo pensar en conceptos tan básicos o genéricos como:

Reducir horas de trabajo para generar empleos.
Conciliación de la vida laboral y familiar.
Relación entre las horas extra y la creación de empleo.
El efecto de la economía sumergida sobre el paro.
Prestaciones alternativas a la prestación por desempleo.
Una sociedad que consume lo que necesita.

REPARTO DEL TRABAJO.- No se trata solo de reducir las horas de trabajo o su salario, sino de la racionalización de la jornada laboral. Se trata de trabajar menos para vivir más, para vivir más con los nuestros. Está demostrado que la incorporación de avances tecnológicos y procesos de innovación en la producción, aumenta los niveles de productividad sin necesidad de incrementar las horas/hombre. De la misma forma que resulta fácil probar que la reducción de la jornada de 40 a 35 horas semanales de un puesto de trabajo, crea automáticamente un nuevo empleo. La acomodación de horarios y salarios de cientos de miles de trabajadores a sus necesidades reales, supondría un incremento de trabajadores cotizantes a la seguridad social, garantizando la sostenibilidad del sistema de protección.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.- Si queremos que los trabajadores del futuro estén preparados profesional y personalmente, los años de crianza de los niños, la presencia de los adultos que eduquen, se convierten en un aspecto esencial, que hay que cuidar y facilitar en aras de un futuro más optimista. Guarderías próximas a los centros de trabajo, aulas de apoyo escolar,… son medidas necesarias para la conciliación familiar, además de ser en sí mismas, una fuente de generación de empleo. Además, la estimulación de la conciliación laboral permitiría aumentar la natalidad en la Unión Europea, el área del mundo con más bajas tasas en este sentido, asegurando una mayor sostenibilidad del propio sistema.

LAS HORAS EXTRA.- Una cosa es el concepto de producción que requiere de la continuidad de un equipo de trabajo determinado y otra muy distinta, la práctica laboral que amplía la jornada desproporcionadamente con horarios casi inhumanos a lo largo de siete días de la semana. Muchos sectores, como por ejemplo la industria y la hostelería, son conocidos por la realización de un número de horas extra tremendo. Muy por encima de lo legal, y en muchos casos, ni se declaran, ni se cotizan. Simplemente no existen. Trabajar de lunes a viernes 11 horas diarias y el sábado 5 ó 6 con el tradicional almuerzo especial de por medio, ha sido práctica habitual de muchas empresas.

La ECONOMÍA SUMERGIDA.- Una sociedad que permite tasas de economía sumergida superiores al 20%, como es el caso de España, tiene un auténtico cáncer social en su interior. Hoy por hoy, resulta imposible evaluar correctamente de los 6,2 millones de personas que declaran encontrarse en el paro en la Encuesta de Población Activa, cuántos realmente lo están. Y si estas situaciones de ilegalidad se producen debemos huir de planteamientos hipócritas. La actuación de control e inspección de la Administración con las consiguientes sanciones severas para los delincuentes empresariales es imprescindible, pero también lo es rebajar las trabas burocráticas y analizar los costes sociales que el puesto de trabajo legal lleva aparejado. El incentivo siempre debe estar del lado del que cumple la ley.

PRESTACIONES SOCIALES ALTERNATIVAS.- El modelo recaudatorio y de prestaciones y subsidios por desempleo en España, ha demostrado en esta crisis, que está obsoleto y no soluciona ni alivia siquiera el problema. Las medidas de impulso para el empleo, no sólo deben ser subvenciones o bonificaciones para el empresario sino medidas con miras a medio plazo, que se prolonguen en el tiempo y que contemplen no sólo la flexibilidad del mercado de trabajo, sino de la propia Administración. Modelos como el alemán y el holandés, que en vez de pagar a los desempleados (en la forma de prestaciones por desempleo) pagan para que los trabajadores permanezcan empleados, pero trabajando menos horas y con menos salario, ha posibilitado que sus tasas de desempleo no aumenten al ritmo que lo han hecho otros países e incluso están por debajo de algunos de los que no han experimentado depresiones tan profundas.

