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Catalunya ¿quo vadis?

El anuncio esta semana por parte de los partidos políticos catalanes que apoyan la celebración de la consulta soberanista en Cataluña, revestida de carácter institucional, supone un hito sustancial en el camino emprendido por dichas fuerzas políticas hacia la independencia de su país. Negar la trascendencia del acto celebrado en la Generalitat, además de un gesto avestruz, resulta un desprecio a la voluntad popular de todos aquellos millones de catalanes que han depositado su confianza en formaciones como CiU, ERC, IC o CUP – la suma de votos de todos ellos en las últimas elecciones catalanas de 2012 se acercó al 60% -. Pero además, por primera vez se expresa la determinación de realizar un referéndum con un planteamiento en forma de pregunta, en este caso dos, a la que los catalanes deberían responder. Nunca antes se había llegado tan lejos en las aspiraciones de soberanía plena de un territorio en la moderna democracia española, ni siquiera el plan Ibarretxe, cuyo recorrido quedó abortado en su trámite en el Congreso de los Diputados alcanzó este estadio. La propuesta liderada por el president Artur Mas se enfrenta ahora en los teóricos nueve meses que le separan del plazo dado para la consulta, le 9 de noviembre de 2014, a la realidad de un recorrido incierto cuyas claves y futuribles conviene analizar si nos importa algo el destino de Cataluña, de España y de la propia Unión Europea que afronta ese mismo año otro referéndum de autodeterminación en Escocia.

Lo primero que convendría a todas las partes para afrontar un proceso que de momento ha cumplido escrupulosamente la legalidad democrática sería desdramatizar el contexto y la situación. El ejemplo de la negociación llevada a cabo en el Reino Unido entre el primer ministro David Cameron y el primer ministro escocés Alex Salmond, debería suponer una hoja ruta válida para sentar las bases de un entendimiento entre fuerzas que plantean propuestas diferentes a una sociedad. Lo cual no quiere decir en absoluto que los casos sean equiparables, ni que el resultado necesariamente deba ser el mismo, lo replicable es nada más y nada menos que el nivel democrático mostrado en el Reino Unido. El respeto a la diferencia de opinión es la base sobre la que se sustenta la capacidad de diálogo y de negociación. Nadie negocia con alguien a quien no respeta y ese es uno de los problemas principales que está jugando en el proceso desatado en Cataluña versus España. La pertenencia a una comunidad es algo que depende del día a día y que se conjuga con los aspectos identitarios de una sociedad. Negar a Cataluña su cultura identitaria es negar la historia, pero más aún, es negar la realidad de un pueblo que se expresa en lengua propia y que piensa y siente en catalán. Pero durante más de tres décadas, con notables altibajos pero con soluciones posibilistas, ambas partes, nacionalistas catalanes y gobiernos españoles, lograron un estatus de integración y convivencia válido. Yo diría que el punto de partida político de la ruptura institucional proviene de la sentencia del Tribunal Constitucional, anulando artículos del Estatut de Cataluña, aprobado por el Parlament catalán y por las Cortes españolas y refrendado por los catalanes en consulta legal. Las aspiraciones de la mayoría del pueblo catalán se vieron cercenadas por una decisión que en nada respondía a la soberanía popular, sino a unos pocos intérpretes de la misma. Consumado dicho desaguisado, la crisis económica puso el resto. El descontento con el trato fiscal recibido por Cataluña por parte del Estado ha sido creciente a medida que las cifras del desempleo crecían y las cuentas públicas se veían recortadas por imperativo de Bruselas. Son estos dos motivos los principales para entender que el nacionalismo catalán moderado de Convergencia i Unió abandere en la actualidad un proceso secesionista.

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Antes de reflexionar sobre los márgenes que aun quedan de diálogo entre España y Cataluña para evitar el choque de trenes entre dos sociedades cada día más distantes, conviene tratar de prever el recorrido real que la propuesta de consulta puede tener. Lo realizado esta semana es una mera declaración de intenciones políticas que ahora deberá expresarse en una ley que aprobará el Parlament de Cataluña. Este será el primer paso legal para formalizar el referéndum. Dicha ley se amparará en la ley de consultas populares ya aprobada por el propio Parlament. Con casi total seguridad este será el momento en que el Gobierno español presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad sobre la consulta amparándose en el artículo 2 de la Constitución que reza: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Parece, pues, obvio que el Tribunal Constitucional o bien como mínimo dejará en suspenso la consulta hasta su resolución o la declarará ilegal. Muy probablemente antes o después de este entreacto, el Govern catalán se habrá visto reforzado en su estabilidad aunque sea como mero gesto, con la incorporación de ERC. Fortalecer la base nacionalista de la Generalitat es una forma de presentar ante la sociedad catalana un voluntad definida. Este paso, sin embargo, podría chocar con la dirección de Unió, el grupo democristiano muy alejado de las tesis políticas y del modelo de sociedad defendido por Esquerra. Será, pues, un paso que deberá medir muy mucho Artur Mas.

Lo que si parece evidente es que si Madrid veta legalmente la consulta, más allá de manifestaciones y protestas internacionales, los dirigentes de CiU ya han dejado muy claro, como sucedió con el plan Ibarretxe, que no se plantean realizar una consulta ilegal, por lo que estarían abocados a un adelanto electoral coincidiendo previsiblemente con la fecha fijada para el referéndum. Serían por tanto unas elecciones plebiscitarias, donde las fuerzas nacionalistas acudirían con un único punto en su programa electoral, el de la independencia e incluso podrían plantearse hacerlo con una lista única para dejar más patente el apoyo a su propuesta. De ganar su opción, el nuevo gobierno emprendería una acción política centrada exclusivamente en la puesta en práctica de la independencia y ahí si se podrían llevar a cabo medidas de mayor insumisión hacia el Estado español. Esta fase, pues, incrementa sustancialmente el conflicto entre las dos entidades ejecutivas. Así las cosas, el plazo para buscar un nuevo encaje de Cataluña en el Estado español es el mismo con consulta que sin ella, siempre y cuando las fuerzas nacionalistas mantengan la mayoría clara que actualmente en las encuestas tienen. Es en ese sentido de las mayorías donde se está jugando la realidad del partido. De ahí que la pregunta planteada en el referéndum sea doble, primero si se quiere que Cataluña sea un Estado y después, que lo sea independiente. De esta forma se deja abierta la puerta a la fórmula de Estado asociado o de Estado federal, la famosa tercera vía que plantean los socialistas catalanes del PSC. Por su parte Madrid, puede poner encima de la mesa mejoras en el planteamiento fiscal presupuestario para conceder parte de los 9.000 millones de euros en que estima la Generalitat el maltrato a Cataluña. Y con toda seguridad, seguirá echando el resto en el argumento principal para cambiar los porcentajes actuales sobre la base de una hipotética salida de la UE de una Cataluña independiente. Las declaraciones realizadas por el presidente del Consejo Europeo en Madrid el mismo día del anuncio de la consulta dejan poco lugar a dudas respecto a la interpretación de los Tratados Europeos. Es evidente que un Estado que se desmembra de un Estado miembro se sale de la UE y debe solicitar su incorporación. Y además el proceso de integración requiere la unanimidad de los miembros actuales. Este es el reto más complejo al que se enfrentan los moderados nacionalistas catalanes que desde sus orígenes han sido políticos de marcado carácter europeísta. Pensar que Cataluña no es Europa resulta verdaderamente surrealista.

