Mes: abril 2012

Cómo crecer en una Europa donde hay 1,6 millones de puestos de trabajo vacantes y 4 millones de empresas cierran siendo viables

Bajo el muy ambicioso título de “Soluciones para el crecimiento” se ha celebrado en Bruselas el encuentro anual “European Business Summit” que reúne, además de lo más granado de las autoridades políticas de las instituciones europeas – con Van Rompuy y Barroso a la cabeza – y a 1.000 líderes empresariales de la UE y en el que he tenido la oportunidad de participar. El hecho de que se haya puesto el acento en el crecimiento nos habla del clima de rebelión a bordo que se vive contra las políticas monotemáticas de ajuste y austeridad que impone la canciller alemana Angela Merkel al conjunto de los Estados de la Unión. La feroz crisis mutante que afecta a Europa ha tocado fondo estructural al entrar en recesión economías como la española o la del Reino Unido y seguir poniendo únicamente el foco en los desequilibrios presupuestarios públicos, la deuda pública o la de las entidades financieras está dejando desarbolada el sustrato base de la economía productiva, la que generan las pequeñas y medianas empresas que constituyen el 80% de la actividad de la eurozona. Estranguladas por la falta de liquidez, por la caída de los pedidos basados en inversiones o servicios públicos y deprimidos por el descenso creciente del consumo privado, las empresas claman ya por un cambio de políticas, por un golpe de timón que ha encontrado momento y personaje simbólico, tras la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas del 6 de mayo.

En la apertura del foro empresarial, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, anunció la celebración de una cena informal con los jefes de gobierno de los 27 para discutir con ellos iniciativas para el crecimiento con anterioridad a la celebración de la Cumbre de junio en Bruselas. Según el político belga, el crecimiento es en estos momentos la máxima prioridad de Europa y cifra el escenario 2014 a 2020 como decisivo para ver los resultados de esa nueva política expansiva que precisamos. Un dato revelador lanzado por el máximo responsable comunitario es que incluso si establecemos el tope de aportación de los Estados miembros a la Unión en el 1% del PIB, generaremos un billón de euros que deberían ser claves para contribuir a esas políticas que generen crecimiento. Si hemos sido capaces de poner en marcha un programa Erasmus con mucho menos inversión, que ha promovido una movilidad de los estudios de 2,3 millones de europeos en los 22 años de su existencia, deberíamos de ser capaces también de lanzar un modelo similar en el ámbito laboral. Un Erasmus para el trabajo sería el gran objetivo, sobre todo, si tenemos en cuenta el dato aportado por la Comisión Europea de que en estos momentos 1,6 millones de puestos de trabajo en Europa se encuentran vacantes por falta de herramientas de gestión de colocación coordinadas entre los Estados miembros o por incapacidad para ajustar la oferta a la demanda. Factores como la educación en idiomas y la homologación de titulaciones son las principales trabas para resolver por un lado el drama del paro para muchos jóvenes y por otro de muchas empresas que desaprovechan oportunidades de negocio por no contar con el recurso humano necesario.

null

Estos son los verdaderos desajustes de la economía europea, más allá de determinados desmanes presupuestarios que deben pasar al control riguroso de las cuentas. El rigor y la lógica austeridad no son virtudes de las que hacer gala en periodo de vacas flacas y olvidar en la opulencia, son sencillamente comportamientos éticos y obligaciones marcadas por el sentido común que debe regir la gobernanza tanto pública como privada. Parece evidente que mucho más grave que un Estado se desvíe en su déficit público un 1% de su PIB es el hecho de que más de 4 millones de empresas cierren en Europa siendo claramente viables en su actividad y funcionamiento, porque no son capaces de transferir su negocio, es decir, de establecer alianzas de colaboración para captar nuevos mercados o vender su conocimiento a empresas que tienen canales de distribución más amplios. Para quien quiera escucharlo, en Europa tenemos un problema de falta de eficacia, no tanto en los esquemas productivos o de competitividad, sino en las herramientas o habilidades puestas en común. La unidad económica ha dado importantes frutos comerciales, pero no nos ha inculcado una nueva cultura colaborativa entre empresas de distintos Estados y con distintos mercados, ni nos ha transferido la necesaria movilidad profesional de nuestra mano de obra. No es cierto que nuestro principal problema sea de costes laborales, ni tampoco de investigación o innovación. Europa sigue siendo el espacio del mundo donde más se invierte en I+D+i y ello supone que somos los más capaces para vender productos de alta gama. Ese es nuestro espacio de competitividad, el problema es que seguimos haciendo cada uno la guerra por nuestra cuenta.

