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El debate de la Unión o de … ¿la desunión?

La pasada semana se celebraba en Estrasburgo, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, el debate sobre el Estado de la Unión. Correspondió al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, trazar en su discurso el marco de situación en que nos hallamos y la estrategia para afrontar los principales a los que se enfrenta la Europa unida. Intervención de altura, a la altura de las circunstancias de este veteranísimo político con el que, más allá de diferencias de planteamiento ideológico, realizó una radiografía exacta de los malos que padece nuestra convaleciente Unión. Enfrentados al espejo de nuestra identidad de tierra de asilo, el discurso vino en pleno drama de miles de hombre, mujeres y niños que huyen de su segura muerte en la guerra de Siria. La Europa de los derechos y libertades políticas, la cuna de la sagrada defensa de los refugiados, mostraba en Hungría el peor rostro de la insolidaridad, cerrando fronteras a seres humanos desprotegidos.

Juncker clamó por ellos con rotundidad:”Si fueran ustedes, con sus hijos en brazos, los que vieran cómo el mundo se deshace, no habría muro que no fueran a subir, no habría mar que no fueran a atravesar o frontera que cruzar para huir de la guerra o del Estado Islámico. Debemos acoger a los refugiados en la UE“. Un esfuerzo de generosidad que apenas representará el 0,11% de la población europea. ¡Qué Europa pretendemos ser si no somos capaces de aceptar tan nimio sacrificio? Juncker hablaba con la legitimidad y el respaldo que le da ser el primer presidente de la Comisión elegido por el Parlamento que todos hemos votado. Investido de ese nuevo aura nos recordó que “los europeos no podemos olvidar lo importante que es el derecho al asilo, uno de los valores más importantes que existen. A pesar de nuestra fragilidad, de nuestra propia percepción de debilidad, hoy es Europa la que buscan como lugar para el refugio y el exilio. Europa es, con mucho, el lugar más estable y rico del mundo. Los que critican la construcción europea, la UE, deben admitir que es un lugar de paz y prosperidad. Tenemos los medios para acoger a los que huyen de la guerra y la opresión”.

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Hablaba el presidente con la sensibilidad que la crisis humanitaria requiere, no con el cálculo del político de Estado metido en su pequeño bunker creyendo que puede aislarse del mundo envuelto en sus alambradas. Anunció la cifra de 120.000 nuevos refugiados repartidos entre los Estado de la UE, más los 40.000 que esperan desde mayo en Grecia e Italia su reubicación urgente. A la vez anunció la puesta en marcha de un fondo fiduciario de emergencia para cooperación en África de 1.800 millones de euros. Cargaba así toda la prueba y responsabilidad sobre los Estados para poner fin al drama en las fronteras y no acabar con el sueño del tratado de Schengen, volviendo a establecer controles fronterizos intracomunitarios.

Pero Juncker también habló de nuestra otra gran crisis, la interna, la del euro que ha tenido su más dura expresión en Grecia. No la dio por finiquitada, como nadie con dos dedos de frente puede darla por acabada. Y estableció correctamente los anhelos que debe tener la UE cifrados en el nivel más próximo posible al pleno empleo como objetivo último de recuperación. Para ello volvió a confiar en su plan Juncker de inversión de 310.000 millones de euros, al más claro estilo keynesiano. Pero como si estuviera ya de vuelta de todo, dijo más, habló de la necesidad de un salario mínimo interporfesional igual en todos los Estados de la UE para acabar con el dumping social que produce la desigualdad laboral en el espacio común. En esa misma línea de profundizar en las estructuras de una política económica de la UE, se refirió a la necesidad de la armonización fiscal, reclamando una Hacienda y un Tesoro común en la zona euro. De igual forma que una sola voz ante organizaciones como el FMI o el Banco Mundial.

Nadie puede decir que lo que sucede en Europa es culpa de sus instituciones de la Unión, ni de la Comisión que habló claro de las prioridades por boca de su presidente, ni del Parlamento, que salvo las minorías muy minoritarias de ultraderecha, populares, socialdemócratas, liberales y radicales de izquierdas aplaudieron buena parte del discurso de Juncker. Ahora todos sabemos que son los gobiernos de los Estados los que entorpecen y dificultan la puesta en marcha de políticas europeas, los que cada día ponen trabas a la construcción europea. Pero no seamos hipócritas, esos gobiernos no han caído del cielo, son fruto de las legítimas decisiones de alemanes, holandeses, letones, españoles, portugueses… en las urnas. Esa esquizofrenia europea que nos lleva a votar gobiernos que traicionan la lealtad europeísta que nadie niega en sus discursos formales. Queremos ser una cosa y la contraria, sin hacer un esfuerzo o sacrificio común, sin compartir responsabilidades. Seguimos siendo el niño mal criado que no quiere reconocer la realidad de las dificultades.

Como dijo Juncker nos falta más Unión y nos falta más Europa. Estamos en el momento que debemos demostrar al mundo nuestra capacidad de estar unidos, de ser honestos y de ser solidarios. Lo decía en días difíciles para Europa, como lo son para él que acaba de perder a su madre y su padre está gravemente enfermo hospitalizado. Uno de los políticos más pragmáticos que ha conocido la Europa contemporánea, una auténtico profesional de la política comunitaria, tiró de sentimiento y de pasión en su discurso, de lo que más adolece la tecnocracia de Bruselas. Para recordarnos que si queremos seguir siendo europeos, no podemos olvidar la piedra angular de nuestro sentido de ser, la libertad sin fronteras.