CONSUMIR LO NECESARIO.- Todo lo dicho de nada serviría si no somos capaces de cambiar el concepto mismo de consumo y de necesidades vitales. Hemos construido una sociedad de consumo basada en la oferta de sobreproducción. Todo el esfuerzo marketiniano se dedica a convencernos de necesidades que están alejadas de la vida real de las personas. Tienen que ver con las necesidades de producción de fábricas que en absoluto tienen en cuenta la demanda y menos aún la sostenibilidad de los recursos naturales del planeta. El consumidor responsable es un consumidor sensibilizado, informado, crítico y consciente, es decir preocupado por las repercusiones económicas, sociales y medioambientales que acompañan a las sociedades de consumo.

Si no somos capaces de enfocar la reforma del mercado laboral desde un nuevo modelo de relación integral de la persona con el entorno, estaremos simplemente remendando un traje desfasado para vestir una sociedad que ha desbordado el esquema de producción posindustrial. Esta labor de cambio global requiere una toma de conciencia que parte de la reflexión individual para ser puesta en común entre todos. Es labor de los políticos, de los agentes sociales, empresarios y trabajadores, como lo es también del pensamiento que podamos aportar al proceso desde la universidad o los centros de conocimiento. Podemos optar por el consenso y la convivencia buscando entre todos soluciones al paradigma del desempleo que nos embarga actualmente o darnos al individualismo pernicioso salvando nuestro corto presente sin pensar en un futuro para todos. La elección es libre y de cada cual, pensadlo.

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España o de cómo vivir con la prima de riesgo por debajo de 300 puntos y más de 6 millones de parados

La prima de riesgo de España, también llamada riesgo país o riesgo soberano de España, es el sobreprecio que ésta tiene que pagar cuando acude a los mercados para financiarse, en comparación con Alemania. Concretamente es la diferencia entre la rentabilidad del bono español a 10 años y el bono alemán a 10 años (Bund). Cuanto mayor es el riesgo de un país, más deberá remunerar éste a los inversores para que adquieran su deuda. Es por lo tanto, la sobretasa (o rentabilidad) que ofrece la deuda pública de España para que los inversores la compren y mide la confianza de los inversores en la solidez de su economía. El hecho de que el patrón de medida sea el bono alemán se debe a que la economía alemana tiene la serie histórica más estable de los mercados europeos. De marzo de 2012 a marzo de 2013, España ha vivido el período más caro para financiarse en los mercados internacionales de las últimas décadas. Con una media superior a los 400 puntos básicos, alcanzó su máximo histórico el pasado 23 de julio al registrar 632 puntos. Pagar los intereses de la deuda implicó el año pasado un desembolso de 28.848 millones, debido al repunte del coste de refinanciación -la deuda emitida para afrontar los vencimientos es cada vez más cara- y al incremento de la deuda en circulación (unos 36.800 millones). Así, el peso de los intereses sobre el PIB volvió a aumentar el pasado ejercicio, hasta situarse en el 2,71% del PIB en términos de caja (2,75% en términos de contabilidad nacional). En 2011, el pago de intereses se situó en torno a los 27.000 millones y en 2010, en 20.000 millones. Indudablemente, el coste de financiación se ha disparado en los últimos años. El bono español a 10 años ha pasado de un 3,7% de rentabilidad a finales de 2006, hasta el 5,3% a finales del pasado año, y en el peor momento de la crisis de la deuda de la zona euro -en noviembre del año pasado- alcanzó el 6,7%.

Por eso la noticia de esta semana que ha situado por debajo de los 300 puntos básicos y a tipos de interés del 4,3% supone un relevante abaratamiento en las condiciones de financiación para el Tesoro español. Con todas las cautelas que debemos tener ante unos mercados especulativos y que viven de la volatilidad, es cierto que la tendencia de los últimos 6 meses es claramente bajista, si exceptuamos situaciones de crisis concretas fruto del resultado de las elecciones en Italia o el rescate de Chipre. De consolidarse estos datos podría producirse una notable reducción del coste de los intereses de la deuda sobre los presupuestos del Estado y, en suma, un ahorro significativo en las cuentas públicas españolas. Cada punto de reducción de los tipos de interés supone un ahorro anual cercano a los 4.000 millones de euros, por lo que si no se produjeran nuevas turbulencias podríamos estar hablando de ahorrarnos en el 2012 unos 6.000 millones de euros. Poder embridar las ansias especulativas de los mercados de deuda es, pues, un objetivo prioritario para las autoridades económicas españolas. De ahí que el Gobierno acometa en el próximo Consejo de Ministros un nuevo paquete de reformas, ortodoxas de austeridad, es decir, nuevos recortes de déficit y me temo que, sin duda, de desmantelamiento del Estado del bienestar. Esta es la trampa del círculo vicioso en que nos han metido: si no recortas, el rating baja, la prima de riesgo sube, los tipos de interés se disparan y el coste de la deuda se hace insoportable. Si recortas el país se empobrece, se ancla en la recesión y los activos se devalúan con lo que para los buitres financieros son más baratos de comprar.