Es imprescindible un acuerdo entre la estabilidad fiscal y la inversión para el crecimiento. No sé si será a Hollande si llega a ser presidente de la República al que le tocará bailar con la más fea – y que nadie piense que me refiero a Merkel porque no me permito expresiones de carácter tan machista -. Me refiero al difícil balanceo en el eje franco-alemán, entre las pulsiones de las autoridades alemanas, tanto políticas como económicas, que pueden poner el énfasis en la austeridad porque su país aún sigue creciendo y una amplia mayoría de europeos que ver cercenados sus derechos sociales mientras sus posibilidades de vivir con un trabajo digno son cada vez más remotas. Y una buena forma de salirse de la melé de posiciones tan encontradas sería poner el énfasis en los otros ajustes que mencionaba con anterioridad. Ajustar nuestros mercados, hacerlos más eficaces, especialmente el del recurso humano, el principal de nuestros recursos. Olvidar por un solo minuto, siquiera por un día, a la prima de riesgo y las cotizaciones bursátiles, dejar de lado por un lapso inconsciente el vil metal, las decisiones puramente monetarias y pensar en los problemas de fondo de nuestras empresas y nuestros trabajadores. Pensar en porqué no vendemos más y porqué no empleamos más trabajadores. Pensar en definitiva en porqué no sumamos más siendo 500 millones de ciudadanos con una alta formación y unas instituciones mucho más consolidadas que la mayoría de nuestros entornos mundiales. Ese diálogo europeo se produce solo en los despachos de Bruselas, se estudia solo en las mesas de los funcionarios comunitarios, denostados injustamente, porque a su manera demasiado cicatera y sumisa a los poderes políticos estatales, vienen escribiendo y diciendo soto voce a quien quiera leerlos y escucharlos, que tenemos que invertir más en colaborar, ser más europeos y sumar más. Y lo dicen además, desde la puesta en valor de la riqueza diferencial, desde el poderío identitario local puesto en común y siguen siendo las estructuras cada vez más virtuales de los Estados heredados de la II Guerra Mundial las que impiden una construcción más cohesionada de Europa.

Si no somos capaces de realizar este auténtico esfuerzo de construcción europea vencerán poco a poco las posiciones neopopulistas que crecen por doquier en Europa. El domingo pasado Marine Le Pen y su Frente Nacional se asomaban al 20% de votos en las elecciones francesas y un día después la ultraderecha holandesa obligaba a dimitir al gobierno de su país y conovocar elecciones. No quieren tomar la sociedad, no son revolucionarios, solo son antosistemas dentro del sistema, que quieren tener la llave del poder, las minorías de bloqueo y basan su discurso ya no euroescéptico sino eurfóbico en el descontento de la sociedad, sobre todo clases bajas populares y jóvenes, con una Europa que no aporta las ventajas que de ella esperaban y que solo les habla de crisis y de recortes. Para eso mejor transitar solos por la vida, sería el mensaje simplón que los ultras cada vez más desideologizados proclaman. Si juntos en Europa solo recibimos intervenciones que socavan nuestros derechos, preferimos envolvernos en nuestras viejas banderas guerreras y hacer la guerra por nuestra cuenta. El resultado, volver la vista atrás más de 60 años y encontrarnos en los campos de batalla que en cementerios de armas recorre nuestra historia y nuestras poblaciones. A esos discursos xenófobos y aislacionistas solo se les puede combatir con más democracia y con más eficacia en las políticas comunes, una receta fundadora de la Unión que los líderes europeos han olvidado en la mesilla de noche.

Tenemos que poner en marcha una “Marea de cambio” en Europa, basada en la generación de crecimiento, reconstruyendo herramientas e inventado nuevos modelos de colaboración público privada y entre empresas. Hemos de ser conscientes que caminamos con una pesada losa producida por nuestra estructura demográfica. Los europeos somos muy viejos en comparación con el resto del mundo y somos los que menos oportunidades concedemos realmente a nuestros jóvenes, porque los puestos de liderazgo y responsabilidad están okupados por auténticos okupas del poder. Nos quedan pocas décadas para no asistir al derrumbe de nuestro mundo, probablemente el plazo de supervivencia y regeneración europea espira ese emblemático 2020 que marca toda la Estrategia de la UE. Por eso no podemos dejar todo en manos de nuestros gobernantes asistiendo inertes a sus decisiones amparados en el silencio de los corderos. La revolución que debe suponer esa marea de cambio es antes individual que colectiva, es un cambio de mentalidad que empieza en los hogares y sigue en las empresas, de ser conscientes de lo que nos jugamos. Más Europa es más futuro, pero para eso cada uno de nosotros tiene que querer entenderlo y ponerse a la tarea, salir del aislamiento acomodado, coger las maletas virtuales de nuestras capacidades y buscarnos un socio europeo para conquistar la esperanza.

null

Si Merkel manda y Rajoy acata… ¡a mí que me rescaten!

Un buen amigo pamplonés me saludaba hace poco al grito de ¡a mí que me rescaten! Si bien es cierto que él mismo se confiesa personaje canalla y atorrante – yo añado que lo es menos de lo que quisiera – la verdad es que el clima de anonadamiento a que nos somete el ritmo de los recortes del Gobierno Rajoy bien justifica la actitud de huida hacia adelante. En apenas los famosos 100 días de inquilino del palacio de La Moncloa, con su mayoría absoluta a cuestas, el presidente popular ha puesto en marcha una basta reforma del Estado del Bienestar consistente básicamente en el sálvese quien pueda ante el feroz acoso de Mariano manostijeras. Resulta difícil de interpretar el camino emprendido dado que ni el talante del personaje, ni la propia ideología en muchas de las medidas tomadas acompaña este rosario de decretos ley que cada viernes nos sobresaltan. La única explicación posible a la ruptura del consenso constitucional que se está produciendo entorno a temas fundamentales que afectan a los derechos de los ciudadanos, tiene que ver con las directrices marcadas desde Berlín por la canciller Merkel y el propio reconocimiento reciente de Rajoy de viaje por Latinoamérica cuando afirmó simplón: “no nos queda más remedio que tomar medidas que no nos gusta porque es que no tenemos dinero”. Somo pobres y lo reconocemos abiertamente. El problema es que cuando se utiliza la segunda persona del plural en estos casos se es profundamente injusta, porque pobres pobres en España lo son menos de un 10%, como ricos ricos lo son otros tantos, el resto ese 80% de clase media ,con todos sus tonos y matices de media hacia abajo y media hacia arriba, lo que nos está pasando es que nos estamos empobreciendo.