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Obrigado, el Tribunal Constitucional portugués pone límites a la Europa de los recortes

El Tribunal Constitucional portugués ha declarado ilegal la retirada de la paga extra de verano a los funcionarios y a los pensionistas y las rebajas en el subsidio de desempleo y de enfermedad consignadas en el presupuesto general de 2013 del país, aprobado en el Parlamento el pasado año. Las razones en las que se apoya el tribunal son que esa retirada violaba el principio de igualdad a la hora de afrontar sacrificios. Los altos magistrados lusos no cuestionan la capacidad del gobierno de llevar a cabo sus políticas de ajuste, pero si lo hacen en la proporcionalidad de las medidas respecto a las posibilidades de afrontarlas de los ciudadanos. De alguna manera, en realidad lo que han hecho, es demostrar en una sentencia que si existen alternativas a las políticas impuestas por la troika, Bruselas y por imposición disciplinaria de la canciller Merkel. Hay otra forma de repartir los sacrificios a los que la crisis económica obliga, sin romper la base equitativa de la sociedad, sin que acarreen con la peor parte los más débiles o los que no pueden ni siquiera oponerse a tal injusticia. La decisión del Constitucional portugués sitúa a la Unión Europea ante la encrucijada de seguir desarrollando su programa de austeridad y a la vez hacerlo de manera igualitaria. Claro que la Europa burócrata puede hacer oídos sordos una vez más a lo que la democracia en sus distintas expresiones le están diciendo, pero el riesgo cada vez es mayor y en más Estados de la Unión.

Como es natural el primer riesgo al que se enfrenta esa especie de moderna inquisición económica en que se ha convertido la troika – FMI, BCE y Comisión Europea – es el contagio que la decisión de los jueces lusos puede producir en otros Estados que optaron por medidas de ajuste similares. Es el caso claro de España, donde los muy similares recortes llevados a cabo por el gobierno Rajoyestán recurridos por los afectados en los tribunales. La presión social en la mayoría de los países del Sur de Europa, los más afectados por sus elevados déficits públicos, pesará como lo ha hecho sobre los togados portugueses. Las legislaciones constitucionales de nuestros Estados democráticos apuestan claramente por el modelo de Estado social de derecho, lo que deja pocas dudas de la interpretación que se debe dar ante los recortes planteados. Ningún ciudadano, por su situación económica, puede verse mermado de derechos en necesidades tan básicas como la salud, la educación o las pagas extras adquiridas como conquistas sociales históricas. Las protestas en la calle se siguen acrecentado a medida que la crisis se alarga y acrecienta su impacto social. Puede que la clase política incapaz de hallar soluciones alternativas se rinda al plan ortodoxo y uniforme decretado por Alemania, pero no creamos que los jueces pueden mirar hacia otro lado cuando se vulneran derechos fundamentales de nuestro ordenamiento democrático.

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Hasta aquí consideraciones de fondo sobre la crucial decisión de los 13 magistrados portugueses. Ahora nos queda esperar las reacciones del Gobierno del primer ministro Passos Coelho, que debe buscar medidas alternativas para ahorrar los 1.200 millones de euros a los que afecta la sentencia del Constitucional. Y, por otro lado, queda también por ver si la troika a la vista de la decisión judicial acepta renegociar los plazos y cantidades adeudados internacionalmente por Portugal, el país rescatado. Pero, no nos engañemos la incógnita más relevante es si el Consejo Europeo y la Comisión son capaces de hacer una lectura coherente de lo sucedido en Lisboa. Facilitaría a todos los Estados afectados por crisis de déficits y deuda, que las instituciones europeas fueran capaces de marcar un nuevo rumbo en los programas de austeridad, poniendo límites en el tipo de medidas a emplear y al peso que sobre los ciudadanos en función de su renta puedan tener. Se trata de reformular los planes de ajustes con una visión más social y menos estadística, una mirada más humana y, sobre todo, más europea. Se debería entender que la solidaridad entre los Estados que forman la Unión y el reparto de los esfuerzos de forma proporcional a las posibilidades de las ciudadanos en cada país, es la única forma de caminar homogénea y armónicamente en el proyecto de la UE.

No es la primera vez que alerto en este blog de los riesgos que tiene perpetuar este camino de pangermanismo insolidario. En los últimos meses hemos vivido tres capítulos especialmente relevantes de rebelión ciudadana y de poderes legales contra las políticas impuestas desde Berlín. El primer severo toque de atención se dio en Italia, en los comicios del pasado mes de marzo. Unos resultados que castigaron especialmente al protagonista impuesto de los planes de ajustes, el ex primer ministro Mario Monti. Con menos de 8% de los votos frente a casi el 20% del Movimiento 5 Estrellas encabezado por el cómico BeppeGrillo. Una crisis política que aún mantiene en vilo cualquier opción de gobernabilidad en el tercer país de la eurozona. Después vino el rescate de Chiprey el esperpento representado ante el mundo con una quita sobre depósitos de menos de 100.000 euros que después ante el plante del parlamento chipriota debió ser retirada. Y ahora llega la sentencia portuguesa de su más alto tribunal. Con toda la legitimidad del sistema democrático que sacralizamos en la Unión Europea, el poder judicial pone fronteras a las medidas impulsadas por Merkel. Tres serios reveses y tres crisis abiertas dos y cerrada en el falso una. Este triste balance unido como he señalado a las posibilidades de contagio en otros Estados, debería también obligar a repensar a las autoridades alemanas sus posiciones.

