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Los salarios son la clave o de otra manera de hacer las cosas

En materia de política económica demasiadas veces nos hemos dejado llevar por el determinismo de la ortodoxia vigente. La manera en que tenemos de afrontar las crisis  tiene mucho que ver con la doctrina dominante en el momento o con la que los mercados decidan primar en cada caso. Pero no deberíamos olvidar que la política económica, primero es política, es decir, el arte de establecer prioridades que siempre deberían basarse en el interés general. De la misma forma que resulta obvio que las teorías económicas de cómo afrontar los problemas no son científicamente puras, ni infalibles, sino aproximaciones más o menos acertadas a una predicción de lo que puede suceder si se actúa de una u otra manera. Y digo todo esto, porque si analizamos el escenario económico mundial provocado por la globalización desde la caída de Lehman Brothers, el 13 de septiembre de 2008, pistoletazo de salida a la crisis que aun vivimos, veremos que desde políticas económicas diversas se han alcanzado resultados bien distintos. A eso dedico este post.

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A tal efecto, conviene realizar un paralelismo de lo sucedido en Estados Unidos, en Japón y en España, como fiel reflejo esta última de la política de austeridad impuesta por la Comisión Europea al dictado de Alemania. Empecemos, pues, por las tasas de crecimiento tanto del país como per cápita. En Estados Unidos en el periodo 2008-2015 el PIB pasó de tasas negativas del -0,6% en 2008 y -2,8% en 2009 a crecimientos positivos superiores al 2% desde 2010 y el pasado año del 2,4%. Por su parte, el PIB per cápita pasó de los 32.900€ en 2008 a los 41.100€ en 2014, es decir, un incremento de casi 20 puntos. Por su parte, Japón ha tenido continuos altibajos en su PIB sin lograr una estabilidad efectiva de su crecimiento, concluyendo el periodo el pasado año con un decrecimiento del 0,1% y pasando su PIB per cápita de 25.700€ a 27.247€, un incremento del 5,6%. En España, hemos pasado de decrecer en 2009 un -3,6% a crecer el pasado año un 1,4% y tener una previsión para este año que supera el 2,5%. Nuestro PIB per cápita, sin embargo, decreció de los 24.274€ a los 22.780€, un 6,1%. Es claro que los crecimientos país no han sido homogéneos según los casos y que fueron los ciudadanos norteamericanos los mejor parados en este ratio.

Pero para acercarnos de manera más certera a la realidad de los bolsillos domésticos, conviene que veamos lo que ha sucedido en igual periodo con la evolución de los salarios. En EE.UU., el salario medio anual pasó de 28.785€ a 37.693€, un incremento del poder adquisitivo del 24%. Mientras que el SMI – Salario Mínimo Interprofesional – creció de 689€ a 1.035€, un incremento del 44%. En Japón, el salario medio creció de 31.669€ a 34.794€, un 8%, mientras que el SMI pasaba de 726 € a 1.148 €, un +37%. Y, por último, en España el salario medio se incrementó de 23.252€ a 26.162€, un 12% y el SMI de 700€ a 757€, un +8%. Creo que las cifras cantas por si solas sin necesidad de especiales comentarios, más si tenemos en cuenta que la inflación en los tres países se mantuvo muy estable en valores entre el 1% y el -1%. Los estadounidenses han mejorado su situación relativa de poder adquisitivo, en menor medida los nipones y los españoles hemos retrocedido claramente.

Dado que la política aplicada en España de radical moderación salarial se fundamentó en la necesidad de crear empleo, veamos lo que en el periodo analizado ha sucedido con la tasa de paro en los tres países. En EE.UU., la tasa de desempleo pasó del 10% en 2009 a los actuales 5,5% de 2015, tan solo un 0,5% superior a la que registraba antes de iniciarse la crisis. En Japón, se alcanzó la máxima cuota con el 5% en 2009 y actualmente se sitúa en 3,4%. Mientras en España, con anterioridad a la crisis, en el tercer trimestre de 2008 la tasa era del 11,33%, se alcanzó la cuota máxima en el primer trimestre de 2013 con el 26,94% y, en el segundo trimestre del 2015 nos encontramos con una tasa del 22,5%. Si pretendíamos dar lecciones de creación de empleo a base de congelar salarios, me temo que la política económica aplicada en España, tanto por los últimos gobiernos de Rodríguez Zapatero, como por los de Mariano Rajoy, pasarán a la historia de la Economía.
Todo este mareo de cifras pretende ilustrar el debate de cómo se alienta de mejor manera la recuperación económica en el actual ciclo. De lo que adolece la economía mundial no es de ratios de crecimiento, ni siquiera, de capacidad para crear empleo, es anterior el problema y reside en el empobrecimiento de los salarios y con ello de las rentas medias de los ciudadanos de los países que tiran del consumo mundial. La administración Obama lo entendió tras casi una década de pérdida de poder adquisitivo de sus ciudadanos y emprendió una política expansiva cuyos frutos están a la vista. En Japón, con una economía estancada en el mismo periodo, el Gobierno de Shinzo Abe, su Abenonomicscon sus “tres flechas”: estímulo fiscal masivo, flexibilización monetaria masiva y reformas estructurales que impulsen la competitividad, ha logrado salir del estancamiento, cuyos efectos también la han notado las familias niponas. Por contra, en España el resultado de la política económica oficialista basada en los ajustes, la austeridad y la congelación salarial, de la Comisión Europea, elBanco Central Europeo, bajo las directrices de la Canciller Merkel, nos han granjeado una senda de empobrecimiento de la clase media, para reducir el número de parados a base de contratos en el límite del Salario Mínimo Interprofesional que abocan a sus firmantes a la mínima supervivencia, sin capacidad de consumo.

