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Cristina Fernández de Kirchner el rostro enlutado de una expropiación que le enfrenta a Europa

Tiene el populismo un rostro tan diverso como la personalidad de sus intérpretes. Según su carácter y la idiosincracia cultural del pueblo al que se dirigen se muestra más dicharacheros o melodramáticos en sus gestos, siempre a la búsqueda del aplauso fácil de su público y dispuestos a lanzar cortinas de humo sobre los verdaderos problemas que afectan a la población. En el caso de la presidenta argentina, Cristina Fernández – sobre todo de Kirchner – su fama le viene precedida por antecesores en el cargo de su propio partido el Justicialista y, de forma especial, de la esposa del presidente Juan Domingo Perón, la queridísima Evita. Ella también sabe lo que estar casada con un todopoderoso presidente, Nestor Kirchner, cuyo luto lleva impuesto desde hace año y medio. Y ahora, en su segundo mandato como presidenta sucesora trata de enderezar los múltiples problemas de política interna fruto de los enfrentamientos con los poderosos gobernadores provinciales y las corrientes de opinión opuestas en su partido y en su gobierno.

La expropiación de las acciones de Repsol en la empresa petrolera YPF por parte del gobierno argentino supone un salto cualitativo en la deriva política de pulsiones ultranacionalistas que la presidenta Fernández inició hace unos meses con motivo del aniversario de las guerra de Las Malvinas. La justificación para una decisión de tan amplio calado por parte de las autoridades argentinas se refieren a la necesidad de ”salvaguardar la soberanía hidrocarburífera de Argentina y el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos”. Según la presidenta, la petrolera no ha hecho las inversiones necesarias, algo que lleva meses recriminándole el gobierno austral. Es uno de los escasos países del mundo, que no maneja sus recursos naturales. Después de 17 años desde que se desnacionalizó (YPF), por primera vez ha convertido a Argentina en importador neto de gas y crudo, con un déficit de 3.029 millones de dólares en la balanza del comercio de combustibles. El año pasado Argentina importó combustibles por unos 10.397 millones de dólares, cifra que casi iguala al superávit comercial del país, que el año pasado fue de unos 10.477 millones. Según la mandataria, YPF invertió 8.813 millones de dólares entre 1999 y 2011, lapso en el que obtuvo ganancias netas por 16.450 millones de dólares, de los cuales repartió 13.246 millones entre sus accionistas. Razones y argumentos perfectamente vendibles para una población a la que se le agasaja con el objetivo de no subir los precios de la gasolina o el gas. Un hecho que repercute en la insuficiencia de recursos para realizar nuevas prospecciones en suelo argentino.

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Pero más allá de las motivaciones políticas, la realidad tiene más que ver con el control de la caja de liquidez que supone YPF en una situación muy complicada económica en Argentina. Una crisis que combina unas altas tasas de inflación con menores crecimientos que su entorno, fuerte huida de capitales y el tremendo déficit energético reseñado. Puede que el empujón definitivo a una decisión que colea desde haces meses, se deba a la evaluación que Fernández de Kirchner hace de la debilidad del gobierno español, acuciado por una crisis económica muy dura y cuando la prima de riesgo de los mercados de deuda amenaza con rumores de intervención de la Unión Europea. Y es Europa la que debería dar una respuesta coherente y medida a la expropiación, desde la defensa de un modelo de relación internacional, que debe basarse en la legalidad y los principios de seguridad jurídica. Este conflicto no debe plantearse como una batalla de políticos envueltos en sus banderas, ajenos a los verdaderos intereses de los ciudadanos afectados, los argentinos en su calidad de vida y los accionistas de Repsol en sus intereses económicos. Debe recordarse que Repsol compró el 51% de YPF pagando un alto precio por ello, realizó inversiones también cuantiosas para la mejora de su capacidad de explotación y es ahora cuando esta política empresarial le genera beneficios. Y resulta aún más clamoroso el hecho de que cuando en 1992 YPF pasó de manos públicas a privadas, era la única petrolera del mundo que perdía dinero por su mala gestión.

Este es un problema que más allá de las palabras grandilocuentes es un problema entre empresas, la de los intereses de una multinacional Repsol – hispano mexicana – y de los amigos de la presidenta que seguro que estarán detrás de esta expropiación y que copan oligopolísticamente los principales sectores de la actividad en Argentina. Pero no cabe duda que ya ha puesto en solfa las relaciones bilaterales de España y Argentina –  España es el principal inversor extranjero en Argentina por delante de EE.UU – y que se ven comprometidos los proyectos de colaboración birregional Unión Europea América Latina.  Algo que parece importar a Argentina que tiene en estos momentos más de 40 litigios en la Corte de Comercio Internacional que viene perdiendo sistemáticamente y que, sin embargo, de la misma forma no paga las sanciones impuestas. Hace tiempo que Argentina se ha puesto al margen de la seguridad jurídica aún a riesgo de las consecuencias que ello puede causarle. Ha elegido el camino del cortoplacismo y de salvar el día a día, sin pensar en lo que puede pasar mañana.

