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Nace una nueva Europa: 25M el veredicto ciudadano

Europa ha hablado y lo ha hecho de forma similar en cuantía de votos a como lo hizo hace 5 años. La gran diferencia es que esta vez lo ha hecho con las consecuencias plenas de la aplicación del Tratado de Lisboa y, por tanto, para conformar un Parlamento Europeo con competencias reforzadas y que deberá elegir al nuevo presidente de la Comisión. El resultado extraído de las urnas es de mayor calado y relevancia para el futuro de la Unión que se enfrenta a la necesidad de poner rumbo al crecimiento y la creación de empleo en un mundo globalizado y con las fronteras al Este en pleno conflicto con Rusia y el reto de la inmigración llegando en oleadas continuas por el Mediterráneo. Los 751 mujeres y hombres elegidos tienen la enorme responsabilidad de marcar en gran medida el rumbo del resto de los europeos, eso si los jefes de Gobierno no hacen una lectura torticera del Tratado y hacen caso omiso de los resultados.

De los datos que la llamada a la urnas en toda la Unión nos deja, se pueden hacer multitud de análisis, al tratarse de una cita electoral compleja que afecta nada menos que a 28 Estados miembros. Para eso hará falta sosiego y distancia de la noche electoral, pero en caliente si debemos realizar lecturas inmediatas del escenario que se nos dibuja en Bruselas. La participación no se ha desplomado, es prácticamente igual que hace 5 años. Los ciudadanos de los grandes Estados saben que Bruselas importa mucho y los de los pequeños que su peso no es importante. De ahí que el voto en Alemania, Francia, Italia o España haya crecido. Está claro que el proyecto europeo madura y consolida niveles de votación similares cada comicio y que lo son respecto a elecciones como los de las presidenciales de Estados Unidos o de su Congreso y Senado. El nuevo votante joven se incorpora con fuerza, mientras son los de más edad los que menos participan.

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El PPE aguanta pese a su fuerte caída, sobre todo, favorecido por el mal resultado de los socialistas, especialmente en Francia y en España. Suben los partidos de extrema derecha, con el caso paradigmático de Francia y el Frente Nacional. Sin embargo, no podrán formar grupo al ser necesario 25 escaños y 7 países como mínimo para lograrlo. En la práctica, los ultras no tendrán peso específico en la Eurocámara. El resultado deja muy abierta la nominación a candidato que deben debatir el próximo martes los jefes de gobierno. La Izquierda más Verdes yLiberales suman un total de 354 eurodiputados a los que podría unirse el voto de no inscritos para alcanzar los 376 necesarios para nominar a Schulz. Por el contrario, Junker cuenta con los 212 eurodiputados del Grupo Popular, con una diferencia sobre los socialistas de 18 escaños, el más votado en toda Europa y lo que podría conferirle la opción de ser presidente de la Comisión Europea. Merkelseguro que así lo pedirá a sus homólogos.

En España, frente a lo que auguraban las encuestas, la participación ha subido respecto a los comicios de 2014. Ello se ha debido al incremento de voto enCataluña y País Vasco y de los jóvenes votantes en todo el Estado. Significa que el electorado que más se ha movilizado es el nacionalismo radical y los jóvenes “antisistema” que castigan fuertemente a los partidos tradicionales. Se ha producido un claro desplome de los partidos mayoritarios PP y PSOE con caídas de más del 15% en cada caso, en escaños 8 y 9 respectivamente y más de 12 millones de votos. Este fenómeno es extrapolable al conjunto de la UE, pues, los porcentajes de los grupos son muy similares en España y en el total de la UE. Por tanto, es claro que el mapa político español, al menos en unas elecciones europeas, empieza a comportarse de forma similar a como lo hace el resto de los grandes Estados miembros. Los partidos que se benefician de la caída del bipartidismo tradicional, no son los que les seguían a nivel nacional, es decir, IU yUPyD, sino por un lado, el nacionalismo radical y las ofertas más novedosas y “antisistema”. En Cataluña ERC, en el País Vasco y Navarra, Bildu y en el resto de España, Podemos, principalmente, la gran sorpresa de las elecciones.

