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Algunas alertas de fraudes en las elecciones europeas

La mentira siempre es un mal negocio, sobre todo, porque su durabilidad es escasa. El tiempo siempre pone a cada uno en su sitio y la realidad de las cosas acaba imponiéndose. Pero si hay algo que puede resultar ridículo es el autoengaño, hacerse trampas en el solitario es una de las expresiones más patéticas del ser humano. Pues eso es lo que algunos dirigentes europeos están haciendo desde el 25 de mayo, desde que descubrieron que los resultados de la noche electoral de los comicios europeos, no les ayudaban a componer su particular solitario. Entonces empezaron una especie de ejercicio de simulación basado en la negación de todo aquello que puede alterar sus planes aunque ello signifique una verdadero fraude de lo expresado en la urnas. Y no han sido pocos los tentados en esta suerte de ejercicio de ciencia ficción, empezando por la canciller Ángela Merkel, pasando por los dos grandes partidos europeos, el popular y el socialista, otros de mucho menos volumen como UPyD o Ciudadanosy terminando por la propia Monarquía parlamentaria española urgida a una sucesión express en la Corona. Y ese análisis que por cercano resulta más fácil en casa propia es bastante extrapolable a muchos de los Estados de la Unión. Resumen del resumen, Europa acentúa su principal problema, la dicotomía entre la Europa real y la Europa oficial.

Empecemos por el más flagrante caso de intento de fraude electoral. El Tratado de Lisboa, pese a lo que los jefes de Gobierno tratan ahora de filtrar a la opinión pública, deja pocas dudas sobre el procedimiento de elección del próximo presidente de la Comisión Europea. Así lo decidieron ellos cuando urgidos por el no francés a la Constitución europea les puso al borde del precipicio del proyecto común. El presidente de la Comisión lo propone el Consejo Europeo – ellos . pero lo aprueba el Parlamento Europeo. De ahí que por lógica, la misma que ahora quieren negar, que los grupos políticos con opciones de conformar mayorías nominaran previamente a sus candidatos para que los electores europeos pudiéramos decidir sobre el personaje idóneo para capitanear la nave ejecutiva de la UE. Junker, Schulz, Verhofstadt, Keller o Tsipras se presentaron ante los europeos con su idea de Europa, dando la cara en debates y mítines, haciendo campaña para lograr el voto como candidatos a presidir la Comisión. Los jefes de Gobierno lo avalaron, pues, unos y otros son líderes de sus respectivos partidos en sus Estados. Merkel en la CDU o Rajoy en el PP, dieron su apoyo a Junker en la cumbre del Partido Popular Europeo en la cumbre de Dublín. Por ello, es bochornoso espectáculo ofrecido por la canciller germana titubeando su apoyo al candidato del centro derecha europeo, solo puede calificarse de fraude a los electores. Resulta tan obvio que lo único que está haciendo Merkel es poner trabas a reforzar los poderes del Parlamento Europeo y, por ende, de la Comisión para seguir controlando a su antojo un todopoderoso Consejo, que hasta el propio Junker, nada peligroso revolucionario, ha clamado públicamente por la falta de decoro de la situación vivida. Poniendo un pelele al frente de la Comisión, saltándose la voluntad de los ciudadanos y hurtando la decisión al Parlamento o sometiéndole a la verticalidad de la decisión de los partidos nacionales, Merkel logra un doble objetivo: reeditar las dúctiles comisiones Barroso y convencer a todos los europeos de que el Parlamento no sirve para nada y que el poder lo tiene ella y su país. Tontos no somos y eso, repito. es un fraude.

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Ante esta situación los dos grandes bloques políticos en la eurocámara, populares y socialistas, andan reuniéndose por los pasillos a escondidas tratando de buscar soluciones. A hurtadillas sin los focos de los medios de comunicación y mucho menos sin el rigor del debate de la luz y los taquígrafos, tratan de cambiar cromos suficientes para dar la apariencia de un elección a lo que es una componenda para dejar tranquilos a los jefes de Gobierno y especialmente a una de ellos. La izquierda y la derecha centrada europea parece no haberse enterado del tsunami que le ha rodeado en estas elecciones. Parece no querer entender el clamor de llamada de atención que supone el crecimiento del populismo ultra en Francia, la eurofobia recalcitrante en el Reino Unido o la irrupción inesperada de Podemos en España. En vez de coger su granero de votos y tratar de conformar mayorías con otras fuerzas minoritarias, lo que supondría aceptar parte de sus programas, que es lo democráticamente correcto, para después presentar el candidato a presidente de la Comisión y que éste defendiera ante los 751 eurodiputados su programa de Gobierno, lo previsible es que monten una “grossen coalitionen” de la que gustan a Merkel con todo atado y bien atado para que nada pueda cambiar. Se repartirán los cargos entre Junker y Schulz y todos contentos, pero no creo que aquellos votantes que creyeron en uno o en otro, en sus planteamientos de construir una nueva Europa se sientan agradecidos por este ejercicio de birlibirloque, por el cual, lo que ayer era rojo hoy es azul y lo que fue azul es ya rojo. Fraude y más fraude.