La reciente Cumbre de las Américas ha puesto de manifiesto la pérdida de peso específico tanto en Estados como en planteamientos ideológicos del Grupo Alba. El proyecto bolivariano promovido por un enfermo Hugo Chávez, que ni siquiera pudo estar presente en la cita de Cartagena de Indias, está en sus horas más bajas. Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Cuba a su manera son los reductos de sus postulados estatistas, y aunque la presidenta Fernández  ha hecho mención expresa a que el proyecto nacionalizador de YPF nada tiene que ver con esta senda, la realidad es que su medida representa por su magnitud el mascarón de proa de las posiciones más radicales del continente latinoamericano en el ámbito de la propiedad de los recursos naturales. Si no fuera porque Argentina en esta guerra va por libre, podría pensarse que ha cambiado de bando y desequilibra las posiciones en la región. Pero no llevemos tan lejos nuestras reflexiones porque el populismo no suele desbordar fronteras y la expropiación se agota en sus objetivos de consumo interno. Las posibilidades, pues, de un efecto contagio en la región son mínimas. Conviene recordar que Pemex la petrolera mexicana es accionista en un 20% de Repsol y que la chilena Enap y la brasileña Petrobrasestán presentes en Argentina y en algún caso comparten la explotación de campos con Repsol. Además, países como Brasil, México, Colombia, Chile oPerú son destinos hoy por hoy seguros para las inversiones dado que sus gobiernos han hecho una firme y decidida apuesta por el desarrollo de sus economías con un modelo de cooperación internacional y atracción de negocios hacia sus territorios.

No conocemos aún la reacción española y, presumiblemente, europea a la expropiación de Cristina Fernández. Convendría que la sensatez imperara y que el populismo no se convierta en una pandemia a este lado del Atlántico. Nos jugamos demasiado en no desaprovechar las oportunidades entre las dos orillas. Si convertimos este conflicto en una suerte de guerra comercial contra Argentina, se verá comprometida la ya compleja negociación de la Ronda Mercosur y habremos perdido una nueva opción de poner las primeras base de una relación birregional de intercambio desde la equidad sin proteccionismos. Al populismo pseudodemocrático se le combate con la defensa de la legalidad desde las instituciones europeas que nos hemos dado. Empezando por defender a los ciudadanos que han depositado sus ahorros en Repsol y que ahora verán valoradas sus acciones por el Tribunal de Tasación argentino que decidirá cuánto debe pagar el gobierno argentino por la compañía. Sus derechos deben ser salvaguardados, más allá de los argumentos y razones que ha expuesto la inquilina de la Casa Rosada. Y el otro interés principal a rescatar es el del pueblo argentino que no tiene porqué sufrir el enfrentamiento de la retórica política y de los gestos trasnochados de mandatarios enlutados.

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Falacias sobre el copago sanitario en Europa

El debate sobre la utilidad o no del sistema de copago para la financiación del sistema sanitario se ha abierto en España a raíz de la aprobación por parte del govern de la Generalitat de Catalunya de una tasa de 1 euro por receta – el llamado ticket moderador – en el Servei Catalá de la Salut. De la misma forma que en la mayoría de los Estados más asolados por la crisis de la deuda – Grecia,Irlanda y Portugal – se han introducido medidas de este tipo, parece por los indicios que el gobierno del Partido Popular en España, pese a negarlo una y otra vez, está llevando a cabo reuniones “técnicas” con las consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas para el estudio primero y posterior implementación de medidas de copago sanitario. Convendría, pues, en este clima preimpositivo analizar sin sesgos ideológicos  y sin fundamento o prejuicios carentes de rigor, las virtudes y los defectos de este tipo de reformas. Lo digo partiendo de la base de la trascendencia que en nuestras vidas tiene garantizar un sistema de salud público de calidad, de acceso garantizado universal y equitativo. Nos jugamos demasiado en las decisiones que sobre el tema tomemos como para que el debate se produzca con opiniones de algunos políticos o tertulianos basadas en generalidades y lugares comunes, en vez de en datos contrastados o hipótesis elaboradas por profesionales de la sanidad. Son éstos, que además en el caso del Estado español, lo son de reconocido prestigio y compromiso con el sistema, quienes más tienen que decir sobre una reforma que solo debe pretender hacer viable la sostenibilidad de uno de los mejores modelos de salud pública de Europa y, por ello, del mundo.