La lectura de las elecciones europeas en clave de política nacional induce claramente a error, pues, la circunscripción única y no establecerse límite del 5% para obtener representación, convierte a los comicios europeos en un escenario muy propicio a las pequeñas formaciones políticas. En todo caso, si se puede señalar el fuerte desgaste de PP y PSOE, mayor en este último, dado que al PP se le une el desgaste de la acción de Gobierno. De hecho, junto a la CDU de Ángela Merkel, el PP y Mariano Rajoy y Renzi y el Partido Demócrata en Italia, son los únicos partidos y presidentes que ganan las elecciones europeas en sus países. Del mismo modo IU y UPyD no son capaces de ser vistos como alternativas creíbles a los dos grandes partidos, aunque su distribución de voto en todo el Estado les beneficiaría en unos comicios generales. Ante las próximas elecciones autonómicas y municipales, es evidente, que se abre un escenario de fuerte fragmentación de voto local y difícil gobernabilidad en muchos casos.

Cataluña ha tenido protagonismo propio en estas elecciones. El fortísimo incremento de la participación respecto a las anteriores elecciones europeas significa que se ha votado en clave plebiscitaria, siendo los votantes nacionalistas los que se han movilizado especialmente, dada la trascendencia de la Unión Europea y su posición institucional ante la consulta independentista que pretenden. El gran triunfador de las elecciones es ERC que incluso llevaba en el nombre de su coalición electoral “El derecho a decidir”. Ha logrado el “sorpasso” a CIU, lo que significa que desde el punto de vista del proceso soberanista, ya dirige la mayoría social independentista. Sin embargo, el hecho de que CiU haya perdido las elecciones supone un revés de su electorado que tiene dos vertientes. Por un lado los votantes que se han podido sumar al voto que consideran más útil de ERC para la independencia y, por otro, los más moderados que no están de acuerdo con la deriva independentista de Artur Mas. En estas circunstancias, es obvio que CiU no convocará elecciones en Cataluña una vez el Estado no permita la celebración de la consulta. Es más previsible que se una a ERC para realizar una declaración de independencia en el Parlament de Cataluña. Respecto al PSCsu descalabro alcanza al 50% de los votos y el PP al 30%. Por el contrario, sigue creciendo Ciutatans y se estanca ICV. Los datos cantan, el voto favorable a la consulta suma el doble (1.500.000 votos) que el de los constitucionalistas (750.000 votos).

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Al rescate de las Comunidades Autónomas: ¡motín a bordo!

Sabido es que resulta de lo más cómodo en situaciones de excepcional dificultad buscar un responsable para ponerlo en la picota y hacerle responsable de cuantos males nos invaden. La cultura hispánica lejana a la autorresponsabilidad y a la autocrítica, siempre encuentra justificaciones ajenas a sus problemas con tanta facilidad como pone en marcha juicios sociales inquisitoriales para buscar culpables que nos tranquilicen las conciencias. En esta crisis por la que tratamos de navegar hace ya casi un lustro, el relato oficial del drama que vivimos ha acudido a distintos malos de la película para explicar lo que no estaba sucediendo con una trágica frivolidad que ha impedido un análisis riguroso de las causas internas del crack de nuestra economía y de las reformas estructurales que son imprescindibles para salir de ésta. Primero fueron los vientos lejanos de Wall Street en exclusiva quiénes protagonizaron titulares de medios y declaraciones de políticos como si la globalización no fuera con nosotros. Después, los errores de un presidente del Gobierno que se empeñó en negar la gravedad de los hechos convirtió a Rodríguez Zapatero en el pim pam pum del colectivo. Su desaparición dejó paso a la omnipresente figura de la canciller alemana Angela Merkel como mala oficial, su intransigencia en flexibilizar las condiciones de ajuste que nos han impuesto la ha convertido en el blanco de las iras de la calle. Pero como siempre necesitamos culpables patrios, encontramos un mantra extraordinario, capaz de explicar sin titubeos el origen de todos nuestras desgracias: las Comunidades Autónomas. Una aberración de la transición democrática que nos ha convertido en 17 reinos de taifas repletos de corruptos que malgastan el dinero de los pobres españoles, vamos en una palabra, la cueva de Alí Babá y los 17 ladrones. Simple, simplicísimus, la mejor de las coartadas para volver a 1976, al glorioso régimen donde las diputaciones provinciales y los gobernadores civiles mantenían la ley y el orden, por cierto de un Estado, tan arruinado como el actual.

