Europa: ¿faltan líderes o ideas?

La actual crisis económica que vive la zona euro está poniendo de manifiesto la incapacidad de sus líderes para encontrar soluciones de consenso a los continuos retos que los mercados financieros les lanzan. A cada medida instrumentada en una cumbre especuladores, agencias de rating, indicadores de prima de riesgo e índices de bolsa anticipan el fracaso de las mismas. La sensación de ir por detrás de las decisiones de los inversores aniquila cualquier intento de reforma. El tiempo que imponen los mercados no se acompasa desde los despachos políticos y eso crea la sensación de falta de capacidad y descrédito a la clase política en conjunto. Unos ciudadanos confundidos y alarmados ante la magnitud del desastre que se les viene encima, han buscado culpables en sus representantes públicos. La principal crítica hacia ellos ha rebasado la barrera de su incapacidad para ubicarse en su falta de compromiso en el servicio público y sus débiles comportamientos éticos. ¡Todos son iguales!, es el mantra cívico que se ha instalado en la sociedad europea, incapaz de encontrar liderazgos capaces de poner en marcha una hoja de ruta para salir de la crisis. El deterioro de la política es creciente y los gobernantes duran menos que una bolsa de caramelos a la puerta de un colegio.

¿Qué sucede para que una generación de políticos se muestre inútil para plantear salidas? Podríamos quedarnos satisfechos con el ramplón razonamiento de su escaso nivel. Pensar que todos son presos de sus ínfimos niveles intelectuales es similar a asumir que en un mundo globalizado y en una sociedad del conocimiento, nos gobiernan los más tontos. ¡Ójala fuera tan sencillo! De ser así nos bastaría con buscar recambios más capacitados o aplicar tests de preparación a los futuros dirigentes. El origen del problema tiene más que ver con la propia complejidad del mundo que hemos construido gracias a esas cotas de desarrollo alcanzadas. Hemos roto el estatus quo mundial clásico, donde las posiciones de dominio marcaban el crecimiento y el reparto de riqueza, solo rotas por la fuerza de la violencia en guerras que establecían los cambios de hegemonía. La aparición del arma nuclear y su capacidad de destrucción masiva ha supuesto una herramienta disuasoria que obliga al hombre a la búsqueda de consensos para superar el riesgo del exterminio total. Pero ello no ha evitado el conflicto y la competencia por el uso y aprovechamiento de los recursos de la Tierra, vivimos una verdadera guerra económica que se libra a través de todopoderosos fondos y movimientos monetarios y de capitales que atacan posiciones en cualquier punto del planeta a toda velocidad. Ante este enemigo universal, sin rostro, ni identidad, pues, es más fruto del mundo que generamos que de voluntades particulares. Nadie tiene el control de la situación, como nadie tiene soluciones integrales.

La política se ha quedado obsoleta en sus métodos de toma de decisiones. De ahí que sus líderes no puedan dar respuesta a las situaciones. Los jugadores son múltiples y el tiempo ha desbordado los procedimientos. La democracia se basa en la negociación y en la libre voluntad que expresan los ciudadanos. Los parlamentos y sus debates se producen a contratiempo, cuando muchas de los planteamientos y discusiones han quedado desfasadas por los hechos. No aplicar tecnologías que favorecen la posibilidad de participación de los ciudadanos en tiempo real a la vida política, está resultando un suicidio general. De la misma forma que los gobiernos emplean sistemas de monitorización de situaciones en gestión de crisis, muy alejadas de las que emplean empresas privadas o particulares que gran capacidad inversora. Son pigmeos nadando en un oceáno de tiburones. La actual crisis de deuda pública está empobreciendo los poderes públicos, ya no solo en sus recursos propios, sino en la autoridad moral para ejercer el liderazgo que de ellas se requiere. Sería el momento de reivindicar la necesidad de aplicar las más modernas TIC’s – Tecnologías de la Información y la Comunicación – y de sistemas de prospectiva para que nuestros gobiernos tengan verdadera capacidad de anticiparse a los acontecimientos. Sin ese plus que impone el día a día, estamos pidiendo a nuestros líderes una visión imposible y nos vemos obligados a depender de personas que no son ni pitonisos, ni gurús.