Si no somos capaces de poner el foco en la recuperación salarial, no vamos a ser capaces de recuperar nuestra sociedad. No se trata tanto de crear empleos a cualquier precio, como de recuperar los salarios medios de nuestros trabajadores. No es cierto que el factor salarial sea la clave de la competitividad, salvo que asumamos que nuestras empresas y nuestra economía se mueve en los parámetros de subdesarrollo. Conceptos como la innovación y la internacionalización de los mercados, tienen mucho más que ver en la capacidad de venta de nuestros productos que el coste de la mano de obra. Eso si queremos que la base de nuestra estructura económica lo sea la industria, el único sector con capacidad real de crear riqueza sostenible y equitativa. Aunque algunos se empeñen en tirar la toalla y cambiar el trabajo de la construcción por el del turismo y convertir la península ibérica en el bar de tapas de los europeos laborioso e industriales del norte, en sus días de ocio. Si el sector servicios ocupa todo, seremos los sirvientes de otros, pero que nadie sueñe con salarios dignos cuando se es a lo sumo el mayordomo de los señoritos.

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España 2015, de elección en elección hasta la derrota final

Andalucía abre el juego electoral en el que España se va a ver sumida durante el presente 2015. Cuatro convocatorias a las urnas que prácticamente van a dilucidar el nuevo reparto de poder para los cuatro próximos años, siempre que la aritmética parlamentaria haga posible la estabilidad toda una legislatura. Es el año del juicio político a la gestión de la crisis. Al ya ex presidente Rodríguez Zapatero la crisis le costó el mayor varapalo electoral de la historia del Partido Socialista y hasta la fecha, la inmensa mayoría de los gobernantes que han pasado examen de su acción política han cosechado un severo castigo. Nada que pueda sorprendernos, pues, las consecuencias de la crisis se pueden medir en pérdida de derechos, de protección social y, excepto los más ricos, de fuerte caída de poder adquisitivo de los ciudadanos. Pareciera que ante este panorama, el votante se mueve más por el deseo de escapar de la pesadilla y prefiere lo nuevo como oferta antes que reincidir en políticas que considera le han llevado hasta aquí. Esa sería la primera reflexión a tener en cuenta: en la proporción que finalmente resulte, pero debemos descontar la entrada en el mapa político con fuerza, de opciones nacidas en el propicio caldo de cultivo de la crisis y que hasta la fecha no han ejercido responsabilidad de gobierno.

Que el baile empiece en Andalucía tiene todo que ver con la estrategia socialista de salvar los muebles en su feudo más fiel y seguro. De haber dejado la cita electoral andaluza para más adelante, el PSOE podría haberse encontrado con un rosario de malos resultados que habrían hecho peligrar su propia existencia. Adelantando no han buscado la estabilidad de gobierno, más bien la ponen en juego, pues, difícilmente el resultado del próximo domingo arroje un Ejecutivo más sólido que el de coalición con Izquierda Unida anterior a la disolución. Sin embargo, la victoria clara aunque sin mayoría absoluta y con una fuerte pérdida de escaños respecto a los anteriores comicios, según auguran los sondeos, suena a música celestial a un partido socialista necesitado de una buena noticia de cara a las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. Está claro que ante el vértigo a precipitarse hacia la desaparición, la vieja guardia con Felipe González a los mandos ha tocado a rebato, tirando de manual estratégico y poniendo paz entre Susana Díaz y el aun bisoño secretario general, Pedro Sánchez. Esta es la primera consecuencia de la entrada imparable de Podemos en el escenario político, la reacción del PSOE. Por su parte, el PP ganador de los anteriores comicios andaluces, al borde entonces de la mayoría absoluta, optó por el recambio de su líder, jubilando al eterno aspirante a presidente de la Junta, Javier Arenas y sustituyéndole por un desconocido Juan Manuel Moreno Bonilla. Un plan aparentemente quebrado, al menos en las encuestas, por la incorporación de otra nueva fuerza que compite por el espacio del centro, Ciudadanos.

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Un mal resultado del PP en Andalucía tendría consecuencias negativas con casi total seguridad en los comicios que más preocupan este año a la formación conservadora. Las elecciones autonómicas y municipales de mayo son el hito más complejo de salvar para los populares, sobre todo, por la gran acumulación de poder que registraron en 2011. Gobernando como gobierna en la gran mayoría de las comunidades y principales ayuntamientos españoles, de natural deben perder un importante número de cargos electos y gobiernos, un efecto que puede agravarse por el desgaste de la acción del gobierno Rajoy y la retahíla de casos de corrupción en los que se haya inmerso. Ese efecto dominó que de perder en Andalucía arrastraría a derrotas en toda España en mayo, dado lo apretado de todos los plazos electorales podría también condicionar negativamente su resultado en las elecciones generales de noviembre o diciembre. En todo caso, es obvio que al PP y concretamente a Mariano Rajoy, dadas sus escasas cotas actuales de popularidad, le está siendo muy complicado poner en valor los logros de su gestión relativos  a la mejora de la situación económica, a haber evitado el rescate de España y a ponernos en la senda de la recuperación,  hechos que internacionalmente nadie le niega. Sus votantes se han sentido traicionados por una gestión que consideran ha sido desleal a su programa, especialmente con la subida de impuestos y de ahí, que esa clase media de derechas que ansiaba un planteamiento liberal de gobierno, hoy por hoy, salvo que el miedo escénico a una victoria de la izquierda le movilice, está más por la labor de votar a Ciudadanos o de quedarse en casa.

Por medio, entre las autonómicas y municipales y las generales, Artur Mas metió la ficha de unas elecciones catalanas, pretendidamente convocadas por él como un plebiscito por la independencia. A la vuelta de las vacaciones de verano y en el entorno de sensibilidad que genera la Diada de Catalunya, el president pretende demostrar con los votos en la mano, la existencia práctica de una mayoría política independentista en el Parlament. Sus diferencias con Esquerra Republicana, sin embargo, han enfriado mucho los anhelos de independencia entre los votantes, siempre según las encuestas. Queda por ver si ambas formaciones, CiU y ERC son capaces de conformar una sola lista o al menos acudir con un programa común a las elecciones. De no ser así, el camino emprendido hacia la independencia podría haberse quedado de momento en una altisonante batalla por el poder autonómico, mientras que en el frente españolista, toda la refriega se saldaría con la victoria de Ciudadanos en detrimento de PSC y PP.