El objeto aludido para introducir el copago es la insuficiencia financiera del modelo. Se nos dice que no tenemos recursos suficientes para mantener un sistema tan bueno, pero tan caro. Yo niego la mayor. Lo primero que tenemos que decidir es qué sistema de salud público queremos tener y cuál es su relación con las ofertas de sanidad privada. Dimensionar la cartera de servicios sanitarios que queremos tener es el primer trabajo, así como establecer qué orden de importancia le concedemos en el conjunto de gasto público. Porque si como parece, todos pensamos que junto con el pago de las pensiones y la educación gratuita e igualmente universal, son los gastos comprometidos ineludibles, a partir de aquí serán otras las partidas a reformar. Por tanto, una vez que definamos el tamaño del sistema y consiguientemente sus necesidades de recursos, podremos pasar a definir las partidas de ingresos sobre las que lo sustentamos. Empiezo por deshacer otra falacia del copago por introducir, porque el copago en el Estado español ya está implantado. En primer lugar, mediante las cuotas a la Seguridad Social que pagamos todos los trabajadores y empresarios, en esa suerte de mutualidad aseguradora de diversas prestaciones que supone. En ese sentido, sería muy convenientes que dichas cuotas vinieran desglosadas en sus diferentes aportaciones para que pudiéramos saber claramente a qué se dedica la caja única: tanto para su sanidad, tanto para su pensión, tanto para su prestación por desempleo si ha lugar… Así evitaríamos la mala praxis habitual, que han llevado a cabo todos los gobiernos, de meter la mano en la caja para sufragar otro tipo de gastos. En segundo lugar, pagamos un porcentaje de los medicamentos – excepto los pensionistas – que nos receta la sanidad pública. Por lo tanto, no debemos hablar de copago como novedad, sino de extender a nuevos tipos de impuesto la financiación de la salud.

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Si echamos un vistazo a la situación de nuestro entorno europeo, veremos que el copago en distintas modalidades existe en todos. En veintisiete se realiza el copago farmacéutico. En todos salvo en Dinamarca, España, Grecia – y ahora se va a introducir – y Reino Unido, existe el copago en atención hospitalaria. En todos menos en España, Grecia – y también pagarán ya –, Hungría, Lituania, Reino Unido y República Checa se paga algo por la atención especializada. Y respecto a la atención primaria, donde menos está implantado el copago, es totalmente gratuita en España, Grecia – y se les acaba – Holanda, Hungría, Italia, Lituania,Polonia, Reino Unido y República Checa. Es decir, los Estados con menor nivel de copago y, por tanto, de aportación directa de los ciudadanos al coste de los servicios sanitarios que emplean, son el Reino Unido y España. En ambos casos, somos según diversos baremos e indicadores dos de las mejores sanidades del mundo y en el caso español, el tercer país del mundo en esperanza de vida. Además, resulta útil combinar este dato con el de la rentabilidad de la inversión del gasto sanitario, es decir, qué porcentaje sobre el total del PIB empleamos en sanidad. Así en España nos sale muy barata esa salud pública de calidad. La media de los países desarrollados en Europa está alrededor del 9% del PIB, llegando a cifras mucho más altas en EE.UU. (14%). En España el porcentaje es de los más bajos de Europa (8,4%), por debajo de la media europea, solamente por delante de Finlandia, Hungría, Polonia y la República Checa y muy por debajo de lo destinado en Suiza (11,3%), Alemania (10,6%), Bélgica (10,4%), Francia(11,1%), Austria (10,1%), Dinamarca (9,5%), Holanda (9,3%), Islandia (9,2%),Suecia (9,2%), Grecia (9,1%) e Italia (8,7%).

Se supone que el principal argumento a favor de la extensión del modelo de copago es la disminución del “consumo” sanitario. En ese sentido, deberíamos recordar que la enfermedad, en general, se contrae, no se desea y, más importante aún, que quien discrimina el uso del sistema son sus profesionales, es decir, aquellos en quienes depositamos la confianza en nuestra curación o cuidado. Partir de la base del abuso del sistema supone quebrar la confianza en él y, en todo caso, si existen los excesos atajense, pero no se introduzcan impuestos indiscriminados que culpan a aquellos que nada tienen que ver con los que se aprovechan indebidamente. En cualquier caso, en los países europeos donde más experiencia por tiempo y extensión del copago tienen, está demostrado que efectivamente disminuye el “consumo”, si bien a costa de importantes pérdidas en el reparto equitativo. Es evidente que pese a que se reduzca la aportación del copago a las capas con menores niveles de renta, el hecho de tener que pagar establece una discriminación que afecta más al que menos tiene y que le disuade de acudir al médico. Ello supone a largo plazo que al desaparecer la labor preventiva de la consulta periódica, se pierde el contacto con el paciente y el historial clínico es menos rico en datos, por lo que una enfermedad puede revelarse más grave cuando aparece y propender a convertirse en dolencia crónica. Es decir, que lo barato a la larga se vuelve caro. Y, como dato adicional, la cuantía que se recauda por las distintas fórmulas de copago no son relevantes a efectos del conjunto del gasto sanitario, con ellas no se garantiza la sostenibilidad del sistema. En resumen, demasiado coste social para poco retorno económico.