No serán tampoco pocas las presiones que desde el empresariado catalán se producirán hacia los líderes de CiU a medida que los plazos se acerquen a las decisiones definitivas. El dinero no tiene corazón, ni sentimientos y solo busca oportunidades y seguridad. El temor a la inestabilidad institucional amedrenta y esa baza será seguro debidamente utilizada por Madrid y por las instituciones europeas, que se encuentran muy incómodas con lo que sucede en Escocia y en Cataluña. Todo ello deberá ser tenido muy en cuenta por Artur Mas y su compañero de partida actual, Oriol Jonqueras, el líder de ERC y que actualmente supera en las encuestas a CiU. En el fondo también están compitiendo por el liderazgo de un espacio político y eso puede llevarles a cometer errores estratégicos de fondo. Para que triunfe la vía moderada de CiU necesitan que el Gobierno español de hilo a la cometa y emprenda un proceso negociador que les permita ofrecer algo a los catalanes descontentos. Pero Jonquera también sabe que la situación económica, especialmente en una Cataluña empobrecida, está para pocas bromas y tiene que evitar llevar a su país a una vía muerta. La realidad, pues, es muy compleja tanto internamente en Cataluña como lo es en una España que parece apuntar síntomas de recuperación económica y a la que el proceso independentista catalán solo puede granjearle inconvenientes. Explorar las vías intermedias parece lo más deseado por la mayoría de fuerzas políticas pero el problema principal es la “venta” en una España acostumbrada al café para todos que se implantó a raíz del referéndum de autonomía de Andalucía en 1981. Cualquier proyecto de Estado asimétrico o de asociación con los territorios más identitarios de la península provoca tremendos temores en los partidos mayoritarios PP y PSOE que además se encuentran a la baja en ambos casos y con la presión ultraespañolista de UPyD y la más federalista de Izquierda Unida.

Es evidente que al igual que dos personas no discuten si una no quiere, resulta imposible retener a alguien bajo el mismo techo contra su voluntad, salvo por la fuerza y ese no es el caso de las democracias europeas. España tiene un problema guste o no reconocerlo con Cataluña, como lo tiene con Euskadi. El encaje constitucional ya no satisface a una mayoría de la población en estos países que constituyen una realidad plurinacional en un Estado que no es capaz de dar respuesta a sus anhelos. A eso le pueden poner todos los epítetos más gruesos y hasta los insultos más descarados desde Madrid, pero la tierra seguirá siendo redonda. Convendría, pues, que al igual que requerimos de un nuevo modelo de economía social para salir definitivamente de esta crisis estructural, nos pusiéramos todos a buscar fórmulas inteligentes para encontrar un modelo de convivencia territorial, que probablemente debería incluir toda la península, invitando al proceso a Portugal, ¿por qué no?, que sea válido para respetar sentimientos e identidades diversas y haga de la colaboración la base de la prosperidad de nuestros pueblos. No es tan difícil si existe generosidad y altura de miras por todas las partes implicadas, de otra forma el proyecto español estará abocado al fracaso. Pero de igual forma, los líderes nacionalistas de los territorios afectados deben ser conscientes de las posibilidades que el entorno europeo que nos hemos dado nos concede y no llevar a sus pueblos a aventuras sin objetivos o metas claras. El camino del soberanismo se recorre día a día, es un proceso continuo y evolutivo y no finalista que se consigue con un himno o una bandera. Deberían reflexionar para qué quieren un Estado propio y, sobre todo, el tipo de sociedad de quieren para sus ciudadanos, y en eso seguro que nos podemos encontrar en el marco europeo.

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La identidad del ladrillo: compre una casa para ser español

La ocurrencia la define el diccionario de la lengua española como la idea inesperada, pensamiento original o el dicho o hecho gracioso e ingenioso de una persona. Expresado así no parece semánticamente contener maldad alguna el término, pero lo cierto es que las más de las veces el ocurrente no tiene la más mínima gracia y el problema es que por tener una oportunidad ante los focos mediáticos, son muchos los protagonistas políticos que se lanzan a provocar titulares agarrados férreamente a la feliz ocurrencia. Y como en todo, aquello que si cae mal a la audiencia dan en llamar “globo sonda”, tiene su graduación y es más o menos perdonable según la trascendencia del hecho que aborda la ocurrencia de turno. Esta vez ha tocado sobre un tema fundamental, que afecta a los derechos básicos de la persona, su identidad o en términos más prosaicos, su nacionalidad. Ha sido el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, el encargado de largar la propuesta “original”, como suele ser tradicional en un desayuno informativo de esos que a base de croissant y horario temprano, nadie pregunta y todos escuchan boquiabiertos con la legaña puesta. En un intento por dar salida al ingente stock de viviendas hechas y por hacer sin comprador que asola la economía española, este audaz e intrépido libre pensador propone al mundo mundial que por la compra de un piso se le conceda la nacionalidad, eso sí siempre que se rasque el bolsillo al menos con 160.000 euros.
En una palabra, lo que está estudiando el gobierno Rajoy es la compra de derechos, una especie de subasta de pisos con DNI en primera línea de costa. Eso sí para que no parezca raro esto de vender la dignidad, se nos pone como edificantes ejemplos de nuestro entorno, los casos de Irlanda y Portugal, rescatados ambos y que también han compartido la miseria humana de considerar patriota a cualquier  ciudadano que ponga sus dineros en su suelo o arcas. La oferta de adquisición de nacionalidad a cambio de ladrillo va dirigida según palabras del propio ocurrente a ciudadanos chinos y rusos deseosos de adquirir en propiedad una vivienda en las cálidad costas españolas, pero que sin permiso de residencia y por qué no ya nacionalidad en toda regla, se ven privados de disfrutar debidamente de su inversión realizada. Pobres, pobres no parecen los destinatarios de la ocurrencia, porque los millones de pobres en China y en Rusiabastante tienen con pensar en sobrevivir a la hambruna y la miseria como para pensar en el pisito en Benidorm. Parece evidente, salvo para el peor ciego que es el que no quiere ver, que la oferta tiene a sus demandantes en fondos de inversión de dudosa procedencia en países cuando menos cuestionados por su escaso respeto a los derechos humanos. Al menos el presidente español podría haber tenido la deferencia de ofrecerle la ganga inmobiliaria a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presente en la rueda de prensa de Moncloa donde Rajoy ratificó estar estudiando la ocurrencia.

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El Partido Popular que tiene entre sus credos la defensa a ultranza de la unidad nacional de la España indivisible, nos propone convertir la península en una peculiar “Tierra de patriotas”, una suerte de reinvención identitaria más basada en la creencia y el compromiso con la ferralla y el encofrado, que en valores democráticos y cívicos. Una especie de libre versión moderna de la conquista del Oeste y de los pioneros de Estados Unidos o el nacimiento de la nación australiana y neocelandesa a manos de delincuentes deportados de las islas británicas. Como las mejores películas de vaqueros o de la mafia siciliana reinando en Chicago. Claro que tampoco es novedad esta faceta del PP de renovar su credo nacional, pues, ellos de la mano del ex presidente Aznar extinguieron el servicio militar obligatorio y apostaron por un Ejército profesional de inmigrantes mercenarios de bajo coste. Está claro que para algunos el inmigrante, antes que una persona con sus derechos, es un recurso que según su renta per cápita puede alcanzar la nacionalidad en un día o se le niega la asistencia sanitaria más básica. Dígame cuanto dinero tiene en su cuenta corriente y le diré cuántos derechos tiene.
Lo que repele aún más de la medida es que la Unión Europea, ese espacio ejemplar que debería ser de respeto de los derechos de las personas, esté mirando a otro lado cuando legislaciones de sus Estados miembros conceden privilegios a golpe de talonario. Cuando el derecho de asilo se está denegando en algunos países europeos a personas de huyen de tragedias de todo tipo, bien sean bélicas o por hambruna, alguien en Bruselas tendría que alzar la voz de la dignidad contra políticas que tras la búsqueda de inversiones, lo que hacen es especular con la miseria humana y nos cuelan de rondón el concepto como destino solo para ricos. Cabe destacar que ciudadano europeo es toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión fue creada por el Tratado de Maastricht en 1992 y los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el Tratado. La importancia de la ciudadanía de la Unión radica en el hecho de que sus ciudadanos gozan de derechos auténticos al amparo del Derecho Comunitario Europeo. Los derechos principales que confiere la ciudadanía con arreglo a la Parte 2 del Tratado CE son los siguientes: Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y municipales del Estado miembro en el que resida; Derecho a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares; Derecho de petición ante el Parlamento Europeo; y Derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo.
Si en la política actual preocupa la falta de ideas, más debería preocupar la industria de la ocurrencia, en este caso fruto de la “Factoría FAES“, la Fundación vinculada al PP cuyo máximo impulsor fue José María Aznar, tratando de remedar el modelo alemán de la Konrad Adenauer. De sus filas han salido buena parte de los actuales dirigentes de nivel medio del Gobierno Rajoy, expertos en fabricar conceptos ocurrentes que la mayoría de las veces al trasladarse a la realidad suelen quedar en meras cortinas de humo o falsos debates. La necesidad de aportar ideas a los problemas que la sociedad debe afrontar debería ser tomado con más rigor por aquellos que están llamados tarde o temprano o ejercer responsabilidades de dirección de un Estado.
Parece que España ha optado por inducir a sus jóvenes mejor formados a coger la maleta de la emigración, a la par que abre las puertas de par en par a la nueva versión de la inmigración ilegal. Mientras la inmigración del hambre muere en pateras en el Estrecho, les ponemos pisos de 120 metros cuadrados y terrazas con vistas a ese mar de la tragedia a nuevos ricos de lejanas tierras. Hemos inventado el ciclo de exportar supuestos talentos e importar presuntos delincuentes. Lo alucinante del caso es que a los ocurrentes no se les caiga la cara de vergüenza de salir a contarlo. Y luego se extrañan de que millones de ciudadanos en Cataluña, Euskadi, Galicia y Canarias quieran perder esta nacionalidad española de mercenarios.