El gran generador de este calendario y, en gran medida, de la enorme incertidumbre que el futuro político español despierta, no es otro que Podemos. Una formación de recientísimo cuño, inexperta total en este tipo de comicios, pues, solo concurrió a las elecciones europeas de circunscripción y lista única. Esta formación y su líder han alcanzado cuotas de popularidad mediática desconocidas hasta la fecha en tan escaso período, lo que afianza la opinión de que su novedad despierta enorme interés, sea a favor o en contra. Se trata en esencia de un fenómeno caliente, que en dicha condición reúne lo mejor y lo peor de si mismo. Podemos está de moda, pero su reto es no ser una moda y convertirse en una realidad creíble y sostenible como oferta política en el tiempo. Como todas las cosas, a su vez el tiempo corre en su contra, ya que cada vez son menos novedosos, pierden frescura a medida que les conocemos más, se parecen a todos y se les exige que concreten sus propuestas. El cheque gratuito a Podemos por parte de los electores no sabemos cuántas convocatorias a las urnas puede durar, pero cuatro como tenemos este año, se antojan demasiadas. Las informaciones sobre irregularidades de Errejón o sobre las cuentas personales de Monedero no les ayudan, como tampoco lo hace la gestión del gobierno griego de Alexis Tsiprasa medida que tenga que reconocer el estrecho margen de acción política que queda más allá de los imperativos impuestos por Bruselas. Y, para colmo de posibles males, para la formación de Pablo Iglesias, aparecen los novísimos, una fuerza política más asumible y centrada para muchos votantes, Ciudadanos, con un líder mejor vestido y de discurso amable, que está robando a parte del electorado snob en todo el territorio que se siente español.

Como se ve, vivimos tiempos tan confusos como previsiblemente convulsos y de cambio político en España. El grado exacto y la magnitud del terremoto, lo iremos sabiendo por etapas y comicios. Ninguna de ellas dejará de tener impacto en la siguiente, de ahí que convenga a la hora de reflexionar o hacer pronósticos tomárselo con mucha calma y sosiego. Sobre todo si tenemos en cuenta que los medios y los propios partidos han decidido convertir a las encuestas en arma de guerra de uso más que frecuente asiduo. Nos estamos viendo sometidos cada fin de semana a un sondeo sobre algo relacionado con unas u otras elecciones, como si pudiera ser cierto que la opinión o el voto cambia cada siete días en más de un diez por cierto de la población. Tratar de influir mediante encuestas en el estado de ánimo del votante es una vieja técnica a la que no niego valor,  pero muchas empresas demoscópicas, medios de comunicación, sociólogos y politólogos, están poniendo en riesgo su buen nombre y credibilidad en este juego. En cualquier caso, los ciudadanos tenemos la última palabra y la partida empieza en Andalucía.

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Al rescate de las Comunidades Autónomas: ¡motín a bordo!

Sabido es que resulta de lo más cómodo en situaciones de excepcional dificultad buscar un responsable para ponerlo en la picota y hacerle responsable de cuantos males nos invaden. La cultura hispánica lejana a la autorresponsabilidad y a la autocrítica, siempre encuentra justificaciones ajenas a sus problemas con tanta facilidad como pone en marcha juicios sociales inquisitoriales para buscar culpables que nos tranquilicen las conciencias. En esta crisis por la que tratamos de navegar hace ya casi un lustro, el relato oficial del drama que vivimos ha acudido a distintos malos de la película para explicar lo que no estaba sucediendo con una trágica frivolidad que ha impedido un análisis riguroso de las causas internas del crack de nuestra economía y de las reformas estructurales que son imprescindibles para salir de ésta. Primero fueron los vientos lejanos de Wall Street en exclusiva quiénes protagonizaron titulares de medios y declaraciones de políticos como si la globalización no fuera con nosotros. Después, los errores de un presidente del Gobierno que se empeñó en negar la gravedad de los hechos convirtió a Rodríguez Zapatero en el pim pam pum del colectivo. Su desaparición dejó paso a la omnipresente figura de la canciller alemana Angela Merkel como mala oficial, su intransigencia en flexibilizar las condiciones de ajuste que nos han impuesto la ha convertido en el blanco de las iras de la calle. Pero como siempre necesitamos culpables patrios, encontramos un mantra extraordinario, capaz de explicar sin titubeos el origen de todos nuestras desgracias: las Comunidades Autónomas. Una aberración de la transición democrática que nos ha convertido en 17 reinos de taifas repletos de corruptos que malgastan el dinero de los pobres españoles, vamos en una palabra, la cueva de Alí Babá y los 17 ladrones. Simple, simplicísimus, la mejor de las coartadas para volver a 1976, al glorioso régimen donde las diputaciones provinciales y los gobernadores civiles mantenían la ley y el orden, por cierto de un Estado, tan arruinado como el actual.

Como la memoria es frágil en un país que no quiere recordar habrá que echar la vista atrás para refrescar las ideas sobre cómo surgió el invento de las Comunidades Autónomas. Es evidente que como no se cansan de repetir los enemigos del modelo autonómico, España tenía un “problema” con Euskadi yCataluña – curiosa manera de afrontar el debate del encaje de realidades nacionales dentro del Estado – podía perfectamente, pues, haber optado por un régimen administrativo asimétrico o por la simetría total que representa el federal. Sin embargo, en un peculiar encaje de bolillos, las distintas fuerzas constitucionales – salvo el Partido Nacionalista Vasco que siempre se opuso al modelo aunque finalmente lo acató – entendieron que las Autonomías atemperaban mejor las tensiones territoriales del Estado español. Para ello se estableció en el texto constitucional de 1978 dos vías de acceso a las competencias autonómicas: la vía rápida para las históricas – dado que ejercieron autogobierno durante la Segunda República – las citadas Euskadi y Cataluña por el artículo 151 y el resto de las hasta entonces regiones y provincias, por el artículo 143 o la vía lenta. Un procedimiento que se vio alternado el 28 de febrero de 1980, en virtud del referéndum celebrado en Andalucía que consagró con un apabullante del 87% a favor del acceso de los andaluces a la vía rápida. A partir de este momento se puso en marcha un proceso de aceleración del Estado autonómico y de las transferencias de gestión de los asuntos básicos para la vida de los ciudadanos desde la administración central a las administraciones autonómicas. El “café para todos” como lo bautizó el ministro Clavero, enfrentado al presidente Adolfo Suárez, se puso en marcha y ha durado hasta la fecha. Pero sus detractores se olvidan que si estamos donde estamos se debe a la voluntad popular de casi tres millones de andaluces que libremente decidieron exigir a Madrid más autogobierno y más rápido. Cosas incómodas que tiene la democracia, ¡qué le vamos a hacer señores del antiguo régimen!

