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2014, Europa en la encrucijada

2014 llega con un marcado carácter europeo. No solo por ser año electoral en laUnión Europea que elije su eurocámara, sino porque como cada siete años, el llamado marco presupuestario de la UE se renueva y con él todo el conjunto de fondos y ayudas comunitarias. Asimismo, el año que comienza debería instaurar definitivamente la Unión Bancaria, lo que significa que al igual que Estados Unidos, los europeos tendremos una moneda común, un banco central y una reserva federal. Y por si todo esto fuera poco, a raíz de la renovación de los escaños de los europdiputados, deben renovarse todos los cargos principales de nuestras instituciones, el presidente del Consejo Europeo, el de la Comisión y todos sus miembros, el del Eurogrupo, así como el del Alto Representante Exterior de la Unión. En conjunto, un año de cambios profundos que contará con una cierta estabilidad política en los Estados miembros, pues, ninguno de los grandes tiene comicios nacionales, salvo si en Italia, Berlusconi decide arrastrar a su país al caos electoral para resolver sus problemas judiciales. Si habrá, por contra una consulta popular de gran trascendencia en el mes de septiembre, anunciada y pactada con el Reino Unido, sobre la independencia de Escocia, a diferencia de la solicitada en Cataluña y no admitida por Madrid, señalada para el próximo mes de noviembre. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que la Unión Europea se halla ante un conjunto de procesos políticos y de reformas económicas que cambiarán su fisonomía y, con casi total seguridad, de tener éxito consolidarán definitivamente el proyecto europeo, como de fracasar pueden suponer su fin.

El 25 de mayo de 2014 – el 22 de mayo en Holanda y Reino Unido – se celebrarán las elecciones europeas. Y serán los comicios de la UE más importantes de la historia, no solo por el número de europeos llamados al voto, nada menos que más de 375 millones, en 28 Estados, tras la incorporación en 2013 de Croacia, sino por la capacidad política que tendrá en la nueva legislatura la Eurocámara. En estos próximos 5 años el Parlamento Europeo acabará de desplegar su marco de poder establecido en el Tratado de Lisboa, el marco legal que rige en la actualidad a los miembros de la UE. El conjunto de su actividad legislativa y de control legislativo y ejecutivo de la Comisión y el Consejo, llegará a un 60% de las decisiones que se toman en Bruselas. Pero lo que resulta más trascendente y gestual es que el parlamento saliente de las urnas en mayo, nominará al presidente o presidenta de la Comisión y a todos sus miembros, algo que debe ratificar el Consejo, pero que difícilmente se entendería que los jefes de Gobierno fueran contrarios a la voluntad popular expresada en unos comicios. Por tanto, el nuevo Parlamento tendrá la potestad de nombrar y cesar al máximo órgano de la UE, quedando por tanto, definitivamente legitimado democráticamente como soberano de las decisiones comunitarias. Es cierto que estas elecciones se van a producir en un clima general en Europa de descrédito de la clase política y que se anuncia en las encuestas un grado de participación bajo – en torno al 46%, lo que sería la media de otros comicios europeos -, sin embargo, en dichos sondeos llama la atención que entre los jóvenes la estimación de voto se eleva al 65%, probablemente porque tienen clara conciencia de lo que se juegan en Bruselas a futuro. Un dato a tener en cuenta para los detractores del programa Erasmus que tanto ha hecho por unir Europa. Las predicciones actuales, tanto de una encuesta/panel realizada por el propio Parlamento Europeo como por el Think tank de Jacques Delors, Notre Europe, nos hablan de una victoria por la mínima de los socialistas frente a al Partido Popular Europeo, un incremento espectacular de los no adscritos, es decir, una amalgama de ultraderechistas, radicales, comunistas y antisistemas, la consolidación al alza de las opciones nacionalistas moderadas y una caída significativa de los Verdes. Si así fueran las cosas sería difícil recurrir al bipartidismo imperante en alternancia para la conformación de mayorías parlamentarias. Seguramente se acudiría a la fórmula alemana dela gran coalición para las grandes cuestiones europeas mediante el acuerdo del PSE y el PPE, mientras que en el día a día los eurodiputados se verán obligados a hacer mucha y buena política mediante acuerdos de todo tipo.