Si el problema se centra en la financiación del sistema y éste resulta prioritario en nuestras vidas, deberíamos plantearnos una reforma fiscal en profundidad que lo haga viable. De igual forma que el Pacto de Toledo aseguró un consenso básico para garantizar el pago a largo plazo de las pensiones, se requiere un Pacto de Estado para la Salud, dado que además la responsabilidad de su gestión está plenamente transferida a las Comunidades Autónomas. A éstas se les puede marcar y se debe, el mínimo de servicios y prestaciones a las que está obligada por ley, pero en absoluto se les puede impedir a aquellas que mejor gestionan o son capaces de hacer frente a sus necesidades de recursos, que dejen de prestar una asistencia de máxima calidad porque en otras comunidades se malgasta o despilfarra. La solidaridad interterritorial solo es exigible cuando existe paralelamente la fiscalización del gasto y la responsabilidad de cada uno en el mismo. En todo caso, más que imponer una tributación especial en función de la renta personal a los usuarios de los distintos sistemas de salud como ha propuesto el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, parece mucho más coherente y eficaz, acometer una reforma fiscal global que ante la situación de ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres en España, suponga un nuevo modelo de redistribución de la riqueza y, con ello, de financiación de la sanidad, pensiones, desempleo o educación. Cualquier otra medida es un parche intencionado para encubrir la privatización del sistema.

El modelo público de Salud en el Estado español no requiere un cambio radical, ni siquiera en su esquema de financiación. Eso solo lo defienden los que buscan su desaparición. Requiere mejorar los modelos de gestión y, sobre todo, implicar más y contar más con sus profesionales que siguen siendo los mejores defensores del sistema. Requiere un redimensionamiento de sus recursos y una evaluación de sus necesidades de inversión para no quedarse obsoleto en equipamientos y en formación de sus clínicos. Pero con eso no estamos hablando de nada que no sea un trabajo continuo en el ámbito más importantes de nuestras vidas, algo que debemos hacer día a día, no excepcionalmente. No podemos asumir con debates superfluos y vacuos la introducción de un impuesto a la enfermedad, una suerte de tributo por no estar sano, porque eso rompe el equilibrio de una sociedad que cree en la solidaridad y en la red de apoyo que supone que tus congéneres paguen por ti cuando tú lo necesitas igual que tú harías por ellos si así sucediera. En eso nos diferenciamos los europeos, para bien, de modelos de sociedad como el de Estados Unidos, donde curarse es un privilegio o de sociedades donde los derechos solo están al alcance de los más ricos. No podemos permitir que entre nosotros se instale el egoísmo de aceptar que nuestros niños o ancianos podrán vivir en función de su renta. Si así lo hacemos, habremos matado el concepto mismo de Europa.
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Por una Unión Europea federal: buscando al Alexander Hamilton europeo

Si en algo debería servirnos a los europeos la historia de los Estados Unidos de América en el proceso de construcción económica y política que vivimos es para no reproducir sus errores y para emular sus virtudes. Y si buscamos similitudes de la situación que vive nuestra Unión con la crónica del nacimiento de la gran nación norteamericana, hallamos un momento y un personaje en el que mirarnos. Si nos situamos en la última década del siglo XVIII, pasados los años revolucionarios de los Padres Fundadores, pasada la euforia de la independencia, corrían días de intenso debate y de encarnizadas batallas dialécticas en el desafío por afianzar un Estado federal que diera satisfacción identitaria y práctica eficaz a los anhelos del nuevo pueblo americano. Un panorama tan complejo como el que se dibuja en cada cumbre europea que en plena crisis económica trata de diseñar un modelo de gobernanza económica como mejor defensa de nuestra moneda común, el euro. Aquellos hombres al otro lado del Atlántico habían desafiado al Rey de Inglaterra, habían ganado una guerra y habían redactado una Constitución que sacralizaba los derechos y libertades de los hombres. Una proeza que, sin embargo, no les garantizaba el futuro que todos ellos pretendían. Les quedaba la ingrata pero imprescindible tarea de construir un Estado de Estados y con ello la arquitectura del mayor edificio de la democracia que los hombres han sido capaces de construir. El sueño americano no había hecho más que empezar y se enfrentaba a sus propias paradojas y a sus internas disensiones. ¿A que nos suena a presente esta coyuntura en Europa?.