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Romper esa trampa infernal en la que llevan instaladas buena parte de las economías de la zona euro se ha convertido en el reto imposible para cualquier Gobierno. No enfrentarse a las políticas lideradas por la Canciller Merkel y hacerlas compatibles con acciones expansivas que sean capaces de incrementar la demanda y el empleo parece la tarea imposible de llevar a cabo. Hasta ahora la mayoría de los ahorros producidos por los recortes se han venido invirtiendo en el saneamiento del sistema financiero o en palabras más claras y llanas, en capitalizar bancos y cajas endeudadas por inversiones descabelladas en activos inmobiliarios o en deuda pública de países insolventes (Chipre o Grecia por ejemplo). Se supone que una vez destinadas ingentes cantidades a tal efecto – según los cálculos del BCE más de 1,5 billones de euros – deberíamos pasar tan vergonzosa página y dedicarnos a invertir en futuro. Si el mercado nos concede desde su generosidad altruista, dado que no hemos querido controlarlo, ahorros en los intereses de la deuda o si somos capaces de reducir gasto consuntivo en nuestras administraciones, sin pérdida de eficacia o calidad del servicio prestado, el resultado positivo de tales medidas debería invertirse con carácter de emergencia en políticas de crecimiento.

Es posible liberar recursos para crear empleo, algo que en los últimos años parecía imposible, pero falta la determinación de dar un giro absoluto al concepto mismo de la política económica de la Unión. Lo que es aplicable a cualquier país del euro, es ampliable al conjunto de los Estados miembros. Generar empleo debería ser la obsesión de los Gobiernos ahora que los mercados parecen dar una tregua a nuestras deudas soberanas. Y me temo que le podemos dar todas las vueltas que queramos, pero a fecha de hoy, las políticas expansivas siguen pivotando sobre las propuestas keynesianas de inversión pública como motor de la economía. Inyectar dinero al sistema es la única alternativa para salir de la recesión y lo único que necesitamos es voluntad de realizarlo y enfoque para que las inversiones sean productivas. En Estados Unidos, el presidente Obama nos ha dado buenos ejemplos de la audacia que requiere la situación y aunque aún tímidamente se ven sus frutos en materia de demanda y empleo. Podemos verlo también de otra forma: ¿qué habría sido de la economía mundial de no haber llevado a cabo la administración y la reserva federal norteamericana estas medidas de fomento del crecimiento?

En todo caso, no podemos tampoco caer en la ingenuidad de muchos postulados progresistas que creen que con la inversión pública de manera automática se genera empleo. Europa padece una verdadera enfermedad estructural en su mercado laboral y ha demostrado en épocas de bonanza que incluso creciendo a cifras superiores al 4% es incapaz de acercarse al pleno empleo. Y a eso debemos añadir que somos menos productivos que los entornos que nos rodean, es decir, que la eficiencia de los procesos de producción aportan menor valor añadido que nuestros competidores. Corregir mediante reformas esas gravísimas deficiencias de nuestras economías resulta, pues, imprescindible si no queremos malgastar las inversiones públicas para la creación de empleo. Y dicho esto, los ejes principales donde podemos focalizar las políticas expansivas son claras: infraestructuras, I+D+i y servicios sociales. El primero de los sectores es un clásico, pero no por serlo deja de tener sentido. Europa sigue requiriendo de grandes inversiones en proyectos de infraestructuras transnacionales, regionales y locales. Unirnos más, hacer más viable el transporte de mercancías y personas sigue siendo una necesidad, por no hablar de la necesidad de reconversión y mantenimiento de muchas redes viarias, aéreas y portuarias de países europeos. El segundo objetivo se basa en los sectores de vanguardia tecnológica y de conocimiento. La investigación y los procesos de innovación siguen siendo motores de la actividad y tienen un enorme potencial de creación de empleo. Por último, el pilar social dada la pirámide demográfica de la población europea que sigue envejeciendo año a año, requiere de un verdadero sector laboral en torno a la asistencia social.