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Estos déficits en las decisiones gubernamentales están generando desconfianza entre los socios europeos. Afloran estereotipos cuando no somos capaces de sumar voluntades: los vagos del sur malgastan los ahorros de los laboriosos del norte, de la misma forma que los bárvaros del norte nos imponen la pobreza a los sufridos ciudadanos del sur. En vez de encontrar modelos coperativos y esquemas de colaboración estables en las decisiones de la Unión Europea, se amplia la brecha del disenso y empezamos a oir hablar de la suma cero, de las distintas velocidades, de monedas únicas para ricos y para pobres… Los Estados, cuestionados por los mercados y por sus propios ciudadanos, se refugian en la defensa de sus fronteras como animales heridos que restañan sus llagas lanzando dentelladas a sus vecinos. Por contra, si aplicáramos el sentido común nos daríamos cuenta de que cuando más necesitamos Europa y su fortaleza es en estos días de naufragio, cambiando esquemas estatales pasadas de moda por modernas estructuras supranacionales que sirvan con más eficacia esa Europa de los pueblos que sigue representando el mejor tesoro de nuestra diversidad. Y esa labor de refundación no podemos radicarla exclusivamente en nuestro líderes, en un planteamiento casi decimonónico, es tarea de todos, es una obligación de cambio de mentalidad individual, que se genere de abajo arriba, de comunidad en comunidad.

Nos gobiernan los dinosauros de la política, partidos que funcionan casi como se fundaron, cuyas decisiones internas nada tienen que ver con los intereses de la sociedad, donde importa más la lucha por el poder entre correlegionarios que el planteamiento de propuestas políticas. Ni saben de planes de calidad en la gestión, ni de organización de equipos, ni de ofertas motivacionales, todo aquello que desde hace más de una década es de aplicación en el mundo empresarial es absolutamente ajeno a la vida partidaria. De esos partidos tienen que surgir nuestros líderes, que incluso cuando son brillantes, tienen que dedicar la mayoría de sus esfuerzos a deshacerse de sus numerosos enemigos internos. Una batalla del día a día que trabaja en contra de la capacidad creativa del liderazgo, es mejor no innovar y seguir el guión establecido para llegar al poder, esperando más los errores del enemigo que buscando los aciertos propios. Los Merkel,HollandeCameron Rajoy – Monti es un tecnócrata al que le han ahorrado el tránsito de la vida política – han tenido experiencias similares de mala praxis en la aplicación de su inteligencia política. Una inteligencia que no debería ser otra cosa que la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas, la que permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. Inteligente es quien sabe escoger.

Pero si nuestros líderes no cuentan con la ayuda de sistemas modernos para la toma de decisiones y están lastrados por organizaciones partidarias del prejurásico político, más grave aún es la falta de ideas. Una idea es una imagen que existe o se halla en la mente. La capacidad humana de contemplar ideas está asociada a la capacidad de razonamiento, autorreflexión, la creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar el intelecto. Las ideas dan lugar a los conceptos que son la base de cualquier tipo de conocimiento. La política europea no genera ideas, ni conceptos y, por tanto, adolece de conocimiento. Camina sin hoja de ruta por esa falta de ideas, vengan de sensibilidades de izquierdas, de derechas, ecologístas, nacionalistas o universalistas. El desierto de las ideas se ha extendido como la sequía deforesta, pretender que alguien lidere la salida de la crisis, que no es otra cosa que el planteamiento de un nuevo mundo, la generación de un modelo alternativo de sociedad a los esquemas actualmente quebrados, es ilusorio. Mientras no nos pongamos a diseñar ideas de regeneración del contrato social entre los europeos, nuestros gobernantes seguirán mareando la perdiz en decisiones tan grandilocuentes como ineficaces. Y mientras, el deterioro de las bases sociales del Estado del bienestar será creciente y nos costará décadas y millones de jóvenes sin futuro recuperar el espacio de libertades y derechos que con tanto sufrimiento y esfuerzo llegamos a construir. Por supuesto que necesitamos líderes, pero ante todo nos faltan ideas.