Y en esa circunstancia toma especial valor la figura de Alexander Hamilton, un economista, político, escritor, abogado y soldado estadounidense. Secretario y amigo íntimo de George Washington, era ya considerado uno de los padres de la patria por su participación en la guerra y en la redacción de la Constitución, así como por haber fundado el primer partido político norteamericano, el Partido Federal. Pero será con su nombramiento de primer Secretario del Tesoro (1789 – 1795) cuando su figura cobra especial relevancia en la historia de los Estados Unidos. Desde ese cargo organizó la banca, estableciendo el primer Banco de los Estados Unidos, el origen de la Reserva Federal y, siguiendo con el paralelismo, el Banco Central Europeo made in USA. Su impronta proteccionista con gravámenes a los productos de importación llegó a desatar la guerra del whiskey convencido como estaba de la necesidad de preservar la industria y comercio propios para dar estabilidad a las finanzas estatales.  En esa línea tuvo numerosos enfrentamientos con Thomas Jefferson y con James Madison al apostar por dotar al Gobierno interestatal de mayores competencias, mientras que su rivales se inclinaba a darle mayor poder a los gobiernos estatales. En este contexto, se produce también uno de los primeros debates sobre economía política de los Estados Unidos, en el que Hamilton se muestra partidario de fomentar la industria con medidas proteccionistas (en su Report on Manufactures), como contrapartida a la idea de fomentar la agricultura dejando al comercio al servicio de ella, postura adoptada por Thomas Jefferson; a pesar del triunfo político del último, los hamiltonianos vieron triunfar sus ideas.

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Alexander Hamilton es considerado a menudo el «santo patrón» de la Escuela económica Americana que, según algunos historiadores, dominó la política económica norteamericana a partir de 1861. Apoyó firmemente la intervención gubernamental en favor de la industria y el comercio nacionales, oponiéndose a los postulados británicos de libre comercio, que consideraba que favorecían los intereses de las potencias colonialistas e imperialistas, en favor del proteccionismo norteamericano, que en cambio favorecerían el desarrollo industrial y la economía de su nación emergente. Curiosa paradoja una vez más que su política se enfrentara conceptualmente a las corrientes liberales británicas, de la misma forma en que en estos momentos el Reino Unido ha optado por apartarse de las políticas comunitarias que pretenden defender el euro. Sin embargo, la realidad es bien distinta en las intenciones de los actuales protagonistas europeos, pues, en el seno de la Unión triunfan las posiciones estatales sobre los planteamientos unionistas. Merkel y Sarkozy en su pretendida defensa de la moneda común han abandonado la construcción por consenso de la UE y lo que verdaderamente defienden son sus posiciones nacionales, la fortaleza francoalemana. Nuestro modelo de unión camina por senderos contrarios a los que Hamilton propugnó e impulsó, mientras en Estados Unidos finalmente triunfaron sus tesis federales, en nuestra vieja Europa seguimos viviendo enrocados en posiciones nacionales sin dotarnos de un verdadero gobierno económico común.

Europa vive hoy aterrorizada por el volumen de la deuda pública de sus Estados. Si bien es cierto que el origen de estos desequilibrios presupuestarios se deben a excesos de gastos públicos, no es menos cierto que el laberinto en que han situado los mercados a la UE tiene mucho que ver en nuestra incapacidad para asumir la deuda de nuestras naciones como la deuda de todos, la deuda federal que hubiera dicho Hamilton. “La deuda, siempre que no sea excesiva, es una bendición para la Unión”, manifestó Hamilton en una de sus frases históricas. Y plasmaba la bendición en cuatro virtudes que reconocía en ella: su capacidad para fortalecer las herramientas del gobierno federal al asumir entre todos las deudas de los Estados de la Unión, su facilidad para cohesionar un sentido de identidad nacional federal, su idoneidad para controlar el individualismo ciudadano y el apoyo que recibe de la propiedad privada sobre los valores públicos. Lejos que causarle temor alguno, veía Hamilton en la deuda una suerte de problema común que obligaba a trabajar codo con codo para sacar la nación adelante, por supuesto, siempre que la medida de deudora tuviera una relación razonable con los recursos propios. De alguna manera en una economía federal como la que puso en pie, la deuda se convierte en un elemento motriz y así ha sido en la historia económica de los Estados Unidos cuyos déficits públicos han generado cíclicamente riqueza.

Es evidente que los hombres sacados de su contexto histórico resultan ridículos y que Hamilton sirvió a su sociedad para poner en marcha mecanismos imprescindibles para entender hoy los mimbres que han hecho posible a la primera potencia mundial. Su vehemencia y su forma de entender el orden y la justicia chocaban con el concepto profundamente democrático que vivía a la sociedad norteamericana y de ahí que su trayectoria fuera polémica y relativamente corta. Tanto es así que si vida se vio dramáticamente truncada al alba del 11 de julio de 1804 al ser abatido en duelo por Aaron Burr a la afueras de Weehawken (Nueva Jersey). Una muerte a manos de uno de sus acérrimos enemigos políticos, que fuera vicepresidente de los Estados Unidos con Jefferson pero que acabó sus días arruinado y en el peor de los olvidos, mientras Hamilton engrandeció con el paso del tiempo su leyenda de prócer de la patria. La historia de aquellos días trascendentales para construir una gran nación que cambiaría el mundo está teñida de fechas, gestas y héroes. De la misma forma que en sus discursos y en sus ideas se plasmaba el anhelo por prosperar y buscar un futuro común. Exactamente lo contrario que exhalan hoy las discusiones de las cumbres europeas.

