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España 2015, de elección en elección hasta la derrota final

Andalucía abre el juego electoral en el que España se va a ver sumida durante el presente 2015. Cuatro convocatorias a las urnas que prácticamente van a dilucidar el nuevo reparto de poder para los cuatro próximos años, siempre que la aritmética parlamentaria haga posible la estabilidad toda una legislatura. Es el año del juicio político a la gestión de la crisis. Al ya ex presidente Rodríguez Zapatero la crisis le costó el mayor varapalo electoral de la historia del Partido Socialista y hasta la fecha, la inmensa mayoría de los gobernantes que han pasado examen de su acción política han cosechado un severo castigo. Nada que pueda sorprendernos, pues, las consecuencias de la crisis se pueden medir en pérdida de derechos, de protección social y, excepto los más ricos, de fuerte caída de poder adquisitivo de los ciudadanos. Pareciera que ante este panorama, el votante se mueve más por el deseo de escapar de la pesadilla y prefiere lo nuevo como oferta antes que reincidir en políticas que considera le han llevado hasta aquí. Esa sería la primera reflexión a tener en cuenta: en la proporción que finalmente resulte, pero debemos descontar la entrada en el mapa político con fuerza, de opciones nacidas en el propicio caldo de cultivo de la crisis y que hasta la fecha no han ejercido responsabilidad de gobierno.

Que el baile empiece en Andalucía tiene todo que ver con la estrategia socialista de salvar los muebles en su feudo más fiel y seguro. De haber dejado la cita electoral andaluza para más adelante, el PSOE podría haberse encontrado con un rosario de malos resultados que habrían hecho peligrar su propia existencia. Adelantando no han buscado la estabilidad de gobierno, más bien la ponen en juego, pues, difícilmente el resultado del próximo domingo arroje un Ejecutivo más sólido que el de coalición con Izquierda Unida anterior a la disolución. Sin embargo, la victoria clara aunque sin mayoría absoluta y con una fuerte pérdida de escaños respecto a los anteriores comicios, según auguran los sondeos, suena a música celestial a un partido socialista necesitado de una buena noticia de cara a las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. Está claro que ante el vértigo a precipitarse hacia la desaparición, la vieja guardia con Felipe González a los mandos ha tocado a rebato, tirando de manual estratégico y poniendo paz entre Susana Díaz y el aun bisoño secretario general, Pedro Sánchez. Esta es la primera consecuencia de la entrada imparable de Podemos en el escenario político, la reacción del PSOE. Por su parte, el PP ganador de los anteriores comicios andaluces, al borde entonces de la mayoría absoluta, optó por el recambio de su líder, jubilando al eterno aspirante a presidente de la Junta, Javier Arenas y sustituyéndole por un desconocido Juan Manuel Moreno Bonilla. Un plan aparentemente quebrado, al menos en las encuestas, por la incorporación de otra nueva fuerza que compite por el espacio del centro, Ciudadanos.

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Un mal resultado del PP en Andalucía tendría consecuencias negativas con casi total seguridad en los comicios que más preocupan este año a la formación conservadora. Las elecciones autonómicas y municipales de mayo son el hito más complejo de salvar para los populares, sobre todo, por la gran acumulación de poder que registraron en 2011. Gobernando como gobierna en la gran mayoría de las comunidades y principales ayuntamientos españoles, de natural deben perder un importante número de cargos electos y gobiernos, un efecto que puede agravarse por el desgaste de la acción del gobierno Rajoy y la retahíla de casos de corrupción en los que se haya inmerso. Ese efecto dominó que de perder en Andalucía arrastraría a derrotas en toda España en mayo, dado lo apretado de todos los plazos electorales podría también condicionar negativamente su resultado en las elecciones generales de noviembre o diciembre. En todo caso, es obvio que al PP y concretamente a Mariano Rajoy, dadas sus escasas cotas actuales de popularidad, le está siendo muy complicado poner en valor los logros de su gestión relativos  a la mejora de la situación económica, a haber evitado el rescate de España y a ponernos en la senda de la recuperación,  hechos que internacionalmente nadie le niega. Sus votantes se han sentido traicionados por una gestión que consideran ha sido desleal a su programa, especialmente con la subida de impuestos y de ahí, que esa clase media de derechas que ansiaba un planteamiento liberal de gobierno, hoy por hoy, salvo que el miedo escénico a una victoria de la izquierda le movilice, está más por la labor de votar a Ciudadanos o de quedarse en casa.