Nadie duda que debemos seguir tratando de ahorrar, ahorrar en aquello que resulta estéril, obsoleto o innecesario, pero ahorrar para generar recursos que puedan invertirse en regenerar el sistema productivo y, en definitiva, el modelo de sociedad que queremos. Hasta ahora todos los sacrificios se han puesto al servicio de la masa monetaria, sin que esta se haya redistribuido ni eficiente, ni equitativamente. Estamos ante una nueva oportunidad de hacer política para los ciudadanos y, además, podemos hacerlo sin caer en enfrentamientos baldíos entre el norte y el sur de Europa o entre posiciones meramente demagógicas de derecha o izquierda. Otra política de crecimiento compatible con la austeridad es posible, como lo es otra política fiscal de redistribución de la riqueza y más equitativa en los esfuerzos que realizar para salir de la crisis. Tal vez lo único que hace falta es el arrojo del gobernante de tomar la decisión de ahorrar para invertir, de destinar cada euro gastado inútilmente en crear un puesto de trabajo productivo en un sector con proyección de futuro. Es más simple de lo que nos cuentan, solo hace falta algo de conocimiento, sentido común y, sobre todo, creer en el bien común y no en los intereses particulares o partidistas. Una vez más la pelota está en el tejado de nuestros líderes. Esperemos que alguna vez sean capaces de serlo.

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Obrigado, el Tribunal Constitucional portugués pone límites a la Europa de los recortes

El Tribunal Constitucional portugués ha declarado ilegal la retirada de la paga extra de verano a los funcionarios y a los pensionistas y las rebajas en el subsidio de desempleo y de enfermedad consignadas en el presupuesto general de 2013 del país, aprobado en el Parlamento el pasado año. Las razones en las que se apoya el tribunal son que esa retirada violaba el principio de igualdad a la hora de afrontar sacrificios. Los altos magistrados lusos no cuestionan la capacidad del gobierno de llevar a cabo sus políticas de ajuste, pero si lo hacen en la proporcionalidad de las medidas respecto a las posibilidades de afrontarlas de los ciudadanos. De alguna manera, en realidad lo que han hecho, es demostrar en una sentencia que si existen alternativas a las políticas impuestas por la troika, Bruselas y por imposición disciplinaria de la canciller Merkel. Hay otra forma de repartir los sacrificios a los que la crisis económica obliga, sin romper la base equitativa de la sociedad, sin que acarreen con la peor parte los más débiles o los que no pueden ni siquiera oponerse a tal injusticia. La decisión del Constitucional portugués sitúa a la Unión Europea ante la encrucijada de seguir desarrollando su programa de austeridad y a la vez hacerlo de manera igualitaria. Claro que la Europa burócrata puede hacer oídos sordos una vez más a lo que la democracia en sus distintas expresiones le están diciendo, pero el riesgo cada vez es mayor y en más Estados de la Unión.

Como es natural el primer riesgo al que se enfrenta esa especie de moderna inquisición económica en que se ha convertido la troika – FMI, BCE y Comisión Europea – es el contagio que la decisión de los jueces lusos puede producir en otros Estados que optaron por medidas de ajuste similares. Es el caso claro de España, donde los muy similares recortes llevados a cabo por el gobierno Rajoyestán recurridos por los afectados en los tribunales. La presión social en la mayoría de los países del Sur de Europa, los más afectados por sus elevados déficits públicos, pesará como lo ha hecho sobre los togados portugueses. Las legislaciones constitucionales de nuestros Estados democráticos apuestan claramente por el modelo de Estado social de derecho, lo que deja pocas dudas de la interpretación que se debe dar ante los recortes planteados. Ningún ciudadano, por su situación económica, puede verse mermado de derechos en necesidades tan básicas como la salud, la educación o las pagas extras adquiridas como conquistas sociales históricas. Las protestas en la calle se siguen acrecentado a medida que la crisis se alarga y acrecienta su impacto social. Puede que la clase política incapaz de hallar soluciones alternativas se rinda al plan ortodoxo y uniforme decretado por Alemania, pero no creamos que los jueces pueden mirar hacia otro lado cuando se vulneran derechos fundamentales de nuestro ordenamiento democrático.