A menor escala, pero en la mayoría de las fuerzas minoritarias nacionales que no están integradas en grandes coaliciones europeas, se ha producido un esperpéntico cambio de papeles para lograr encajarse en los grupos parlamentarios de la eurocámara. Probablemente casi ningún votante sabía del sistema de funcionamiento de los grupos políticos en el parlamento de Estrasburgo/Bruselas. No formar parte de un grupo parlamentario supone pasar a los no inscritos, que algo así como el limbo de los parias, sin derecho a prácticamente nada. Pasar cinco años en blanco, sin pena ni gloria, salvo la honra gloriosa de una foto en la tribuna con una camiseta de protesta por cualquier tema originalmente marginal. Eso y no participar en las comisiones con lo que supone de suculentos ingresos personales y para el partido. De ahí que a la carrera se hayan conformado los grupos de cara a la sesión constitutiva del próximo 1 de julio. Si damos un repaso a los partidos que concurrieron en el Estado español y dónde han aposentado sus escaños, nos llevamos sorpresas incluso desagradables para muchos de sus votantes. Del PP y el PSOE poco que decir, pues, tienen sus grupos popular europeo y socialistas y demócratas.Convergencia y el PNV desde hace varias legislaturas, concretamente desde queAznar logró que les dieran puerta en el grupo popular, han encontrado acomodo entre los liberales – ALDE -, lo cual no puede sorprender a sus votantes, pues, así lo manifestaron y movieron a su candidato, el belga Guy Verhofstadt por sus caladeros de votos. Podemos se ha integrado en el grupo de la Izquierda Europea, donde confluye con Izquierda Unida, su teórica competencia, por lo que los votantes de ambas formaciones tendrán una voz idéntica en la cámara. Pero los que rayan el surrealismo son UPyD y Ciudadanos, formaciones que van a integrarse en el grupo de los liberales compartiendo asiento con Convergencia y PNV, enemigos acérrimos en España. Y para más inri, ALDE les ha obligado para ingresar reconocer el derecho a decidir de las naciones europeas sin Estado. Algo que niegan con contundencia y griterío en el Congreso de los Diputados o el Parlament de Cataluña, sus líderes Rosa Díez y Albert Rivera. Inexplicable fraude.

Pero el tsunami desbocado en fraude no solo ha afectado a dirigentes y formaciones políticas, también ha afectado por contagio a las más altas instituciones. La apresurada abdicación del Rey, consiguiente coronación deFelipe VI y aforamiento del rey abdicado, supone un ejercicio de precipitación desmedida solo explicable por el temor a las consecuencias de las elecciones del 25 de mayo. Vale que hace 40 años cuando Juan Carlos I fue coronado por designación de las Cortes franquistas no era momento de someter a referéndum su entronización y vale que la Constitución de 1978 le daba cierta legitimidad, aunque habrá que recordar que se votaba un todo y no las partes, por lo que el Sí se dio a la fundamental que no otra cosa, pero de vital transcendencia como las libertades y la democracia en España. De medio tapadillo se aceptó la Monarquía como forma de Jefatura del Estado. Pero pasadas tres décadas, en pleno siglo XXI, lo mínimo es que los españoles pudieran ser consultados y expresar su opinión al respecto. La mayoría de edad de aquella democracia naciente debiera permitirnos hoy pasar por las urnas cualquier aspecto de nuestra convivencia y no ser gobernados por instituciones que viven en el permanente miedo a lo que opinemos como si de niños se tratara que pudieran equivocarse. Estamos ante un fraude de legitimidad del nuevo monarca, que no de legalidad por supuesto. El problema es que cuando las urnas se sigan manifestando en tantos otros aspectos y pueda consolidarse una mayoría republicana, será ya innecesario el referéndum. Si así ocurre se optará por el cambio de modelo de Estado.

Permitid una última reflexión. Si la era de Internet ya supera los 20 años, si sus fases de desarrollo hasta las actuales aplicativas con soportes de telecomunicaciones cada día más cercanos y accesibles avanza a velocidad ilimitada en nuestras sociedades, si el acceso a la información es cada vez más universal, en suma, si la última revolución tecnológica que hemos vivido está plenamente implantada, es absurdo pensar que ello no va a conllevar revoluciones sociales y cambios de estructuras de poder. La historia de las civilizaciones se escribe con los cambios tecnológicos como motor fundamental. Ello cambia la forma de vida del ser humano. La observación de esos fenómenos desde una articulación filosófica compone el pensamiento de cada era. La plasmación estética del cambio social en forma de arte, es decir, los distintos movimientos artísticos, son siempre la antesala del liderazgo político de la nueva era. Analizar dónde nos encontramos en estos momentos, pero os aseguro que estamos más cerca de esto último que de los albores del uso de la Red en los años 90. La vieja aristocracia volverá a dejar paso a una nueva burguesía ocupará el espacio. O tal vez hoy, en esta simulación de modelos que vivimos de comunismo capitalista, todo parezca que es de todos, pero lo único cierto es que el cambio está ya aquí y nada ni nadie quedará al margen de él. La foto de hace 5 años de líderes o lideresas, tendrá nuevos rostros en breve, en menos plazo del que muchos piensan. Póngase guapos los llamados al nuevo retrato y traten de poner a buen recaudo sus cuellos los que salen del viejo lienzo.