En estos cuatro meses de regencia del PP, han subido los impuestos: IRPF, tasas – las universitarias hasta un 50% más -, los especiales; han implantado el copago sanitario, incluso para los jubilados; han recortados los presupuestos en ciencia y tecnología en más del 40%; prácticamente han difuminado la inversión pública en nuevas infraestructuras; han impuesto el déficit cero a todas las administraciones y han reducido de 45 a 33, pero de hecho a 20 días la indemnización por despido laboral. Un programa de medidas que ha admirado a la inspiradora germánica de tales políticas y al FMI, pero que no sirve para calmar a los mercados que siguen tensando la cuerda de la prima de riesgo en niveles superiores a los 420 puntos básicos y que acumula más parados en la cola de las oficinas de desempleo y sigue reduciendo la actividad con tasas de crecimiento negativas síntoma de una nueva recesión. Inmersos en el bucle del círculo vicioso, recortamos porque no tenemos dinero para afrontar compromisos públicos y deuda, lo que frena el consumo y con ello los ingresos del Estado decrecen a la vez que se incrementan las necesidades de gasto social. El laberinto es tan sinuoso que a medida que lo transitamos nos damos cuenta de que no haya salida alguna a la crisis. Todo viene trazado de Bruselas, convertidas las instituciones europeas en una pantomima formal de las decisiones que Berlín toma con la sumisa complicidad de Francia. Enfrente ninguna forma de vida inteligente se manifiesta, la socialdemocracia asiste atónita a la deconstrucción sistemática de gran parte de su obra de las últimas cinco décadas, sin ser capaz de elaborar un discurso alternativo al que puedan aferrarse los ciudadanos. ¡Esto es lo que hay y no hay más!

null

Las famosas líneas rojas – nunca mejor dicho – que la izquierda trazó para romper los consensos y salir a la calle a protestar, se han saltado con total impunidad. La educación y la sanidad se están reformando en aspectos trascendentales sin contar con la otra parte contratante del arco parlamentario. Se toman con nocturnidad y alevosía medidas que afectan a cuestiones vitales del día a día del bolsillo y el bienestar de la gente sin hablarse con profesionales del sector y el resto de fuerzas políticas. Se comunican con notas de prensa sotto voce, entrevistas en medios internacionales o filtraciones confusas. Todo ello en virtud a una legítima mayoría parlamentaria que le concedió al Partido Popular las elecciones generales del pasado mes de noviembre, pero que desde el punto de vista del sentido común del buen gobernante, no debería haber sido interpretado como una especia de trágala para cualquier tipo de reforma. Con las cosas de comer no se juega y si se hace debe ser entre todos, no como si el juguete solo le perteneciera a uno de los jugadores y los demás tengan que observar como se divierte el ganador. Este tipo de actuaciones egocéntricas se suelen demostrar cortoplacistas y, sobre todo, no cuentan con el acompañamiento casi unánime que precisan para obtener los resultados deseados. Además, si miramos con detenimiento a la letra pequeña de las medidas, no van a tener el efecto pretendido en el plazo inmediato para las que se toman. Tanto en educación como en sanidad la implantación de las mismas por sus requerimientos técnicos – caso del copago y su referencia al nivel de renta – o por los calendarios lectivos en la universidad, no podrán tener el efecto anunciado en el déficit corriente de 2012. Difícilmente alguien puede creerse que España cumplirá la tasa impuestas del 5,3%, más bien superará el 6%, una cifra que deberá ser reducida a la mitad el año que viene, es decir, en unos 18 meses, lo que resulta aún más absurdo de imaginar salvo total desmantelamiento de la protección social en el Estado español.

Es razonable en esta circunstancia en la que el Gobierno central ha implantado la práctica del búsquese la vida a las Comunidades Autónomas, que territorios de fuerte base identitaria y concepción nacional de su destino se pregunten qué ventajas les ofrece pertenecer a un Estado que reformula materias de derechos básicos de sus ciudadanos sin el más mínimo diálogo y cercenando de hecho su capacidad de autogobierno. Las decisiones tomadas por Madrid y que, en gran medida deben ser trasladadas dadas sus competencias por los gobiernos autonómicos, han roto el consenso constitucional bajo el falso argumento de la emergencia dictada desde Berlín. Y de fondo rezuma por doquier un afán recentralizador del Estado que ha buscado en el modelo de Estado autonómico una suerte de pandemia colectiva de despilfarro y derroche del gasto público, cuando lo que es censurable es la mala praxis de la acción política allí donde se han cometido excesos. El control y la exigencia de la autorresponsabilidad nada tienen que ver con la pérdida de competencia que de facto producen muchas de las medidas adoptadas por el ejecutivo de Rajoy ya que dejan vacías de contenido a consejerías incapaces de llevar a cabo sus políticas al no contar con los recursos necesarios. Sin una reforma fiscal en profundidad que revise todos las tipologías impositivas desde un nuevo enfoque de redistribución de la riqueza en el conjunto del Estado, lo único que lograremos al elevar la presión contributiva a las familias mediante parches e impulsos de la necesidad inmediata, es extenuar el núcleo de defensa que las personas estamos teniendo en esta ya larga y dura crisis. Y eso, guste o no, pasa también por una redefinición del modelo de Estado y de su simetría en autogobierno dialogando con aquellos que desean más grado de independencia en sus decisiones e integrando a quienes forman parte más de un dibujo virtual que de una realidad política o socioeconómica.