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Hasta aquí consideraciones de fondo sobre la crucial decisión de los 13 magistrados portugueses. Ahora nos queda esperar las reacciones del Gobierno del primer ministro Passos Coelho, que debe buscar medidas alternativas para ahorrar los 1.200 millones de euros a los que afecta la sentencia del Constitucional. Y, por otro lado, queda también por ver si la troika a la vista de la decisión judicial acepta renegociar los plazos y cantidades adeudados internacionalmente por Portugal, el país rescatado. Pero, no nos engañemos la incógnita más relevante es si el Consejo Europeo y la Comisión son capaces de hacer una lectura coherente de lo sucedido en Lisboa. Facilitaría a todos los Estados afectados por crisis de déficits y deuda, que las instituciones europeas fueran capaces de marcar un nuevo rumbo en los programas de austeridad, poniendo límites en el tipo de medidas a emplear y al peso que sobre los ciudadanos en función de su renta puedan tener. Se trata de reformular los planes de ajustes con una visión más social y menos estadística, una mirada más humana y, sobre todo, más europea. Se debería entender que la solidaridad entre los Estados que forman la Unión y el reparto de los esfuerzos de forma proporcional a las posibilidades de las ciudadanos en cada país, es la única forma de caminar homogénea y armónicamente en el proyecto de la UE.

No es la primera vez que alerto en este blog de los riesgos que tiene perpetuar este camino de pangermanismo insolidario. En los últimos meses hemos vivido tres capítulos especialmente relevantes de rebelión ciudadana y de poderes legales contra las políticas impuestas desde Berlín. El primer severo toque de atención se dio en Italia, en los comicios del pasado mes de marzo. Unos resultados que castigaron especialmente al protagonista impuesto de los planes de ajustes, el ex primer ministro Mario Monti. Con menos de 8% de los votos frente a casi el 20% del Movimiento 5 Estrellas encabezado por el cómico BeppeGrillo. Una crisis política que aún mantiene en vilo cualquier opción de gobernabilidad en el tercer país de la eurozona. Después vino el rescate de Chiprey el esperpento representado ante el mundo con una quita sobre depósitos de menos de 100.000 euros que después ante el plante del parlamento chipriota debió ser retirada. Y ahora llega la sentencia portuguesa de su más alto tribunal. Con toda la legitimidad del sistema democrático que sacralizamos en la Unión Europea, el poder judicial pone fronteras a las medidas impulsadas por Merkel. Tres serios reveses y tres crisis abiertas dos y cerrada en el falso una. Este triste balance unido como he señalado a las posibilidades de contagio en otros Estados, debería también obligar a repensar a las autoridades alemanas sus posiciones.

Negar que hemos avanzado durante los años de la crisis del euro en los mecanismos de salvaguarda de nuestra moneda y de gobernanza monetaria, es absurdo. La crisis nos ha fortalecido institucionalmente, nos ha hecho de la misma forma más fuerte ante los ataques exteriores de los mercados, pero la realidad es que el precio pagado por la sociedad y por los distintos países de la Unión está siendo desequilibrado y dispar. No hemos sido capaces de tejer una red de protección de las familias con más riesgos ante la crisis, de preservar los derechos sociales que tradicionalmente nos han diferenciado modélicamente del resto del mundo. Hemos fallado a los ciudadanos y esa percepción está labrando una tensión en la calle y un deterioro demoledor en los poderes de los Estados y en la clase política. Ha llegado el momento de cambiar de rumbo sin dilación. No podemos permitirnos nuevas crisis. Eslovenia o Hungría ya forman parte de los rumores más malintencionados contra el euro como opciones venideras de nuevos rescates. España sigue representando una realidad endeble que puede tornarse en desastre si el entorno de la eurozona hace empeorar las perspectivas económicas. Demasiados riesgos como para no tomar medidas que logren recuperar la confianza de la sociedad en el proyecto europeo. Necesitamos esperanza, ilusión, visión de futuro y es evidente que las políticas generadas desde Bruselas, hoy por hoy, solo provocan rechazo y estancamiento.