Negar que hemos avanzado durante los años de la crisis del euro en los mecanismos de salvaguarda de nuestra moneda y de gobernanza monetaria, es absurdo. La crisis nos ha fortalecido institucionalmente, nos ha hecho de la misma forma más fuerte ante los ataques exteriores de los mercados, pero la realidad es que el precio pagado por la sociedad y por los distintos países de la Unión está siendo desequilibrado y dispar. No hemos sido capaces de tejer una red de protección de las familias con más riesgos ante la crisis, de preservar los derechos sociales que tradicionalmente nos han diferenciado modélicamente del resto del mundo. Hemos fallado a los ciudadanos y esa percepción está labrando una tensión en la calle y un deterioro demoledor en los poderes de los Estados y en la clase política. Ha llegado el momento de cambiar de rumbo sin dilación. No podemos permitirnos nuevas crisis. Eslovenia o Hungría ya forman parte de los rumores más malintencionados contra el euro como opciones venideras de nuevos rescates. España sigue representando una realidad endeble que puede tornarse en desastre si el entorno de la eurozona hace empeorar las perspectivas económicas. Demasiados riesgos como para no tomar medidas que logren recuperar la confianza de la sociedad en el proyecto europeo. Necesitamos esperanza, ilusión, visión de futuro y es evidente que las políticas generadas desde Bruselas, hoy por hoy, solo provocan rechazo y estancamiento.

Los magistrados lusos han levantado un muro de vergüenza a las medidas indiscriminadas de recorte. Han dicho basta al desmantelamiento sin más de la protección social. Han sido para los portugueses los únicos capaces de entender sus reivindicaciones y de velar por sus intereses generales. Algo está funcionando muy mal cuando el poder judicial tiene que salir a la calle y ponerse al frente de la manifestación para que el Legislativo y el Ejecutivo entienda que se ha quedado aislado, lejos de aquellos que le votaron y le dieron la responsabilidad para tomar decisiones para salir de la crisis. Nuestros líderes necesitan hacer un ejercicio de escucha activa de sus ciudadanos, de los medios de comunicación, de la voz de la calle. No pueden seguir comportándose como los ilustrados absolutistas encerrados en su lema “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. De no ser capaces de oír las demandas sociales, anticiparse a la insatisfacción ciudadana y ser eficientes en su gestión, serán un simple estorbo o, pero aún, un enemigo que ha secuestrado el poder democrático. Aquellos gobernantes bienintencionados o no que se olvidaron de ser sensibles a los sufrimientos de sus semejantes, siempre han acabado trágicamente o en el mejor de los casos, huyendo por la puerta de atrás de las instituciones. Quien no tome buena nota del contenido de la sentencia lusa puede verse abocado a una triste suerte en menos plazo de lo que algunos esperan.

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Un premio Nobel para la paz europeista

Es evidente que con la concesión del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europeala polémica está servida. Nos hemos acostumbrado a mirar los acontecimientos con cultura digital, de forma on line, sin perspectiva histórica y con miopía de futuro. Si lo que la academia Nobel premia es la situación puntual que viven las instituciones europeas podemos establecer un rico debate sobre la buena o mala salud de las mismas y sobre los problemas que sin duda afronta la Unión y los Estados que la forman. Y en ese caso deberíamos empezar por reconocer que la crisis que nos afecta es global y que no se trata de una dolencia endogámica o intrínsecamente europea. Pero el jurado del Nobel no se ha fijado en el punto concreto en que se encuentra el proyecto de construcción europea, sino en el propio proyecto en sí y en el valor como garante de paz que ha tenido en el continente durante más de cincuenta años. Seis décadas ininterrumpidas de cese de la violencia bélica en un territorio que históricamente ha protagonizado las más cruentas y numerosas guerras de la humanidad. De ahí que las primeras críticas recibidas por el Nobel europeo resulten profundamente injustas cuando se compraran con el concedido al presidente estadounidense Barak Obama, pues, se contrapone la labor colectiva de los europeos durante 50 años con el de una persona en tres años. De la misma forma que escuchar en boca del presidente checo, Václav Klaus, reputado euroescéptico o al también Nobel de la paz, LechWalesa, su decepción con el galardón, resulta paradójico dado que difícilmente la libertad en sus países alcanzada tras la caída del Muro de Berlín serían posible sin la contribución realizada por una Europa unida.

Para cualquier persona en su sano juicio debería ser motivo de satisfacción que los pueblos europeos que generaron tragedias tan terribles como las guerras imperiales del Renacimiento, las confrontaciones napoleónicas y las dos guerras mundiales, hayamos convertido la práctica totalidad del espacio continental en un área de comercio común, donde las personas, los capitales y las ideas fluyen en libertad y defendido por derechos comunitarios. Los europeos le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, hemos borrado siglos de enfrentamiento por décadas de paz y prosperidad. Nada tiene que ver la forma en que estamos encarando la actual crisis económica en como lo hemos venido haciendo en nuestro tiempo pretérito. La cooperación, el diálogo y la negociación se han impuesto a la fuerza de las armas. El vértigo de la guerra, el miedo a la muerte extendiéndose una vez más por los viejos campos de batalla, unió a los padres fundadores de la Europa del Tratado de Roma. De ese vértigo fue naciendo la conciencia de que juntos somos más fuertes y unidos se defiende mejor nuestro modelo de sociedad, sean cuales sean las dificultades que nos proponga la globalización. Es ya muy fuerte el entramado de intereses y el tejido institucional creado paso a paso lentamente a base del famoso acerbo comunitario como para tirarlo por la borda y volver al abismo de las fronteras irreconciliables.