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Mariano Rajoy, jugador de poker en partidas simultáneas

Cada gobernante tiene su método y cada presidente su peculiar carácter que marca sustancialmente la manera de encarar las decisiones. Los hay firmes y determinados, como los hay dubitativos y sinuosos. Ni los unos mi los otros tienen la fórmula del acierto en su poder, hierran o atinan por factores diversos que en nada tienen que ver con la forma con que actuan. Sin embargo, cierto es que en política la administración de los tiempos es fundamental en el ejercicio del arte de lo posible. Y a eso parece dedicarse con denuedo y no poco regusto el presidente del Gobierno Mariano Rajoy a quien Europa y los españoles tratan de comprender sin lograr descifrar una mueca de su insípido rostro. Mientras Bruselas aguarda su decisión sobre un hipotético rescate parcial o total de la economía española, en su suelo patrio se le suceden las citas electorales y las manifestaciones secesionistas. Pero él, hipertérrito, navega atado al palo mayor de sus recortes seguro como dice estar de que el único rumbo posible para salir de la crisis es la reducción rápida y severa del déficit público.

Desconozco las capacidades del jefe del Ejecutivo para jugar a los naipes y menos aún si se le dan mejor los juegos con baraja española o francesa, pero no me cabe duda que desde hace meses por mucho que pretenda aparentar que sabe lo que hace, preso del lío y la confusión al que le someten los mercados de la deuda, se nos a dado a la apuesta y al tapiz de la mesa de juego como única salida del laberinto del euro. Cada semana espera que la mano que reparte las cartas sea la buena y la jugada le sea favorable y si no hay suerte, al menos ser capaz de aguantar en la mesa otra partida, más. Y como todos los jugadores que acaban por ligar su suerte en la vida a unas figuras estampadas en un pedazo de papel, corremos el riesgo de que Rajoy pierda el sentido de la realidad y se nos vuelva ludópata. Síndrome este el de abstraerse de los problemas del gobernado tan común en los gobernantes como la edad de la política, solo que a unos les da por nombrar cónsules a sus caballos, otros por perseguir armas de destrucción masiva inexistentes y los menos por negar la realidad de una crisis económica de 5 millones de parados. Al nuestro de hoy, original él, le ha dado por fumar puros acompañado de tahúres.

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Siendo así la situación conviene analizar con detenimiento a qué tipo de juego se nos ha entragado el presidente para poder especular sobre la suerte que nos aguarda en España a la vuelta de la próxima mano. En este sentido yo no dudaría, que por la procedencia del resto de jugadores y de la propiedad del casino se trata de una partida de poker descubierto. Más quisiéramos que jugaran a nuestro patrio mus y que Rajoy pudiera tener a Merkel de compañera para jugarle de farol a la pareja Hollande – Monti. Amarraco a amarraco, órdago a órdago a chica y a grande, con esa capacidad de nuestro presidente para pasar señas a base de tics de ojos y boca, de treinta y una y medias de pitos, nos salíamos aplicando ese maravilloso paquete germánico de medidas de ajustes que nos va a dejar sin garbanzos para nuestra particular partidita de mus con los amigos jubilados en la tasca. Pero la banca que siempre gana y no hay más que ver la capacidad de endeudamiento que tenemos los españoles para pagar los platos rotos de bancos y cajas españoles en su particular despilfarro de inversiones en suelos, ha repartido cartas corazones, diamantes, tréboles y picas. Y aunque podrían pintar bastos dados los continuos recortes de servicios sociales, más bien anda el joker anda suelto por la mesa riéndose en nuestras narices. Todos los que sabemos un poco de los juegos de mesa entendemos la diferencia de jugarse una apuesta a la bilbaina de cena a lo grande que es propio del mus y lo que es poner en el tapete euros en función de la apuesta de los otros jugadores. Ese es el riesgo que por mano de Rajoy estamos corriendo todos, que nos echen de la partida y nos levanten de la mesa sin llegar a enseñar nuestras cartas, simplemente por no poder cubrir la apuesta.

Ha hecho Rajoy de la decisión del rescate su gran partida, se toma tiempo mientras mira una y otra vez sus cartas y trata de adivinar las de sus socios comunitarios. Los mercados lejos de incomodarse con la táctica del presidente, someten suavemente a una presión prolongada con la prima de riesgo  rondando los 450 puntos básicos. Hacen caja día a día con rentabilidades en tipos de interés del 7%. El resto de jugadores que no acaban de entender la postura del jefe del Ejecutivo español remueven incómodos sus posaderas en sus asientos a la espera de la jugada de Rajoy. Saben que la decisión es de él, pero que queda poco tiempo para que levante sus cartas y sepamos si va de farol con unas parejas o tiene un full de reyes. El problema es que la apuesta la cubrimos los españoles con unos Presupuestos Generales del Estado en los que el pago de la deuda se come la cuarta parte del gasto total y el Estado deberá más del 90% de lo que produce. Cada español debe 20.000 euros y no quedan recursos para fomentar la actividad económica y generar puestos de trabajo. Además, el cima social empieza a calentarse a medida que el otoño deshoja los árboles de madrileño parque del Retiro. Esta semana se salda con tres concentraciones de miles de personas ante el Congreso de los Diputados protestando contra las políticas de recortes y cientos de heridos y detenidos en los choques producidos entre manifestantes y una desproporcionada actuación policial.