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Respecto a las personalidades que pueden pasar a ejercer el protagonismo en las instituciones de la Unión, empecemos por el cargo de presidente de la Comisión. El Partido Socialista Europeo ya ha nominado formalmente a su candidato, el actual presidente del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schulz. Hombre de marcado acento político que de ganar no pasará desapercibido ante la opinión pública. El Partido Popular Europeo aún no ha nominado a su candidato o candidata y en las quinielas suenan nombres como los de Enda Kenny, primer ministro irlandés,  Jyrki Katainen, primera ministra finlandesa, Jean ClaudeJunker, ex primer ministro luxemburgués,  o de los actuales comisarios, MichelBarnier y Viviane Reding. Los liberales y nacionalistas de ALDE tampoco han nominado y suenan el actual portavoz de dicho grupo en la eurocámara, GuyVerhofstadt, el ex ministro de Exteriores alemán, Westerwelle o el comisario de Economía, el finés Olli Rehn. Pendientes de un proceso de primarias en todos los Estados miembros están los Verdes y sí ha nominado a su candidato los partidos más a la izquierda de la cámara, en la persona del líder de Syriza, el griego AlexisTsipras, todo un símbolo de la lucha contra las políticas de ajustes llevadas a cabo en su rescatado país por órdenes de Bruselas.

La UE afronta el 2014 con unas previsiones económica que podrían calificarse de moderadamente optimistas en su cuadro macroeconómico. El crecimiento se cifra en un 1,4%, pero todo estará en función de que el eje franco alemán sea capaz de mantener tales cifras. Especialmente la locomotora alemana, pero sin dejar de lado las debilidades de una economía francesa que tiene pendiente muchas reformas estructurales solicitadas por la Comisión y cuya demanda interna no consigue alegrarse. En todo caso, sea cual sea el crecimiento, la realidad seguirá estando marcada por los altos porcentajes de desempleo, muy especialmente, de paro juvenil que afecta al 23,5% y en algunos países como España a uno de cada dos jóvenes en edad laboral. De ahí que esta sea la principal tarea en la agenda de la nueva Comisión que tomará posesión a la vuelta del verano. A él se unen cuestiones como el despliegue del SEAE – Servicio Europeo de Acción Exterior, la puesta en marcha la unión bancaria, la Agenda digital,  mejorar el funcionamiento del mercado interior o hacer funcionar el Marco Financiero plurianual 2014-2020. En este último tema, la UE ha aprobado unos presupuestos que siguiendo la doctrina germánica de la canciller Merkel, obliga a un ahorro o recorte del 3% respecto al anterior periodo 2007-2013. Con un compromiso de 960.000 millones de euros, de los cuales irán destinados a gasto 908.000 millones. Ello ha obligado a la reformulación de todos los fondos europeos. Así la PAC con 408.000 millones €, en su gran mayoría irán dirigidas a agricultores activos y pagos a medidas medioambientales. El FEDER se destinan 500.000 millones, y especialmente en el caso de España es el más afectado por los recortes. España recibirá 25.116 millones. De los cuáles solo Extremadura con 1.858 millones, quedará entre las regiones objetivo 1 por tener una renta per cápita por debajo de la media europea. Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia reciben un trato especial – 12.201 millones. El resto  recibirán 10.084 millones a repartir, es decir, prácticamente nada respecto a la etapa anterior. Quedan, pues, los fondos europeos a la innovación e investigación como joyas del nuevo proceso que se pone en marcha en 2014, el llamado programa HORIZON 2020 con unos 100.000 millones de euros.