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Para cualquier planteamiento de reforma que se quiera plantear habrá que partir de dos condiciones inexcusables: primero, proponer un modelo alternativo al autonómico que se formule claramente, sin argucias de si es más caro o más barato, pues, lo que nos jugamos es un modelo de convivencia, no el tipo de asesor fiscal que escogemos; y en segundo lugar, que cualquier modificación debe ser aceptado por la voluntad popular, la de los ciudadanos de los distintos territorios que hoy componen este Estado plurinacional. Cada cual tiene un derecho inalienable recogido en la declaración de las Naciones Unidas a pertenecer a la entidad jurídica nacional o estatal que desee, si bien esta capacidad de autodeterminación al colisionar con el derecho de quienes en una misma comunidad tienen distinto deseo, debe articularse a través del consenso y la negociación. Es decir, que abrir el melón del modelo de Estado, en ningún caso puede encontrar la justificación fácil de culpabilizarlas del éxceso de déficit de la economía española, para cercenar derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Si abrimos el melón, si estamos de acuerdo en que el traje se nos ha quedado pequeño y viejo, nos hacemos uno nuevo con todas las consecuencias, incluido como no puede ser de otra forma el derecho a decidir libremente. Supongo que estas reflexiones ya no son tan del agrado de los medios y políticos que cada día con más fuerza y virulencia predican la imperiosa necesidad de reformar el Estado español. Si la única reforma posible es que el Estado sea más español, o lo logran por la fuerza o tendrá que refrendarlo territorio a territorio los distintos pueblos que componen el Estado.

Pero para centrar la realidad del supuesto problema de despilfarro que suponen las Comunidades Autónomas, debemos empezar por asumir que las Autonomías son más Estado que el Estado central, pues, gestionan más del 60% del gasto público, especialmente aquellos aspectos como la Sanidad o la Educación más sensibles y más cercanos del servicio público al ciudadano. El conjunto de las CC.AA. los 140.083 millones de euros, que equivale al 13,1% del PIB, mientras que la deuda pública total de España, cerró el año pasado en 734.962 millones de euros, lo que supone el 68,5% del PIB y, por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 35.420 millones de euros en 2011, el equivalente al 3,3% del PIB. Nos pongamos como nos pongamos, criminalicemos a quien queramos criminalizar, la realidad es que el fuerte incremento de la deuda pública en el Estado se ha debido a las cuantiosísimas ayudas que se vienen prestando a la banca desde el inicio de la crisis y a los pagos por prestaciones al desempleo, que afecta a más cinco millones y medio de parados. Son el pago por intereses de la deuda, unos 40.000 millones al año y la cobertura del paro, cerca de 50.000 millones al año, los capítulos que han tensionado hasta el extremo la prima de riesgo española en los últimos años.

Pretender el cambio de un modelo porque en estos 30 años de su funcionamiento se han producido malas praxis es algo así como dejar de conducir porque puedes tener un accidente. De lo que ha adolecido el modelo autonómico es de autorresponsabilidad fiscal, unos entes gestores de gastos fundamentales y con tienen capacidad de generar ingresos, son por naturaleza irresponsables. De ahí que convenga en estos momentos analizar dónde se identifican territorialmente los principales problemas de endeudamiento y déficit autonómico. De otra forma pagarán justos por pecadores. Cuatro son las comunidades con un endeudamiento por encima del 15% de su PIB: Cataluña 41.778 millones de euros, 20,7%; Valencia, 20.762 millones de euros, 20,7%; Castilla-La Mancha, 6.587 millones de euros, 18,8%; y Baleares 4.432 millones de euros, 16,3%. Ellas cuatro solas alcanzan el 50% del total de la deuda autonómica. Les  siguen seis comunidades con ratios de deuda similares a los del Estado, entre el 15% y el 10%: Navarra (12,9%), Galicia (12,3%), Rioja (11,2%), Extremadura (10,9%),Aragón (10,2%) y Murcia (10,1%). Mientras que sólo 7 comunidades registraron al cierre del 2011 niveles de deuda por debajo del 10% de su PIB: Andalucía (9,8%),Castilla y León (9,4%), Cantabria (9,3%), Asturias (9,1%), Canarias (8,8%), País Vasco (8,1%) y Madrid (7,9%). La insuficiencia financiera de quien gestiona y no recibe recursos, unido a la mala gestión imputable a determinados gobiernos autonómicos que si se quieren leer las cifras de evolución de la deuda tienen nombre y apellidos, explica el incremento del endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

Así las cosas, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han anunciado su intención de acudir al mecanismo de financiación puesto en marcha por el Gobierno central para facilitar los pagos por parte de las Comunidades Autónomas, una suerte de rescate autonómico aunque como en el caso de la intervención de España queramos jugar a laberintos semánticos para correr una cortina de humo sobre la realidad. El problema es que el fondo que se ha instrumentado es claramente insuficiente para dar cabida a los 140.000 millones que anualmente generamos de deuda y sus consiguientes intereses. Cataluña es la punta del iceberg del problema y su incapacidad para realizar pagos tan imprescindibles como las nóminas de los médicos de los hospitales está a la vuelta de la esquina. El president de la Generalitat Artur Mas ha advertido de la circunstancia y apela a un pacto fiscal con el Estado para poner fin a un largo período de insuficiencia financiera por parte de Cataluña, que se siente maltratada en el reparto de transferencias. De  no producirse este nuevo consenso la administración catalana será incapaz de hacer frente a sus obligaciones y podría ser intervenida, una situación que como el propio dirigente nacionalista ha indicado, abocaría a unas elecciones para que el pueblo catalán decidiera el camino a seguir. Detrás podrían venir cualquiera del resto de las Comunidades Autónomas, pues, la mayoría de ellas han reformado sus estatutos para poder celebrar elecciones dentro del período cuatrianual de mandato. Estamos ante la necesidad de un replanteamiento general del modelo de Estado, más en su formulación de responsabilidad fiscal que de otra índole, pero en todo caso ante la obligación de un nuevo pacto de Estado. De no abordarse o de hacerlo con meras pretensiones recentralizadoras colándolas de rondón con el pretexto de la crisis, podemos vernos sumidos en un auténtico motín a bordo.