Como la memoria es frágil en un país que no quiere recordar habrá que echar la vista atrás para refrescar las ideas sobre cómo surgió el invento de las Comunidades Autónomas. Es evidente que como no se cansan de repetir los enemigos del modelo autonómico, España tenía un “problema” con Euskadi yCataluña – curiosa manera de afrontar el debate del encaje de realidades nacionales dentro del Estado – podía perfectamente, pues, haber optado por un régimen administrativo asimétrico o por la simetría total que representa el federal. Sin embargo, en un peculiar encaje de bolillos, las distintas fuerzas constitucionales – salvo el Partido Nacionalista Vasco que siempre se opuso al modelo aunque finalmente lo acató – entendieron que las Autonomías atemperaban mejor las tensiones territoriales del Estado español. Para ello se estableció en el texto constitucional de 1978 dos vías de acceso a las competencias autonómicas: la vía rápida para las históricas – dado que ejercieron autogobierno durante la Segunda República – las citadas Euskadi y Cataluña por el artículo 151 y el resto de las hasta entonces regiones y provincias, por el artículo 143 o la vía lenta. Un procedimiento que se vio alternado el 28 de febrero de 1980, en virtud del referéndum celebrado en Andalucía que consagró con un apabullante del 87% a favor del acceso de los andaluces a la vía rápida. A partir de este momento se puso en marcha un proceso de aceleración del Estado autonómico y de las transferencias de gestión de los asuntos básicos para la vida de los ciudadanos desde la administración central a las administraciones autonómicas. El “café para todos” como lo bautizó el ministro Clavero, enfrentado al presidente Adolfo Suárez, se puso en marcha y ha durado hasta la fecha. Pero sus detractores se olvidan que si estamos donde estamos se debe a la voluntad popular de casi tres millones de andaluces que libremente decidieron exigir a Madrid más autogobierno y más rápido. Cosas incómodas que tiene la democracia, ¡qué le vamos a hacer señores del antiguo régimen!

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Para cualquier planteamiento de reforma que se quiera plantear habrá que partir de dos condiciones inexcusables: primero, proponer un modelo alternativo al autonómico que se formule claramente, sin argucias de si es más caro o más barato, pues, lo que nos jugamos es un modelo de convivencia, no el tipo de asesor fiscal que escogemos; y en segundo lugar, que cualquier modificación debe ser aceptado por la voluntad popular, la de los ciudadanos de los distintos territorios que hoy componen este Estado plurinacional. Cada cual tiene un derecho inalienable recogido en la declaración de las Naciones Unidas a pertenecer a la entidad jurídica nacional o estatal que desee, si bien esta capacidad de autodeterminación al colisionar con el derecho de quienes en una misma comunidad tienen distinto deseo, debe articularse a través del consenso y la negociación. Es decir, que abrir el melón del modelo de Estado, en ningún caso puede encontrar la justificación fácil de culpabilizarlas del éxceso de déficit de la economía española, para cercenar derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Si abrimos el melón, si estamos de acuerdo en que el traje se nos ha quedado pequeño y viejo, nos hacemos uno nuevo con todas las consecuencias, incluido como no puede ser de otra forma el derecho a decidir libremente. Supongo que estas reflexiones ya no son tan del agrado de los medios y políticos que cada día con más fuerza y virulencia predican la imperiosa necesidad de reformar el Estado español. Si la única reforma posible es que el Estado sea más español, o lo logran por la fuerza o tendrá que refrendarlo territorio a territorio los distintos pueblos que componen el Estado.

Pero para centrar la realidad del supuesto problema de despilfarro que suponen las Comunidades Autónomas, debemos empezar por asumir que las Autonomías son más Estado que el Estado central, pues, gestionan más del 60% del gasto público, especialmente aquellos aspectos como la Sanidad o la Educación más sensibles y más cercanos del servicio público al ciudadano. El conjunto de las CC.AA. los 140.083 millones de euros, que equivale al 13,1% del PIB, mientras que la deuda pública total de España, cerró el año pasado en 734.962 millones de euros, lo que supone el 68,5% del PIB y, por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 35.420 millones de euros en 2011, el equivalente al 3,3% del PIB. Nos pongamos como nos pongamos, criminalicemos a quien queramos criminalizar, la realidad es que el fuerte incremento de la deuda pública en el Estado se ha debido a las cuantiosísimas ayudas que se vienen prestando a la banca desde el inicio de la crisis y a los pagos por prestaciones al desempleo, que afecta a más cinco millones y medio de parados. Son el pago por intereses de la deuda, unos 40.000 millones al año y la cobertura del paro, cerca de 50.000 millones al año, los capítulos que han tensionado hasta el extremo la prima de riesgo española en los últimos años.