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Cataluña o la dificultad de surfear un tsunami

Algunos se empeñaron en presentar la elecciones anticipadas en Cataluña como una especie de prereferéndum del referéndum sobre el derecho a decidir de los catalanes. Demasiado rebuscado para una sociedad que está harta de que la utilicen políticamente para intereses particulares muy alejados de los problemas cotidianos de los comunes mortales. Pero el caso es que el órdago montado entorno a la manifestación de la Diada del pasado septiembre provocó un tsunami social de imprevisibles consecuencias que ha derivado en un enloquecido mapa político a la vuelta de los comicios. Siete fuerzas políticas en un Parlament mucho más fragmentado que el saliente de las elecciones de 2010, donde resulta difícil realizar análisis certeros de lo que la sociedad catalana demanda de sus políticos y mucho más complejo aún extraer conclusiones del camino a seguir por unos y otros partidos. Está claro que eso de subirse a la ola en el momento en que ésta te permite surfearla y llegar en pie a las arenas de la playa, en política no es tan fácil como alguno quiso creer. Supongo que Mas de uno estará pensando que la improvisación no es buena consejera cuando lo que se le está planteando a un pueblo es su independencia mientras tiene serias dificultades para llegar a fin de meses y los servicios sociales básicos, léase educación o sanidad, ven en riesgo su viabilidad a base de recortes.

Todo adelanto electoral, se quiera o no, es una crónica de un fracaso porque el mandato de los electores es conformar mayorías que hagan posible la gobernabilidad el tiempo para el que han sido elegidos. Este es el primero de los errores cometidos por el president Mas cuando convocó los comicios a mitad de legislatura, sin aparentes motivos capaces de ser comprendidos por la ciudadanía. La necesidad de un pacto fiscal que garantice la financiación de Cataluña en el Estado español no era argumento suficiente, toda vez queConvergencia i Unió había logrado la aprobación de sus presupuestos en Cataluña con los votos del Partido Popular y, además, en los 30 años de democracia esa reivindicación ha sido una y otra vez aparcada por CiU a cambio de mejoras en la cuantía de la financiación desde Madrid. Se trataba, pues, de encontrar objetivos de más amplio calado capaces de movilizar a Cataluña hacia una mayoría absoluta de Artur Mas. La gran manifestación de la Diada convenció al president de la necesidad de un salto cualitativo en la oferta electoral nacionalista. La independencia ya no era solo un credo futurista de los convergentes sino que se convertía en el adn existencial. Liderar un proceso social que se creía mayoritario se convirtió en el centro de todas las miradas y en el escenario de todas las batallas. El plebiscito nacionalistas/constitucionalistas estaba servido y no era la primera vez que ocurría en el Estado español, pues, elPNV ya vivió similar circunstancia con el lehendakari Ibarretxe y su frustrado plan de asociación con España.

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Mas acudía a las urnas alentado por unas encuestas tan erróneas que su responsable ha dimitido al amanecer del día después de las elecciones, seguro de mejorar el resultado de 2010 que aunque no alcanzara la mayoría absoluta le permitiría gobernar otros cuatro años de manera holgada y formular la propuestas independentistas sin las prisas ni las presiones de Esquerra Republicana. La táctica se imponía a la estrategia y las necesidades eran más que las virtudes. Por medio una campaña durísima contra su persona con todo tipo de insultos y descréditos incluidas tremendas acusaciones en la cloaquera prensa madrileña de cuentas en Suiza y Liechtenstein de él, su familia y de la del ex president JordiPujol. A nadie debiera sorprenderle este tipo de juego sucio cuando lo que está hipotéticamente en juego es la escisión de una parte de un Estado. Que España defendería su posición inamovible de una, grande y libre para los que se sientan exclusivamente españoles es algo que tendría que haber tenido más que calculado CiU cuando tomo el decidido camino independentista. De otra forma, tal vez el problema es que ni estaba trazada adecuadamente la hoja de ruta, ni las consecuencias de su fracaso en algún punto y cuando alguien pisa el acelerador en una cuestión tan sensible no basta con tener plan B,, ni siquiera plan C.