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Al rescate de las Comunidades Autónomas: ¡motín a bordo!

Sabido es que resulta de lo más cómodo en situaciones de excepcional dificultad buscar un responsable para ponerlo en la picota y hacerle responsable de cuantos males nos invaden. La cultura hispánica lejana a la autorresponsabilidad y a la autocrítica, siempre encuentra justificaciones ajenas a sus problemas con tanta facilidad como pone en marcha juicios sociales inquisitoriales para buscar culpables que nos tranquilicen las conciencias. En esta crisis por la que tratamos de navegar hace ya casi un lustro, el relato oficial del drama que vivimos ha acudido a distintos malos de la película para explicar lo que no estaba sucediendo con una trágica frivolidad que ha impedido un análisis riguroso de las causas internas del crack de nuestra economía y de las reformas estructurales que son imprescindibles para salir de ésta. Primero fueron los vientos lejanos de Wall Street en exclusiva quiénes protagonizaron titulares de medios y declaraciones de políticos como si la globalización no fuera con nosotros. Después, los errores de un presidente del Gobierno que se empeñó en negar la gravedad de los hechos convirtió a Rodríguez Zapatero en el pim pam pum del colectivo. Su desaparición dejó paso a la omnipresente figura de la canciller alemana Angela Merkel como mala oficial, su intransigencia en flexibilizar las condiciones de ajuste que nos han impuesto la ha convertido en el blanco de las iras de la calle. Pero como siempre necesitamos culpables patrios, encontramos un mantra extraordinario, capaz de explicar sin titubeos el origen de todos nuestras desgracias: las Comunidades Autónomas. Una aberración de la transición democrática que nos ha convertido en 17 reinos de taifas repletos de corruptos que malgastan el dinero de los pobres españoles, vamos en una palabra, la cueva de Alí Babá y los 17 ladrones. Simple, simplicísimus, la mejor de las coartadas para volver a 1976, al glorioso régimen donde las diputaciones provinciales y los gobernadores civiles mantenían la ley y el orden, por cierto de un Estado, tan arruinado como el actual.

Como la memoria es frágil en un país que no quiere recordar habrá que echar la vista atrás para refrescar las ideas sobre cómo surgió el invento de las Comunidades Autónomas. Es evidente que como no se cansan de repetir los enemigos del modelo autonómico, España tenía un “problema” con Euskadi yCataluña – curiosa manera de afrontar el debate del encaje de realidades nacionales dentro del Estado – podía perfectamente, pues, haber optado por un régimen administrativo asimétrico o por la simetría total que representa el federal. Sin embargo, en un peculiar encaje de bolillos, las distintas fuerzas constitucionales – salvo el Partido Nacionalista Vasco que siempre se opuso al modelo aunque finalmente lo acató – entendieron que las Autonomías atemperaban mejor las tensiones territoriales del Estado español. Para ello se estableció en el texto constitucional de 1978 dos vías de acceso a las competencias autonómicas: la vía rápida para las históricas – dado que ejercieron autogobierno durante la Segunda República – las citadas Euskadi y Cataluña por el artículo 151 y el resto de las hasta entonces regiones y provincias, por el artículo 143 o la vía lenta. Un procedimiento que se vio alternado el 28 de febrero de 1980, en virtud del referéndum celebrado en Andalucía que consagró con un apabullante del 87% a favor del acceso de los andaluces a la vía rápida. A partir de este momento se puso en marcha un proceso de aceleración del Estado autonómico y de las transferencias de gestión de los asuntos básicos para la vida de los ciudadanos desde la administración central a las administraciones autonómicas. El “café para todos” como lo bautizó el ministro Clavero, enfrentado al presidente Adolfo Suárez, se puso en marcha y ha durado hasta la fecha. Pero sus detractores se olvidan que si estamos donde estamos se debe a la voluntad popular de casi tres millones de andaluces que libremente decidieron exigir a Madrid más autogobierno y más rápido. Cosas incómodas que tiene la democracia, ¡qué le vamos a hacer señores del antiguo régimen!