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¿Cuál es el siguiente paso a la indignación? Reforma o ruptura

En 2008, fue la gota que colmó el vaso, la mecha que prendió la llama y el detonante de la crisis financiera de la que hoy seguimos sufriendo las consecuencias. Bueno, no todos. Ahora nos anuncian a bombo y platillo que la quebrada Lehman Brothers ha salido de su ruina. La bancarrota de 639.000 millones de dólares de la entidad, que dio inicio al desastroso ciclo financiero internacional que ha provocado una recesión en cadena, oficialmente ha concluido y el banco está listo para empezar a devolver los 65.000 millones dólares a sus acreedores y para volver a operar, esperemos que bajo normas de actuación más éticas y decorosas. Pero la realidad 2 años y medio después no es otra que un mundo en franca recesión, sin modelo económico global de futuro y, en el caso de Europa, sumidos en un proceso de rescate de varios países, inmersos en recortes presupuestarios y con alto riesgo de desmontaje del Estado del bienestar del que venimos disfrutando en los últimos 50 años.

Y todo empezó en Wall Street, todos nuestros actuales males surgieron como de la nada de una pesadilla de ingeniería financiera basada en el timo de la estampita. Tan vulgar como real, tan burda la trampa como descomunales sus consecuencias. Se desencadenó la tormenta, nos llevó a todos por delante y para cuando quisimos darnos cuenta, el mundo ya no era como nos lo habían hecho creer y además éramos culpables de no se sabe qué. Tardamos bastante en indignarnos porque el susto nos atenazó un tiempo, la indignación trató de manifestarse y se quedó en un ridículo gesto fotográfico de concentraciones hacia la nada. Sin propuesta alguna y sin capacidad de quemar los nuevos palacios de invierno – las bolsas -, la protesta se fue diluyendo dejando constancia de su impotencia y del triunfo del sistema que aunque caduco sigue reinando. De la confusión pasamos al pánico, de ahí a la indignación y ahora vivimos un insípido periodo de anonadamiento. Con la boca abierta al sol y dando vueltas sobre nosotros mismos, tratamos de encontrar un nuevo rumbo en un mundo que cada día es menos colectivo y más individualista, que ha apostado por el sálvese quien pueda y abandona a toda velocidad las fórmulas de soluciones solidarias a los problemas.

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La democracia para lo único que nos ha servido en este extraño periodo de la humanidad es para oficializar los cambios de gobierno. Uno tras otro han ido cayendo de distintos colores, de derechas o de izquierdas porque hacía mucho tiempo que salvo a sus siglas habían apostatado de sus ideologías y de plantear propuestas de cambio a la sociedad. Basados en la alternancia y no en la alternativa, hemos visto ser deglutidos por la crisis a George Bush, Gordon Brown, Silvio Berlusconi, Yorgos Papandreu, José Luis Rodríguez Zapatero y, de seguir así las cosas, pronto engrosarán la lista Nicolás Sarkozy y Angela Merkel. Dado que el único derecho que le queda al empobrecido ciudadano es introducir la papeleta en la urna, castiga al gobernante y busca en su oponente una oportunidad a ciegas para salir de la crisis, todo ello convenientemente revestido de una notable desidia y falta de credibilidad de la clase política.

La política se ha instaurado en el centro ideológico, lo que en palabras de un notable ministro franquista no es más que un punto en el infinito – lo decía uno que sentía un claro desprecio por las opiniones de los demás -. Pero la realidad es que por centrarse han perdido su perfil y sus aristas diferenciadoras, se han profesionalizado las bases de los partidos y funcionarizado sus programas o propuestas. Todo un compendio de males que han contribuido al gobierno de los mercados y a la incapacidad para controlarlos desde normas sociales basadas en el bien general. Lo liberal se ha ido imponiendo como sin querer, porque además ser liberal se ha convertido en una suerte de poder decir un día una cosa y al día siguiente lo contrario con solución de continuidad. De tal forma que quien contraviene su norma es un peligroso antisistema que sabe dios a dónde pretende llevarnos. La voz única se ha ido imponiendo como la única política posible ocupando un enorme espacio social de una sociedad anestesiada antes y ahora aturdida por la crudeza de la crisis.

Todos los gobiernos al darse cuenta de su absoluta incapacidad para solventar la situación con un mínimo éxito han tratado de encontrar un culpable a que responsabilizar de los males. El déficit, las agencias de rating, los derrochadores países del Sur en Europa y en España las Comunidades Autónomas esos monstruos de dos cabezas que duplican gastos y derrochan lo que no tenemos para honra y gloria de unos pequeños virreyes políticos. Explicación simplona a problemas de fondo de un modelo de sociedad, pero que se compran fácilmeTeante por una sociedad que necesita un malo de la película para lanzar contra él todos sus enfados cotidianos fruto de la caída real de sus ingresos. Y en esta política huidiza que no afronta seriamente los problemas y que frivoliza con titulares fáciles, está alimentando los neopopulismos en los extremos de los arcos parlamentarios. Surgió el Tea Party y en Europa la extrema derecha, como reverdecen posiciones comunistas nostálgicas del colectivismo. Aún no han sido capaces de alcanzar gobiernos, porque ni lo pretenden, es una extrema desvergonzada, que solo quiere condicionar, ser la llave de las políticas sin pretender cambiar el mundo como lo intentaron pese a que nos causaran no pocos dramas, el nazismo, el fascismo o el comunismo.