Ante tanto alboroto diario de medidas y sobresaltos cotidianos en nuestra maltrecha economía doméstica, resulta muy complicado pararse un minuto a reflexionar qué puede estar pasando para que haga lo que haga el gobierno todo sea insuficiente a los ojos de los mercados. Algún motivo tendrá que haber para que la credibilidad y la confianza sea imposible de consolidar por mucho que llevemos a cabo las políticas que nos marca Merkel y su subordinada en el FMI,Lagarde. Así que puesto a lanzar hipótesis se me ocurre que tal vez estemos ante el síndrome del comprador que piensa que el precio de lo que desea comprar seguirá aún bajando. Si lo que nos está sucediendo es algo tan simple como que asistimos a la devaluación formal de los activos de un Estado, incluidas sus entidades financieras y sus grandes empresas, me temo que nuestros compradores siguen esperando a que el valor de los mismos siga cayendo hasta el límite de su quiebra. España no puede devaluar su moneda porque no la tiene, no montar su corralito, lo único que puede es malvenderse a una junta de acreedores liderada por Angela Merkel. Y si esto fuera así, qué motivo tiene ella para comprar ya si no se han cumplido su plan del todo y la caída de los intereses españoles aún no es la deseada.

Si me conceden el beneficio de la duda respecto al planteamiento de la venta de España a pedazos, tendremos que convenir que lo que necesitamos con urgencia es un buen vendedor, capaz de poner en valor lo mejor de cada casa y de tapar las vergüenzas de nuestras deficiencias. Mi tío abuelo Manuel a su vuelta de su periplo cubano que le sirvió para dilapidar toda la fortuna familiar, volvió a su pueblo en Lugo con una maleta repleta de piedras para que los mozos que le ayudaron con su equipaje chismorrearan a sus vecinos la suerte que había tenido en sus negocios de ultramar. Tres meses después paso de la ruina a montar una fábrica de galletas y un colegio en el pueblo. Mejor nos ponemos nuestras mejores galas para la subasta y gritamos sin complejos al tono canallesco de mi amigo Charlie, ¡a mí que me rescaten!

null

Cristina Fernández de Kirchner el rostro enlutado de una expropiación que le enfrenta a Europa

Tiene el populismo un rostro tan diverso como la personalidad de sus intérpretes. Según su carácter y la idiosincracia cultural del pueblo al que se dirigen se muestra más dicharacheros o melodramáticos en sus gestos, siempre a la búsqueda del aplauso fácil de su público y dispuestos a lanzar cortinas de humo sobre los verdaderos problemas que afectan a la población. En el caso de la presidenta argentina, Cristina Fernández – sobre todo de Kirchner – su fama le viene precedida por antecesores en el cargo de su propio partido el Justicialista y, de forma especial, de la esposa del presidente Juan Domingo Perón, la queridísima Evita. Ella también sabe lo que estar casada con un todopoderoso presidente, Nestor Kirchner, cuyo luto lleva impuesto desde hace año y medio. Y ahora, en su segundo mandato como presidenta sucesora trata de enderezar los múltiples problemas de política interna fruto de los enfrentamientos con los poderosos gobernadores provinciales y las corrientes de opinión opuestas en su partido y en su gobierno.

La expropiación de las acciones de Repsol en la empresa petrolera YPF por parte del gobierno argentino supone un salto cualitativo en la deriva política de pulsiones ultranacionalistas que la presidenta Fernández inició hace unos meses con motivo del aniversario de las guerra de Las Malvinas. La justificación para una decisión de tan amplio calado por parte de las autoridades argentinas se refieren a la necesidad de ”salvaguardar la soberanía hidrocarburífera de Argentina y el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos”. Según la presidenta, la petrolera no ha hecho las inversiones necesarias, algo que lleva meses recriminándole el gobierno austral. Es uno de los escasos países del mundo, que no maneja sus recursos naturales. Después de 17 años desde que se desnacionalizó (YPF), por primera vez ha convertido a Argentina en importador neto de gas y crudo, con un déficit de 3.029 millones de dólares en la balanza del comercio de combustibles. El año pasado Argentina importó combustibles por unos 10.397 millones de dólares, cifra que casi iguala al superávit comercial del país, que el año pasado fue de unos 10.477 millones. Según la mandataria, YPF invertió 8.813 millones de dólares entre 1999 y 2011, lapso en el que obtuvo ganancias netas por 16.450 millones de dólares, de los cuales repartió 13.246 millones entre sus accionistas. Razones y argumentos perfectamente vendibles para una población a la que se le agasaja con el objetivo de no subir los precios de la gasolina o el gas. Un hecho que repercute en la insuficiencia de recursos para realizar nuevas prospecciones en suelo argentino.