Sirvan la vida y las ideas de Hamilton para ilustrar hoy una de las principales necesidades de nuestra vieja Europa empeñada en un proceso de construcción unitario aún joven y relativamente indeciso. Es evidente que necesitamos liderazgos que crean en nuestra capacidad de unión, que antepongan los valores federales sobre los intereses particulares de los Estados nación. Alguien que sepa ver en el problema de Grecia, la oportunidad de todos, que mire menos hacia atrás para tomar decisiones en el presente y, sobre todo, que ponga rumbo al futuro desde premisas de protección de los valores que nos hacen el mayor espacio del mundo de democracia y libertad desde bases sociales. Ante tanta incertidumbre y desconfianza en nosotros mismos, bien haríamos en buscar al Alexander Hamilton europeo.

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América Latina 2012: perspectivas políticas y económicas

PERSPECTIVAS POLÍTICAS

El calendario electoral de la región el año 2012 vendrá marcado por tres comicios:

  • 20 de mayo, elecciones presidenciales en la República Dominicana.
  • 1 de julio, elecciones presidenciales en México.
  • 7 de octubre, elecciones presidenciales en Venezuela.

Y sobre todas ellas tendrá enorme significación la contienda electoral en Estados Unidos para elegir al inquilino de la Casa Blanca el 6 de noviembre.

A nivel local, cabe también destacar las elecciones municipales en Chile el 12 de octubre para medir el desgaste del gobierno del presidente Sebastián Piñera; las elecciones locales y estatales en Brasil que servirán de termómetro para saber cómo han afectado los escándalos de corrupción al Partido de los Trabajadores y, por último, las elecciones legislativas en El Salvador del 11 de marzo.
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Previsiones electorales:

  • República Dominicana: El PDL del actual presidente Leonel Fernándezparte como favorito, de la mano de la candidatura montada en tándem, Danilo Medina como candidato a presidente y Margarita Cedeño, la esposa del propio Fernández, como vicepresidenta. El opositor con más opciones es el ex presidente Hipólito Mejía (PRD) de 2000 a 2004. Las últimas encuestas auguran un resultado muy reñido.
  • México: El PRI aspira seriamente a volver a ocupar la presidencia de México tras doce años de derrotas, la más clamorosa la de 2006 cuando fue relegado al tercer puesto. Su candidato, el ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto tiene el carisma y la frescura que parece recobrar la ilusión de los votantes priistas. Si lo difícil en el seno del partido era lograr unidad en torno a un candidato, dado el conglomerado de caudillos regionales y gobernadores en que se ha convertido el PRI, ahora parece claro que la apuesta unánime por Peña les concede una notable ventaja en las encuestas. Enfrente, de nuevo López Obrador (PRD) por la izquierda y el PAN del presidente Calderón, muy desgastado tras 12 años en el poder por la derecha pendiente aún de nominar y por el que compiten Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Santiago Creel.
  • Venezuela: Hugo Chávez aquejado en los últimos meses de un cáncer se enfrenta al reto de revalidar su presidencia tras 13 años de gobierno. Su estado de salud será uno de los aspectos clave para saber si finalmente será capaz de volver a vencer. De momento los sondeos le son favorables, pero bien es cierto que tendrá enfrente a la coalición opositora más numerosa y organizada que nunca, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que elegirá su candidato en primarias el próximo 12 de febrero. El principal candidato es Henrique Capriles empresario joven y de perfil centrista. La buena marcha de la economía venezolana que crece a buen ritmo impulsado por las exportaciones petrolíferas es el principal activo de Chávez para convencer a los venezolanos de la necesidad de seguir emprendiendo su programa de “reformas bolivarianas”.

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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

El pasado mes de octubre Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y Ángel Gurría, secretario general de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) presentaron el documento las “Perspectivas Económicas de América Latina 2012″ durante la Cumbre Iberoamericana en Asunción, Paraguay. Su resumen ejecutivo es un excelente compendio de situación de los principales retos a los que se enfrenta la región y, por ello, lo reproduzco a continuación:

  • El sólido crecimiento de la economía de América Latina desde 2003 hace posible que los países de la región consideren ambiciosas agendas de políticas públicas para mitigar riesgos y aprovechar las actuales oportunidades para su desarrollo.
  • La región debe fortalecer su capacidad de respuesta macroeconómica para enfrentar los riesgos derivados de la incertidumbre en la economía global y la volatilidad de los mercados internacionales de capitales.
  • Las políticas macroeconómicas también deben ser coherentes con las necesidades de largo plazo ligadas a los cambios económicos y demográficos en curso.
  • Las economías latinoamericanas ganaron espacio fiscal que utilizaron para enfrentar la crisis financiera y reducir la pobreza, pero aún son vulnerables a nuevos shocks.
  • Los países latinoamericanos deben aprovechar las oportunidades para eliminar restricciones al desarrollo y dar un salto cuantitativo y cualitativo en la provisión de servicios públicos.
  • Para construir Estados que puedan responder a las necesidades del desarrollo, es necesario llevar a cabo reformas fiscales tendentes a reducir la enorme brecha existente entre las necesidades y los recursos disponibles.
  • La recaudación tributaria de América Latina no solamente es baja, sino que las bases imponibles son pequeñas y están sesgadas hacia impuestos no progresivos.
  • Las bases impositivas se ven limitadas por la extensión de gastos tributarios: deducciones y exenciones.
  • La política fiscal tiene un impacto redistributivo poco significativo debido a los bajos niveles de impuestos directos personales y de gasto público social, unidos a su insuficiente focalización.
  • La articulación de de un pacto fiscal que refuerce el contrato social entre los ciudadanos y el Estado puede ser fundamental.
  • Más allá de mayores recursos financieros, el Estado también debe transformarse para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y gestionar los recursos de manera más eficiente, transparente y eficaz.
  • La transformación del Estado no puede limitarse a hacer mejor lo que ha venido haciendo hasta ahora, sino que tiene que identificar nuevas estrategias para definir y alcanzar objetivos prioritarios. Hay tres áreas claves para apoyar un crecimiento sostenible e inclusivo: educación, infraestructura y desarrollo productivo e innovación.
  • La cobertura y el gasto en educación han mejorado de manera sostenida en las últimas década en América Latina. Sin embargo, su calidad sigue siendo baja y el acceso desigual.
  • En la gestión de servicios educativos, destacan dos tendencias: una creciente descentralización en su provisión y el incremento de la participación del sector privado en la formación terciaria.
  • Las infraestructuras son un importante cuello de botella para la sostenibilidad del crecimiento, la competitividad e incluso la equidad en la región. América Latina presenta brechas elevadas con respecto no solo a los países de la OCDE, sino también a economías emergentes de Asia y otras regiones del mundo.
  • América Latina necesita mejorar el marco normativo para fortalecer los procesos de planificación y gestión de la inversión en infraestructuras con una visión de largo plazo.
  • A su vez, es fundamental perfeccionar los incentivos y las normas que regulan la participación del sector privado en la inversión, gestión y provisión de infraestructuras.
  • La brecha de productividad es un problema persistente que refleja la baja diversificación de las economías de la región, su especialización en sectores no intensivos en tecnología y la escasa inversión en investigación y desarrollo y en innovación.
  • La educación, la infraestructura y el desarrollo productivo y la innovación son tres áreas clave para alcanzar los objetivos de competitividad, desarrollo económico e inclusión social. En cada una de ellas se requieren políticas públicas activas, planificación estratégica y una gestión más eficiente y eficaz por parte del Estado.
  • Un desafío clave de América Latina es movilizar inversión privada en investigación y desarrollo.

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CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) entre la herencia de Lula y el exponente del neochavismo

La llamada Declaración de Caracas puede considerarse el documento fundacional de un nuevo organismo regional latinoamericano, la CELAC(Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe).  Uno más de los más de la docena de instituciones multilaterales con los que América Latina trata de organizar su cohesión y busca un camino que recorrer conjuntamente. Sin embargo, pese a la grandilocuencia habitual con que su anfitrión, el presidente venezolano Hugo Chávez, presentó la iniciativa, siguen siendo muchas las dudas que se ciernen sobre esta nueva intentona de unidad continental. El principal objetivo – no expresado explícitamente – de la CELAC es jubilar a la OEA(Organización de Estados Amercianos) o en otras palabras, propiciar la relación de americana sin contar con Estados Unidos y Canadá – ambos miembros de la OEA y no de la CELAC. Una voluntad que si bien resulta lógica dada la lejanía en intereses y cultura política de los socios del norte con el resto del continente, también supone obviar el enorme peso que en la región tiene la potencia norteamericana. No en vano la CELAC es una iniciativa que partió de Chávez y que fue debidamente atemperada por el ex presidente barasileño, Lula da Silva y el propio lema de la primera cita lo dice todo: “El camino de nuestros Libertadores”.

Los presidentes de la CELAC, los de sus 33 países miembros, acordaron el llamado Plan de Acción de Caracas. pero no pudieron concretar qué fórmula se aplicará para la toma de decisiones en el seno del nuevo organismo y decidieron seguir discutiendo si en definitiva será por mayoría de votos o por consenso. Tal es la confusión de su nacimiento que la CELAC nació sin presupuesto ni estructura permanente, pese a que Chávez había advertido en la apertura de la Cumbre que había que “darle una estructura… A pesar de que algunos no lo consideren muy importante, es necesario si no queremos que esto muera al nacer”. Finalmente, la alternativa encontrada para garantizar su gestión fue una presidencia “pro tempore”, a cargo del país organizador de la Cumbre, apoyada en una “troika” con funciones más simbólicas que reales. Las próximas Cumbres serán en Chile (2012), Cuba (2013) y Costa Rica (2014) y sus presidentes se integrarán en este órgano colegiado. El presidente panameño Ricardo Martinellipropuso servir de sede a la eventual secretaría permanente de la CELAC, decisión que también quedó pendiente, y por ahora el organismo sólo tendrá una cumbre de presidentes, una reunión de cancilleres, y además de la troika reuniones especializadas.