Por medio, entre las autonómicas y municipales y las generales, Artur Mas metió la ficha de unas elecciones catalanas, pretendidamente convocadas por él como un plebiscito por la independencia. A la vuelta de las vacaciones de verano y en el entorno de sensibilidad que genera la Diada de Catalunya, el president pretende demostrar con los votos en la mano, la existencia práctica de una mayoría política independentista en el Parlament. Sus diferencias con Esquerra Republicana, sin embargo, han enfriado mucho los anhelos de independencia entre los votantes, siempre según las encuestas. Queda por ver si ambas formaciones, CiU y ERC son capaces de conformar una sola lista o al menos acudir con un programa común a las elecciones. De no ser así, el camino emprendido hacia la independencia podría haberse quedado de momento en una altisonante batalla por el poder autonómico, mientras que en el frente españolista, toda la refriega se saldaría con la victoria de Ciudadanos en detrimento de PSC y PP.

El gran generador de este calendario y, en gran medida, de la enorme incertidumbre que el futuro político español despierta, no es otro que Podemos. Una formación de recientísimo cuño, inexperta total en este tipo de comicios, pues, solo concurrió a las elecciones europeas de circunscripción y lista única. Esta formación y su líder han alcanzado cuotas de popularidad mediática desconocidas hasta la fecha en tan escaso período, lo que afianza la opinión de que su novedad despierta enorme interés, sea a favor o en contra. Se trata en esencia de un fenómeno caliente, que en dicha condición reúne lo mejor y lo peor de si mismo. Podemos está de moda, pero su reto es no ser una moda y convertirse en una realidad creíble y sostenible como oferta política en el tiempo. Como todas las cosas, a su vez el tiempo corre en su contra, ya que cada vez son menos novedosos, pierden frescura a medida que les conocemos más, se parecen a todos y se les exige que concreten sus propuestas. El cheque gratuito a Podemos por parte de los electores no sabemos cuántas convocatorias a las urnas puede durar, pero cuatro como tenemos este año, se antojan demasiadas. Las informaciones sobre irregularidades de Errejón o sobre las cuentas personales de Monedero no les ayudan, como tampoco lo hace la gestión del gobierno griego de Alexis Tsiprasa medida que tenga que reconocer el estrecho margen de acción política que queda más allá de los imperativos impuestos por Bruselas. Y, para colmo de posibles males, para la formación de Pablo Iglesias, aparecen los novísimos, una fuerza política más asumible y centrada para muchos votantes, Ciudadanos, con un líder mejor vestido y de discurso amable, que está robando a parte del electorado snob en todo el territorio que se siente español.

Como se ve, vivimos tiempos tan confusos como previsiblemente convulsos y de cambio político en España. El grado exacto y la magnitud del terremoto, lo iremos sabiendo por etapas y comicios. Ninguna de ellas dejará de tener impacto en la siguiente, de ahí que convenga a la hora de reflexionar o hacer pronósticos tomárselo con mucha calma y sosiego. Sobre todo si tenemos en cuenta que los medios y los propios partidos han decidido convertir a las encuestas en arma de guerra de uso más que frecuente asiduo. Nos estamos viendo sometidos cada fin de semana a un sondeo sobre algo relacionado con unas u otras elecciones, como si pudiera ser cierto que la opinión o el voto cambia cada siete días en más de un diez por cierto de la población. Tratar de influir mediante encuestas en el estado de ánimo del votante es una vieja técnica a la que no niego valor,  pero muchas empresas demoscópicas, medios de comunicación, sociólogos y politólogos, están poniendo en riesgo su buen nombre y credibilidad en este juego. En cualquier caso, los ciudadanos tenemos la última palabra y la partida empieza en Andalucía.