null

Pero más allá de las motivaciones políticas, la realidad tiene más que ver con el control de la caja de liquidez que supone YPF en una situación muy complicada económica en Argentina. Una crisis que combina unas altas tasas de inflación con menores crecimientos que su entorno, fuerte huida de capitales y el tremendo déficit energético reseñado. Puede que el empujón definitivo a una decisión que colea desde haces meses, se deba a la evaluación que Fernández de Kirchner hace de la debilidad del gobierno español, acuciado por una crisis económica muy dura y cuando la prima de riesgo de los mercados de deuda amenaza con rumores de intervención de la Unión Europea. Y es Europa la que debería dar una respuesta coherente y medida a la expropiación, desde la defensa de un modelo de relación internacional, que debe basarse en la legalidad y los principios de seguridad jurídica. Este conflicto no debe plantearse como una batalla de políticos envueltos en sus banderas, ajenos a los verdaderos intereses de los ciudadanos afectados, los argentinos en su calidad de vida y los accionistas de Repsol en sus intereses económicos. Debe recordarse que Repsol compró el 51% de YPF pagando un alto precio por ello, realizó inversiones también cuantiosas para la mejora de su capacidad de explotación y es ahora cuando esta política empresarial le genera beneficios. Y resulta aún más clamoroso el hecho de que cuando en 1992 YPF pasó de manos públicas a privadas, era la única petrolera del mundo que perdía dinero por su mala gestión.

Este es un problema que más allá de las palabras grandilocuentes es un problema entre empresas, la de los intereses de una multinacional Repsol – hispano mexicana – y de los amigos de la presidenta que seguro que estarán detrás de esta expropiación y que copan oligopolísticamente los principales sectores de la actividad en Argentina. Pero no cabe duda que ya ha puesto en solfa las relaciones bilaterales de España y Argentina –  España es el principal inversor extranjero en Argentina por delante de EE.UU – y que se ven comprometidos los proyectos de colaboración birregional Unión Europea América Latina.  Algo que parece importar a Argentina que tiene en estos momentos más de 40 litigios en la Corte de Comercio Internacional que viene perdiendo sistemáticamente y que, sin embargo, de la misma forma no paga las sanciones impuestas. Hace tiempo que Argentina se ha puesto al margen de la seguridad jurídica aún a riesgo de las consecuencias que ello puede causarle. Ha elegido el camino del cortoplacismo y de salvar el día a día, sin pensar en lo que puede pasar mañana.

La reciente Cumbre de las Américas ha puesto de manifiesto la pérdida de peso específico tanto en Estados como en planteamientos ideológicos del Grupo Alba. El proyecto bolivariano promovido por un enfermo Hugo Chávez, que ni siquiera pudo estar presente en la cita de Cartagena de Indias, está en sus horas más bajas. Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Cuba a su manera son los reductos de sus postulados estatistas, y aunque la presidenta Fernández  ha hecho mención expresa a que el proyecto nacionalizador de YPF nada tiene que ver con esta senda, la realidad es que su medida representa por su magnitud el mascarón de proa de las posiciones más radicales del continente latinoamericano en el ámbito de la propiedad de los recursos naturales. Si no fuera porque Argentina en esta guerra va por libre, podría pensarse que ha cambiado de bando y desequilibra las posiciones en la región. Pero no llevemos tan lejos nuestras reflexiones porque el populismo no suele desbordar fronteras y la expropiación se agota en sus objetivos de consumo interno. Las posibilidades, pues, de un efecto contagio en la región son mínimas. Conviene recordar que Pemex la petrolera mexicana es accionista en un 20% de Repsol y que la chilena Enap y la brasileña Petrobrasestán presentes en Argentina y en algún caso comparten la explotación de campos con Repsol. Además, países como Brasil, México, Colombia, Chile oPerú son destinos hoy por hoy seguros para las inversiones dado que sus gobiernos han hecho una firme y decidida apuesta por el desarrollo de sus economías con un modelo de cooperación internacional y atracción de negocios hacia sus territorios.

No conocemos aún la reacción española y, presumiblemente, europea a la expropiación de Cristina Fernández. Convendría que la sensatez imperara y que el populismo no se convierta en una pandemia a este lado del Atlántico. Nos jugamos demasiado en no desaprovechar las oportunidades entre las dos orillas. Si convertimos este conflicto en una suerte de guerra comercial contra Argentina, se verá comprometida la ya compleja negociación de la Ronda Mercosur y habremos perdido una nueva opción de poner las primeras base de una relación birregional de intercambio desde la equidad sin proteccionismos. Al populismo pseudodemocrático se le combate con la defensa de la legalidad desde las instituciones europeas que nos hemos dado. Empezando por defender a los ciudadanos que han depositado sus ahorros en Repsol y que ahora verán valoradas sus acciones por el Tribunal de Tasación argentino que decidirá cuánto debe pagar el gobierno argentino por la compañía. Sus derechos deben ser salvaguardados, más allá de los argumentos y razones que ha expuesto la inquilina de la Casa Rosada. Y el otro interés principal a rescatar es el del pueblo argentino que no tiene porqué sufrir el enfrentamiento de la retórica política y de los gestos trasnochados de mandatarios enlutados.