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Muchas han sido las personas que han participado en la construcción de las Comunidades Europeas, primero, y de la Unión Europea (UE), después, a partir de la llamada Declaración Schuman de 1950. Muchas de estas personas han jugado un papel destacado en la vida de sus propios países de origen, papel que incluso puede ser más significativo que el que han representado en el seno de la Unión. Muchos, pues, son merecedores personalmente del Nobel de la paz, aunque normalmente se conoce como “Padres de Europa” a Adenauer, Monnet,Schuman y Gasperi, la Comisión Europea oficialmente considera como tales a Konrad Adenauer, Jean Monet, Winston Churchill, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak, Walter Hallstein y Altiero Spinelli. Una historia que se alumbra en Roma el 25 de marzo de 1957 con la firma de los Tratados de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euratom). Ambos tratados fueron firmados por la República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, y los Países Bajos, los Estados fundadores. El tratado estableció, entre otras cosas la Unión Aduanera: la CEE fue conocida popularmente como el “Mercado Común”. Se acordó un periodo transitorio de 12 años, en el que deberían desaparecer totalmente las barreras arancelarias entre los Estados miembros. Y la Política Agrícola Común (PAC): esta medida estableció la libre circulación de los productos agrícolas dentro de la CEE, así como la adopción de políticas proteccionistas, que permitieron a los agricultores europeos evitar la competencia de productos procedentes de terceros países. Ello se consiguió mediante la subvención a los precios agrícolas. Desde entonces la PAC ha concentrado buena parte del presupuesto comunitario. Este tratado estableció la prohibición de monopolios, la concesión de algunos privilegios comerciales a las regiones ultraperiféricas, así como algunas políticas comunes en transportes.

La actual Unión Europea ha vivido seis ampliaciones consecutivas en su ya larga historia. La primera supuso la incorporación de Irlanda, Reino Unido y Dinamarca. La segunda de Grecia, la tercera de España y Portugal, la cuarta de Suecia,Austria y Finlandia y la quinta fue la más amplia de Malta, Chipre y ocho países del Este, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa,Eslovaquia y Eslovenia. Y, por último, la sexta la de los vecinos Rumanía yBulgaria. En total 27 países miembros, que serán uno más el próximo mes de enero con la integración de Croacia. Desde el punto de vista jurídico, el proceso de unión europea ha vivido desde el Tratado de Roma cinco grandes reformas y otros tantos nuevos tratados que constituyen la ley de leyes para sus Estados miembros. En 1986 se aprueba el Acta Única Europea cuya finalidad fue reformar las instituciones para preparar la adhesión de España y Portugal, y agilizar la toma de decisiones para preparar la llegada del mercado único. Los principales cambios fueron la ampliación de la votación por mayoría cualificada en el Consejo (para hacer más difícil el veto de las propuestas legislativas por un único país) y creación de los procedimientos de cooperación y dictamen conforme, que dan más peso al Parlamento. En 1992 entra en vigor el Tratado de Maastricht, cuyo objetivo fue la implantación  la Unión Monetaria Europea e introducir elementos de unión política (ciudadanía, políticas comunes de asuntos exteriores y de interior). Significó el establecimiento de la Unión Europea e introducción del procedimiento de codecisión, dando más protagonismo al Parlamento en la toma de decisiones. Nuevas formas de cooperación entre los gobiernos de la UE, por ejemplo en materia de defensa y de justicia e interior. En 1997 se reforman los tratados por el acuerdo de Amsterdam en materias menores y en 2001 el Tratado de Niza viene a facilitar la toma de decisiones después de la incorporación de numerosos países y, finalmente, en 2007 el Tratado de Lisboa vigente en la actualidad pone el énfasis en hacer la UE más democrática, más eficiente y mejor capacitada para abordar, con una sola voz, los problemas mundiales, como el cambio climático y aumenta las competencias del Parlamento Europeo, establece el cambio de los procedimientos de voto en el Consejo, la iniciativa ciudadana, el carácter permanente del puesto de Presidente del Consejo Europeo, el nuevo puesto de Alto Representante para Asuntos Exteriores y el nuevo servicio diplomático de la UE.

Un camino proceloso repleto de tira y aflojas, de marchas adelante y parones que ha conformado una realidad interna y externa protagonista se quiera o no en el escenario mundial. Porque a las incorporaciones de Estados y poblaciones hasta sumar los 500 millones de personas actuales y un marco legal de compleja regulación y basada en la transferencia de soberanía, hay que añadir la existencia de una moneda única, el euro, vigente en 17 Estados miembros y la creación de un Banco Central Europeo que ya actúa como autoridad monetaria del eurogrupo y que avanza en su funcionamiento como reserva federal al estilo de la de losEstados Unidos. En 50 años la Europa que camina unida ha logrado establecer normas comunes comerciales, de movilidad laboral, de capitales, de moneda única y, recientemente, está poniendo en marcha la diplomacia más ambiciosa y voluminosa del mundo. Negar los problemas y dificultades que hoy acechan a la UE sería vivir al margen de la realidad. A cada paso que damos se producen nuevos retos y mayores inconvenientes. Mantener la riqueza de la diversidad en un espacio que cada vez ensancha más supone la obligación de reinventarnos desde el convencimiento de que juntos podemos seguir siendo un referente mundial.