Es difícil saber qué motivos han llevado a los catalanes a castigar a CiU y especialmente a Artur Mas tan severamente, pero yo me atrevo a apuntar cuatro cuestiones:

1.- La credibilidad de la oferta independentista de Mas y CiU era menor por ser la marca blanda nacionalista que la de ERC de siempre defensora de esta vía rápida. Por tanto, puestos a ser independientes muchos debieron pensar que apoyando a Esquerra lo serían más rápido.

2. Los tremendos recortes del govern de Mas en materias de amplio calado social pasan la misma factura que a todos los gobiernos que los han llevado a cabo y han pasado por las urnas. En otras palabras, la apuesta por la independencia no sirve de bálsamo milagroso para perder la memoria de los derechos atacados.

3.- El portazo dado con contundentes declaraciones de los miembros de la Comisión Europea, con su presidente Barroso al frente, a los afanes de Mas de ser Estado de la UE, han dejado en evidencia la falta de un trabajo previo clave ante las instituciones europeas al modo que lo han venido haciendo en los últimos años los mandatarios escoceses dirigidos por Alex Salmond. El temor a quedarse fuera, en tierra de nadie, también ha supuesto un duro revés para los intereses del president.

4.- La dura campaña de desprestigio ha podido calar por que en los entornos de CiU la corrupción ha estado presente en sucesivos y diversos casos de financiación ilegal y enriquecimiento personal ilícito en buena parte de su historia. Llovía sobre mojado y hacia falta poco que demostrar para que la siembra de rumores se convirtiera en una media verdad.

Sea como fuere, lo importante ahora es tratar de vislumbrar el incierto futuro que depara la política catalana. Hay que empezar por decir que con este resultado realmente no ha ganado nadie. Mal hace Madrid pensando que se ha frenado el afán independentista cuando según como quiera hacer uno los números pero en el menor de los casos el apoyo a la independencia de las fuerzas del nuevo Parlament superaría el 70%. Pírrica victoria creer que con esos ratios se ha frenado la voluntad popular que una y otra vez le está diciendo a España que quiere marcharse. La trampa permanente, unas veces recurriendo al Tribunal Constitucional para replantear un Estatut votado por los catalanes o al Congreso de los Diputados para dar portazo a cualquier propuesta de pacto fiscal, está totalmente agotada y de seguir en ese empeño lo único que está logrando el gobierno central es acelerar la suma de voluntades independentistas. Pero también hacen mal los más radicales nacionalistas catalanes en alardear de estos resultados. Deberían recordar que gobernaron durante ocho años en Cataluña en un govern tripartito presidido por el PSC – Partido de los Socialistas de Cataluña – y acompañados por ICV – Iniciativa per Catalunya y los Verdes – y la escasez de logros hacia la independencia fue manifiesta, así como su balance de gestión económica poco edificante.

Con un PSC en caída libre, con guerras internas y asolado por la corrupción, el único socio que le queda Artur Mas es ERC que seguro tratará de controlar el camino independentistas de CiU desde fuera del gobierno y que asumirá el liderazgo de la oposición catalana contra las políticas de ajuste que Mas pretende seguir llevando a cabo. Más que un amigo, pues, pueden convertirse de la noche al día en el peor enemigo. Claro que la otra opción todavía suena peor, ya que consistiría en acudir con el rabo entre las piernas a Moncloa para rogar al presidente Rajoy apoyo en el Parlament como ya sucediera en la legislatura anterior. El descrédito sería supino y Mas habría firmado su sentencia de muerte política. Por tanto, a Convergencia i Unió solo le queda la opción de aceptar el apoyo en la investidura de ERC y tratar de gobernar a duras penas, haciendo equilibrios que se antojan imposibles entre fuerzas antagónicas que pretenderán a cada paso debilitar al president Mas para provocar su definitiva caída. De fracasar el intento, mucho me temo que podríamos estar en la antesala de unas nuevas elecciones anticipadas en breve plazo con un candidato convergente nuevo como último recurso para tratar de salir del laberinto en que ellos mismos se han metido y han metido a Cataluña.

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Otoño electoral: Euskadi y Galicia a las urnas… ¿quién sobrevivirá?

La reciente historia de las contiendas electorales demuestra la capacidad que la crisis económica está teniendo para llevarse por delante líderes políticos. Prácticamente ninguno, si exceptuamos el sorprendente caso del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán – que aguantó in extremis y viéndose obligado a pactar gobierno con Izquierda Unida – han sido triturados por las urnas. Por ello cada vez es menor la tentación de utilizar el adelanto electoral como herramienta de cálculo político dados los riesgos que tienen los presidentes de encontrarse con la bofetada del cabreo ciudadano en forma de castigo en los resultados. Nadie se atreve a poner a prueba el hartazgo de la calle, de una sociedad confundida, asustada, e incluso irritada con una clase política a la que ya considera un problema y por la que no se siente representada. Así las cosas, los que se precipitan al abismo insondable de unas elecciones anticipadas es o porque no cuentan con suficientes apoyos en el arco parlamentario para su gestión o porque les obligan desde instancias superiores. Ambos casos han confluido repentinamente esta semana para provocar la convocatoria de elecciones en dos comunidades históricas – eufemismo con el que en España se denomina a realidades nacionales como lo son la vasca y la gallega – Euskadi yGalicia de manera solapada o, mejor dicho, bajo el efecto dominó. Ya que de no haber convocado primero el lehendakari Patxi López, muy probablemente el presidente Núñez Feijoó habría agotado su legislatura en marzo del año que viene.