null

España en caída libre… de estado de ánimo

Un día nos levantamos todos y se nos anunció que la cosa iba mal, que entrábamos en crisis. Las razones venían de lejos, del intrincado mundo de las finanzas made in USA convertido en un laboratorio de genética capaz de parir productos timo a gran escala y alta velocidad. Eso nos contaron al menos. Pronto supimos que la estafa nos pillaría a todos en una suerte de efecto dominó imparable fruto del contagio que habitualmente en la especie humana produce la avaricia acumulativa de riqueza innecesaria. El previsible pánico colectivo que la situación podía provocar movió a los gobiernos a ocultarnos la verdad. Al fin y al cabo una mentira piadosa y la esperanza en un mañana mejor convertiría la crisis en una gripe infantil – como se atrevió a denominarla tajante uno de los grandes banqueros patrios -. Acudimos todos , porque se hizo con fondos públicos – al rescate con la deuda de nuestros Estados y hasta las joyas de la abuela empeñamos para que nada les pasara a los causantes de los males. Así nos endeudamos hasta las cejas a la misma velocidad que los rescatados empezaron a culparnos del exceso de endeudamiento. Sin crédito, nuestras empresas empezaron a cerrar y el número de parados se disparó sin sentido de la medida. De ahí al rosario de recortes públicos que vivimos prácticamente solo ha habido solución de continuidad.

Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hete aquí el corolario final a esta historia rocambolesca que llevamos viviendo en España desde hace más de tres años. Y no cabe duda que si queremos adquirir algún aprendizaje de tan estrepitoso fracaso que puede tirar por tierra todo el trabajo de 30 años de democracia sin consolidar y deconstruir nuestro endeble Estado del Bienestar, el mejor sería culpar a nuestra estupidez individual hecha colectivo, en vez de construir malos imaginarios instalados en los mercados internacionales. El que especula lo hace porque puede, es decir, porque se dan razones objetivas para que lo haga y además el ambiente le es propicio porque se le permite. Son quienes han creado el caldo de cultivo para que campen a sus anchas los verdaderos responsables de la situación. Y hasta aquí la ya manida explicación del cómo hemos podido llegar hasta aquí, de cómo hemos podido caer tan bajo.

null

Porque si no queremos engañarnos más, de eso se trata, de saber hasta dónde de bajo tenemos que caer. Si supiéramos el piso sótano que nos va a albergar empezaríamos a acostumbrarnos a vivir como las ratas, sin luz y depredando entre la basura. El problema es que no sabemos aún si somos roedores, rumiantes como antaño o tenemos que darnos al vampirismo. ¿En qué especie animal nos vamos a convertir en esta inacabable evolución? Sería todo un detalle que quienes toman las decisiones – si es que hay alguien ahí, al timón de la nave – pusiera tope a la caída, la que fuera, por duro que llegara a ser reconocer la pérdida de posición. Al menos podríamos empezar a vivir en nuestras posibilidades y buscar como siempre escalar posiciones. De esta forma nuestros gobernantes podrían llamarnos al esfuerzo colectivo para remontar, ilusionarnos y ponernos metas como siempre que una sociedad ha caído se ha reconstruido. El problema es que si tardamos cerca de dos años en que se reconociera la crisis, ahora llevamos otros dos en depresión profunda sin tocar suelo.

Esa horrible sensación del ascensor que desciende a demasiada velocidad en un rascacielos, que pega el estómago a la pared del diafragma y te hace sentir como si por la boca te fuese a salir hasta la primera digestión de tu vida, es la que ahora hace inviable salir de la crisis. Porque mientras estás en caída libre, no te mueves, estás demasiado asustado como para pensar y lo único que deseas es que la caja mortuoria en que aparenta haberse convertido el elevador, pare de una maldita vez. Ese estado de ánimo que atenaza nuestros sentidos está provocando el encefalograma plano de nuestra economía. Y nuestros gobernantes una vez más prefieren optar por no decir la verdad e ir parando en cada planta por etapas, buscando una muerte dulce en la que nadie repare para que nadie se atreva a cuestionarles.

La situación requiere ya de un presupuesto base cero. Debemos establecer las necesidades en una columna y las posibilidades en otras. El ajuste debe producirse a fuerza de consenso, pues, solo tendrá éxito si partimos del diálogo y el contrato social como base. Debiéramos haber aprendido que la desigualdad y la brecha social no produce desarrollo y que solo las clases medias con coberturas sociales que ofrecen garantías posibilita un consumo tan estable como responsable. Se nos anuncian nuevos recortes cada día, en función de la presión que la prima de riesgo ejerce sobre el mercado de deuda. Todo lo que ayer era intocable ha dejado de serlo en horas y las demandas de mayores ajustes no tienen medida, llegando incluso a proponer la presidenta de la Comunidad Madrid, Esperanza Aguirre, que las Comunidades Autónomas devuelvan las competencias de Sanidad, Educación y Justicia. El modelo de Estado se cuestiona por minutos, según acucian los puntos básicos de referencia con el bono alemán. Un disparate solo explicable por el hundimiento de la moral de la tropa, que atónita observa inmóvil los anuncios del gobierno mediante notas de prensa con la misma alevosía en la forma que nocturnidad en los tiempos de emisión.