Sería lógico suponer que esta crisis que ya dura mucho – cuatro años a la velocidad que se mueve nuestro mundo globalizado se asemeja a una década de las de antes – debe provocar pronto un nuevo estado de ánimo entre nosotros. La indignación suele dar paso a la rebeldía y esa sensación motriz tiene dos caminos para expresarse: la reforma o la ruptura. Europa no puede seguir tratando de avanzar a base de planes de actuación o eleva la categoría de sus políticas o el cortoplacismo nos hundirá. O plantea reformas en profundidad del modelo de sociedad que tenemos hoy o llegará la ruptura, porque ya llamar revolución a los cambios radicales suena a película romántica. De una forma o de otra, más o menos cruentamente, más o menos ordenadamente, tiene que surgir una o varios voces de liderazgo que nos lleven al otro lado del río, donde nada será como hasta ahora. El momento peonza por agotamiento está llegando a su fin, toca definir un rumbo y un destino, incluso aunque no sepamos siquiera en qué consiste a ciencia cierta lo que proponemos. Dicho lisa y llanamente, necesitamos ya una nueva utopía.

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Déficit público, las verdades del fraude y la falacia de culpar a las Comunidades Autónomas

El Eurogrupo, el particular club de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, no tomará decisión alguna sobre los límites impuestos al déficit público español hasta mayo. La flexibilidad para con la economía española queda en stand by, pendiente de que el Gobierno presente los presupuestos y se revise el programa de estabilidad. Asimismo, el borrador del Eurogrupo precisa que la consolidación fiscal «debe ser diferenciada» según «las condiciones de los Estados miembros». En apariencia deja abierta la posibilidad de tener en cuenta las muy especiales circunstancias de desempleo y recesión que vive la economía española. Pero según se producía tal declaración comprensiva, en el Consejo Europeo se les recordaba a los países sujetos a un programa de asistencia o sometidos al escrutinio de los mercados que se ciñan a los objetivos acordados. Una de cal y otra de arena, una pasito hacia adelante y un pasito hacia atrás. Y en paralelo, la canciller Angela Merkel redundaba en su monótono discurso de severos ajustes se oponía claramente a suavizar la política de recortes para hacer del crecimiento una prioridad.

Estamos ante un tema crucial para España pero, por supuesto, para el equilibrio futuro de la zona euro. Europa no puede permitirse el lujo de que una de las economías principales por PIB y por habitantes de la Unión se vea sometida a un absoluto colapso. Ese debería ser el primer argumento para la reflexión de los jefes de gobierno cuando tengan que decidir sobre las cuentas del Estado español. Repasemos, no obstante, los datos para tratar de comprender las posibilidades reales que España tiene de reducción de déficit en el 2012. El gobierno afloró la cifra del 8,51%, es decir, 91.344 millones de euros y culpó del desfase respecto al objetivo inicial del 6% a las Comunidades Autónomas. Una falacia inadmisible, pues, son ellas los centros de gestión de gasto más importante en el Estado. En una palabra, solo con la gestión de la Educación y la Sanidad deben financiar el 15% del total del gasto del Estado, con lo que es evidente que si producen desfases presupuestarios, siempre serán las culpables de los mismos, ya que el Estado central ha transferido tal responsabilidad. Pensar que el Estado gestionaría mejor estas altas responsabilidades de servicios y derechos sociales básicos, es cuanto menos insconstitucional, además de un absurdo apriorismo. La descentralización y la autonomía ha demostrado en más de 30 años de gestión una mayor eficacia que el modelo burocratizado de la verticalidad alejada de los ciudadanos.

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La explicación para tamaña mentira que pretende responsabilizar a las Comunidades Autónomas de todos los males del Estado español no puede ser otro que el intento de proceder a un proceso recentralizador encubierto en una hipotética mayor eficacia en la administración. Un planteamiento ideológico de quienes nunca han creído en un modelo de autogobierno y mucho menos de la realidad plurinacional que representan Catalunya, Euskadi o Galicia. Pero la realidad tozuda, además de estar representada por millones de electores que en una y otra cita electoral dejan claro su opinión votando opciones nacionalistas, nos dice que la descentralización ha producido grandes beneficios de modernización. Distinto es el imprescindible debate sobre la responsabilidad fiscal y de la exigencia del correcto gobierno de las cuentas públicas en cualquier ámbito sea municipal, autonómica o estatal. Si unas Comunidades Autónomas han contribuido en el saldo neto de relación con el resto del Estado y otras han salido beneficiadas, habría sido lógico exigir cuentas del uso de dicha solidaridad interterritorial. No deberíamos seguir admitiendo que algunas Comunidades se declaren pobres por naturaleza sin más y que, por tanto, ni cuantiosas ayudas europeas, ni ayudas estatales para su desarrollo hayan servido para que sigan perdiendo habitantes. Algo habrán hecho mal sus gobernantes y alguna responsabilidad debe exigirles el Estado.

En todo caso, si Bruselas es intransigente con las cuentas públicas españolas, el gobierno de Mariano Rajoy se verá obligado a reducir 44.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado del 2012. Un cifra tremenda en un plazo mínimo, que difícilmente puede cuadrar. Si tenemos en cuenta que los recortes efectuados por el gobierno de Rodríguez Zapatero, congelando pensiones y reduciendo sueldos de funcionarios alcanzó los 10.000 millones de euros. El nuevo Ejecutivo le pegó un tijeretazo de entrada de 8.900 millones de euros, fundamentalmente mediante la subida de impuestos, cuatro puntos de media en el IRPF. Ambos recortazos no alcanzan el 50% de lo que ahora debería acometerse, cuando además el escenario macroeconómico apunta a una clara recesión en todo el año con lo que el presupuesto de ingresos se verá afectado a la baja. La ecuación pues solo puede cuadrar subiendo más impuestos y reduciendo más los gastos. En el primer capítulo el IVA parece llamado a cobrar de nuevo protagonismo ya que el 18% sigue siendo un porcentaje por debajo de la media europea. Dos punto más, es decir, situarlo en el 20% con los actuales niveles de consumo podrían suponer un aumento de los ingresos de unos 7.000 millones de euros. Y en otro orden de figuras tributarias, quedaría la posibilidad de incrementar impuestos especiales – tabaco y carburantes – a lo sumo por valor de 3.000 millones de euros y el amplio repertorio de tasas por uso de infraestruras y municipales, lo que podría sumar otros 4.000 millones de euros.