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Para cualquier planteamiento de reforma que se quiera plantear habrá que partir de dos condiciones inexcusables: primero, proponer un modelo alternativo al autonómico que se formule claramente, sin argucias de si es más caro o más barato, pues, lo que nos jugamos es un modelo de convivencia, no el tipo de asesor fiscal que escogemos; y en segundo lugar, que cualquier modificación debe ser aceptado por la voluntad popular, la de los ciudadanos de los distintos territorios que hoy componen este Estado plurinacional. Cada cual tiene un derecho inalienable recogido en la declaración de las Naciones Unidas a pertenecer a la entidad jurídica nacional o estatal que desee, si bien esta capacidad de autodeterminación al colisionar con el derecho de quienes en una misma comunidad tienen distinto deseo, debe articularse a través del consenso y la negociación. Es decir, que abrir el melón del modelo de Estado, en ningún caso puede encontrar la justificación fácil de culpabilizarlas del éxceso de déficit de la economía española, para cercenar derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Si abrimos el melón, si estamos de acuerdo en que el traje se nos ha quedado pequeño y viejo, nos hacemos uno nuevo con todas las consecuencias, incluido como no puede ser de otra forma el derecho a decidir libremente. Supongo que estas reflexiones ya no son tan del agrado de los medios y políticos que cada día con más fuerza y virulencia predican la imperiosa necesidad de reformar el Estado español. Si la única reforma posible es que el Estado sea más español, o lo logran por la fuerza o tendrá que refrendarlo territorio a territorio los distintos pueblos que componen el Estado.

Pero para centrar la realidad del supuesto problema de despilfarro que suponen las Comunidades Autónomas, debemos empezar por asumir que las Autonomías son más Estado que el Estado central, pues, gestionan más del 60% del gasto público, especialmente aquellos aspectos como la Sanidad o la Educación más sensibles y más cercanos del servicio público al ciudadano. El conjunto de las CC.AA. los 140.083 millones de euros, que equivale al 13,1% del PIB, mientras que la deuda pública total de España, cerró el año pasado en 734.962 millones de euros, lo que supone el 68,5% del PIB y, por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 35.420 millones de euros en 2011, el equivalente al 3,3% del PIB. Nos pongamos como nos pongamos, criminalicemos a quien queramos criminalizar, la realidad es que el fuerte incremento de la deuda pública en el Estado se ha debido a las cuantiosísimas ayudas que se vienen prestando a la banca desde el inicio de la crisis y a los pagos por prestaciones al desempleo, que afecta a más cinco millones y medio de parados. Son el pago por intereses de la deuda, unos 40.000 millones al año y la cobertura del paro, cerca de 50.000 millones al año, los capítulos que han tensionado hasta el extremo la prima de riesgo española en los últimos años.

Pretender el cambio de un modelo porque en estos 30 años de su funcionamiento se han producido malas praxis es algo así como dejar de conducir porque puedes tener un accidente. De lo que ha adolecido el modelo autonómico es de autorresponsabilidad fiscal, unos entes gestores de gastos fundamentales y con tienen capacidad de generar ingresos, son por naturaleza irresponsables. De ahí que convenga en estos momentos analizar dónde se identifican territorialmente los principales problemas de endeudamiento y déficit autonómico. De otra forma pagarán justos por pecadores. Cuatro son las comunidades con un endeudamiento por encima del 15% de su PIB: Cataluña 41.778 millones de euros, 20,7%; Valencia, 20.762 millones de euros, 20,7%; Castilla-La Mancha, 6.587 millones de euros, 18,8%; y Baleares 4.432 millones de euros, 16,3%. Ellas cuatro solas alcanzan el 50% del total de la deuda autonómica. Les  siguen seis comunidades con ratios de deuda similares a los del Estado, entre el 15% y el 10%: Navarra (12,9%), Galicia (12,3%), Rioja (11,2%), Extremadura (10,9%),Aragón (10,2%) y Murcia (10,1%). Mientras que sólo 7 comunidades registraron al cierre del 2011 niveles de deuda por debajo del 10% de su PIB: Andalucía (9,8%),Castilla y León (9,4%), Cantabria (9,3%), Asturias (9,1%), Canarias (8,8%), País Vasco (8,1%) y Madrid (7,9%). La insuficiencia financiera de quien gestiona y no recibe recursos, unido a la mala gestión imputable a determinados gobiernos autonómicos que si se quieren leer las cifras de evolución de la deuda tienen nombre y apellidos, explica el incremento del endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