La calle se levanta poco a poco porque entiende que la hoja de ruta del gobierno solo conduce a ir empobreciéndonos para pagar las deudas y le pide ya a gritos que se plante en la partida y pegue una patada al tapiz con la ayuda de sus colegas griego, portugués e italiano. Pero mientras estábamos en esas, el solar territorial también se ha exaltado sobremanera. Cataluña ahogada por la insuficiencia financiera y la mala gestión de sus gobiernos tripartitos, salió a la calle en la Diada de Catalunya en una multitudinaria demostración de fuerza y sentimiento independentistas. Cataluña un Estado en Europa, no era solo un lema para andar por las ramblas barcelonesas, era un estallido de autodeterminación y probablemente un punto de no retorno en las relaciones con Madrid. Ante estos hechos, Rajoy que los calificó de algarabías, se reunión en una partida de poker simultánea a la del rescate con el president Artur Mas. Dijo no al pacto fiscal y abocó a Cataluña a unas elecciones autonómicas el próximo 25 de noviembre. Al órdago de Mas, respondió viéndolo y le reto a verse a la vuelta de las urnas. Pueden pasar dos cosas: que Mas salga reforzado con una mayoría absoluta en cuyo caso el pacto fiscal se me antoja un premio menor de la lotería que no aceptará o Mas pierde apoyo popular y su proyecto de independencia encalla en vía muerta de la misma forma que lo hizo en Euskadi el plan Ibarretxe. Pero pase lo que pase en los comicios, algo es seguro, la mayoría de la ciudadanía catalana ha empezado a desengancharse de España, se siente agraviada e insultada y no comparte ya un proyecto común. La decisión de Rajoy de jugar al poker con Cataluña puede salirle tácticamente bien, pero nos costará a todos mucho, sobre todo, haber perdido la oportunidad de reformar el modelo de Estado para garantizar la convivencia entre todos. Con las cosas serias no se juega, que es una frase recurrente del presidente español que no se cansa de repetir y no cumplir.

Rajoy seguro de que nunca pasa nada, que la sangre nunca llega al río, está aplicando su técnica de guardar el equilibrio incluso cuando todo zozobra a su alrededor en la que hay que reconocer que es un consumado maestro. Acaba de ver como una de sus más fieles opositoras, Esperanza Aguirre ha tirado la toalla y se retira del ring. Cansar a sus adversarios es uno de sus principales atributos y fumarse un puro en la 6ª Avenida de Nueva York todo un gesto que habrá sacado de quicio a los mandatarios europeos que aguardan sus decisiones para definir el futuro del euro. Europa y España esperan sus palabras de distinta manera, pues, mientras en Bruselas puede que cuando les enseñe las cartas se hayan ido de la mesa y solo quieran hablar de cómo abandonamos el euro, en España la calle y las familias sufren la descomposición de un Estado que de social tiene cada vez menos y derecho nada. Con todos los respetos que se debe y merece a un político elegido democráticamente por más de 10 millones de personas, alguien debería apercibir al presidente de que se nos echa la hora encima y que nos estamos quedando sin dinero para cubrir apuestas.

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Otoño electoral: Euskadi y Galicia a las urnas… ¿quién sobrevivirá?

La reciente historia de las contiendas electorales demuestra la capacidad que la crisis económica está teniendo para llevarse por delante líderes políticos. Prácticamente ninguno, si exceptuamos el sorprendente caso del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán – que aguantó in extremis y viéndose obligado a pactar gobierno con Izquierda Unida – han sido triturados por las urnas. Por ello cada vez es menor la tentación de utilizar el adelanto electoral como herramienta de cálculo político dados los riesgos que tienen los presidentes de encontrarse con la bofetada del cabreo ciudadano en forma de castigo en los resultados. Nadie se atreve a poner a prueba el hartazgo de la calle, de una sociedad confundida, asustada, e incluso irritada con una clase política a la que ya considera un problema y por la que no se siente representada. Así las cosas, los que se precipitan al abismo insondable de unas elecciones anticipadas es o porque no cuentan con suficientes apoyos en el arco parlamentario para su gestión o porque les obligan desde instancias superiores. Ambos casos han confluido repentinamente esta semana para provocar la convocatoria de elecciones en dos comunidades históricas – eufemismo con el que en España se denomina a realidades nacionales como lo son la vasca y la gallega – Euskadi yGalicia de manera solapada o, mejor dicho, bajo el efecto dominó. Ya que de no haber convocado primero el lehendakari Patxi López, muy probablemente el presidente Núñez Feijoó habría agotado su legislatura en marzo del año que viene.

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La primera reflexión que produce la doble convocatoria para el próximo 21 de octubre no puede ser otra que desde el gobierno central se pretende evitar la foto fija de la noche electoral de un resultado claramente favorable a los planteamientos soberanistas en el País Vasco. Las expectativas de que el Partido Popular gallego pueda revalidar una mayoría absoluta contribuirían a presentar una imagen más sosegada del trance de los comicios vascos. “España no se rompe”, podrían proclamar interna, pero sobre todo externamente los responsables del gobierno en una grave situación económica al que solo le falta para certificar la ruina del Estado la desintegración territorial en las nacionalidades históricas. Galicia constitucionalmente es una de esas nacionalidades con pedigrí por lo que una apuesta por la españolidad le serviría a Rajoy para quitar hierro ante sus colegas europeos a la deriva independentista de los resultados vascos. Sin embargo, mucho arriesga el presidente del Gobierno, que con casi total seguridad es el instigador del adelanto en Galicia o muy seguro tiene que estar de que en su tierra sabrán entender sus duras políticas de ajuste, pues, de caer derrotado Feijoó el doblete en la derrota podría abrir una crisis de impredecibles consecuencias. Supondría un revés total a la gestión del gobierno central prácticamente al año de su llegada a La Moncloa, en un momento de contestación sindical – los tambores de guerra ya llaman a una nueva huelga general y en el escenario de una más que previsible solicitud a la Unión Europea de un segundo rescate. En Galicia Rajoy se juega mucho, más que nunca, pero si le sale bien la jugada y jugando en casa gana, habrá disipado el calendario electoral sin ninguna cita hasta junio de 2013, que los europeos estamos llamado a votar el Parlamento que elegirá por vez primera al presidente de la Comisión, unos comicios que desgraciadamente son de menor relevancia en el cálculo político de los grandes partidos y que además siempre benefician al Partido Popular. Incluso aunque se produjera un castigo en las elecciones europeas se podría minimizar.

Sin duda, las elecciones que más preocupan a Rajoy son las vascas, más por su repercusión mediática que por la realidad de lo que cualquier resultado en ellas pueda producir. Haber alimentado el cuento del lobo de la independencia desde los medios de comunicación de Madrid, convierte cada comicio en Euskadi en una suerte de referéndum de autodeterminación del pueblo vasco. Y nada más lejos de los hechos. Durante treinta años los vascos han votado con mayor o menor grado de libertad, bajo la amenaza terrorista de ETA y con partidos injustificablemente ilegalizados, con las cartas marcadas por unos y otros, pero casi siempre los ciudadanos se han expresado igual, o al menos, una clara mayoría de su sociedad: contraria a la violencia de todo signo, a favor de la libre concurrencia de todas las opciones políticas, con fuertes tendencias nacionalistas y con un marcado carácter social en sus políticas. Poco cambian las cosas cada vez que los vascos hablan a través de las urnas, su electorado está bastante cristalizado. Esta vez van a votar sin la presión de la violencia, aunque absurdamente aún bajo la tutela ideológica de ETA, y con todas opciones para elegir. Eso no quiere decir que no Madrid y la izquierda abertzale no permitan perder el protagonismo del falso debate que siguen estableciendo sobre un proceso de paz que tiene en sus tempos y en la discrección de las decisiones, la clave del éxito.