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Amnistía fiscal o la quiebra de la legitimidad del Estado

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ha aportado una sorpresa mayúscula con la que casi nadie contaba, dado que el propio presidente en sus días de líder de la oposición la había calificado de “impresentable, injusta y antisocial”: la amnistía fiscal. Una medida que hipotéticamente pretende que afloren 25.000 millones de euros de rentas sumergidas para lograr una recaudación adicional de 2.500 millones de euros. La excepcionalidad de un perdón de esta naturaleza de entrada suena a emergencia recaudatoria, a sacar dinero de debajo de las piedras sea cual sea el coste de la prospección para aflorar dinero negro. Todo vale con tal de cuadrar las cuentas a las que Bruselas obliga, acuciado como está el Ejecutivo español por presentarlas y aprobarlas – resulta clamoroso que un gobierno que tomó posesión en diciembre, no haya presentado los presupuestos hasta tres meses después, exactamente una semana después de las elecciones andaluzas -. Las prisas, siempre malas consejeras, urgen a una severa reducción del déficit público, que debe pasar del 8,2% registrado el 2011, al 5,3% en el corriente 2012 y lo que se hace aún más difícil de imaginar, en 2013 deberá situarse en el 3%. Se me antoja que para entonces no quedará nada que recortar en una paisaje desolado por la crisis y la austeridad sobrevenida.

En la historia de la democracia española, se ha aprobado dos veces la amnistía fiscal y, en los dos casos, la ha aplicado un gobierno socialista. La primera vez fue en 1984, con Miguel Boyer al frente del ministerio de Economía. Boyer endureció las leyes contra los evasores de impuestos y, al mismo tiempo, concedió ‘el perdón’ al permitir que todos los que tenían ocultas sus actividades pudieran comprar pagarés del Tesoro Público, sin ninguna penalización fiscal y pudiendo salvaguardar el anonimato. La segunda vez fue en 1991, con Carlos Solchagacomo titular de la cartera de Hacienda. En esta ocasión, la amnistía consistió en permitir que los infractores compraran deuda pública con dinero negro con un tipo de interés inferior al del mercado. El indulto no funcionó como el Gobierno de Felipe González esperaba y tuvieron que subir el IVA en los Presupuestos Generales de 1992, además de advertir de que no se volvería a conceder el perdón fiscal. Ahora, más de veinte años después de la aprobación de la primera amnistía fiscal, con una crisis económica y financiera que deja cinco millones de parados, una deuda pública que puede alcanzar el 74,3% del PIB en 2012 y unas arcas del Estado casi vacías, un gobierno vuelve a plantear la amnistía pese a que los antecedentes nunca cumplieron las expectativas en ella puestas. Con todo, no es España una excepción en Europa ya que otros países han optado por esta medida. Así, Italia es uno de los mejores ejemplos: el pasado mes de octubre, el entonces primer ministro, Silvio Berlusconi, volvía a proponer la amnistía fiscal para reducir el déficit. De este modo, se planteaba eximir los delitos fiscales a quienes compren deuda soberana. Algo que le valió críticas, incluso, desde dentro de su propio partido. Ésta no era la primera vez que ‘Il Cavaliere’ decide perdonar a los evasores con tal de que su dinero vuelva a fluir en el país. Ya en el año 2009 se aprobó la medida y logró que 95.000 millones de euros regresaran a las arcas italianas. Pero según los expertos, esta cifra no es sinónimo de éxito, sobre todo porque la multa para los evasores italianos fue de un irrisorio 5%, cuando en otros países era 10 veces mayor, y aseguran que nuestra Agencia Tributaria tiene más controles que la de Berlusconi.