La memoria humana es tan débil que por supervivencia pronto olvida el drama y la tragedia. Para poner en valor lo que los europeos hemos logrado en estas seis últimas décadas bien valdría reproducir machaconamente la desolación producida en Europa por las dictaduras fascistas y por los regímenes comunistas. La democracia y el Estados social de derecho desde una visión humanista basada en nuestra mejor historia, ha dado fruto en la época más próspera y pacífica que hemos conocido en nuestro continente. El premio que ahora todos recibidos es un acicate y un impulso para los que aún creemos en el proyecto europeista frente a las veleidades populistas y ultras de quienes quieren volver a la defensa de intereses particulares que fomentan el enfrentamiento egoísta. Hay que ser muy estúpido o muy malintencionado para defender que la Europa deHitler, Mussolini y Stalin es mejor que la que vivimos hoy de la mano de nuestros gobernantes, por mucho que los actuales puedan errar. Sus errores que sin duda los tienen, son parte de nuestro derecho a equivocarnos juntos y con la enorme capacidad de reconvenirlo en las próximas elecciones. Tenemos problemas económicos, de falta de integración política, de credibilidad internacional, de respeto a minorías, de defensa de derechos humanos en el mundo…, pero seguimos siendo una isla modélica en la humanidad de libertades y calidad de vida. El Nobel de la paz no es más que una llamada de atención a no perder lo que hemos alcanzado, a no dejar de ser referente para el mundo. Nuestra obligación más que nunca es colaborar en la resolución de los problemas mundiales desde la vanguardia de la innovación y la investigación o convertirnos una vez más en el escenario del conflicto. Elegir entre Europa como dilema o como solución. El europeismo ahora premiado además de un bello anhelo es ya un repertorio de hechos incuestionables que nos garantizan vivir en paz.

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Nos azotan vientos de neopopulismo europeo: navegando entre ultras y piratas

Sabida es la afición twittera del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para comunicar su agenda de trabajo, pero resulta novedoso que emplee la red social para lanzar mensajes con sus preocupaciones políticas más íntimas. “Desgraciadamente, vientos de populismo amenazan a uno de los grandes logros de la integración europea: la libre circulación de las personas en el seno de la UE”, deploró el mandatario europeo. Van Rompuy expresó esta preocupación durante una visita oficial a Rumania, cuya adhesión al espacio Schengen (de libre circulación) está bloqueada por el gobierno holandés, bajo la presión de la formación de extrema derecha Partido por la Libertad (PVV) de GeertWilders. La misma que hace una semana obligaba a dimitir al Ejecutivo neerlandés y a convocar a la reina Beatriz elecciones anticipadas demostrando así su capacidad para quitar y poner gobiernos. Esa es una de las principales características de los fenómenos neopopulistas europeos. Ya no exploran la vía revolucionaria para la toma del poder, lejanos a los fascismos y comunismos de antaño, que pretendían cambiar la sociedad conquistando la cúspide de las estructuras decisorias, ahora sólo trabajan para tener la llave de la gobernabilidad, con el mínimo esfuerzo construyen minorías de bloqueo que condicionan las decisiones más trascendentes para la vida de los ciudadanos.

Resulta muy fácil en las actuales circunstancias de crisis económica que asola Europa levantar la bandera de la indignación para tras ella y convenientemente aderezado de discursos populistas esconder viejos prejuicios xenófobos y planteamientos antidemocráticos. Protestar desde el cabreo que la gente tiene contra la actual clase política es tan legítimo como necesario, pero combatir las irregularidades del sistema, su mala praxis o incluso reivindicar un cambio de modelo, nada tiene que ver con las ideas totalitarias que de nuevo algunos pretenden imponer en el continente europeo. El increíble ascenso del Frente Nacional de la mano de su lideresa, Marine Le Pen, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, asomándose a la cota del 20% de votantes y a solo seis puntos de Sarzoky, la opción del centro derecha republicano, ha levantado todas las alarmas en las élites de poder. Esas mismas élites que son las responsables de la situación al haber alimentado la quiebra de su relación con el colectivo que gobiernan. Población y gobernantes ya no pertenecen a la misma clase social, ya no representan los unos a los otros o los ciudadanos ya no se sienten representados por sus representantes. Una fractura de representatividad que se manifiesta mediante la paulatina caída de la participación en los comicios – especialmente aquellos que más cercanos, municipales, regionales… que no cuentan con el espectáculo mediático de las grandes citas electorales – y con la aparición de opciones radicales que atraen poco a poco el sustrato más popular de la población con la idea simplona de un nacionalismo pasional, sin inteligencia, que solo habla a los corazones amedrentados de personas asustadas por la pérdida de derechos a manos del neocapitalismo y de una inmigración que sienten como enemiga. Son hijos del Estado del Bienestar acomodado y no quieren perder su estatus, una suerte de chauvinismo del bienestar.

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Las opciones ultras calan con enorme facilidad en los jóvenes europeos que afrontan su futuro cada vez con más temor, abocados al fatal destino del paro o la emigración a otros continentes. En España, el desempleo juvenil supera el 50%, uno de cada dos jóvenes no encuentra trabajo y lo que es peor la mayoría de ellos se convierten en parados de larga duración. Su nivel de alejamiento de ese Estado del Bienestar construido por sus padres y que hace aguas por todas partes es día a día mayor. Del sistema solo reciben malas noticias y casos de corrupción de sus dirigentes, el mercado les impone la realidad vital sin que nadie levante por ellos el dedo meñique para defender su dignidad. Son carne de cañón para el neopopulismo y las ofertas más radicales, al fin y al cabo, a sus ojos las únicas capaces de salirse del pactismo entre los grandes partidos del quítate tú para ponerme yo. El modelo de consenso social fraguado en la posguerra mundial basado entre las fuerzas de centro derecho y centro izquierda y con las centrales sindicales como garantes externos del diálogo, hace mucho tiempo que ha degenerado en una suerte de pasteleo oligárquico que molesta profundamente a aquellos a los que debería servir. Lo increíble es que en sociedades asoladas por el paro y la pérdida de coberturas sociales como Grecia, Portugal o España no hayan saltado ya por los aires las instituciones que han creado este caos y siga adormecida la sociedad a base de fuerzas del orden cada vez más presentes y de resignación sumisa de una gran parte de la población.