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La primera reflexión que produce la doble convocatoria para el próximo 21 de octubre no puede ser otra que desde el gobierno central se pretende evitar la foto fija de la noche electoral de un resultado claramente favorable a los planteamientos soberanistas en el País Vasco. Las expectativas de que el Partido Popular gallego pueda revalidar una mayoría absoluta contribuirían a presentar una imagen más sosegada del trance de los comicios vascos. “España no se rompe”, podrían proclamar interna, pero sobre todo externamente los responsables del gobierno en una grave situación económica al que solo le falta para certificar la ruina del Estado la desintegración territorial en las nacionalidades históricas. Galicia constitucionalmente es una de esas nacionalidades con pedigrí por lo que una apuesta por la españolidad le serviría a Rajoy para quitar hierro ante sus colegas europeos a la deriva independentista de los resultados vascos. Sin embargo, mucho arriesga el presidente del Gobierno, que con casi total seguridad es el instigador del adelanto en Galicia o muy seguro tiene que estar de que en su tierra sabrán entender sus duras políticas de ajuste, pues, de caer derrotado Feijoó el doblete en la derrota podría abrir una crisis de impredecibles consecuencias. Supondría un revés total a la gestión del gobierno central prácticamente al año de su llegada a La Moncloa, en un momento de contestación sindical – los tambores de guerra ya llaman a una nueva huelga general y en el escenario de una más que previsible solicitud a la Unión Europea de un segundo rescate. En Galicia Rajoy se juega mucho, más que nunca, pero si le sale bien la jugada y jugando en casa gana, habrá disipado el calendario electoral sin ninguna cita hasta junio de 2013, que los europeos estamos llamado a votar el Parlamento que elegirá por vez primera al presidente de la Comisión, unos comicios que desgraciadamente son de menor relevancia en el cálculo político de los grandes partidos y que además siempre benefician al Partido Popular. Incluso aunque se produjera un castigo en las elecciones europeas se podría minimizar.

Sin duda, las elecciones que más preocupan a Rajoy son las vascas, más por su repercusión mediática que por la realidad de lo que cualquier resultado en ellas pueda producir. Haber alimentado el cuento del lobo de la independencia desde los medios de comunicación de Madrid, convierte cada comicio en Euskadi en una suerte de referéndum de autodeterminación del pueblo vasco. Y nada más lejos de los hechos. Durante treinta años los vascos han votado con mayor o menor grado de libertad, bajo la amenaza terrorista de ETA y con partidos injustificablemente ilegalizados, con las cartas marcadas por unos y otros, pero casi siempre los ciudadanos se han expresado igual, o al menos, una clara mayoría de su sociedad: contraria a la violencia de todo signo, a favor de la libre concurrencia de todas las opciones políticas, con fuertes tendencias nacionalistas y con un marcado carácter social en sus políticas. Poco cambian las cosas cada vez que los vascos hablan a través de las urnas, su electorado está bastante cristalizado. Esta vez van a votar sin la presión de la violencia, aunque absurdamente aún bajo la tutela ideológica de ETA, y con todas opciones para elegir. Eso no quiere decir que no Madrid y la izquierda abertzale no permitan perder el protagonismo del falso debate que siguen estableciendo sobre un proceso de paz que tiene en sus tempos y en la discrección de las decisiones, la clave del éxito.

Es más que previsible según indican las encuestas que sea el PNV– Partido Nacionalista Vasco y su candidato a lehendakari Iñigo Urkullu – el más votado y con más parlamentarios en estas elecciones. Como casi seguro que EH Bildu – la nueva marca de Batasuna y los restos de Eusko Alkartasuna y Aralar – vuelva por derecho propio a convertirse en notable actor de la vida política vasca. De la misma forma, casi nadie duda del castigo que recibirá en PSE – Partido Socialista de Euskadi – en la persona del lehendakari López a su pacto contra natura con el Partido Popular y a la pobre gestión de su gobierno que además ha tenido que hacer frente a la crisis económica. Y, por último, el PP vasco bastante tendrá con aguantar y no perder muchos parlamentarios en unas elecciones que seguro que le pasarán factura por las políticas de recortes y subida de impuestos efectuadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Con estas premisas y con la salvedad de que en una situación económica como la que vivimos y con la ola de vuelta a la legalidad de la Izquierda Abertzale que aún está presente, siempre pueden producirse sorpresas, lo lógico es que el PNV sea el encargado de gobernar la Comunidad Autónoma Vasca. Sin mayorías absolutas que son inviables en la cuadrícula PNV / Bildu PSE / PP que compone el mapa político vasco, el juego de las negociaciones se antoja complejo. Pero en cualquier escenario que se dibuje de gobernabilidad el único fijo es el PNV y el único además capaz de llegar a acuerdos con los otros protagonistas. Con Bildu en materias identitarias y reivindicativas soberanistas frente a Madrid, así como en materia de pacificación. Con el PSE en el troncal de sus políticas sociales y con el PP en la coordinación de las políticas económicas de ajuste para el cumplimiento de los límites de déficits impuestos por Bruselas en una comunidad que no recordemos que tiene capacidad recaudatoria y tres haciendas forales. Y de no ser producirse la sorpresa y si fuera EH Bildu la primera fuerza política en el parlamento de Vitoria, mal haría Madrid en dramatizar las consecuencias de lo que sería simplemente la libre elección del pueblo vasco, pues, a lo que tendría que dedicarse es sencillamente a gestionar la situación por ello creada y normalizar lo que los ciudadanos han decidido que sea normal.