No será baladí la puesta en marcha definitiva de la Unión Bancaria Europea. Una necesidad surgida a raíz de la crisis financiera internacional y que ha obligado afortunadamente a tener que correr, pese a las continuas reticencias alemanas, a los responsables del Banco Central Europeo en el diseño de una verdadera Reserva Federal que garantice la sostenibilidad del euro. Su objetivo no es otro que reducir la fragmentación de los mercados de la Eurozona. Se basa en tres pilares: el supervisor bancario único, el mecanismo único para la resolución de problemas de las entidades con problemas y el sistema común para garantía de depósitos. De estos tres retos, el del supervisor único está aprobado y tiene fecha de entrada en vigor a partir de noviembre 2014. Los otros dos están prácticamente aprobados tras el pasado Consejo Europeo y frente a los más pesimistas todo parece indicar que también a lo largo del próximo año estarán en funcionamiento. Tendremos como decía, por tanto, una moneda común fuerte y estable, con un Banco Central emisor y supervisor único del que dependerán todas las entidades financieras que operan en Europa. Pocas cosas pueden dar más credibilidad en un mundo monetarizado como el global que hoy tenemos a un proyecto de construcción política como lo es la Unión Europea.

Muchas claves para doce meses, muchos objetivos y muchas dificultades que sortear. Si los europeos para bien o para mal somos cada día más conscientes de lo que ha supuesto la cesión de soberanía que hemos hecho a la Unión – un 85% de las decisiones lo son supranacionales -, este año podemos batir el record de percepción de la trascendencia que en nuestras vidas tiene lo que se decide en Bruselas. Nuestra identidad es ya una amalgama más o menos armónica de lo que nos rodea más cercano, con lo que desde la riqueza de la diversidad hemos unido en Europa. Saber defender nuestros intereses, ser competitivos, en resumen, poder ejercer los mayores grados de libertad posibles, depende de cómo sepamos jugar nuestras cartas en este entorno de excelencia que quiere ser la Unión Europea. El reto es dual, por un lado elegir a nuestros mejores representantes para llevar a cabo las políticas que Europa precisa y desde las empresas o el trabajo individual, ser capaces de competir y de aliarse con los procesos innovadores que en nuestro espacio común van a ponerse en marcha en la próxima década. Este es el nuevo tren que se pone en marcha en 2014, podemos subirnos a él como hicimos en su día cuando Europa significó las mayores metas de progreso o darle la espalda y recluirnos en nuestros patios interiores mirando la ropa colgada del vecino en un eterno ejercicio de envidia malsana y empobrecimiento intelectual. Una vez más la elección es nuestra.

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La identidad del ladrillo: compre una casa para ser español

La ocurrencia la define el diccionario de la lengua española como la idea inesperada, pensamiento original o el dicho o hecho gracioso e ingenioso de una persona. Expresado así no parece semánticamente contener maldad alguna el término, pero lo cierto es que las más de las veces el ocurrente no tiene la más mínima gracia y el problema es que por tener una oportunidad ante los focos mediáticos, son muchos los protagonistas políticos que se lanzan a provocar titulares agarrados férreamente a la feliz ocurrencia. Y como en todo, aquello que si cae mal a la audiencia dan en llamar “globo sonda”, tiene su graduación y es más o menos perdonable según la trascendencia del hecho que aborda la ocurrencia de turno. Esta vez ha tocado sobre un tema fundamental, que afecta a los derechos básicos de la persona, su identidad o en términos más prosaicos, su nacionalidad. Ha sido el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, el encargado de largar la propuesta “original”, como suele ser tradicional en un desayuno informativo de esos que a base de croissant y horario temprano, nadie pregunta y todos escuchan boquiabiertos con la legaña puesta. En un intento por dar salida al ingente stock de viviendas hechas y por hacer sin comprador que asola la economía española, este audaz e intrépido libre pensador propone al mundo mundial que por la compra de un piso se le conceda la nacionalidad, eso sí siempre que se rasque el bolsillo al menos con 160.000 euros.
En una palabra, lo que está estudiando el gobierno Rajoy es la compra de derechos, una especie de subasta de pisos con DNI en primera línea de costa. Eso sí para que no parezca raro esto de vender la dignidad, se nos pone como edificantes ejemplos de nuestro entorno, los casos de Irlanda y Portugal, rescatados ambos y que también han compartido la miseria humana de considerar patriota a cualquier  ciudadano que ponga sus dineros en su suelo o arcas. La oferta de adquisición de nacionalidad a cambio de ladrillo va dirigida según palabras del propio ocurrente a ciudadanos chinos y rusos deseosos de adquirir en propiedad una vivienda en las cálidad costas españolas, pero que sin permiso de residencia y por qué no ya nacionalidad en toda regla, se ven privados de disfrutar debidamente de su inversión realizada. Pobres, pobres no parecen los destinatarios de la ocurrencia, porque los millones de pobres en China y en Rusiabastante tienen con pensar en sobrevivir a la hambruna y la miseria como para pensar en el pisito en Benidorm. Parece evidente, salvo para el peor ciego que es el que no quiere ver, que la oferta tiene a sus demandantes en fondos de inversión de dudosa procedencia en países cuando menos cuestionados por su escaso respeto a los derechos humanos. Al menos el presidente español podría haber tenido la deferencia de ofrecerle la ganga inmobiliaria a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presente en la rueda de prensa de Moncloa donde Rajoy ratificó estar estudiando la ocurrencia.