Mientras las recetas de la derecha, no solo no han fracasado, sino que han sido en gran medida las causantes del desastre, la izquierda balbucea mensajes carentes de credibilidad por su falta de coraje para poner en marcha un programa alternativo de desarrollo sostenible en Europa. La socialdemocracia se vendió con demasiada comodidad a los planteamiento neoliberales cuando el crecimiento trampa convertía todas las decisiones políticas en fáciles y, los comunistas democráticos europeos, mezclados sus postulados con los partidos verdes y un confuso conglomerado de opciones minoritarias, siguen teniendo tentaciones totalitarias en su ideario como receta contra la crisis. Todos ellos adolecen de falta de credibilidad, el tiempo los ha desgastado y, además, tienen la obligación de concretar sus discursos, esperamos de ellos que nos aporten soluciones específicas a problemas reales. El neopopulismo, sin embargo, no precisa de medidas o programa, canta la marsellesa, se enrolla en la bandera y nos promete tiempos mejores de la mano de esa gran familia llamada Nación, eso sí, una vez limpiada de todos los infectos colectivos causantes de los males que nos afectan con los inmigrantes a la cabeza. Cumplido su plan de depuración del solar patrio, la arcadia gloriosa del territorio nacional reinará tan grandiosa como solitaria. La globalización no va con ellos y la solidaridad solo es interpretable con el que piensa, reza o es del mismo color que tú. La vieja idea fundadora de los padres de Europa, la unión política de los pueblos, perece a manos de burócratas de la política en urbes sin personalidad que clonan sociedades de consumo con los estándares americanos de forma de vida. La identidad propia se ha diluido, la forma de hacer diversa y rica de cada cual ha perdido valor, la fuerza de la colaboración entre territorios se devalúa ante el creciente avance de unos falsos nacionalismos de pandereta, que tópico en ristre asolan a su paso las grises estructuras de la tecnocracia de sus Estados.

El balance provisional del avance de la ultraderecha les acerca a niveles de entre el 15% y el 20% en muchos Estados de la Unión. En los países escandinavos, donde la crisis del euro apenas se siente y la inmigración por dimensión no representa un problema, la ultraderecha se ha fortalecido elección a elección. EnFinlandia, los Verdaderos Finlandeses obtuvieron el 20 por ciento de los votos con el eslogan “No vemos por qué tenemos que pagar por Portugal” y en Suecia, losDemócratas de Suecia entraron por primera vez en el parlamento en 2010. EnAustria, el Partido de la Libertad de Austria y la Unión por el Futuro suman cerca del 30% de los sufragios, mientras en Benelux, en Bélgica el Vlaams Belang y elFront Nacional alcanzan cerca del 13% y en Holanda el Partido por la Libertad que ha tumbado el gobierno se sitúa en el 16%. En los Balcanes, la Unión Nacional por el Ataque en Bulgaria obtuvo el 10%, en Serbia el Partido Radical Serbio se acercó al 30%, en Hungría, el Movimiento para una Hungría Mejor un 18% y enGrecia, la Concentración Popular Ortodoxa creció hasta el 6%. Casos aparte suponen los de dos de los grandes Estados de la Unión, Italia, donde la Liga Norte, se mueve en porcentajes entorno al 10% y en Francia, el Frente Nacional, cuyo último dato ya citado de las elecciones presidenciales les ha llevado nada menos que hasta el 20%, con casi 6 millones y medio de votantes. No deberíamos olvidar que en la II Guerra Mundial, cerca de 250.000 voluntarios de las SS alemanas provinieron de países europeos, un dato escalofriante de una legión dispuesta a matar por el nazismo, que la historiografía de los vencedores ha mantenido silenciado. Hoy el mapa ultra y radical se extiende como una mancha de aceite y pese a que sus planteamientos son corpantimentos estancos, basados en el proteccionismo y el aislamiento de posiciones europeistas, el contagio en una sociedad globalizada donde la información y las opiniones se multiplica a toda velocidad en la red está garantizado.