En Galicia, aparentemente las cosas pintan como están, revalidando la mayoría absoluta el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, sobre todo, por la circunstancia en que pilla el adelanto a la oposición. El PSdG – Partido Socialista de Galicia – se enfrentaba en septiembre a un proceso de primarias promovido nada más y nada menos que por el ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE, José Blanco contra el secretario general gallego Pachi Vázquez. Con las espadas en alto, y sin tiempo para dirimir las diferencias internas, parece complicado que el candidato socialista cuenta con el apoyo y la unidad suficiente para lograr el vuelco electoral. El otro actor necesario para romper la mayoría absoluta popular, el Bloque Nacionalista Galego – BNG – acaba de vivir dos escisiones, la de uno de sus fundadores y figura emblemática, Xosé Manuel Beiras, con su Encontro Irmandiño y la más moderada opción galleguistaCxG – Compromiso por Galicia – surgida en el entorno del ex vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. Tanto una como otra tienen difícil, dado lo prematuro de la cita electoral, entrar en el Parlamento gallego, pero está por ver la fuerza que son capaces de restarle al BNG. El principal riesgo al que se enfrenta Feijoó es así mismo por su pobre gestión, cuyo mayor éxito es ser la comunidad autónoma con menor déficit público del Estado, fruto de su escasa aportación de grandes proyectos para Galicia y de la cómplice política de recortes con lo fijado desde Madrid por Rajoy. Y el segundo gran problema que le rodea como un fantasma de la santa compaña, es el índice de cabreo que la forma de gobernar de su colega Mariano Rajoy ha podido generarse entre los gallegos. Cierto es que el carácter gallego y lo dice uno que lo es, es poco propicio a los cambios hacia la nada y que la seguridad y la confianza son factores que siempre han tenido a favor los populares en Galicia, pero no es menos cierto que el voto urbano perdido por el Partido Socialista y en menor medida por los nacionalistas gallegos puede dar sorpresas en las provincias de A Coruña y Pontevedra – sobre todo en Vigo -.

En cualquier caso, lo cierto es que para Rajoy ninguna de las citas electorales no es plato de buen gusto teniendo en cuenta la dura agenda política a la que se enfrenta en su relación con Bruselas. Tiene prioridades de enorme calado y en las que se juega no solo su futuro político sino como será visto por la historia y por los españoles, en urnas de Euskadi y Galicia lo único que puede es llevarse sustos, pocas alegrías por grandes que fueran le servirían en su objetivo fundamental, que no es otro que sobrevivir políticamente a la crisis. Sin embargo, le guste o no, vascos y gallegos están llamados a votar en medio de un clima de desprestigio galopante de la política y de los políticos cuando más necesaria es ella  y lo son ellos. Por eso, por respeto a dos pueblos con la historia y la pasión de una identidad propia, de lengua y culturas propias, debería Madrid respetar los procesos electorales que se van a vivir en estas dos comunidades sea cual sea el resultado de los mismos, porque de lo contrario el mínimo rédito que le queda al Estado español entre muchos ciudadanos vascos y gallegos como garante de derechos y libertades, desaparecerá por completo. Tiene Madrid probablemente una de sus últimas oportunidades de demostrar que la apuesta por la convivencia democrática es su prioridad máxima sean quienes sean sus interlocutores y que el Estado se construye desde la compresión del diferente y el respeto de las ideas del adversario. Veremos quién sobrevive a este otoño electoral; se admiten apuestas.

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Al rescate de las Comunidades Autónomas: ¡motín a bordo!