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Portugal aprobó la medida a mediados de 2010. En grandes líneas, esta medida excepcional se aplicó a depósitos bancarios,  valores mobiliarios y otros instrumentos financieros tales como fondos de inversión y determinados seguros de vida-ahorro. Se estipuló el pago de un impuesto del 5% del valor de los activos y no es necesario transferirlos a entidades financieras portuguesas, siempre y cuando se trate de elementos que estuvieran depositados en estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Alemania hizo lo mismo mucho antes de que la actual crisis arreciara. En 2003, el canciller GerardSchröder, dio luz verde a una amnistía fiscal que en la que se permitía a los empresarios alemanes repatriar los fondos que tuvieran en el exterior sin penalización alguna, aunque fijaba una tasa del 25% sobre este dinero una vez que hubiera salido a la luz. En concreto, en los cuatro primeros meses del año el total del dinero repatriado gracias a esta norma ha sumado únicamente 125 millones de euros. Una cantidad muy por debajo de los 5.000 millones previstos inicialmente. Francia tuvo un conato de implantación de la amnistía fiscal en 2004. El primer ministro francés, Jean Pierre Raffarin había apostado por repatriar capitales, implantando una tasa liberatoria de retorno, entre el 10% y 20%, según el volumen de dinero legalizado. Finalmente, Raffarin dio marcha atrás. Le llovieron críticas de todos los partidos.  No se veía ni “moral” ni “eficaz” para la lucha contra la evasión de capitales y la circulación de dinero negro. Años después, en 2009, la Administración Tributaria francesa por aprobar un régimen especial de regularización. Creó una unidad especial en Hacienda. El objetivo: gestionar todos los procesos de regularización de patrimonios opacos situados en paraísos fiscales. Así, se asegura que se apliquen criterios similares en los procesos de regulación y se da seguridad jurídica, ya que sólo hay un órgano inspector. Y en Reino Unido en agosto de 2010, “Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) lanzó entre septiembre de 2009 y marzo de 2010 The new disclosure opportunity,  encaminada a regularizar exclusivamente cuentas bancarias offshore, debiendo los contribuyentes pagar los impuestos dejados de ingresar durante los últimos diez años junto con una sanción del 10% de la deuda. Si bien no se garantizó la inmunidad penal de los contribuyentes que se acogiesen al programa, el HMRC anunció que las posibilidades de comenzar acciones penales eran extremadamente bajas”.

En España habría que empezar por recordar que conviven cinco Haciendas –Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra/Nafarroa y España – y de ellas solo la española aplicará la medida, pues, las otras cuatro ya han manifestado que optan por la lucha contra el fraude como mejor argumento para incrementar los ingresos forales. Tanto en lo que respecta a los que practican la economía sumergida que, según la Fundación de las Cajas de Ahorro, se cifra en el 24% del PIB de España, como para los que sacan sus grandes capitales fuera de país para evadir impuesto. La OCDE calcula que el 13% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales, esto es, entre cinco y siete billones de dólares. El objetivo es hacer que aflore el dinero negro o que vuelva a España. La estimación del gobierno es que se conseguirá que aflore un 10% de la economía sumergida. Eso son 25.000 millones de euros. Lo cual quiere decir que el gobierno sabe perfectamente que están fuera del control impositivo 250.000 millones de euros. De los cuales —con suerte, con mucha suerte— nos dicen que esperan ingresar 2.500. Si esos 250.000 millones tributaran a lo que deben, más los recargos y las correspondientes sanciones, no tendríamos ninguna necesidad alguna de recortar en educación, sanidad, investigación o dependencia en los presupuestos de 2012. Y resulta concluyente el dato que aporta que con los métodos regulares de la lucha contra el fraude fiscal, en 2010, la Agencia Tributaria logró recuperar más de 10.000 millones de euros procedentes de actividades fuera del fisco. Una cifra que supone un 1% del PIB.

Los mismos profesionales de la Agencia Tributaria se han manifestado en contra de la medida que consideran solo servirá para “enjugar los delitos fiscales a precio de saldo”. Los inspectores, que se supone son quienes más deben saber sobre fraude, estiman que el 72% del dinero defraudado a Hacienda proviene de las grandes fortunas y las grandes empresas que, incomprensiblemente, son investigados con muchos menos recursos, ya que la Agencia Tributaria concentra el 80% de sus investigaciones en pequeñas empresas y pequeños contribuyentes. Las grandes empresas tienen más mecanismos de elusión, como las conocidas SICAV, y por supuesto, más facilidades de evasión, ya sea a través de paraísos fiscales o mediante operaciones entre entramados societarios. Pareciera que Rajoy pretende dar la razón a los medios de comunicación y opciones de ultraderecha europea que vienen repitiendo hasta la saciedad que las economías periféricas son nidos de defraudadores y vagos. Oficializando el perdón de delincuentes fiscales se acredita internacionalmente la existencia de un problema estructural, que cuanto menos debería ser inconfesable: España país de economía sumergida y de fuga de capitales. No parece el mejor reclamos para que nuestros socios se corresponsabilicen con los problemas de paro, falta de crecimiento e insuficiencia financiera a la que nos está sometiendo la crisis.