Los magistrados lusos han levantado un muro de vergüenza a las medidas indiscriminadas de recorte. Han dicho basta al desmantelamiento sin más de la protección social. Han sido para los portugueses los únicos capaces de entender sus reivindicaciones y de velar por sus intereses generales. Algo está funcionando muy mal cuando el poder judicial tiene que salir a la calle y ponerse al frente de la manifestación para que el Legislativo y el Ejecutivo entienda que se ha quedado aislado, lejos de aquellos que le votaron y le dieron la responsabilidad para tomar decisiones para salir de la crisis. Nuestros líderes necesitan hacer un ejercicio de escucha activa de sus ciudadanos, de los medios de comunicación, de la voz de la calle. No pueden seguir comportándose como los ilustrados absolutistas encerrados en su lema “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. De no ser capaces de oír las demandas sociales, anticiparse a la insatisfacción ciudadana y ser eficientes en su gestión, serán un simple estorbo o, pero aún, un enemigo que ha secuestrado el poder democrático. Aquellos gobernantes bienintencionados o no que se olvidaron de ser sensibles a los sufrimientos de sus semejantes, siempre han acabado trágicamente o en el mejor de los casos, huyendo por la puerta de atrás de las instituciones. Quien no tome buena nota del contenido de la sentencia lusa puede verse abocado a una triste suerte en menos plazo de lo que algunos esperan.

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El futuro de las pensiones una responsabilidad de todos

La reciente reforma emprendida por el Gobierno Rajoy del sistema de pensiones tiene como objetivo, según sus defensores, impulsar el “envejecimiento activo”. Como eufemismo semántico no está mal, pero la traducción es clara: la sostenibilidad de la Seguridad Social pasa por trabajar y, por tanto, cotizar más años. Si la ecuación la combinamos con ajustes sutiles en los números de años cotizados para el cálculo futuro de la pensión, tenemos la receta perfecta para la supuesta continuidad del sistema que no consiste en otra cosa que en reducir derechos y prestaciones. Obviar la necesidad de aplicar reformas a un sistema que se siente cada vez más presionado por un número de personas atendidas creciente y de contribuyentes decreciente, sería una absoluta irresponsabilidad. Nadie en su sano juicio puede negarse a adecuar las pensiones a la realidad demográfica y macroeconómica. Sin embargo, resulta igualmente inasumible la teoría determinista que proclama machaconamente que la única solución resulta de alargar la vida laboral combinada con el recorte de prestaciones. Ese atajo fácil al que estamos entregados en buena parte de los Estados de la Unión Europea, no deja de ser una forma de rendición incondicional y desmontaje parcial del sistema de protección que articula y vertebra nuestro desarrollada sociedad europea. Sin no somos capaces de adaptar al alza nuestras coberturas sociales, será imposible evitar el derrumbe del edificio de derechos que constituye la UE.

Afortunadamente la realidad es mucho más rica y compleja aunque nos obligue a un esfuerzo colectivo para sostener nuestro sistema de pensiones. Si queremos afrontar el tema con una visión global debemos tener en cuenta factores como: reparto del trabajo, trayectoria laboral, seguridad social dinámica, utilización responsable de las prestaciones, proporcionalidad de renta / prestaciones o colaboración público-privada. Hagamos un somero recorrido por cada uno de ellos.

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Reparto del trabajo: es evidente que el nivel de ingresos de la caja de la Seguridad Social resulta el elemento fundamental para poder garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las pensiones. En este sentido, lo que no podemos permitirnos son tasas de desempleo del 50% entre los jóvenes, formados y en edad de trabajar. Su incorporación como fuente de recurso a largo plazo para el sistema es imprescindible. Similar reflexión podemos realizar respecto a la mujer, donde aún quedan porcentajes sustanciales para alcanzar la igualdad de género y que requieren modalidades de contratación que hagan realmente posible la conciliación de la vida familiar. Pero de la misma forma, debemos tener en cuenta que la asistencia social a pensionistas y mayores ha de suponer el cuarto sector de empleo de las economías europeas. Potenciar el empleo social puede representar un vuelco de cotizantes en sociedades donde las enfermedades neurodegenerativas se están convirtiendo en la nueva pandemia europea.