El total de lo que vía contributiva podría recaudarse alcanzaría como máximo unos 20.000 millones de euros. El resto deberá proceder del recorte de las partidas de gasto, dado que la venta de activos del Estado , las últimas joyas de la corona – Aena, Puertos o Loterías – en las actuales circunstancias del mercado serían una ruina. Y puesto a meter la tijera en el gasto por enésima vez, me temo que solo quedan por acometer dos partidas fundamentales, tanto como los derechos que amparan: la educación y la sanidad. En el primer caso, por la composición del propio gasto muy relacionado con el personal docente, resulta difícil de recortar salvo en contratados y como mucho supondría ahorrarse unos 4.000 millones de euros. Por contra, en sanidad todo depende del nivel de los servicios a los que se quiera dar cobertura o lo que es lo mismo, que prestaciones se cubre gratuitamente y que despliegue de recursos requiere. Con eso ya ha amagado el gobierno, primero el propio presidente Rajoy en su discurso de investidura cuando anunció una ley de servicios básicos y muy recientemente su ministra de Sanidad, Ana Mato, en la reunión con todos los consejeros autonómicos cuando estableció la creación de una comisión al efecto. En este tema nos jugamos nada menos que la calidad asistencial y, en el fondo, la calidad de nuestra salud. Recortar entre 15.000 y 20.000 millones en sanidad si no se hace con criterios técnicos y de excelencia en la gestión puede suponer un irreversible empobrecimiento del sistema de salud que tenemos y que, hoy por hoy, se encuentra entre los mejores de Europa y, por tanto, mundial.

Claro que si el gobierno quiere coger el toro por los cuernos de verdad siempre le quedaría la opción de aplicar la tasa por transacciones de capital, gravar vehículos financieros especulativos como las Sicav y, sobre todo, de poner en marcha un auténtico plan de lucha contra el fraude fiscal. El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español, según el análisis realizado sobre el fraude por la consultora i2 Integrity. Los propios inspectores de hacienda llevan años clamando por la pérdida de ingresos del Estado que se pierden en actividades fiscalmente opacas y economía sumergida como si nuestro Estado fuera un queso gruyere. ¿Podemos soportar tales cifras sin hacer nada y por contra asumir sin rubor el desmontaje de nuestra cobertura sanitaria? ¿Podemos exigir a nuestros socios europeos que nos flexibilicen sus criterios de ajuste presupuestario si permitimos tales niveles de corrupción social? El principal problema de nuestras cuentas, públicas y privadas, porque la banca adolece del mismo mal, no es otro que la falta de credibilidad. No se creen nuestros presupuestos, ni nuestros balances. O somos capaces de demostrarles que no mentimos o desterramos la mentira de nuestro vocabulario comunitario o Europa será inflexible con España como lo ha sido con Grecia o lo puede ser con Italia. Esta vez la verdad tiene claramente premio.

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Rajoy abandona las ocurrencias de Zapatero y apuesta por ser previsible: poca audacia y mucho ex

El nuevo presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha optado por volver a la senda de lo previsible, a riesgo de ser tachado de aburrido por los medios de comunicación, apuesta por “valores seguros”, por evitar las ocurrencias de su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero y por un equipo a su alrededor de veteranos con conocimiento de la administración pública. Si tuviera que añadir algún calificativo para el nuevo gobierno diría que hay muchos amigos en él y amigos del jefe, Dicho esto conviene analizar los primeros gestos del nuevo líder del Ejecutivo tanto en su debate de investidura, es decir, por lo que de momento nos ha hecho saber en el Parlamento de sus intenciones políticas y también por la personalidad y carteras ocupadas por los nuevos ministros. De momento es evidente que Rajoy ha logrado sus dos primeros objetivos: que no hayan existido filtraciones, lo que no evita las quinielas, pero él ha sido quien ha anunciado los nuevos cargos y, lo que es mucho más importante, el verdadero gestor económico es él, pues no ha nombrado un todopoderoso vicepresidente de Economía, sino un ministro de Economía y Competitividad y otro de Hacienda, preservándose él como presidente el control de la Comisión delegada de Asuntos Económicos.

Si empezamos por tratar de discernir las medidas que emprenderá el gobierno del PP debemos de encontrar rastros de intenciones en el discurso pronunciado por Rajoy en su debate de investidura del pasado lunes y martes en el Congreso de los Diputados. Y hablo de una auténtica labor de prospección porque de las palabras de entonces candidato popular, apenas pudimos extraer alguna consecuencia de sus intenciones. Habló el ya presidente del gobierno de compromisos de austeridad en la línea de lo impuesto desde Bruselas según el dictado de la Canciller alemana Angela Merkel. Luego buenas palabras en un discurso bien estructurado del que no se puede decir nada negativo porque fue un repertorio de sentido común sin descubrir las medidas concretas que está obligado a tomar este gobierno. Disciplina presupuestaria, reforma financiera y reforma laboral, esas son las tres premisas generales sobre las que manifestó que pivotará la acción de gobierno. Cifró las necesidades de recorte en 16.500 millones de euros para poder cumplir los objetivos de déficit impuestos por la Comisión Europea pero no definió a qué partidas de los Presupuestos Generales afectará. Por contra, se comprometió a la actualización del valor de las pensiones, es decir, a efectuar una subida de las mismas en enero para compensar el incremento de los precios durante el 2011.

