La reciente reforma emprendida por el Gobierno Rajoy del sistema de pensiones tiene como objetivo, según sus defensores, impulsar el “envejecimiento activo”. Como eufemismo semántico no está mal, pero la traducción es clara: la sostenibilidad de la Seguridad Social pasa por trabajar y, por tanto, cotizar más años. Si la ecuación la combinamos con ajustes sutiles en los números de años cotizados para el cálculo futuro de la pensión, tenemos la receta perfecta para la supuesta continuidad del sistema que no consiste en otra cosa que en reducir derechos y prestaciones. Obviar la necesidad de aplicar reformas a un sistema que se siente cada vez más presionado por un número de personas atendidas creciente y de contribuyentes decreciente, sería una absoluta irresponsabilidad. Nadie en su sano juicio puede negarse a adecuar las pensiones a la realidad demográfica y macroeconómica. Sin embargo, resulta igualmente inasumible la teoría determinista que proclama machaconamente que la única solución resulta de alargar la vida laboral combinada con el recorte de prestaciones. Ese atajo fácil al que estamos entregados en buena parte de los Estados de la Unión Europea, no deja de ser una forma de rendición incondicional y desmontaje parcial del sistema de protección que articula y vertebra nuestro desarrollada sociedad europea. Sin no somos capaces de adaptar al alza nuestras coberturas sociales, será imposible evitar el derrumbe del edificio de derechos que constituye la UE.
Afortunadamente la realidad es mucho más rica y compleja aunque nos obligue a un esfuerzo colectivo para sostener nuestro sistema de pensiones. Si queremos afrontar el tema con una visión global debemos tener en cuenta factores como: reparto del trabajo, trayectoria laboral, seguridad social dinámica, utilización responsable de las prestaciones, proporcionalidad de renta / prestaciones o colaboración público-privada. Hagamos un somero recorrido por cada uno de ellos.
Reparto del trabajo: es evidente que el nivel de ingresos de la caja de la Seguridad Social resulta el elemento fundamental para poder garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las pensiones. En este sentido, lo que no podemos permitirnos son tasas de desempleo del 50% entre los jóvenes, formados y en edad de trabajar. Su incorporación como fuente de recurso a largo plazo para el sistema es imprescindible. Similar reflexión podemos realizar respecto a la mujer, donde aún quedan porcentajes sustanciales para alcanzar la igualdad de género y que requieren modalidades de contratación que hagan realmente posible la conciliación de la vida familiar. Pero de la misma forma, debemos tener en cuenta que la asistencia social a pensionistas y mayores ha de suponer el cuarto sector de empleo de las economías europeas. Potenciar el empleo social puede representar un vuelco de cotizantes en sociedades donde las enfermedades neurodegenerativas se están convirtiendo en la nueva pandemia europea.
Trayectoria laboral: si comparamos los cálculos de cotización requeridos en los Estados de la Unión para el cobro de las pensiones, nos acercamos mucho al mapa del desarrollo de nuestras sociedades. Así en Alemania se utiliza el concepto de salario medio de trayectoria profesional sobre el conjunto de 40 añ0s de actividad y la edad de jubilación es a los 65 años. Por su parte, en Francia se computa una mezcla de los 10 mejores años de salario con el salario medio de la trayectoria profesional, se precisan 37,5 años de cotización, siendo la edad de jubilación los 60 años. Por contra, en España, Grecia o Portugal, se reducen sustancialmente los años de cálculo, a 8, 2 y 5, sobre 35 años de cotización para cobrar el 100% de la pensión y la edad de jubilación de está elevando hasta los 67 años. Desde el punto de vista de justicia social y progresividad no cabe duda a cuál de las tendencias deberíamos optar.
Seguridad Social dinámica: Los cambios demográficos y el propio concepto de familia; la nueva dinámica del empleo y de la economía; el papel de las tecnologías y sus efectos en el mundo laboral y social; estos son fenómenos nuevos que colocan en tensión los principios bajo los cuales se construyó la seguridad social tradicional. Este nuevo modelo debe ser:
Inclusivo: incluye a todas las personas, en especial a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su situación de pobreza o ancianidad. También aquellos sectores que se encuentran en la economía informal o fuera del mercado laboral. Adecuado: responde a las necesidades y expectativas de la población. Sostenible: todo sistema de seguridad social ya sea que se encuentre financiado con contribuciones de los beneficiarios o con impuestos específicos o generales, debe sostenerse a través de un equilibrio actuaria. Proactivo y preventivo: la cultura de la prevención (por ejemplo, en accidentes laborales y cuidado preventivo de la salud) produce importantes ahorros a la seguridad social y mejoraran la calidad de vida de las personas. Económicamente productivo: el sector social no debe ser una variable de ajuste sino un factor de estabilización y cohesión social y de recuperación económica.
Utilización responsable de las prestaciones: no podemos concebir el futuro del sistema sin introducir como concepto básico del mismo la responsabilidad de todos los actores. Por supuesto de la Administración que gobierna los recursos, pero de la misma forma los receptores de las prestaciones deben ser conscientes de la trascendencia del buen uso del sistema. Evitar los fraudes y el mal gasto de las prestaciones debe convertirse en la garantía inexcusable del futuro de las pensiones.
Proporcionalidad renta / prestaciones: la jubilación debe formar parte de un modelo de fiscalidad integral que realice una acomodación continua de los niveles de renta y patrimonio con los servicios y prestaciones que el sistema concede a los ciudadanos.
Colaboración público – privada: los modelos complementarios con los debidos controles públicos ha demostrado en determinados países componer un fondo compensatorio de enorme utilidad para el equilibrio del sistema. Las mutualidades creadas en Austria y Alemania con fondos sindicales y patronales, así como las fundaciones empresariales de los países escandinavos, son ejemplos probados en este sentido.
La mera enunciación de conceptos como los arriba apuntados, nos demuestran que las pensiones son una responsabilidad colectiva y que su mantenimiento depende de un modelo complejo. Nuestra sociedad envejece por el aumento de la esperanza de vida y por la reducción de las tasas de fertilidad. Europa se enfrenta en las próximas cuatro décadas a su mayor desafío poblacional. Mil millones de habitantes de los que cada vez menos trabajarán para mantener al resto. La estabilidad de nuestras clases medias depende de que seamos capaces de generar una economía social de retorno de riqueza en torno a las prestaciones a mayores. Pero, sin duda, el futuro dependerá de que todos tomemos conciencia del problema y abramos un debate general entre ciudadanos, políticos y agentes sociales, Estado a Estado y de forma coordinada en el conjunto de la Unión. Una Europa sin fronteras no puede aislar los problemas como si fueran responsabilidad de este o aquel país. El reto de es de todos los europeos, convivir digna y civilizadamente requiere un nuevo consenso en torno al sistema de pensiones.