Pretender el cambio de un modelo porque en estos 30 años de su funcionamiento se han producido malas praxis es algo así como dejar de conducir porque puedes tener un accidente. De lo que ha adolecido el modelo autonómico es de autorresponsabilidad fiscal, unos entes gestores de gastos fundamentales y con tienen capacidad de generar ingresos, son por naturaleza irresponsables. De ahí que convenga en estos momentos analizar dónde se identifican territorialmente los principales problemas de endeudamiento y déficit autonómico. De otra forma pagarán justos por pecadores. Cuatro son las comunidades con un endeudamiento por encima del 15% de su PIB: Cataluña 41.778 millones de euros, 20,7%; Valencia, 20.762 millones de euros, 20,7%; Castilla-La Mancha, 6.587 millones de euros, 18,8%; y Baleares 4.432 millones de euros, 16,3%. Ellas cuatro solas alcanzan el 50% del total de la deuda autonómica. Les  siguen seis comunidades con ratios de deuda similares a los del Estado, entre el 15% y el 10%: Navarra (12,9%), Galicia (12,3%), Rioja (11,2%), Extremadura (10,9%),Aragón (10,2%) y Murcia (10,1%). Mientras que sólo 7 comunidades registraron al cierre del 2011 niveles de deuda por debajo del 10% de su PIB: Andalucía (9,8%),Castilla y León (9,4%), Cantabria (9,3%), Asturias (9,1%), Canarias (8,8%), País Vasco (8,1%) y Madrid (7,9%). La insuficiencia financiera de quien gestiona y no recibe recursos, unido a la mala gestión imputable a determinados gobiernos autonómicos que si se quieren leer las cifras de evolución de la deuda tienen nombre y apellidos, explica el incremento del endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

Así las cosas, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han anunciado su intención de acudir al mecanismo de financiación puesto en marcha por el Gobierno central para facilitar los pagos por parte de las Comunidades Autónomas, una suerte de rescate autonómico aunque como en el caso de la intervención de España queramos jugar a laberintos semánticos para correr una cortina de humo sobre la realidad. El problema es que el fondo que se ha instrumentado es claramente insuficiente para dar cabida a los 140.000 millones que anualmente generamos de deuda y sus consiguientes intereses. Cataluña es la punta del iceberg del problema y su incapacidad para realizar pagos tan imprescindibles como las nóminas de los médicos de los hospitales está a la vuelta de la esquina. El president de la Generalitat Artur Mas ha advertido de la circunstancia y apela a un pacto fiscal con el Estado para poner fin a un largo período de insuficiencia financiera por parte de Cataluña, que se siente maltratada en el reparto de transferencias. De  no producirse este nuevo consenso la administración catalana será incapaz de hacer frente a sus obligaciones y podría ser intervenida, una situación que como el propio dirigente nacionalista ha indicado, abocaría a unas elecciones para que el pueblo catalán decidiera el camino a seguir. Detrás podrían venir cualquiera del resto de las Comunidades Autónomas, pues, la mayoría de ellas han reformado sus estatutos para poder celebrar elecciones dentro del período cuatrianual de mandato. Estamos ante la necesidad de un replanteamiento general del modelo de Estado, más en su formulación de responsabilidad fiscal que de otra índole, pero en todo caso ante la obligación de un nuevo pacto de Estado. De no abordarse o de hacerlo con meras pretensiones recentralizadoras colándolas de rondón con el pretexto de la crisis, podemos vernos sumidos en un auténtico motín a bordo.

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Amnistía fiscal o la quiebra de la legitimidad del Estado

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ha aportado una sorpresa mayúscula con la que casi nadie contaba, dado que el propio presidente en sus días de líder de la oposición la había calificado de “impresentable, injusta y antisocial”: la amnistía fiscal. Una medida que hipotéticamente pretende que afloren 25.000 millones de euros de rentas sumergidas para lograr una recaudación adicional de 2.500 millones de euros. La excepcionalidad de un perdón de esta naturaleza de entrada suena a emergencia recaudatoria, a sacar dinero de debajo de las piedras sea cual sea el coste de la prospección para aflorar dinero negro. Todo vale con tal de cuadrar las cuentas a las que Bruselas obliga, acuciado como está el Ejecutivo español por presentarlas y aprobarlas – resulta clamoroso que un gobierno que tomó posesión en diciembre, no haya presentado los presupuestos hasta tres meses después, exactamente una semana después de las elecciones andaluzas -. Las prisas, siempre malas consejeras, urgen a una severa reducción del déficit público, que debe pasar del 8,2% registrado el 2011, al 5,3% en el corriente 2012 y lo que se hace aún más difícil de imaginar, en 2013 deberá situarse en el 3%. Se me antoja que para entonces no quedará nada que recortar en una paisaje desolado por la crisis y la austeridad sobrevenida.