Mientras yo me pregunto si es posible que el dinero que otrora cabalgaba brioso por las esquinas de ciudades, villas y pueblos desolados en forma de suelo urbanizable, hoy se haya tornado efecto rampante que solo alimenta la todopoderosa deuda de la economía privada – banca y grandes empresas constructoras -. Y ¿qué ha sido de ese ahorro privado que acudía presto y veloz a cualquier inversión por poco sólida que esta aparentara, incluida la grotesca estafa en forma de coleccionistas de sellos? La liquidez se ha esfumado y nadie sabe como ha sido. Supongo que algo tendrá que ver el nada honorable hecho de la propuesta de amnistía fiscal que se ha sacado de la manga el gobierno de Mariano Rajoy como acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado más severos. El nuevo lema del posibilismo gubernamental: riguroso con el cumplidor, generoso con el defraudador. Al menos en su comunicación el presidente ha optado por matarnos a pellizcos, un sustito cada día para anestesiarnos en la suerte de su sino. En palabras de su ministro de Economía, Luis de Guindos, debemos “evadirnos a corto plazo de los mercados”. En la evasión está la victoria.

null

Amnistía fiscal o la quiebra de la legitimidad del Estado

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ha aportado una sorpresa mayúscula con la que casi nadie contaba, dado que el propio presidente en sus días de líder de la oposición la había calificado de “impresentable, injusta y antisocial”: la amnistía fiscal. Una medida que hipotéticamente pretende que afloren 25.000 millones de euros de rentas sumergidas para lograr una recaudación adicional de 2.500 millones de euros. La excepcionalidad de un perdón de esta naturaleza de entrada suena a emergencia recaudatoria, a sacar dinero de debajo de las piedras sea cual sea el coste de la prospección para aflorar dinero negro. Todo vale con tal de cuadrar las cuentas a las que Bruselas obliga, acuciado como está el Ejecutivo español por presentarlas y aprobarlas – resulta clamoroso que un gobierno que tomó posesión en diciembre, no haya presentado los presupuestos hasta tres meses después, exactamente una semana después de las elecciones andaluzas -. Las prisas, siempre malas consejeras, urgen a una severa reducción del déficit público, que debe pasar del 8,2% registrado el 2011, al 5,3% en el corriente 2012 y lo que se hace aún más difícil de imaginar, en 2013 deberá situarse en el 3%. Se me antoja que para entonces no quedará nada que recortar en una paisaje desolado por la crisis y la austeridad sobrevenida.

En la historia de la democracia española, se ha aprobado dos veces la amnistía fiscal y, en los dos casos, la ha aplicado un gobierno socialista. La primera vez fue en 1984, con Miguel Boyer al frente del ministerio de Economía. Boyer endureció las leyes contra los evasores de impuestos y, al mismo tiempo, concedió ‘el perdón’ al permitir que todos los que tenían ocultas sus actividades pudieran comprar pagarés del Tesoro Público, sin ninguna penalización fiscal y pudiendo salvaguardar el anonimato. La segunda vez fue en 1991, con Carlos Solchagacomo titular de la cartera de Hacienda. En esta ocasión, la amnistía consistió en permitir que los infractores compraran deuda pública con dinero negro con un tipo de interés inferior al del mercado. El indulto no funcionó como el Gobierno de Felipe González esperaba y tuvieron que subir el IVA en los Presupuestos Generales de 1992, además de advertir de que no se volvería a conceder el perdón fiscal. Ahora, más de veinte años después de la aprobación de la primera amnistía fiscal, con una crisis económica y financiera que deja cinco millones de parados, una deuda pública que puede alcanzar el 74,3% del PIB en 2012 y unas arcas del Estado casi vacías, un gobierno vuelve a plantear la amnistía pese a que los antecedentes nunca cumplieron las expectativas en ella puestas. Con todo, no es España una excepción en Europa ya que otros países han optado por esta medida. Así, Italia es uno de los mejores ejemplos: el pasado mes de octubre, el entonces primer ministro, Silvio Berlusconi, volvía a proponer la amnistía fiscal para reducir el déficit. De este modo, se planteaba eximir los delitos fiscales a quienes compren deuda soberana. Algo que le valió críticas, incluso, desde dentro de su propio partido. Ésta no era la primera vez que ‘Il Cavaliere’ decide perdonar a los evasores con tal de que su dinero vuelva a fluir en el país. Ya en el año 2009 se aprobó la medida y logró que 95.000 millones de euros regresaran a las arcas italianas. Pero según los expertos, esta cifra no es sinónimo de éxito, sobre todo porque la multa para los evasores italianos fue de un irrisorio 5%, cuando en otros países era 10 veces mayor, y aseguran que nuestra Agencia Tributaria tiene más controles que la de Berlusconi.

null

Portugal aprobó la medida a mediados de 2010. En grandes líneas, esta medida excepcional se aplicó a depósitos bancarios,  valores mobiliarios y otros instrumentos financieros tales como fondos de inversión y determinados seguros de vida-ahorro. Se estipuló el pago de un impuesto del 5% del valor de los activos y no es necesario transferirlos a entidades financieras portuguesas, siempre y cuando se trate de elementos que estuvieran depositados en estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Alemania hizo lo mismo mucho antes de que la actual crisis arreciara. En 2003, el canciller GerardSchröder, dio luz verde a una amnistía fiscal que en la que se permitía a los empresarios alemanes repatriar los fondos que tuvieran en el exterior sin penalización alguna, aunque fijaba una tasa del 25% sobre este dinero una vez que hubiera salido a la luz. En concreto, en los cuatro primeros meses del año el total del dinero repatriado gracias a esta norma ha sumado únicamente 125 millones de euros. Una cantidad muy por debajo de los 5.000 millones previstos inicialmente. Francia tuvo un conato de implantación de la amnistía fiscal en 2004. El primer ministro francés, Jean Pierre Raffarin había apostado por repatriar capitales, implantando una tasa liberatoria de retorno, entre el 10% y 20%, según el volumen de dinero legalizado. Finalmente, Raffarin dio marcha atrás. Le llovieron críticas de todos los partidos.  No se veía ni “moral” ni “eficaz” para la lucha contra la evasión de capitales y la circulación de dinero negro. Años después, en 2009, la Administración Tributaria francesa por aprobar un régimen especial de regularización. Creó una unidad especial en Hacienda. El objetivo: gestionar todos los procesos de regularización de patrimonios opacos situados en paraísos fiscales. Así, se asegura que se apliquen criterios similares en los procesos de regulación y se da seguridad jurídica, ya que sólo hay un órgano inspector. Y en Reino Unido en agosto de 2010, “Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) lanzó entre septiembre de 2009 y marzo de 2010 The new disclosure opportunity,  encaminada a regularizar exclusivamente cuentas bancarias offshore, debiendo los contribuyentes pagar los impuestos dejados de ingresar durante los últimos diez años junto con una sanción del 10% de la deuda. Si bien no se garantizó la inmunidad penal de los contribuyentes que se acogiesen al programa, el HMRC anunció que las posibilidades de comenzar acciones penales eran extremadamente bajas”.