Trayectoria laboral: si comparamos los cálculos de cotización requeridos en los Estados de la Unión para el cobro de las pensiones, nos acercamos mucho al mapa del desarrollo de nuestras sociedades. Así en Alemania se utiliza el concepto de salario medio de trayectoria profesional sobre el conjunto de 40 añ0s de actividad y la edad de jubilación es a los 65 años. Por su parte, en Francia se computa una mezcla de los 10 mejores años de salario con el salario medio de la trayectoria profesional, se precisan 37,5 años de cotización, siendo la edad de jubilación los 60 años. Por contra, en España, Grecia o Portugal, se reducen sustancialmente los años de cálculo, a 8, 2 y 5, sobre 35 años de cotización para cobrar el 100% de la pensión y la edad de jubilación de está elevando hasta los 67 años. Desde el punto de vista de justicia social y progresividad no cabe duda a cuál de las tendencias deberíamos optar.

Seguridad Social dinámica: Los cambios demográficos y el propio concepto de familia; la nueva dinámica del empleo y de la economía; el papel de las tecnologías y sus efectos en el mundo laboral y social; estos son fenómenos nuevos que colocan en tensión los principios bajo los cuales se construyó la seguridad social tradicional. Este nuevo modelo debe ser:

Inclusivo: incluye a todas las personas, en especial a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su situación de pobreza o ancianidad. También aquellos sectores que se encuentran en la economía informal o fuera del mercado laboral. Adecuado: responde a las necesidades y expectativas de la población. Sostenible: todo sistema de seguridad social ya sea que se encuentre financiado con contribuciones de los beneficiarios o con impuestos específicos o generales, debe sostenerse a través de un equilibrio actuaria. Proactivo y preventivo: la cultura de la prevención (por ejemplo, en accidentes laborales y cuidado preventivo de la salud) produce importantes ahorros a la seguridad social y mejoraran la calidad de vida de las personas. Económicamente productivo: el sector social no debe ser una variable de ajuste sino un factor de estabilización y cohesión social y de recuperación económica.

Utilización responsable de las prestaciones: no podemos concebir el futuro del sistema sin introducir como concepto básico del mismo la responsabilidad de todos los actores. Por supuesto de la Administración que gobierna los recursos, pero de la misma forma los receptores de las prestaciones deben ser conscientes de la trascendencia del buen uso del sistema. Evitar los fraudes y el mal gasto de las prestaciones debe convertirse en la garantía inexcusable del futuro de las pensiones.

Proporcionalidad renta / prestaciones: la jubilación debe formar parte de un modelo de fiscalidad integral que realice una acomodación continua de los niveles de renta y patrimonio con los servicios y prestaciones que el sistema concede a los ciudadanos.

Colaboración público – privada: los modelos complementarios con los debidos controles públicos ha demostrado en determinados países componer un fondo compensatorio de enorme utilidad para el equilibrio del sistema. Las mutualidades creadas en Austria y Alemania con fondos sindicales y patronales, así como las fundaciones empresariales de los países escandinavos, son ejemplos probados en este sentido.

La mera enunciación de conceptos como los arriba apuntados, nos demuestran que las pensiones son una responsabilidad colectiva y que su mantenimiento depende de un modelo complejo. Nuestra sociedad envejece por el aumento de la esperanza de vida y por la reducción de las tasas de fertilidad. Europa se enfrenta en las próximas cuatro décadas a su mayor desafío poblacional. Mil millones de habitantes de los que cada vez menos trabajarán para mantener al resto. La estabilidad de nuestras clases medias depende de que seamos capaces de generar una economía social de retorno de riqueza en torno a las prestaciones a mayores. Pero, sin duda, el futuro dependerá de que todos tomemos conciencia del problema y abramos un debate general entre ciudadanos, políticos y agentes sociales, Estado a Estado y de forma coordinada en el conjunto de la Unión. Una Europa sin fronteras no puede aislar los problemas como si fueran responsabilidad de este o aquel país. El reto de es de todos los europeos, convivir digna y civilizadamente requiere un nuevo consenso en torno al sistema de pensiones.

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