Sabido es que resulta de lo más cómodo en situaciones de excepcional dificultad buscar un responsable para ponerlo en la picota y hacerle responsable de cuantos males nos invaden. La cultura hispánica lejana a la autorresponsabilidad y a la autocrítica, siempre encuentra justificaciones ajenas a sus problemas con tanta facilidad como pone en marcha juicios sociales inquisitoriales para buscar culpables que nos tranquilicen las conciencias. En esta crisis por la que tratamos de navegar hace ya casi un lustro, el relato oficial del drama que vivimos ha acudido a distintos malos de la película para explicar lo que no estaba sucediendo con una trágica frivolidad que ha impedido un análisis riguroso de las causas internas del crack de nuestra economía y de las reformas estructurales que son imprescindibles para salir de ésta. Primero fueron los vientos lejanos de Wall Street en exclusiva quiénes protagonizaron titulares de medios y declaraciones de políticos como si la globalización no fuera con nosotros. Después, los errores de un presidente del Gobierno que se empeñó en negar la gravedad de los hechos convirtió a Rodríguez Zapatero en el pim pam pum del colectivo. Su desaparición dejó paso a la omnipresente figura de la canciller alemana Angela Merkel como mala oficial, su intransigencia en flexibilizar las condiciones de ajuste que nos han impuesto la ha convertido en el blanco de las iras de la calle. Pero como siempre necesitamos culpables patrios, encontramos un mantra extraordinario, capaz de explicar sin titubeos el origen de todos nuestras desgracias: las Comunidades Autónomas. Una aberración de la transición democrática que nos ha convertido en 17 reinos de taifas repletos de corruptos que malgastan el dinero de los pobres españoles, vamos en una palabra, la cueva de Alí Babá y los 17 ladrones. Simple, simplicísimus, la mejor de las coartadas para volver a 1976, al glorioso régimen donde las diputaciones provinciales y los gobernadores civiles mantenían la ley y el orden, por cierto de un Estado, tan arruinado como el actual.

Como la memoria es frágil en un país que no quiere recordar habrá que echar la vista atrás para refrescar las ideas sobre cómo surgió el invento de las Comunidades Autónomas. Es evidente que como no se cansan de repetir los enemigos del modelo autonómico, España tenía un “problema” con Euskadi yCataluña – curiosa manera de afrontar el debate del encaje de realidades nacionales dentro del Estado – podía perfectamente, pues, haber optado por un régimen administrativo asimétrico o por la simetría total que representa el federal. Sin embargo, en un peculiar encaje de bolillos, las distintas fuerzas constitucionales – salvo el Partido Nacionalista Vasco que siempre se opuso al modelo aunque finalmente lo acató – entendieron que las Autonomías atemperaban mejor las tensiones territoriales del Estado español. Para ello se estableció en el texto constitucional de 1978 dos vías de acceso a las competencias autonómicas: la vía rápida para las históricas – dado que ejercieron autogobierno durante la Segunda República – las citadas Euskadi y Cataluña por el artículo 151 y el resto de las hasta entonces regiones y provincias, por el artículo 143 o la vía lenta. Un procedimiento que se vio alternado el 28 de febrero de 1980, en virtud del referéndum celebrado en Andalucía que consagró con un apabullante del 87% a favor del acceso de los andaluces a la vía rápida. A partir de este momento se puso en marcha un proceso de aceleración del Estado autonómico y de las transferencias de gestión de los asuntos básicos para la vida de los ciudadanos desde la administración central a las administraciones autonómicas. El “café para todos” como lo bautizó el ministro Clavero, enfrentado al presidente Adolfo Suárez, se puso en marcha y ha durado hasta la fecha. Pero sus detractores se olvidan que si estamos donde estamos se debe a la voluntad popular de casi tres millones de andaluces que libremente decidieron exigir a Madrid más autogobierno y más rápido. Cosas incómodas que tiene la democracia, ¡qué le vamos a hacer señores del antiguo régimen!

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Para cualquier planteamiento de reforma que se quiera plantear habrá que partir de dos condiciones inexcusables: primero, proponer un modelo alternativo al autonómico que se formule claramente, sin argucias de si es más caro o más barato, pues, lo que nos jugamos es un modelo de convivencia, no el tipo de asesor fiscal que escogemos; y en segundo lugar, que cualquier modificación debe ser aceptado por la voluntad popular, la de los ciudadanos de los distintos territorios que hoy componen este Estado plurinacional. Cada cual tiene un derecho inalienable recogido en la declaración de las Naciones Unidas a pertenecer a la entidad jurídica nacional o estatal que desee, si bien esta capacidad de autodeterminación al colisionar con el derecho de quienes en una misma comunidad tienen distinto deseo, debe articularse a través del consenso y la negociación. Es decir, que abrir el melón del modelo de Estado, en ningún caso puede encontrar la justificación fácil de culpabilizarlas del éxceso de déficit de la economía española, para cercenar derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Si abrimos el melón, si estamos de acuerdo en que el traje se nos ha quedado pequeño y viejo, nos hacemos uno nuevo con todas las consecuencias, incluido como no puede ser de otra forma el derecho a decidir libremente. Supongo que estas reflexiones ya no son tan del agrado de los medios y políticos que cada día con más fuerza y virulencia predican la imperiosa necesidad de reformar el Estado español. Si la única reforma posible es que el Estado sea más español, o lo logran por la fuerza o tendrá que refrendarlo territorio a territorio los distintos pueblos que componen el Estado.