En España habría que empezar por recordar que conviven cinco Haciendas –Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra/Nafarroa y España – y de ellas solo la española aplicará la medida, pues, las otras cuatro ya han manifestado que optan por la lucha contra el fraude como mejor argumento para incrementar los ingresos forales. Tanto en lo que respecta a los que practican la economía sumergida que, según la Fundación de las Cajas de Ahorro, se cifra en el 24% del PIB de España, como para los que sacan sus grandes capitales fuera de país para evadir impuesto. La OCDE calcula que el 13% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales, esto es, entre cinco y siete billones de dólares. El objetivo es hacer que aflore el dinero negro o que vuelva a España. La estimación del gobierno es que se conseguirá que aflore un 10% de la economía sumergida. Eso son 25.000 millones de euros. Lo cual quiere decir que el gobierno sabe perfectamente que están fuera del control impositivo 250.000 millones de euros. De los cuales —con suerte, con mucha suerte— nos dicen que esperan ingresar 2.500. Si esos 250.000 millones tributaran a lo que deben, más los recargos y las correspondientes sanciones, no tendríamos ninguna necesidad alguna de recortar en educación, sanidad, investigación o dependencia en los presupuestos de 2012. Y resulta concluyente el dato que aporta que con los métodos regulares de la lucha contra el fraude fiscal, en 2010, la Agencia Tributaria logró recuperar más de 10.000 millones de euros procedentes de actividades fuera del fisco. Una cifra que supone un 1% del PIB.

Los mismos profesionales de la Agencia Tributaria se han manifestado en contra de la medida que consideran solo servirá para “enjugar los delitos fiscales a precio de saldo”. Los inspectores, que se supone son quienes más deben saber sobre fraude, estiman que el 72% del dinero defraudado a Hacienda proviene de las grandes fortunas y las grandes empresas que, incomprensiblemente, son investigados con muchos menos recursos, ya que la Agencia Tributaria concentra el 80% de sus investigaciones en pequeñas empresas y pequeños contribuyentes. Las grandes empresas tienen más mecanismos de elusión, como las conocidas SICAV, y por supuesto, más facilidades de evasión, ya sea a través de paraísos fiscales o mediante operaciones entre entramados societarios. Pareciera que Rajoy pretende dar la razón a los medios de comunicación y opciones de ultraderecha europea que vienen repitiendo hasta la saciedad que las economías periféricas son nidos de defraudadores y vagos. Oficializando el perdón de delincuentes fiscales se acredita internacionalmente la existencia de un problema estructural, que cuanto menos debería ser inconfesable: España país de economía sumergida y de fuga de capitales. No parece el mejor reclamos para que nuestros socios se corresponsabilicen con los problemas de paro, falta de crecimiento e insuficiencia financiera a la que nos está sometiendo la crisis.

Pero son las consideraciones para la convivencia en el Estado las que resultan más graves de la medida anunciada. En primer lugar, por el agravio comparativo que supone para los millones de contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones. Se premia al defraudador, que podrá esperar a que una de estas amnistías cíclicas pongan en regla su dinero negro. El mensaje es claro: en el Estado español es más rentable delinquir que cumplir o dicho de otra forma, el impuesto grava la honradez. El Estado pierde la legitimidad para exigir el esfuerzo colectivo, el que hace posible un sistema social de protección mútua y, en suma, la arquitectura del Estado del Bienestar se resquebraja en sus cimientos. Rompe también el equilibrio territorial, pues, los niveles de economía sumergida y de fraude fiscal son muy dispares en unas y otras Comunidades Autónomas, con lo que abierta la veda de la aministía, aquellas Comunidades más honestas en sus cuentas y en perseguir el fraude, salen claramente perjudicadas frente a aquellas donde la corrupción y los defraudadores protagonizan la vida pública y la economía productiva. La crisis ha aflorado nuestras miserias peninsulares, pero no imaginábamos que llegaría a recurrir al perdón de los que roban al conjunto de los ciudadanos para salir adelante. Si quienes actúan de manera egoísta, buscando la riqueza monetaria a cualquier precio, incluido el recurso a la delincuencia fiscal, son hoy nuestros salvadores, prefiero declararme éticamente insumiso de este Estado de cosas.

null