En Alemania, aún bajo el poderoso efecto de la dramática historia del nacionalsocialismo que costó a la humanidad un holocausto de millones de víctimas y la partición y control de su territorio por cuatro décadas, crece el fenómeno antisistema representado por el Partido Pirata que ya cuenta con más de 20.000 afiliados y las últimas encuestas les sitúan en un 12% de intención de voto. Sus éxitos recientes entrando en el parlamento del länder de Berlín y en el deSarre, les han obligado a reformular parte de sus postulados en el reciente Congreso celebrado por la formación. Han tratado formalmente de alejarse de las posiciones neonazis, aunque de forma individual alguno de sus integrantes sigue manteniendo reivindicaciones de revisionismo de la historia del III Reich. Su esencia y origen es el del partido protesta, promulgando la transparencia y la participación como elementos regenaradores de la acción política. Lo que “ayer” representaron los Verdes con su defensa del medio ambiente como impulso de una formación política global, ahora lo es la defensa del medio de comunicación de la gente: internet. En ambos casos con la bandera de la renovación política frente a la vieja casta del fraude y la impunidad: pretenden abordar el galeón de los corsarios con corbata. Son los guerreros de la Red, pero en su tránsito a la madurez tienen enormes dificultades para estructurar una organización y formular unas propuestas concretas que sirvan a la sociedad para progresar. A su manera y sin pretenderlo, son nuevas formas de neopopulismo que se nutren del mismo sustrato: el descontento. Todos ellos, ultras o piratas, avanzan como el nuevo viento que azota una Europa confusa, enferma de falta de liderazgos integradores. Enfrente solo encuentran gobernantes atrincherados en la mercadotecnia política, en el control de medios de comunicación incapaces de ser independientes por sus carencias de autofinanciación y en la adocenada sumisión a las doctrinas que emanan de los mercados financieros. Ultras y piratas navegan con viento fresco y arrasan los sargazos de la política. De nada vale descalificarles o no querer atender a sus airadas voces, más nos valiera escuchar el quejido de una sociedad atemorizada por el mañana y ponernos a la tarea de ofrecer alternativas desde la democracia y la libertad, una rebelión ética, estética pero desde las ideas. Una reacción eficaz y capaz de cambiar el destino. De no ser así el paisaje de la vieja Europa volverá a cerrar fronteras y a encerrarse en ancestrales luchas de poder.

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Falacias sobre el copago sanitario en Europa

El debate sobre la utilidad o no del sistema de copago para la financiación del sistema sanitario se ha abierto en España a raíz de la aprobación por parte del govern de la Generalitat de Catalunya de una tasa de 1 euro por receta – el llamado ticket moderador – en el Servei Catalá de la Salut. De la misma forma que en la mayoría de los Estados más asolados por la crisis de la deuda – Grecia,Irlanda y Portugal – se han introducido medidas de este tipo, parece por los indicios que el gobierno del Partido Popular en España, pese a negarlo una y otra vez, está llevando a cabo reuniones “técnicas” con las consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas para el estudio primero y posterior implementación de medidas de copago sanitario. Convendría, pues, en este clima preimpositivo analizar sin sesgos ideológicos  y sin fundamento o prejuicios carentes de rigor, las virtudes y los defectos de este tipo de reformas. Lo digo partiendo de la base de la trascendencia que en nuestras vidas tiene garantizar un sistema de salud público de calidad, de acceso garantizado universal y equitativo. Nos jugamos demasiado en las decisiones que sobre el tema tomemos como para que el debate se produzca con opiniones de algunos políticos o tertulianos basadas en generalidades y lugares comunes, en vez de en datos contrastados o hipótesis elaboradas por profesionales de la sanidad. Son éstos, que además en el caso del Estado español, lo son de reconocido prestigio y compromiso con el sistema, quienes más tienen que decir sobre una reforma que solo debe pretender hacer viable la sostenibilidad de uno de los mejores modelos de salud pública de Europa y, por ello, del mundo.

El objeto aludido para introducir el copago es la insuficiencia financiera del modelo. Se nos dice que no tenemos recursos suficientes para mantener un sistema tan bueno, pero tan caro. Yo niego la mayor. Lo primero que tenemos que decidir es qué sistema de salud público queremos tener y cuál es su relación con las ofertas de sanidad privada. Dimensionar la cartera de servicios sanitarios que queremos tener es el primer trabajo, así como establecer qué orden de importancia le concedemos en el conjunto de gasto público. Porque si como parece, todos pensamos que junto con el pago de las pensiones y la educación gratuita e igualmente universal, son los gastos comprometidos ineludibles, a partir de aquí serán otras las partidas a reformar. Por tanto, una vez que definamos el tamaño del sistema y consiguientemente sus necesidades de recursos, podremos pasar a definir las partidas de ingresos sobre las que lo sustentamos. Empiezo por deshacer otra falacia del copago por introducir, porque el copago en el Estado español ya está implantado. En primer lugar, mediante las cuotas a la Seguridad Social que pagamos todos los trabajadores y empresarios, en esa suerte de mutualidad aseguradora de diversas prestaciones que supone. En ese sentido, sería muy convenientes que dichas cuotas vinieran desglosadas en sus diferentes aportaciones para que pudiéramos saber claramente a qué se dedica la caja única: tanto para su sanidad, tanto para su pensión, tanto para su prestación por desempleo si ha lugar… Así evitaríamos la mala praxis habitual, que han llevado a cabo todos los gobiernos, de meter la mano en la caja para sufragar otro tipo de gastos. En segundo lugar, pagamos un porcentaje de los medicamentos – excepto los pensionistas – que nos receta la sanidad pública. Por lo tanto, no debemos hablar de copago como novedad, sino de extender a nuevos tipos de impuesto la financiación de la salud.