Así las cosas, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han anunciado su intención de acudir al mecanismo de financiación puesto en marcha por el Gobierno central para facilitar los pagos por parte de las Comunidades Autónomas, una suerte de rescate autonómico aunque como en el caso de la intervención de España queramos jugar a laberintos semánticos para correr una cortina de humo sobre la realidad. El problema es que el fondo que se ha instrumentado es claramente insuficiente para dar cabida a los 140.000 millones que anualmente generamos de deuda y sus consiguientes intereses. Cataluña es la punta del iceberg del problema y su incapacidad para realizar pagos tan imprescindibles como las nóminas de los médicos de los hospitales está a la vuelta de la esquina. El president de la Generalitat Artur Mas ha advertido de la circunstancia y apela a un pacto fiscal con el Estado para poner fin a un largo período de insuficiencia financiera por parte de Cataluña, que se siente maltratada en el reparto de transferencias. De  no producirse este nuevo consenso la administración catalana será incapaz de hacer frente a sus obligaciones y podría ser intervenida, una situación que como el propio dirigente nacionalista ha indicado, abocaría a unas elecciones para que el pueblo catalán decidiera el camino a seguir. Detrás podrían venir cualquiera del resto de las Comunidades Autónomas, pues, la mayoría de ellas han reformado sus estatutos para poder celebrar elecciones dentro del período cuatrianual de mandato. Estamos ante la necesidad de un replanteamiento general del modelo de Estado, más en su formulación de responsabilidad fiscal que de otra índole, pero en todo caso ante la obligación de un nuevo pacto de Estado. De no abordarse o de hacerlo con meras pretensiones recentralizadoras colándolas de rondón con el pretexto de la crisis, podemos vernos sumidos en un auténtico motín a bordo.

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Crónica desde el protectorado español de la UE: más recortes para la venta

Reconozco que nunca pensé vivir una escena como la protagonizada la semana pasada por el presidente Mariano Rajoy en su intervención durante el pleno del Congreso de los Diputados. Comparecía mes y medio después de anunciar la solicitud de ayuda – rescate – intervención o como quieran llamarle para la banca española. Comparecía para dar cuenta de las decisiones del Consejo Europeo de finales de junio y comparecía para anunciar el nuevo paquete de medidas económicas para reducir el déficit y cumplir con las obligaciones y con las recomendaciones impuestas a los Estados por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Y en su relato del vía crucis por el hará transitar a los ciudadanos, en un rapto de sinceridad terrorífico, exclamó ante los atónitos oídos de sus señorías: “Es que no puedo hacer otra cosa, ¡es que no tengo libertad!”. Proclamado el protectorado español en sede parlamentaria nos queda tratar de analizar las consecuencias de las medidas tomadas y la deriva que como Estado supervisado y controlado nos espera.

Subida del IVA: bajo el argumento de que los tipos impositivos indirectos son enEspaña menores que la media de la UE, el gobierno ha subido tres puntos del 18% al 21% el gravamen general, mientras que ha sacado de la lista de los superreducidos productos y servicios de las misma forma que del tipo reducido. Pretende en total recaudar este año con esta medida 2.300 millones de euros, pero tal cantidad se había calculado de entrar en vigor la subida a lo largo del mes de julio y, sin embargo, tratando de no perjudicar al sector turístico, la medida no se pondrá en marcha hasta el 1 de septiembre. A esta reducción recaudatoria habrá que restar el efecto depresor que sobre la demanda interna tendrá la mayor carga impositiva y la consecuente subida de precios. A corto, por tanto, la medida detraerá el consumo con el consiguiente efecto negativo sobre las empresas y la creación de empleo. Una previsión razonable situaría el impacto de la medida en los 1.000 millones de euros.