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El cónclave aprobó también un estatuto de procedimientos y una declaración especial sobre “la defensa de la democracia y el orden constitucional” que daría autoridad a los estados miembros a actuar en caso de ruptura democrática en cualquier país de la región, por si se repite lo sucedido en junio de 2009 enHonduras con la deposición del presidente Manuel Zelaya. La reunión también aprobó una veintena de acuerdos en materias tan disímiles como la reclamada soberanía argentina sobre las islas Malvinas, el rechazo al embargo estadounidense a Cuba, y el apoyo al cultivo y uso tradicional de la hoja de coca, una permanente demanda del presidente boliviano, Evo Morales, quien aprovechó la cumbre además para reclamar una salida al mar para su país. Y, por supuesto, el papel de principal agitador de la cumbre, como viene sucediendo en este tipo de reuniones, correspondió al presidente ecuatoriano Rafael Correa que urgía a la CELAC  a tener una comisión de derechos humanos sin “sesgo norteamericano”. El presidente ecuatoriano mostró una vez más su vehemente oposición a que “los problemas latinoamericanos se vayan a discutir a Washington”.

La realidad es que tras los habituales brindis retóricos que claman por la integración regional y recuerdan las intenciones de los padres de las naciones latinoamericanas de construir la arcadia americana, el repertorio de intereses dispares se impone a la hora de establecer las prioridades de la región. De ahí que con el tiempo se vayan yuxtaponiendo organismos sobre organismos que solapan países y funciones. Sirva de mero ejemplo de esta sopa de letras en que se está sumiendo la región la lista de organizaciones actualmente vigentes en América Latina: Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac); Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA); Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); Parlamento Latinoamericano (Parlatino); Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA); Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); Parlamento Suramericano; Mercosur; Parlamento del Mercosur; Comunidad Andida (CAN); Parlamento Andino; Parlamento Centroamericano; Asociación de Estados del Caribe (AEC); Comunidad del Caribe (CARICOM); Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS).

Demasiadas siglas, demasiados intentos, demasiadas energías desaprovechadas. La verdad es que América Latina no acaba de encontrar la fórmula más adecuada de integración en un espacio que si bien tiene enormes potencialidades comunes, un idioma mayoritariamente común y una base cultural similar, presenta tremendas diferencias en su suelo que acaba componiendo un espacio heterogéneo en el que difícilmente se alcanzan acuerdos estratégicos de posicionamiento en el escenario internacional. Lo cual no es obstáculo para reconocer que la cooperación multinacional, especialmente entre países limítrofes en áreas sinérgicas, avanza de forma imparable. Un ejemplo que hasta ahora parecía impensable son los acuerdos recientemente firmados en la cumbre bilateral Venezuela – Colombia entre los presidentes Chávez y Santos, que incluye la construcción de un impresionante oleoducto que atravesaría ambos países para hacer llegar petróleo del océano Atlántico al Pacífico. Las realidades de desarrollo y de crecimiento de las economías locales está imponiendo una nueva manera de hacer política en la región latinoamericana que obliga a los gobiernos a colaborar independientemente de las diferencias ideológicas que los inspiren, un hecho que hace menos de una década hubiera sido impensable.

América Latina trata de buscar su propio espacio en las relaciones internacionales, desde posiciones de liderazgo de bloques protagonizadas en el norte por México y en el Sur por Brasil, pero con un notable entrados de interrelaciones locales bilaterales y de micro-regiones que no son sino el reflejo de sociedades donde se desarrollan clases medias cada vez más formadas y con más capacidad de demanda. Si Europa vive su particular crisis de refundación, tratando de encontrar un nuevo modelo organizativo que sea capaz de hacer frente a los retos de un mundo globalizado, América Latina hace lo propio desde la juventud de sus naciones que cumplen en estos años su bicentenarios y que siguen soñando con consolidar un espacio de libertades en un continente bendecido por la naturaleza con enormes recursos materiales. Tal vez la mejor solución para los retos que a uno y otro lado del Atlántico nos abordan sea encontrar un puente de relación entre los dos continentes llamados a conformar un futuro común. Las relaciones de Europa y América Latina son la oportunidad de sumar si somos capaces ambos de mapear los puntos de encuentro, sectores y posibilidades de enriquecimiento mutuo.  Una ingente tarea que no se debería seguir demorando.

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