Es más que previsible según indican las encuestas que sea el PNV– Partido Nacionalista Vasco y su candidato a lehendakari Iñigo Urkullu – el más votado y con más parlamentarios en estas elecciones. Como casi seguro que EH Bildu – la nueva marca de Batasuna y los restos de Eusko Alkartasuna y Aralar – vuelva por derecho propio a convertirse en notable actor de la vida política vasca. De la misma forma, casi nadie duda del castigo que recibirá en PSE – Partido Socialista de Euskadi – en la persona del lehendakari López a su pacto contra natura con el Partido Popular y a la pobre gestión de su gobierno que además ha tenido que hacer frente a la crisis económica. Y, por último, el PP vasco bastante tendrá con aguantar y no perder muchos parlamentarios en unas elecciones que seguro que le pasarán factura por las políticas de recortes y subida de impuestos efectuadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Con estas premisas y con la salvedad de que en una situación económica como la que vivimos y con la ola de vuelta a la legalidad de la Izquierda Abertzale que aún está presente, siempre pueden producirse sorpresas, lo lógico es que el PNV sea el encargado de gobernar la Comunidad Autónoma Vasca. Sin mayorías absolutas que son inviables en la cuadrícula PNV / Bildu PSE / PP que compone el mapa político vasco, el juego de las negociaciones se antoja complejo. Pero en cualquier escenario que se dibuje de gobernabilidad el único fijo es el PNV y el único además capaz de llegar a acuerdos con los otros protagonistas. Con Bildu en materias identitarias y reivindicativas soberanistas frente a Madrid, así como en materia de pacificación. Con el PSE en el troncal de sus políticas sociales y con el PP en la coordinación de las políticas económicas de ajuste para el cumplimiento de los límites de déficits impuestos por Bruselas en una comunidad que no recordemos que tiene capacidad recaudatoria y tres haciendas forales. Y de no ser producirse la sorpresa y si fuera EH Bildu la primera fuerza política en el parlamento de Vitoria, mal haría Madrid en dramatizar las consecuencias de lo que sería simplemente la libre elección del pueblo vasco, pues, a lo que tendría que dedicarse es sencillamente a gestionar la situación por ello creada y normalizar lo que los ciudadanos han decidido que sea normal.

En Galicia, aparentemente las cosas pintan como están, revalidando la mayoría absoluta el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, sobre todo, por la circunstancia en que pilla el adelanto a la oposición. El PSdG – Partido Socialista de Galicia – se enfrentaba en septiembre a un proceso de primarias promovido nada más y nada menos que por el ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE, José Blanco contra el secretario general gallego Pachi Vázquez. Con las espadas en alto, y sin tiempo para dirimir las diferencias internas, parece complicado que el candidato socialista cuenta con el apoyo y la unidad suficiente para lograr el vuelco electoral. El otro actor necesario para romper la mayoría absoluta popular, el Bloque Nacionalista Galego – BNG – acaba de vivir dos escisiones, la de uno de sus fundadores y figura emblemática, Xosé Manuel Beiras, con su Encontro Irmandiño y la más moderada opción galleguistaCxG – Compromiso por Galicia – surgida en el entorno del ex vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. Tanto una como otra tienen difícil, dado lo prematuro de la cita electoral, entrar en el Parlamento gallego, pero está por ver la fuerza que son capaces de restarle al BNG. El principal riesgo al que se enfrenta Feijoó es así mismo por su pobre gestión, cuyo mayor éxito es ser la comunidad autónoma con menor déficit público del Estado, fruto de su escasa aportación de grandes proyectos para Galicia y de la cómplice política de recortes con lo fijado desde Madrid por Rajoy. Y el segundo gran problema que le rodea como un fantasma de la santa compaña, es el índice de cabreo que la forma de gobernar de su colega Mariano Rajoy ha podido generarse entre los gallegos. Cierto es que el carácter gallego y lo dice uno que lo es, es poco propicio a los cambios hacia la nada y que la seguridad y la confianza son factores que siempre han tenido a favor los populares en Galicia, pero no es menos cierto que el voto urbano perdido por el Partido Socialista y en menor medida por los nacionalistas gallegos puede dar sorpresas en las provincias de A Coruña y Pontevedra – sobre todo en Vigo -.

En cualquier caso, lo cierto es que para Rajoy ninguna de las citas electorales no es plato de buen gusto teniendo en cuenta la dura agenda política a la que se enfrenta en su relación con Bruselas. Tiene prioridades de enorme calado y en las que se juega no solo su futuro político sino como será visto por la historia y por los españoles, en urnas de Euskadi y Galicia lo único que puede es llevarse sustos, pocas alegrías por grandes que fueran le servirían en su objetivo fundamental, que no es otro que sobrevivir políticamente a la crisis. Sin embargo, le guste o no, vascos y gallegos están llamados a votar en medio de un clima de desprestigio galopante de la política y de los políticos cuando más necesaria es ella  y lo son ellos. Por eso, por respeto a dos pueblos con la historia y la pasión de una identidad propia, de lengua y culturas propias, debería Madrid respetar los procesos electorales que se van a vivir en estas dos comunidades sea cual sea el resultado de los mismos, porque de lo contrario el mínimo rédito que le queda al Estado español entre muchos ciudadanos vascos y gallegos como garante de derechos y libertades, desaparecerá por completo. Tiene Madrid probablemente una de sus últimas oportunidades de demostrar que la apuesta por la convivencia democrática es su prioridad máxima sean quienes sean sus interlocutores y que el Estado se construye desde la compresión del diferente y el respeto de las ideas del adversario. Veremos quién sobrevive a este otoño electoral; se admiten apuestas.

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Al rescate de las Comunidades Autónomas: ¡motín a bordo!

Sabido es que resulta de lo más cómodo en situaciones de excepcional dificultad buscar un responsable para ponerlo en la picota y hacerle responsable de cuantos males nos invaden. La cultura hispánica lejana a la autorresponsabilidad y a la autocrítica, siempre encuentra justificaciones ajenas a sus problemas con tanta facilidad como pone en marcha juicios sociales inquisitoriales para buscar culpables que nos tranquilicen las conciencias. En esta crisis por la que tratamos de navegar hace ya casi un lustro, el relato oficial del drama que vivimos ha acudido a distintos malos de la película para explicar lo que no estaba sucediendo con una trágica frivolidad que ha impedido un análisis riguroso de las causas internas del crack de nuestra economía y de las reformas estructurales que son imprescindibles para salir de ésta. Primero fueron los vientos lejanos de Wall Street en exclusiva quiénes protagonizaron titulares de medios y declaraciones de políticos como si la globalización no fuera con nosotros. Después, los errores de un presidente del Gobierno que se empeñó en negar la gravedad de los hechos convirtió a Rodríguez Zapatero en el pim pam pum del colectivo. Su desaparición dejó paso a la omnipresente figura de la canciller alemana Angela Merkel como mala oficial, su intransigencia en flexibilizar las condiciones de ajuste que nos han impuesto la ha convertido en el blanco de las iras de la calle. Pero como siempre necesitamos culpables patrios, encontramos un mantra extraordinario, capaz de explicar sin titubeos el origen de todos nuestras desgracias: las Comunidades Autónomas. Una aberración de la transición democrática que nos ha convertido en 17 reinos de taifas repletos de corruptos que malgastan el dinero de los pobres españoles, vamos en una palabra, la cueva de Alí Babá y los 17 ladrones. Simple, simplicísimus, la mejor de las coartadas para volver a 1976, al glorioso régimen donde las diputaciones provinciales y los gobernadores civiles mantenían la ley y el orden, por cierto de un Estado, tan arruinado como el actual.

Como la memoria es frágil en un país que no quiere recordar habrá que echar la vista atrás para refrescar las ideas sobre cómo surgió el invento de las Comunidades Autónomas. Es evidente que como no se cansan de repetir los enemigos del modelo autonómico, España tenía un “problema” con Euskadi yCataluña – curiosa manera de afrontar el debate del encaje de realidades nacionales dentro del Estado – podía perfectamente, pues, haber optado por un régimen administrativo asimétrico o por la simetría total que representa el federal. Sin embargo, en un peculiar encaje de bolillos, las distintas fuerzas constitucionales – salvo el Partido Nacionalista Vasco que siempre se opuso al modelo aunque finalmente lo acató – entendieron que las Autonomías atemperaban mejor las tensiones territoriales del Estado español. Para ello se estableció en el texto constitucional de 1978 dos vías de acceso a las competencias autonómicas: la vía rápida para las históricas – dado que ejercieron autogobierno durante la Segunda República – las citadas Euskadi y Cataluña por el artículo 151 y el resto de las hasta entonces regiones y provincias, por el artículo 143 o la vía lenta. Un procedimiento que se vio alternado el 28 de febrero de 1980, en virtud del referéndum celebrado en Andalucía que consagró con un apabullante del 87% a favor del acceso de los andaluces a la vía rápida. A partir de este momento se puso en marcha un proceso de aceleración del Estado autonómico y de las transferencias de gestión de los asuntos básicos para la vida de los ciudadanos desde la administración central a las administraciones autonómicas. El “café para todos” como lo bautizó el ministro Clavero, enfrentado al presidente Adolfo Suárez, se puso en marcha y ha durado hasta la fecha. Pero sus detractores se olvidan que si estamos donde estamos se debe a la voluntad popular de casi tres millones de andaluces que libremente decidieron exigir a Madrid más autogobierno y más rápido. Cosas incómodas que tiene la democracia, ¡qué le vamos a hacer señores del antiguo régimen!