Pero para centrar la realidad del supuesto problema de despilfarro que suponen las Comunidades Autónomas, debemos empezar por asumir que las Autonomías son más Estado que el Estado central, pues, gestionan más del 60% del gasto público, especialmente aquellos aspectos como la Sanidad o la Educación más sensibles y más cercanos del servicio público al ciudadano. El conjunto de las CC.AA. los 140.083 millones de euros, que equivale al 13,1% del PIB, mientras que la deuda pública total de España, cerró el año pasado en 734.962 millones de euros, lo que supone el 68,5% del PIB y, por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 35.420 millones de euros en 2011, el equivalente al 3,3% del PIB. Nos pongamos como nos pongamos, criminalicemos a quien queramos criminalizar, la realidad es que el fuerte incremento de la deuda pública en el Estado se ha debido a las cuantiosísimas ayudas que se vienen prestando a la banca desde el inicio de la crisis y a los pagos por prestaciones al desempleo, que afecta a más cinco millones y medio de parados. Son el pago por intereses de la deuda, unos 40.000 millones al año y la cobertura del paro, cerca de 50.000 millones al año, los capítulos que han tensionado hasta el extremo la prima de riesgo española en los últimos años.

Pretender el cambio de un modelo porque en estos 30 años de su funcionamiento se han producido malas praxis es algo así como dejar de conducir porque puedes tener un accidente. De lo que ha adolecido el modelo autonómico es de autorresponsabilidad fiscal, unos entes gestores de gastos fundamentales y con tienen capacidad de generar ingresos, son por naturaleza irresponsables. De ahí que convenga en estos momentos analizar dónde se identifican territorialmente los principales problemas de endeudamiento y déficit autonómico. De otra forma pagarán justos por pecadores. Cuatro son las comunidades con un endeudamiento por encima del 15% de su PIB: Cataluña 41.778 millones de euros, 20,7%; Valencia, 20.762 millones de euros, 20,7%; Castilla-La Mancha, 6.587 millones de euros, 18,8%; y Baleares 4.432 millones de euros, 16,3%. Ellas cuatro solas alcanzan el 50% del total de la deuda autonómica. Les  siguen seis comunidades con ratios de deuda similares a los del Estado, entre el 15% y el 10%: Navarra (12,9%), Galicia (12,3%), Rioja (11,2%), Extremadura (10,9%),Aragón (10,2%) y Murcia (10,1%). Mientras que sólo 7 comunidades registraron al cierre del 2011 niveles de deuda por debajo del 10% de su PIB: Andalucía (9,8%),Castilla y León (9,4%), Cantabria (9,3%), Asturias (9,1%), Canarias (8,8%), País Vasco (8,1%) y Madrid (7,9%). La insuficiencia financiera de quien gestiona y no recibe recursos, unido a la mala gestión imputable a determinados gobiernos autonómicos que si se quieren leer las cifras de evolución de la deuda tienen nombre y apellidos, explica el incremento del endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

Así las cosas, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han anunciado su intención de acudir al mecanismo de financiación puesto en marcha por el Gobierno central para facilitar los pagos por parte de las Comunidades Autónomas, una suerte de rescate autonómico aunque como en el caso de la intervención de España queramos jugar a laberintos semánticos para correr una cortina de humo sobre la realidad. El problema es que el fondo que se ha instrumentado es claramente insuficiente para dar cabida a los 140.000 millones que anualmente generamos de deuda y sus consiguientes intereses. Cataluña es la punta del iceberg del problema y su incapacidad para realizar pagos tan imprescindibles como las nóminas de los médicos de los hospitales está a la vuelta de la esquina. El president de la Generalitat Artur Mas ha advertido de la circunstancia y apela a un pacto fiscal con el Estado para poner fin a un largo período de insuficiencia financiera por parte de Cataluña, que se siente maltratada en el reparto de transferencias. De  no producirse este nuevo consenso la administración catalana será incapaz de hacer frente a sus obligaciones y podría ser intervenida, una situación que como el propio dirigente nacionalista ha indicado, abocaría a unas elecciones para que el pueblo catalán decidiera el camino a seguir. Detrás podrían venir cualquiera del resto de las Comunidades Autónomas, pues, la mayoría de ellas han reformado sus estatutos para poder celebrar elecciones dentro del período cuatrianual de mandato. Estamos ante la necesidad de un replanteamiento general del modelo de Estado, más en su formulación de responsabilidad fiscal que de otra índole, pero en todo caso ante la obligación de un nuevo pacto de Estado. De no abordarse o de hacerlo con meras pretensiones recentralizadoras colándolas de rondón con el pretexto de la crisis, podemos vernos sumidos en un auténtico motín a bordo.

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