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Recorte de sueldo de funcionarios: en este apartado se ha optado por vía rápida y expeditiva, en vez de una reducción lineal de sueldos públicos, se les suprime temporalmente – todos sabemos lo difícil que resulta recuperar derechos cuando son conculcados – la paga extra de navidad. Calcula el Ejecutivo que esta poda le granjeará 5.000 millones de euros. Es evidente que en diciembre en las fechas y compras navideñas, al menos, 3.000 millones de esos 5.000 dejarán de estar en circulación para ser gastados en consumo. En una palabra bajará la recaudación por IVA y seguirá produciendo un efecto negativo sobre el conjunto de las empresas y el empleo. De la misma forma, como es obvio, se reducirá la lo recaudado por el Estado en impuesto de Sociedades y en cotizaciones a seguridad social, pudiendo incrementarse lo destinado a cubrir el paro de aquellos trabajadores con los que no contarán las empresas ante una campaña navideña deprimida. No resulta, pues, complicado suponer que los iniciales 5.000 millones de ingresos, sean finalmente tan solo 4.000 millones de euros.

Recorte del subsidio de desempleo: a partir del sexto mes, del 60% al 50% sobre la base reguladora, aunque se mantiene durante dos años, una medida que, según sus cálculos, le permitirá ahorrar 1.900 millones en 2012. Lo que no parece que se haya calculado es el coste social de tal medida ya que en la actual situación del mercado de trabajo en España difícilmente se convertirá como pretende el Gobierno que creamos en un incentivo para la búsqueda de empleo por parte de los parados. Más bien supondrá una vuelta de tuerca más sobre las maltrechas economías domésticas y en muchos casos el paso a situaciones de pobreza severa que deberán ser de una u otra forma atendidas. Superar, por tanto, los 1.000 millones efectivos en ahorro, sería todo un éxito.

Reducción del número de concejales: hasta un 30% por tramos de población. Si tenemos en cuenta que más del 90% de los concejales no cobran, escaso por no decir ínfimo será el ahorro que producirá una medida que lo único que viene a reducir es la democracia más cercana, la local y que solo beneficiará a los grandes partidos en detrimento de la riqueza de la pluralidad política y representativa.

Recortes en los presupuestos ministeriales: 600 millones de euros en las partidas de gastos de los ministerios. Realmente los presupuestos generales del Estado han durado menos que un caramelo a la puerta de un colegio, los aprobaba el Senado a finales de junio y a los quince días han sido enmendados mediante la poco edificante fórmula de los decreto-ley. La inversión pública se ha reducido a mínimos históricos y ello también producirá el ratio depresor sobre las empresas licitadoras de concursos de la administración. Deberíamos creer que los 600 millones saldrán del gasto ministerial corriente, pero hasta la fecha no existe un plan concreto por ministerios al efecto.

El precio de la deuda: El Estado español paga diariamente 100 millones de euros por los intereses de la deuda y los tipos que los mercados nos imponen siguen subiendo rondando el 7%. España acumula una deuda total de más 700.000 millones de euros, con un gasto por su gestión, es decir, intereses y avales, de 140.000 millones de euros. Por tanto, en lo que queda de año el pago de la deuda se comerá más de 1.500 millones de euros.

El círculo vicioso: A las cuentas reseñadas debe unirse el pago del rescate a la banca, cifrada en un máximo de 100.000 millones a diez años al 3% de interés. Por si fuera poco, uno de los países opositores a la concesión de la ayuda,Finlandia, percibirá 770 millones de euros en concepto de garantía por parte de España. Vivimos para pagar nuestras deudas, no tenemos libertad ni capacidad de maniobra para generar crecimiento y con ello empleo.

La hora de la venta: en estas circunstancias, el guión de este drama solo se resuelve mediante la aplicación de quitas al deudor, ejemplos tenemos en Latinoamérica en la década de los 80 y ahora en Grecia, y sobre todo, mediante la continua devaluación de los activos del Estado públicos y privados. Los primeros – aeropuertos, puertos, autovías e incluso sanidad hospitalaria – si son valorados en función de la deuda que pesa sobre ellos, saldrán a la venta a precio de saldo y, los segundos, cada día ver caer su valor bursátil afectados por la contramarca España que los deprecia y hace vulnerables a la compra hostil de sus competidores a precios irrisorios solo hace cinco años. Si paso en Argentina oMéxico, ¿por qué hemos de pensar que nuestro proceso de intervención vaya a ser diferente a aquellos que supuso el drama del subdesarrollo y la pobreza para sus pueblos? Convertirse en un protectorado de la Unión Europea, por el momento nos ha privado de la libertad para acertar o errar en nuestro destino, ahora nos queda por comprobar el precio en cuantía y tiempo de este cautiverio.