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Para cualquier planteamiento de reforma que se quiera plantear habrá que partir de dos condiciones inexcusables: primero, proponer un modelo alternativo al autonómico que se formule claramente, sin argucias de si es más caro o más barato, pues, lo que nos jugamos es un modelo de convivencia, no el tipo de asesor fiscal que escogemos; y en segundo lugar, que cualquier modificación debe ser aceptado por la voluntad popular, la de los ciudadanos de los distintos territorios que hoy componen este Estado plurinacional. Cada cual tiene un derecho inalienable recogido en la declaración de las Naciones Unidas a pertenecer a la entidad jurídica nacional o estatal que desee, si bien esta capacidad de autodeterminación al colisionar con el derecho de quienes en una misma comunidad tienen distinto deseo, debe articularse a través del consenso y la negociación. Es decir, que abrir el melón del modelo de Estado, en ningún caso puede encontrar la justificación fácil de culpabilizarlas del éxceso de déficit de la economía española, para cercenar derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Si abrimos el melón, si estamos de acuerdo en que el traje se nos ha quedado pequeño y viejo, nos hacemos uno nuevo con todas las consecuencias, incluido como no puede ser de otra forma el derecho a decidir libremente. Supongo que estas reflexiones ya no son tan del agrado de los medios y políticos que cada día con más fuerza y virulencia predican la imperiosa necesidad de reformar el Estado español. Si la única reforma posible es que el Estado sea más español, o lo logran por la fuerza o tendrá que refrendarlo territorio a territorio los distintos pueblos que componen el Estado.

Pero para centrar la realidad del supuesto problema de despilfarro que suponen las Comunidades Autónomas, debemos empezar por asumir que las Autonomías son más Estado que el Estado central, pues, gestionan más del 60% del gasto público, especialmente aquellos aspectos como la Sanidad o la Educación más sensibles y más cercanos del servicio público al ciudadano. El conjunto de las CC.AA. los 140.083 millones de euros, que equivale al 13,1% del PIB, mientras que la deuda pública total de España, cerró el año pasado en 734.962 millones de euros, lo que supone el 68,5% del PIB y, por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 35.420 millones de euros en 2011, el equivalente al 3,3% del PIB. Nos pongamos como nos pongamos, criminalicemos a quien queramos criminalizar, la realidad es que el fuerte incremento de la deuda pública en el Estado se ha debido a las cuantiosísimas ayudas que se vienen prestando a la banca desde el inicio de la crisis y a los pagos por prestaciones al desempleo, que afecta a más cinco millones y medio de parados. Son el pago por intereses de la deuda, unos 40.000 millones al año y la cobertura del paro, cerca de 50.000 millones al año, los capítulos que han tensionado hasta el extremo la prima de riesgo española en los últimos años.

Pretender el cambio de un modelo porque en estos 30 años de su funcionamiento se han producido malas praxis es algo así como dejar de conducir porque puedes tener un accidente. De lo que ha adolecido el modelo autonómico es de autorresponsabilidad fiscal, unos entes gestores de gastos fundamentales y con tienen capacidad de generar ingresos, son por naturaleza irresponsables. De ahí que convenga en estos momentos analizar dónde se identifican territorialmente los principales problemas de endeudamiento y déficit autonómico. De otra forma pagarán justos por pecadores. Cuatro son las comunidades con un endeudamiento por encima del 15% de su PIB: Cataluña 41.778 millones de euros, 20,7%; Valencia, 20.762 millones de euros, 20,7%; Castilla-La Mancha, 6.587 millones de euros, 18,8%; y Baleares 4.432 millones de euros, 16,3%. Ellas cuatro solas alcanzan el 50% del total de la deuda autonómica. Les  siguen seis comunidades con ratios de deuda similares a los del Estado, entre el 15% y el 10%: Navarra (12,9%), Galicia (12,3%), Rioja (11,2%), Extremadura (10,9%),Aragón (10,2%) y Murcia (10,1%). Mientras que sólo 7 comunidades registraron al cierre del 2011 niveles de deuda por debajo del 10% de su PIB: Andalucía (9,8%),Castilla y León (9,4%), Cantabria (9,3%), Asturias (9,1%), Canarias (8,8%), País Vasco (8,1%) y Madrid (7,9%). La insuficiencia financiera de quien gestiona y no recibe recursos, unido a la mala gestión imputable a determinados gobiernos autonómicos que si se quieren leer las cifras de evolución de la deuda tienen nombre y apellidos, explica el incremento del endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

Así las cosas, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han anunciado su intención de acudir al mecanismo de financiación puesto en marcha por el Gobierno central para facilitar los pagos por parte de las Comunidades Autónomas, una suerte de rescate autonómico aunque como en el caso de la intervención de España queramos jugar a laberintos semánticos para correr una cortina de humo sobre la realidad. El problema es que el fondo que se ha instrumentado es claramente insuficiente para dar cabida a los 140.000 millones que anualmente generamos de deuda y sus consiguientes intereses. Cataluña es la punta del iceberg del problema y su incapacidad para realizar pagos tan imprescindibles como las nóminas de los médicos de los hospitales está a la vuelta de la esquina. El president de la Generalitat Artur Mas ha advertido de la circunstancia y apela a un pacto fiscal con el Estado para poner fin a un largo período de insuficiencia financiera por parte de Cataluña, que se siente maltratada en el reparto de transferencias. De  no producirse este nuevo consenso la administración catalana será incapaz de hacer frente a sus obligaciones y podría ser intervenida, una situación que como el propio dirigente nacionalista ha indicado, abocaría a unas elecciones para que el pueblo catalán decidiera el camino a seguir. Detrás podrían venir cualquiera del resto de las Comunidades Autónomas, pues, la mayoría de ellas han reformado sus estatutos para poder celebrar elecciones dentro del período cuatrianual de mandato. Estamos ante la necesidad de un replanteamiento general del modelo de Estado, más en su formulación de responsabilidad fiscal que de otra índole, pero en todo caso ante la obligación de un nuevo pacto de Estado. De no abordarse o de hacerlo con meras pretensiones recentralizadoras colándolas de rondón con el pretexto de la crisis, podemos vernos sumidos en un auténtico motín a bordo.

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De cómo la abstención avanza silenciosamente sin que nadie quiera escucharla

Las elecciones en Andalucía y Asturias del pasado domingo han remarcado la tendencia de caída de participación e incremento de las abstención registrada en los últimos años en el Estado español. En Andalucía votó el 62,23% del electorado, cerca de diez puntos menos que en las elecciones autonómicas de 2008, mientras que en Asturias solo lo hizo el 55.92%, nada menos que once puntos menos que en los comicios anteriores. Exceptuando las grandes batallas electorales que suponen las elecciones generales, de las que sale el presidente del gobierno electo y que moviliza a todos los grandes medios de comunicación en torno al debate PSOE / PP, el resto de citas electorales se está deslizando hacia abstenciones en la banda del 40% al 50%, convirtiéndose en la opción mayoritaria de los ciudadanos. En la última década, de manera muy especial en los últimos cinco años, cerca de un 15% más de la población con derecho a voto se ha desenganchado del sistema hasta tal punto que se queda en casa el día de la gran liturgia de la democracia. Un fenómeno silenciado por los grandes partidos políticos, que evalúan los resultados electorales con una breve declaración retórica sobre la escasa participación, pero sin aludir a las motivaciones que provocan este desapego de la gente hacia la política. El disputado voto del abstencionista ha dejado paso a la disputa por el cada día más disminuido voto de los convencidos, en una suerte de batalla por el hooliganismo que cristaliza los votantes propios en eso que llaman los expertos politólogos, suelos electorales de los partidos.