Pero son las consideraciones para la convivencia en el Estado las que resultan más graves de la medida anunciada. En primer lugar, por el agravio comparativo que supone para los millones de contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones. Se premia al defraudador, que podrá esperar a que una de estas amnistías cíclicas pongan en regla su dinero negro. El mensaje es claro: en el Estado español es más rentable delinquir que cumplir o dicho de otra forma, el impuesto grava la honradez. El Estado pierde la legitimidad para exigir el esfuerzo colectivo, el que hace posible un sistema social de protección mútua y, en suma, la arquitectura del Estado del Bienestar se resquebraja en sus cimientos. Rompe también el equilibrio territorial, pues, los niveles de economía sumergida y de fraude fiscal son muy dispares en unas y otras Comunidades Autónomas, con lo que abierta la veda de la aministía, aquellas Comunidades más honestas en sus cuentas y en perseguir el fraude, salen claramente perjudicadas frente a aquellas donde la corrupción y los defraudadores protagonizan la vida pública y la economía productiva. La crisis ha aflorado nuestras miserias peninsulares, pero no imaginábamos que llegaría a recurrir al perdón de los que roban al conjunto de los ciudadanos para salir adelante. Si quienes actúan de manera egoísta, buscando la riqueza monetaria a cualquier precio, incluido el recurso a la delincuencia fiscal, son hoy nuestros salvadores, prefiero declararme éticamente insumiso de este Estado de cosas.

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El Gobierno Rajoy o el Ejecutivo naftalino

Tiene el gobierno Rajoy una edad media de 55 años, es decir, según se mire es un equipo de veteranos experimentados o un grupo de viejos carcas. Es evidente que los años de vida son una medida relativa, porque el enfoque con que afrontas problemas y oportunidades depende de cómo se han vivido y de cómo se está dispuesto a vivir los años que te quedan. Conozco jóvenes anímicamente avejentados y personas mayores irreductiblemente juveniles. Sin embargo, un hecho es cierto: tras décadas en que primó la juventud de los gobernantes en La Moncloa – así ocurrió con la llegada de Felipe González, después con Aznar y, sobre todo, con Zapatero – ahora Rajoy ha impuesto la moda “retro”.  Muchos de sus ministros son casi sexagenarios y fueron altos cargos o miembros de los gobiernos aznaristas, hace ya más de 10 años. Se me antoja que tienen demasiadas referencias al pasado, que sus análisis se basan más en la experiencia vivida que en la prospectiva de futuro. Conducir mirando al retrovisor es una práctica imprescindible cuando se pretende adelantar pero puede desviar en exceso la atención de la carretera y de la trazada más conveniente en una curva peligrosa. Y me temo que la tremenda crisis económica que atravesamos requiere más destreza con la mirada puesta hacia adelante que estar preocupados por lo que hemos dejado atrás.

En este primer mes de gobierno, los ministros de Rajoy han acudido en fila india al Congreso de los Diputados a exponer sus principales proyectos para la legislatura, curiosamente a excepción hecha aún del titular de Economía, Luis deGuindos que lo hará el próximo 7 de febrero, como si necesitara más tiempo para aclarar las ideas cuando la suya es la máxima responsabilidad del Ejecutivo. Del roll show de los ministros nos han quedado un rosario de reformas legislativas cuya parte más novedosa consiste en la componente remake de regreso al pasado. La mayoría han elegido como arcadia política, los primeros años de las década de los 80, cuando muchos de ellos eran unos rebeldes veinteañeros de centro derecha que vestían abrigo loden y trataban de ligar por la madrileña calle Serrano. Supongo que el recuerdo de aquellos joviales años les retrotrae a idílicos paisajes sociales de una España que aún era en gran medida el reflejo de una dictadura y que también estaba lejos de su incorporación a Europa. Una libre versión de las coplas de Jorge Manrique y de “como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor”.