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Peña Nieto o el reto de la normalización y ¡qué viva México!

Enrique Peña Nieto será investido presidente de los Estados Unidos de México y con ello su partido el Partido Revolucionario Institucional vuelve al poder tras doce años desalojado del Palacio Nacional. El PRI, que un día levantó en armas una revolución, después en un ejercicio contra natura la institucionalizó y se convirtió en el sistema y régimen mismo, finalmente fue pasto de su corrupción y de la falta de democracia y libertades en el país. Esa larga travesía del desierto a nivel federal – ya que han mantenido poderosos feudos estatales en estos años – concluye ahora con la victoria del ex gobernador del Estado de México, avalado por su gestión y por sus aires de renovación política ante la debacle electoral de la derecha del PAN representado por la candidata Josefina Vázquez Mota. Cambio anunciado y nada sorprendente, pero al fin y al cabo cambio, salvo por la actitud nada novedosa del perdedor por segunda vez consecutiva en unas elecciones presidenciales, el candidato de la izquierda PRD, Andrés Manuel López Obrador, que no reconoce los resultados y anuncia que se opondrá a las reformas en el Parlamento y en las calles. Según el recuento oficial Peña Nieto ha obtenido el 38% de los votos, López Obrador el 30% y Vázquez Mota el 25%, unos resultados suficientemente claros como para que la sombra de sospecha que pudiera haber sobre supuesta compra de votos no ponga en tela de juicio la libre elección llevada a cabo por el pueblo mexicano como así lo ha puesto de manifiesto el equipo de observadores internacional.

Ante el nuevo tiempo político que se avecina en México conviene analizar el escenario teniendo en cuenta la herencia recibida, los retos que debe afrontar en este sexenio, la personalidad del presidente electo y el tipo de oposición con que se encontrará:

La herencia: Hoy México es la 14ª economía del mundo – coincide con el lugar que ocupa en el globo por su superficie – y sus 112 millones de habitantes tienen una renta per cápita superior a las otras potencias emergentes como Turquía, Brasil, Colombia, Perú, India o China. Durante la última década la inversión extranjera directa ha sido 65% superior a la de Brasil, sus tasas de crecimiento no han bajado del 3% y han alcanzado cotas del 6%, crea empleo sostenidamente – en 2010 780.000 puestos de trabajo – y tiene la tasa de desempleo más baja de Latinoamérica. Exporta más a su vecino gigante, Estados Unidos, de lo que importa de él, de 1995 a 2010, la inflación pasó del 52% al 4,4% y su déficit público se sitúa entorno al 3%, el más bajo de las economías emergentes. Todos estos datos avalan que se pueda hablar del milagro económico mexicano, un fenómeno innegable de no ser por el drama de la violencia que asola el país, con un balance estremecedor: 80.000 víctimas anuales. Una realidad que no sólo ensombrece los éxitos colectivos y de gestión política sino que se convierten en la prioridad de cualquier mandatario que quiera sentirse tranquilo con su conciencia y poner la imagen internacional de México donde le corresponde.