La abstención, término que deriva de la voz latina abstentio, es un no hacer o no obrar, lo en esencia normalmente no produce efecto jurídico alguno. En democracia la abstención puede suponer la existencia de corrientes políticas que no se integran en el juego político normal, aunque con carácter general suele responde a impulsos o motivaciones individuales plenamente respetadas y asumidas incluso cuando sobrepasan determinados límites porcentuales. Ante ese fenómeno nos encontramos, el de la apatía ciudadana. Una población crecientemente desencantada del sistema, que no detecta liderazgos atractivos y opta por darle la espalda a la política. El resultado es una mezcla de desobediencia cívica y de concreción de insatisfacción política. En el caso del Estado español, varía sustancialmente los grados de abstención en función del tipo de cita electoral de la que hablemos. En las elecciones generales, al Congreso la media de abstención es del 26%, mientras que al Senado es del 38%, en las municipales y autonómicas del 34%, en las europeas del 45% y en referéndums del 40%. Son, pues, curiosamente, las elecciones más cercanas y las más alejadas o supranacionales, las que registran una menor participación. Pero si miramos las Comunidades con mayor nivel de identidad nacional como es el caso de Euskadi o Catalunya, las participaciones se acercan a los niveles de las elecciones generales. Por tanto, parece evidente que la movilización electoral tiene mucho que ver con el grado de pertenencia que el ciudadano tiene a su comunidad, lo que aporta valores al voto, no puramente racionales, sino más basados en sentimientos y pasiones identitarias/ideológicas.

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Si echamos una mirada a nuestros entornos democráticos, tanto en un espacio maduro en este sentido como lo es el de Europa o en uno más joven y en aún en proceso de consolidación como lo es el latinoamericano, sobre los datos que arrojan las elecciones de la última década, los resultados son los siguientes:

Estados con una abstención entre el 100% y el 80%: En Europa, Mónaco; en América Latina, ninguno. Abstención entre el 60% y el 80%: en Europa, Andorra y Suiza; en América Latina, Colombia y Guatemala. Abstención entre el 40% y el 60%: en Europa, Lituania, Polonia, Estonia, Francia, Luxemburgo, Moldavia y Letonia; en América Latina, Venezuela, República Dominicana, Jamaica y México. Abstención entre el 40% y el 20%: en Europa, Hungría, Macedonia, Reino Unido, Ucrania, Irlanda, Finlandia, Rumanía, Eslovenia, Liechtenstein, Portugal, Alemania, Bulgaria, Holanda, Austria, Noruega, República Checa, Chipre y España; en América Latina, El Salvador, Bolivia, Honduras, Surinam, Guyana, Costa Rica, Belize, Chile, Panamá, Nicaragua y Brasil. Y abstención entre el 0% y el 20%: en Europa, Suecia, Eslovaquia, Dinamarca, Bélgica, Grecia, Italia, Islandia, San Marino y Malta; y en América Latina, Ecuador, Argentina y Uruguay (en esta última escala existe en estos Estados algún tipo de obligación de voto).

Acercando más el foco a la Unión Europea y sus grandes democracias, todas ellas han ido incrementando sus niveles de abstención desde la década de los setenta en un promedio que oscila entre un 10% y un 20% más, unas cifras alarmantes que alcanzan sus máximos en las elecciones al Parlamento Europeo, que en la mayoría de estos Estados apenas alcanzan el 50% de la participación. El desapego a la política común y a las instituciones europeas es altísimo, eso sí prácticamente desde su creación.

Sin ánimo de convertir este post en una retahíla de datos, si resulta de interés observar el comportamiento ciudadano ante el voto, según las edades y el género. Así, la participación electoral en Europa de los jóvenes entre 18 y 30 años nos aporta datos bastante homogéneos aunque con diferencias. En general, votan mucho menos que sus mayores, pero mientras que en el Reino Unido, votan mucho menos (un 39% más), en España la diferencia se modera (un 25% menos) y en Italia, sin embargo, no existe prácticamente diferencia (un 0,2% menos). El comportamiento cívico democrático es evidente que madura con la edad porque a medida que nos hacemos mayores el nivel de participación electoral se incrementa, pasando la abstención de los jóvenes entorno a un 45%, entre los 30 y 40 años baja a un 37%, de 40 a 50 años ronda el 32% de abstención, de 50 a 60 años un 26%, de los 60 a 70 años, solo de un 20% y entre los mayores de 70 años, un 15% de media de abstención. Y respecto a la influencia del género en las ganas de votar, digamos que históricamente y hasta hoy, las mujeres votan más que los hombre europeos, en una media superior de participación de un 5% para las féminas.

Podemos preguntarnos quién es el beneficiario del incremento de la abstención en las elecciones. Desde luego, vista la reacción de los políticos, lo que si podemos afirmar sin ánimo de equivocarnos es que los abstencionistas no obtienen beneficio alguno de su actitud. Hasta ahora siempre habíamos pensado que eran los grandes partidos, los que mejor tajada sacaban de la abstención en detrimento de las minorías parlamentarias. Eso sí, repartiéndose la suerte entre ellos, unas veces la desmovilización ha favorecido a uno y otras al contrario, en función de la capacidad de tener a sus adeptos apasionados por derrotar al enemigo en el acto de votar. Sin embargo, la evolución reciente está demostrando que las minorías más radicales, ultraderecha, ultraizquieda o ultranacionalistas, según los Estados, son los mayores beneficiarios del fenómeno abstencionista europeo. Y eso se produce por su capacidad de alentar movimientos de rechazo al sistema, que generan corrientes de simpatías de fuerte militancia. Estos llamados neopopulismos, que no pretenden cambiar la sociedad, sino condicionar las decisiones desde sus posiciones de minoría, se están convirtiendo en la llave de la gobernabilidad en muchos Estados o comunidades, en gran medida gracias a la fuerte abstención registrada en un comicio tras otro.

Si queremos salvar el modelo de Estado del bienestar igualitario, equitativo y universal que los europeos con más o menos antigüedad hemos ido construyendo, debemos ser conscientes de la necesidad de combatir el abstencionismo que paulatinamente está minando la credibilidad de nuestras democracias. A la abstención como desapego del sistema, se le hace frente a través de la democratización efectiva de los partidos políticos, otorgando sentido efectivo y no meramente ritual al acto electoral, estableciendo un sistema de apertura de listas o al menos la eliminación de las cerradas y bloqueadas y, en definitiva, mediante una profundización efectiva en la democracia y, sobre todo, recuperando el prestigio de la institución representativa por excelencia, el Parlamento, privado progresivamente de poderes efectivos. Una nueva forma de hacer política que cambie la máxima déspotica del “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, por la necesaria aceptación de la norma básica de la democracia del principio de la soberanía popular. Modernas formas de participación en la vida pública y en las decisiones que nos afectan día a día, requieren nuevas mentalidades y culturas políticas. Un objetivo que se viene demandando machaconamente desde instancias sociológicas, pero que a las que los líderes y dirigentes políticos han hecho oídos sordos.