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A saber la crónica de la regresión la inició precisamente la vicepresidente SorayaSáenz de Santamaría, una de los miembros más jóvenes del Gobierno que, sin embargo, hizo gala de sentirse contagiada de la moda centrista reformista. De forma sorpresiva anunció la reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial, por medio de la cual actualmente los consejeros son elegidos por los jueces y por los miembros del parlamento. Su propuesta: volver a antes de 1985 y que todos los miembros del Consejo los elijan los jueces. La razón argumentada: la justicia está muy politizada, como si el PP no se hubiera aprovechado de la circunstancia y como si las asociaciones de jueces fueran independientes de la política y si tuvieran más capacidad de representación de la que tienen los partidos políticos. Le siguió el turno el ex alcalde de Madrid y flamante ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón y a él le correspondió el principal desfile de modelos retro del Ejecutivo. Primero con la insinuación de una revisión de penas para delitos especiales convertibles en cadenas perpetuas, medida que obliga a esforzar más si cabe la memoria, pues, nos sitúa en tiempos de la dictadura franquista – veremos como salva la constitucionalidad de tal ocurrencia -. De similar corte el anuncio de la introducción de una tasa para ejercer el recurso en segunda instancia, de tal forma que consagra el principio de la justicia para el que se la paga o se la puede pagar. Y cómo no, la guinda de su comparecencia no podía faltar la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, devolviéndonos a los supuestos y no a los plazos, otra situación anterior a 1985.

Después llegó el titular de Educación, José Ignacio Wert para poner el reloj de las escuelas en hora, en la hora del Partido Popular. Confirmó lo ya anunciado por el presidente en su discurso de investidura en su deseo de añadir un año más de bachillerato a los alumnos de enseñanza secundaria. Volvemos a los tiempos del PREU del bachillerato clásico, es decir, a la educación modelo UCD, anterior a la reforma de José María Maravall, el primer ministro socialista de Educación de Felipe González. A él debemos la LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación que universalizó la gratuidad de la misma. Y para no incumplir el programa electoral de los populares, el ministro Wert anunció la desaparición de la asignatura inventada por Zapatero, Educación para la Ciudadanía, que apenas va a durar cinco cursos. Según el ministro las clases impartidas han servido para ejercer el adoctrinamiento político de los chavales. Será que el nacionalcatolicismo en el que fueron educados todos los ministros de Rajoy era aséptico y neutral o será que en los colegios concertados católicos no se imparte doctrina alguna.

El postre de las comparecencias regresivas lo ha puesto la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuyo anuncio de llevar a cabo una ley de Servicios Básicos lo dice todo. Básico es sinónimo de mínimo, por lo que podemos temernos que el Estado va a establecer los umbrales de una atención sanitaria y la Comunidad Autónoma que quiera mejorar sus prestaciones que se la pague, una vez más si puede. Podría decirse que el Gobierno se declara en huelga de salud y nos declarará los servicios mínimos a prestar. Lo del copago de momento que ni que sí, no que no, queda para próximas citas según se pongan de feas las cuentas públicas de cara a los presupuestos que deberán aprobarse en primavera. Y para no perder la costumbre de sus antecesores en sus comparecencias, cumplió otro compromiso programático de derogar medidas llevadas a cabo por el gobierno Zapatero. En este caso respecto a la dispensación de la píldora del día después. Según la ministra se han encargado un informe sobre los resultados desde su implantación y conforme a los datos que aporte se decidirá si se mantendrá la libre dispensación o se requerirá la receta médica. En una palabra, que como todos sabemos uno encarga el informe para que diga lo que el que paga espera y, por tanto, cualquier madrugada de amor juvenil desenfrenado deberá acabar en urgencias para que un médico de guardia extienda una receta.

Tanta conmemoración de tiempos pretéritos, sin ser baladí, tendría escasa relevancia si en la materia que protagoniza el drama de la crisis, el empleo, hubiera sido abordado ya con medidas de fomento de la actividad económica. Sabemos ya que el proceso de marcha atrás en el tiempo incluye también pérdida de derechos, de prestaciones del Estado del bienestar y subida de impuestos. De lo que no tenemos ni idea es de cómo el gobierno piensa reducir la espantosa cifra de 5.300.000 parados que también nos trae recuerdos de principios de los 80, de una economía escasamente internacionalizada, desmantelando industrias, con la banca en quiebra, inflación desatada, con más de tres millones de parados y tasas de desempleo superiores al 20%. Volvemos a donde estábamos en una especie de viaje a ninguna parte, sin un liderazgo capaz de poner la vista en el horizonte y tomar el rumbo del crecimiento. El olor a naftalina que inunda las primeras decisiones del Ejecutivo Rajoy nos retrotrae 30 años atrás en un somnoliento ejercicio del día de la marmota. Seguiremos esperando una brizna de frescura y de valentía para encarar el futuro, aunque cada vez esté más convencido de que los vientos que vienen de Madrid como los de Dinamarca huelen a podrido.

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