En la historia de la democracia española, se ha aprobado dos veces la amnistía fiscal y, en los dos casos, la ha aplicado un gobierno socialista. La primera vez fue en 1984, con Miguel Boyer al frente del ministerio de Economía. Boyer endureció las leyes contra los evasores de impuestos y, al mismo tiempo, concedió ‘el perdón’ al permitir que todos los que tenían ocultas sus actividades pudieran comprar pagarés del Tesoro Público, sin ninguna penalización fiscal y pudiendo salvaguardar el anonimato. La segunda vez fue en 1991, con Carlos Solchagacomo titular de la cartera de Hacienda. En esta ocasión, la amnistía consistió en permitir que los infractores compraran deuda pública con dinero negro con un tipo de interés inferior al del mercado. El indulto no funcionó como el Gobierno de Felipe González esperaba y tuvieron que subir el IVA en los Presupuestos Generales de 1992, además de advertir de que no se volvería a conceder el perdón fiscal. Ahora, más de veinte años después de la aprobación de la primera amnistía fiscal, con una crisis económica y financiera que deja cinco millones de parados, una deuda pública que puede alcanzar el 74,3% del PIB en 2012 y unas arcas del Estado casi vacías, un gobierno vuelve a plantear la amnistía pese a que los antecedentes nunca cumplieron las expectativas en ella puestas. Con todo, no es España una excepción en Europa ya que otros países han optado por esta medida. Así, Italia es uno de los mejores ejemplos: el pasado mes de octubre, el entonces primer ministro, Silvio Berlusconi, volvía a proponer la amnistía fiscal para reducir el déficit. De este modo, se planteaba eximir los delitos fiscales a quienes compren deuda soberana. Algo que le valió críticas, incluso, desde dentro de su propio partido. Ésta no era la primera vez que ‘Il Cavaliere’ decide perdonar a los evasores con tal de que su dinero vuelva a fluir en el país. Ya en el año 2009 se aprobó la medida y logró que 95.000 millones de euros regresaran a las arcas italianas. Pero según los expertos, esta cifra no es sinónimo de éxito, sobre todo porque la multa para los evasores italianos fue de un irrisorio 5%, cuando en otros países era 10 veces mayor, y aseguran que nuestra Agencia Tributaria tiene más controles que la de Berlusconi.

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Portugal aprobó la medida a mediados de 2010. En grandes líneas, esta medida excepcional se aplicó a depósitos bancarios,  valores mobiliarios y otros instrumentos financieros tales como fondos de inversión y determinados seguros de vida-ahorro. Se estipuló el pago de un impuesto del 5% del valor de los activos y no es necesario transferirlos a entidades financieras portuguesas, siempre y cuando se trate de elementos que estuvieran depositados en estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Alemania hizo lo mismo mucho antes de que la actual crisis arreciara. En 2003, el canciller GerardSchröder, dio luz verde a una amnistía fiscal que en la que se permitía a los empresarios alemanes repatriar los fondos que tuvieran en el exterior sin penalización alguna, aunque fijaba una tasa del 25% sobre este dinero una vez que hubiera salido a la luz. En concreto, en los cuatro primeros meses del año el total del dinero repatriado gracias a esta norma ha sumado únicamente 125 millones de euros. Una cantidad muy por debajo de los 5.000 millones previstos inicialmente. Francia tuvo un conato de implantación de la amnistía fiscal en 2004. El primer ministro francés, Jean Pierre Raffarin había apostado por repatriar capitales, implantando una tasa liberatoria de retorno, entre el 10% y 20%, según el volumen de dinero legalizado. Finalmente, Raffarin dio marcha atrás. Le llovieron críticas de todos los partidos.  No se veía ni “moral” ni “eficaz” para la lucha contra la evasión de capitales y la circulación de dinero negro. Años después, en 2009, la Administración Tributaria francesa por aprobar un régimen especial de regularización. Creó una unidad especial en Hacienda. El objetivo: gestionar todos los procesos de regularización de patrimonios opacos situados en paraísos fiscales. Así, se asegura que se apliquen criterios similares en los procesos de regulación y se da seguridad jurídica, ya que sólo hay un órgano inspector. Y en Reino Unido en agosto de 2010, “Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) lanzó entre septiembre de 2009 y marzo de 2010 The new disclosure opportunity,  encaminada a regularizar exclusivamente cuentas bancarias offshore, debiendo los contribuyentes pagar los impuestos dejados de ingresar durante los últimos diez años junto con una sanción del 10% de la deuda. Si bien no se garantizó la inmunidad penal de los contribuyentes que se acogiesen al programa, el HMRC anunció que las posibilidades de comenzar acciones penales eran extremadamente bajas”.