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Asimismo, anunció que el Gobierno tiene la intención de redimensionar el sector público elevando a cero la renovación de puestos de trabajo en la función pública e iniciando un proceso de simplificación y reducción de los gastos de la administración”, gastos de alquileres, racionalización de medios, etc. Dentro de las novedades el discurso de Rajoy destaca su voluntad de afrontar una reforma del calendario laboral, con la adecuación de los festivos en pro de la eficiencia y la competitividad, y la eliminación de las prejubilaciones, salvo casos excepcionales. Rajoy también tiene previsto acometer una reforma educativa donde se promoverá un bachillerato de tres años y un bilingüismo español-inglés. ”Promoveremos un bachillerato de tres años, con el objetivo de mejorar la preparación de los futuros universitarios y elevar el nivel cultural medio de España”, dijo Rajoy en la presentación de las líneas generales de su programa de Gobierno, que el próximo viernes tiene previsto celebrar su primer Consejo de Ministros. Pero probablemente lo que más ha llamado la atención de su primer gran discurso como presidente es su declaración de intenciones de decir la verdad, en sus propias palabras, “llamar al pan pan y al vino vino”. Se ve que Rajoy a aprendido la lección de su antecesor, Rodríguez Zapatero que perdió toda su credibilidad empeñado en negar la cruda realidad de la crisis económica. Prefiere el mandatario conservador generar pocas expectativas, partir de una realidad reconocida muy dura para poner pies en el suelo y poner en valor los logros de mejora si se producen. En resumen, reformas, austeridad pero poca concreción en las dolorosas medidas que deberá llevar a cabo para equilibrar las cuentas públicas y con ello reducir la presión sobre la deuda del Estado. Tan solo un anuncio sutil pero que encierra toda una política: el gobierno aprobará una Ley de Servicios Básicos de Sanidad o lo que es lo mismo, una reducción de prestaciones que afectará a todas las Comunidades Autónomas competentes en materia sanitaria.

Veinticuatro horas más tarde y rodeado de un mutismo total, Rajoy lograba dar la primicia de los componentes de sus gobierno justo cuando lo tenía previsto, tras cumplir con el trámite de cumplimentar al Rey. Aunque finalmente las sorpresas hayan sido mínimas dado que se ha rodeado de un equipo gubernamental de confianza, bregado, con experiencia, muy en la línea del propio Rajoy, un registrador de la propiedad – que fue el opositor más joven en su promoción – y que lleva 30 años en política. Un auténtico profesional de la cosa pública, que empezó en la vida municipal en Pontevedra, que después se convirtió en presidente de la Diputación y conselleiro de la Xunta de Galicia. De ahí directo al Congreso de los Diputados y en los gobiernos de José María Aznar ministro de Administraciones Públicas, Interior y Educación y vicepresidente primero del Gobierno y ministro portavoz y de presidencia. Todo un recorrido por la política en todos sus niveles, que culmina ahora con la presidencia de un Ejecutivo con 13 ministros. Alejado de las prácticas zapateristas de paridad, el suyo tiene solo 4 mujeres, pero en puestos claves. La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaria, la ministra de Fomento, Ana Pastor, la de Trabajo Fátima Báñez y la de Sanidad, Ana Mato. Pocas pero muy relevantes.

En todo caso, lo más relevante es que Rajoy afronta la crisis cogiendo el timón de la gestión económica. Nombra dos ministros para tal tarea, Luis de Guindos – ex presidente para España y Portugal de Lehman Brothers ya fue Secretario de Estado de Economía – en la cartera de Economía y Competitividad – curiosa manía de los presidentes de poner adjetivos a los ministerios tratando de convertir deseos en órdenes oficiales – y Cristóbal Montoro, que repite al frente del nuevamente desgajado ministerio de Hacienda. Es claro que Rajoy no ha querido depositar toda la responsabilidad en un super ministro económico, ha preferido diluirlo en dos responsables contrastados, lo justo en brillantez y notoriedad. el uno para hacer política económica y el otro para cuadrar las cuentas del Estado vía ingresos. Por encima de ellos él mismo con los poderes presidenciales y con el único handicap de tener que templar gaitas entre dos posibles gallos de su gabinete. Junto a ellos un nutrido grupo de viejos roqueros del PP. Alberto Ruíz Gallardón, el hasta ahora alcalde de Madrid uno de los políticos más votados y valorados del Estado, que se hará cargo de la compleja tarea de reformar la anquilosada y politizada administración de Justicia. Jorge Fernández Díaz, colaborador de Rajoy desde hace más de 20 años, asume la responsabilidad de Interior, en una situación de crisis social y económica que requiere mucho tiento en la utilización de las fuerzas de seguridad del Estado y que debe gestionar el proceso de paz abierto tras el anuncio de ETA del abandono de las armas. MiguelArias Cañete, otro “pata negra” fundador del partido que también repite cartera, al volver a ser – igual que con Aznar – ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – curioso que un presidente gallego olvide la Pesca y la Mar -. Cañete se enfrenta a la reforma europea de la Política Agrícola Comunitaria de oscuras perspectivas para el campo español.

Capítulo aparte merece el nombramiento de un auténtico veterano de la política europea, José María García Margallo como ministro de Exteriores. Eurodiputado de convicciones europeistas tiene una sólida base de conocimiento del acervo comunitario, el principal terreno de juego actual de la política. Completan el Ejecutivo un personaje muy relevante de gran cercanía al presidente, el canario Juan Carlos Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, una cartera de enorme trascendencia y dos independientes, Pedro Morenés, un especialista del ámbito militar para Defensa y el sociólogo José Ignacio Wert, nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, mano derecha del principal estratega del PP, PedroArriola. En suma, un gobierno sin sobresalientes, pero notable, que por supuesto no sabemos si será suficiente para salir de la aguda crisis que asola España, que no ilusiona pero tampoco cometerá errores de bulto. Que tratará de instalarse en la normalidad para generar confianza, en la rutina fácil del hombre tranquilo que siempre quiere ser Rajoy. Pero que tal vez puesto a poner pero, huele demasiado a naftalina, a tiempos aznarianos, con mucho ex en sus filas. Seguramente será porque Rajoy ha nombrado los ministros que hubiera nombrado hace ocho años, cuando los atentados del 11 M le apartaron de Moncloa. Veremos si este regreso al pasado es la receta ideal para un tiempo tan cambiante como el que vivimos.

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