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Si echamos un vistazo a la situación de nuestro entorno europeo, veremos que el copago en distintas modalidades existe en todos. En veintisiete se realiza el copago farmacéutico. En todos salvo en Dinamarca, España, Grecia – y ahora se va a introducir – y Reino Unido, existe el copago en atención hospitalaria. En todos menos en España, Grecia – y también pagarán ya –, Hungría, Lituania, Reino Unido y República Checa se paga algo por la atención especializada. Y respecto a la atención primaria, donde menos está implantado el copago, es totalmente gratuita en España, Grecia – y se les acaba – Holanda, Hungría, Italia, Lituania,Polonia, Reino Unido y República Checa. Es decir, los Estados con menor nivel de copago y, por tanto, de aportación directa de los ciudadanos al coste de los servicios sanitarios que emplean, son el Reino Unido y España. En ambos casos, somos según diversos baremos e indicadores dos de las mejores sanidades del mundo y en el caso español, el tercer país del mundo en esperanza de vida. Además, resulta útil combinar este dato con el de la rentabilidad de la inversión del gasto sanitario, es decir, qué porcentaje sobre el total del PIB empleamos en sanidad. Así en España nos sale muy barata esa salud pública de calidad. La media de los países desarrollados en Europa está alrededor del 9% del PIB, llegando a cifras mucho más altas en EE.UU. (14%). En España el porcentaje es de los más bajos de Europa (8,4%), por debajo de la media europea, solamente por delante de Finlandia, Hungría, Polonia y la República Checa y muy por debajo de lo destinado en Suiza (11,3%), Alemania (10,6%), Bélgica (10,4%), Francia(11,1%), Austria (10,1%), Dinamarca (9,5%), Holanda (9,3%), Islandia (9,2%),Suecia (9,2%), Grecia (9,1%) e Italia (8,7%).

Se supone que el principal argumento a favor de la extensión del modelo de copago es la disminución del “consumo” sanitario. En ese sentido, deberíamos recordar que la enfermedad, en general, se contrae, no se desea y, más importante aún, que quien discrimina el uso del sistema son sus profesionales, es decir, aquellos en quienes depositamos la confianza en nuestra curación o cuidado. Partir de la base del abuso del sistema supone quebrar la confianza en él y, en todo caso, si existen los excesos atajense, pero no se introduzcan impuestos indiscriminados que culpan a aquellos que nada tienen que ver con los que se aprovechan indebidamente. En cualquier caso, en los países europeos donde más experiencia por tiempo y extensión del copago tienen, está demostrado que efectivamente disminuye el “consumo”, si bien a costa de importantes pérdidas en el reparto equitativo. Es evidente que pese a que se reduzca la aportación del copago a las capas con menores niveles de renta, el hecho de tener que pagar establece una discriminación que afecta más al que menos tiene y que le disuade de acudir al médico. Ello supone a largo plazo que al desaparecer la labor preventiva de la consulta periódica, se pierde el contacto con el paciente y el historial clínico es menos rico en datos, por lo que una enfermedad puede revelarse más grave cuando aparece y propender a convertirse en dolencia crónica. Es decir, que lo barato a la larga se vuelve caro. Y, como dato adicional, la cuantía que se recauda por las distintas fórmulas de copago no son relevantes a efectos del conjunto del gasto sanitario, con ellas no se garantiza la sostenibilidad del sistema. En resumen, demasiado coste social para poco retorno económico.

Si el problema se centra en la financiación del sistema y éste resulta prioritario en nuestras vidas, deberíamos plantearnos una reforma fiscal en profundidad que lo haga viable. De igual forma que el Pacto de Toledo aseguró un consenso básico para garantizar el pago a largo plazo de las pensiones, se requiere un Pacto de Estado para la Salud, dado que además la responsabilidad de su gestión está plenamente transferida a las Comunidades Autónomas. A éstas se les puede marcar y se debe, el mínimo de servicios y prestaciones a las que está obligada por ley, pero en absoluto se les puede impedir a aquellas que mejor gestionan o son capaces de hacer frente a sus necesidades de recursos, que dejen de prestar una asistencia de máxima calidad porque en otras comunidades se malgasta o despilfarra. La solidaridad interterritorial solo es exigible cuando existe paralelamente la fiscalización del gasto y la responsabilidad de cada uno en el mismo. En todo caso, más que imponer una tributación especial en función de la renta personal a los usuarios de los distintos sistemas de salud como ha propuesto el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, parece mucho más coherente y eficaz, acometer una reforma fiscal global que ante la situación de ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres en España, suponga un nuevo modelo de redistribución de la riqueza y, con ello, de financiación de la sanidad, pensiones, desempleo o educación. Cualquier otra medida es un parche intencionado para encubrir la privatización del sistema.

El modelo público de Salud en el Estado español no requiere un cambio radical, ni siquiera en su esquema de financiación. Eso solo lo defienden los que buscan su desaparición. Requiere mejorar los modelos de gestión y, sobre todo, implicar más y contar más con sus profesionales que siguen siendo los mejores defensores del sistema. Requiere un redimensionamiento de sus recursos y una evaluación de sus necesidades de inversión para no quedarse obsoleto en equipamientos y en formación de sus clínicos. Pero con eso no estamos hablando de nada que no sea un trabajo continuo en el ámbito más importantes de nuestras vidas, algo que debemos hacer día a día, no excepcionalmente. No podemos asumir con debates superfluos y vacuos la introducción de un impuesto a la enfermedad, una suerte de tributo por no estar sano, porque eso rompe el equilibrio de una sociedad que cree en la solidaridad y en la red de apoyo que supone que tus congéneres paguen por ti cuando tú lo necesitas igual que tú harías por ellos si así sucediera. En eso nos diferenciamos los europeos, para bien, de modelos de sociedad como el de Estados Unidos, donde curarse es un privilegio o de sociedades donde los derechos solo están al alcance de los más ricos. No podemos permitir que entre nosotros se instale el egoísmo de aceptar que nuestros niños o ancianos podrán vivir en función de su renta. Si así lo hacemos, habremos matado el concepto mismo de Europa.
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