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Retos: Como se acaba de señalar la pacificación es el principal reto que debe acometer el presidente electo. Una guerra más que batalla complicada de librar dado que las mafias organizadas del narcotráfico han logrado la complicidad de importantes niveles institucionales del régimen. Una violencia especialmente feroz contra la mujeres y contra quienes la denuncian, sean medios de comunicación o clase política y que cuenta con la connivencia del enorme mercado de consumo de drogas que supone Estados Unidos, que a su vez encuentra en la violencia organizada un handicap perfecto para lastrar las oportunidades de México como potencia mundial. Las bandas mexicanas están sólidamente organizadas, bien financiadas y armadas y sus miembros no tienen nada que perder muriendo y mucho que ganar con una vida entregada a la delincuencia. Conocida es su extrema barbarie y la capacidad de cometer todo tipo de atrocidades rayando el salvajismo, lo que produce un efecto de pánico en la población que condiciona el silencio cómplice en muchas localidades con la actuación de los criminales. Peña Nieto hereda el reto de la normalización, en primer lugar, en forma de paz y orden frente al crimen organizado. Un reto en el que su antecesor, Felipe Calderón, ha fracasado pese al empeño puesto en que el que se ha dejado incluso la vida de allegados colaboradores. De fondo quedan también reformas trascendentales para asentar definitivamente a México en el contexto de las grandes democracias mundiales. Reformas económicas como la liberalización de sectores estratégicos como el todopoderoso sector petrolífero, reformas sociales que sigan estrechando la brecha social sobre todo profundizando las inversiones en educación como las llevadas a cabo en la última década. Y reformas de transparencia política que definitivamente acallen las voces que acusan de corrupción a los mandatarios, como ha sucedido con el movimiento juvenil #Yosoy132, verdadero artífice de la remontada hasta el segundo puesto de López Obrador.

El presidente: Se dice de él que es el presidente joven del partido viejo, tal vez esa dualidad ha sido la fórmula del éxito. De familia de políticos, ha forjado su candidatura en base a la gestión que realizó de 2005 a 2011. Peña Nieto basó su gestión al frente del gobierno del Estado de México en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en campaña. En total firmó 608 compromisos ante notario público, los cuales cumplió durante los 6 años de gobierno, a través de más de 790 obras y 63 acciones de gobierno. Los más importantes fueron los de infraestructura en carreteras, cuya red se triplicó en su sexenio. Las principales obras de transporte público fueron las del Tren Suburbano (en conjunto con el Gobierno Federal y del Gobierno del Distrito Federal) y el Mexibús, ambas para comunicar al Distrito Federal con la zona metropolitana del Estado de México, los cuales dan servicio a más de 200 mil personas cada día. En el área de salud, se construyeron 196 hospitales y centros médicos en el estado y se duplicó el número de unidades móviles para llevar atención médica a las regiones más alejadas y vulnerables. Unos logros que unidos a su oferta electoral de cambio y renovación, no sólo en el país, sino en su propio partido, le han granjeado una amplia mayoría en las elecciones del pasado domingo.

El opositor: enfrente tendrá el nuevo presidente al sempiterno opositor en estos últimos seis años y otros seis más. López Obrador, que militó en el PRI cerca de 20 años, se ha convertido en el irredento defensor de la arcadia revolucionaria mexicana, una especie de salvador del pueblo que desde un discurso fácil que cala en la capas sociales más bajas pone en cuestión el sistema sin aportar alternativa posible. El conoce bien las dificultades por la que puede atravesar el mandato de Peña Nieto, sabe que si se tuercen las cosas económicamente, por ejemplo, con la caída del precio del crudo, por contagio de la situación en la zona euro o por repunte inflacionista fruto de un crecimiento desmedido de la demanda interna, el presidente se encontrará con una fuerte respuesta en la calle y en las zonas más desprotegidas del país. Su oportunidad se basa en el fracaso del proceso de normalización y consolidación democrática que debe emprender Peña, solo del desastre de México obtiene él su victoria y a ese objetivo, sin duda, dedicará todos sus esfuerzos, como ya ha demostrado al cuestionar la legalidad de los resultados. Cuenta además con unos aliados indirectos, los todopoderosos paquidermos de la política priista, muchos de ellos reyes de taifas en los estados de los que son gobernadores, que no ven con buenos ojos los vientos renovadores de su líder federal.

México afronta una nueva encrucijada, la del paso de potencia emergente a líder mundial. En sus manos está el destino de un centenar de millones de personas, los más numerosos de habla hispana. Su impronta en cultura y forma de hacer es más necesaria que nunca en un mundo globalizado, donde la vieja Europa en crisis necesita más que nunca la sabia nueva de un continente americano, donde los mexicanos deben ser decisores de primer nivel. Con Peña Nieto debe llegar esa normalización para que todos podamos gritar con ellos, ¡qué viva México!

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