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Déficit público, las verdades del fraude y la falacia de culpar a las Comunidades Autónomas

El Eurogrupo, el particular club de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, no tomará decisión alguna sobre los límites impuestos al déficit público español hasta mayo. La flexibilidad para con la economía española queda en stand by, pendiente de que el Gobierno presente los presupuestos y se revise el programa de estabilidad. Asimismo, el borrador del Eurogrupo precisa que la consolidación fiscal «debe ser diferenciada» según «las condiciones de los Estados miembros». En apariencia deja abierta la posibilidad de tener en cuenta las muy especiales circunstancias de desempleo y recesión que vive la economía española. Pero según se producía tal declaración comprensiva, en el Consejo Europeo se les recordaba a los países sujetos a un programa de asistencia o sometidos al escrutinio de los mercados que se ciñan a los objetivos acordados. Una de cal y otra de arena, una pasito hacia adelante y un pasito hacia atrás. Y en paralelo, la canciller Angela Merkel redundaba en su monótono discurso de severos ajustes se oponía claramente a suavizar la política de recortes para hacer del crecimiento una prioridad.

Estamos ante un tema crucial para España pero, por supuesto, para el equilibrio futuro de la zona euro. Europa no puede permitirse el lujo de que una de las economías principales por PIB y por habitantes de la Unión se vea sometida a un absoluto colapso. Ese debería ser el primer argumento para la reflexión de los jefes de gobierno cuando tengan que decidir sobre las cuentas del Estado español. Repasemos, no obstante, los datos para tratar de comprender las posibilidades reales que España tiene de reducción de déficit en el 2012. El gobierno afloró la cifra del 8,51%, es decir, 91.344 millones de euros y culpó del desfase respecto al objetivo inicial del 6% a las Comunidades Autónomas. Una falacia inadmisible, pues, son ellas los centros de gestión de gasto más importante en el Estado. En una palabra, solo con la gestión de la Educación y la Sanidad deben financiar el 15% del total del gasto del Estado, con lo que es evidente que si producen desfases presupuestarios, siempre serán las culpables de los mismos, ya que el Estado central ha transferido tal responsabilidad. Pensar que el Estado gestionaría mejor estas altas responsabilidades de servicios y derechos sociales básicos, es cuanto menos insconstitucional, además de un absurdo apriorismo. La descentralización y la autonomía ha demostrado en más de 30 años de gestión una mayor eficacia que el modelo burocratizado de la verticalidad alejada de los ciudadanos.

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La explicación para tamaña mentira que pretende responsabilizar a las Comunidades Autónomas de todos los males del Estado español no puede ser otro que el intento de proceder a un proceso recentralizador encubierto en una hipotética mayor eficacia en la administración. Un planteamiento ideológico de quienes nunca han creído en un modelo de autogobierno y mucho menos de la realidad plurinacional que representan Catalunya, Euskadi o Galicia. Pero la realidad tozuda, además de estar representada por millones de electores que en una y otra cita electoral dejan claro su opinión votando opciones nacionalistas, nos dice que la descentralización ha producido grandes beneficios de modernización. Distinto es el imprescindible debate sobre la responsabilidad fiscal y de la exigencia del correcto gobierno de las cuentas públicas en cualquier ámbito sea municipal, autonómica o estatal. Si unas Comunidades Autónomas han contribuido en el saldo neto de relación con el resto del Estado y otras han salido beneficiadas, habría sido lógico exigir cuentas del uso de dicha solidaridad interterritorial. No deberíamos seguir admitiendo que algunas Comunidades se declaren pobres por naturaleza sin más y que, por tanto, ni cuantiosas ayudas europeas, ni ayudas estatales para su desarrollo hayan servido para que sigan perdiendo habitantes. Algo habrán hecho mal sus gobernantes y alguna responsabilidad debe exigirles el Estado.

En todo caso, si Bruselas es intransigente con las cuentas públicas españolas, el gobierno de Mariano Rajoy se verá obligado a reducir 44.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado del 2012. Un cifra tremenda en un plazo mínimo, que difícilmente puede cuadrar. Si tenemos en cuenta que los recortes efectuados por el gobierno de Rodríguez Zapatero, congelando pensiones y reduciendo sueldos de funcionarios alcanzó los 10.000 millones de euros. El nuevo Ejecutivo le pegó un tijeretazo de entrada de 8.900 millones de euros, fundamentalmente mediante la subida de impuestos, cuatro puntos de media en el IRPF. Ambos recortazos no alcanzan el 50% de lo que ahora debería acometerse, cuando además el escenario macroeconómico apunta a una clara recesión en todo el año con lo que el presupuesto de ingresos se verá afectado a la baja. La ecuación pues solo puede cuadrar subiendo más impuestos y reduciendo más los gastos. En el primer capítulo el IVA parece llamado a cobrar de nuevo protagonismo ya que el 18% sigue siendo un porcentaje por debajo de la media europea. Dos punto más, es decir, situarlo en el 20% con los actuales niveles de consumo podrían suponer un aumento de los ingresos de unos 7.000 millones de euros. Y en otro orden de figuras tributarias, quedaría la posibilidad de incrementar impuestos especiales – tabaco y carburantes – a lo sumo por valor de 3.000 millones de euros y el amplio repertorio de tasas por uso de infraestruras y municipales, lo que podría sumar otros 4.000 millones de euros.

El total de lo que vía contributiva podría recaudarse alcanzaría como máximo unos 20.000 millones de euros. El resto deberá proceder del recorte de las partidas de gasto, dado que la venta de activos del Estado , las últimas joyas de la corona – Aena, Puertos o Loterías – en las actuales circunstancias del mercado serían una ruina. Y puesto a meter la tijera en el gasto por enésima vez, me temo que solo quedan por acometer dos partidas fundamentales, tanto como los derechos que amparan: la educación y la sanidad. En el primer caso, por la composición del propio gasto muy relacionado con el personal docente, resulta difícil de recortar salvo en contratados y como mucho supondría ahorrarse unos 4.000 millones de euros. Por contra, en sanidad todo depende del nivel de los servicios a los que se quiera dar cobertura o lo que es lo mismo, que prestaciones se cubre gratuitamente y que despliegue de recursos requiere. Con eso ya ha amagado el gobierno, primero el propio presidente Rajoy en su discurso de investidura cuando anunció una ley de servicios básicos y muy recientemente su ministra de Sanidad, Ana Mato, en la reunión con todos los consejeros autonómicos cuando estableció la creación de una comisión al efecto. En este tema nos jugamos nada menos que la calidad asistencial y, en el fondo, la calidad de nuestra salud. Recortar entre 15.000 y 20.000 millones en sanidad si no se hace con criterios técnicos y de excelencia en la gestión puede suponer un irreversible empobrecimiento del sistema de salud que tenemos y que, hoy por hoy, se encuentra entre los mejores de Europa y, por tanto, mundial.

Claro que si el gobierno quiere coger el toro por los cuernos de verdad siempre le quedaría la opción de aplicar la tasa por transacciones de capital, gravar vehículos financieros especulativos como las Sicav y, sobre todo, de poner en marcha un auténtico plan de lucha contra el fraude fiscal. El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español, según el análisis realizado sobre el fraude por la consultora i2 Integrity. Los propios inspectores de hacienda llevan años clamando por la pérdida de ingresos del Estado que se pierden en actividades fiscalmente opacas y economía sumergida como si nuestro Estado fuera un queso gruyere. ¿Podemos soportar tales cifras sin hacer nada y por contra asumir sin rubor el desmontaje de nuestra cobertura sanitaria? ¿Podemos exigir a nuestros socios europeos que nos flexibilicen sus criterios de ajuste presupuestario si permitimos tales niveles de corrupción social? El principal problema de nuestras cuentas, públicas y privadas, porque la banca adolece del mismo mal, no es otro que la falta de credibilidad. No se creen nuestros presupuestos, ni nuestros balances. O somos capaces de demostrarles que no mentimos o desterramos la mentira de nuestro vocabulario comunitario o Europa será inflexible con España como lo ha sido con Grecia o lo puede ser con Italia. Esta vez la verdad tiene claramente premio.

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