En España habría que empezar por recordar que conviven cinco Haciendas –Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra/Nafarroa y España – y de ellas solo la española aplicará la medida, pues, las otras cuatro ya han manifestado que optan por la lucha contra el fraude como mejor argumento para incrementar los ingresos forales. Tanto en lo que respecta a los que practican la economía sumergida que, según la Fundación de las Cajas de Ahorro, se cifra en el 24% del PIB de España, como para los que sacan sus grandes capitales fuera de país para evadir impuesto. La OCDE calcula que el 13% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales, esto es, entre cinco y siete billones de dólares. El objetivo es hacer que aflore el dinero negro o que vuelva a España. La estimación del gobierno es que se conseguirá que aflore un 10% de la economía sumergida. Eso son 25.000 millones de euros. Lo cual quiere decir que el gobierno sabe perfectamente que están fuera del control impositivo 250.000 millones de euros. De los cuales —con suerte, con mucha suerte— nos dicen que esperan ingresar 2.500. Si esos 250.000 millones tributaran a lo que deben, más los recargos y las correspondientes sanciones, no tendríamos ninguna necesidad alguna de recortar en educación, sanidad, investigación o dependencia en los presupuestos de 2012. Y resulta concluyente el dato que aporta que con los métodos regulares de la lucha contra el fraude fiscal, en 2010, la Agencia Tributaria logró recuperar más de 10.000 millones de euros procedentes de actividades fuera del fisco. Una cifra que supone un 1% del PIB.

Los mismos profesionales de la Agencia Tributaria se han manifestado en contra de la medida que consideran solo servirá para “enjugar los delitos fiscales a precio de saldo”. Los inspectores, que se supone son quienes más deben saber sobre fraude, estiman que el 72% del dinero defraudado a Hacienda proviene de las grandes fortunas y las grandes empresas que, incomprensiblemente, son investigados con muchos menos recursos, ya que la Agencia Tributaria concentra el 80% de sus investigaciones en pequeñas empresas y pequeños contribuyentes. Las grandes empresas tienen más mecanismos de elusión, como las conocidas SICAV, y por supuesto, más facilidades de evasión, ya sea a través de paraísos fiscales o mediante operaciones entre entramados societarios. Pareciera que Rajoy pretende dar la razón a los medios de comunicación y opciones de ultraderecha europea que vienen repitiendo hasta la saciedad que las economías periféricas son nidos de defraudadores y vagos. Oficializando el perdón de delincuentes fiscales se acredita internacionalmente la existencia de un problema estructural, que cuanto menos debería ser inconfesable: España país de economía sumergida y de fuga de capitales. No parece el mejor reclamos para que nuestros socios se corresponsabilicen con los problemas de paro, falta de crecimiento e insuficiencia financiera a la que nos está sometiendo la crisis.

Pero son las consideraciones para la convivencia en el Estado las que resultan más graves de la medida anunciada. En primer lugar, por el agravio comparativo que supone para los millones de contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones. Se premia al defraudador, que podrá esperar a que una de estas amnistías cíclicas pongan en regla su dinero negro. El mensaje es claro: en el Estado español es más rentable delinquir que cumplir o dicho de otra forma, el impuesto grava la honradez. El Estado pierde la legitimidad para exigir el esfuerzo colectivo, el que hace posible un sistema social de protección mútua y, en suma, la arquitectura del Estado del Bienestar se resquebraja en sus cimientos. Rompe también el equilibrio territorial, pues, los niveles de economía sumergida y de fraude fiscal son muy dispares en unas y otras Comunidades Autónomas, con lo que abierta la veda de la aministía, aquellas Comunidades más honestas en sus cuentas y en perseguir el fraude, salen claramente perjudicadas frente a aquellas donde la corrupción y los defraudadores protagonizan la vida pública y la economía productiva. La crisis ha aflorado nuestras miserias peninsulares, pero no imaginábamos que llegaría a recurrir al perdón de los que roban al conjunto de los ciudadanos para salir adelante. Si quienes actúan de manera egoísta, buscando la riqueza monetaria a cualquier precio, incluido el recurso a la delincuencia fiscal, son hoy nuestros salvadores, prefiero declararme éticamente insumiso de este Estado de cosas.

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