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El Partido Popular que tiene entre sus credos la defensa a ultranza de la unidad nacional de la España indivisible, nos propone convertir la península en una peculiar “Tierra de patriotas”, una suerte de reinvención identitaria más basada en la creencia y el compromiso con la ferralla y el encofrado, que en valores democráticos y cívicos. Una especie de libre versión moderna de la conquista del Oeste y de los pioneros de Estados Unidos o el nacimiento de la nación australiana y neocelandesa a manos de delincuentes deportados de las islas británicas. Como las mejores películas de vaqueros o de la mafia siciliana reinando en Chicago. Claro que tampoco es novedad esta faceta del PP de renovar su credo nacional, pues, ellos de la mano del ex presidente Aznar extinguieron el servicio militar obligatorio y apostaron por un Ejército profesional de inmigrantes mercenarios de bajo coste. Está claro que para algunos el inmigrante, antes que una persona con sus derechos, es un recurso que según su renta per cápita puede alcanzar la nacionalidad en un día o se le niega la asistencia sanitaria más básica. Dígame cuanto dinero tiene en su cuenta corriente y le diré cuántos derechos tiene.
Lo que repele aún más de la medida es que la Unión Europea, ese espacio ejemplar que debería ser de respeto de los derechos de las personas, esté mirando a otro lado cuando legislaciones de sus Estados miembros conceden privilegios a golpe de talonario. Cuando el derecho de asilo se está denegando en algunos países europeos a personas de huyen de tragedias de todo tipo, bien sean bélicas o por hambruna, alguien en Bruselas tendría que alzar la voz de la dignidad contra políticas que tras la búsqueda de inversiones, lo que hacen es especular con la miseria humana y nos cuelan de rondón el concepto como destino solo para ricos. Cabe destacar que ciudadano europeo es toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión fue creada por el Tratado de Maastricht en 1992 y los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el Tratado. La importancia de la ciudadanía de la Unión radica en el hecho de que sus ciudadanos gozan de derechos auténticos al amparo del Derecho Comunitario Europeo. Los derechos principales que confiere la ciudadanía con arreglo a la Parte 2 del Tratado CE son los siguientes: Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y municipales del Estado miembro en el que resida; Derecho a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares; Derecho de petición ante el Parlamento Europeo; y Derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo.
Si en la política actual preocupa la falta de ideas, más debería preocupar la industria de la ocurrencia, en este caso fruto de la “Factoría FAES“, la Fundación vinculada al PP cuyo máximo impulsor fue José María Aznar, tratando de remedar el modelo alemán de la Konrad Adenauer. De sus filas han salido buena parte de los actuales dirigentes de nivel medio del Gobierno Rajoy, expertos en fabricar conceptos ocurrentes que la mayoría de las veces al trasladarse a la realidad suelen quedar en meras cortinas de humo o falsos debates. La necesidad de aportar ideas a los problemas que la sociedad debe afrontar debería ser tomado con más rigor por aquellos que están llamados tarde o temprano o ejercer responsabilidades de dirección de un Estado.
Parece que España ha optado por inducir a sus jóvenes mejor formados a coger la maleta de la emigración, a la par que abre las puertas de par en par a la nueva versión de la inmigración ilegal. Mientras la inmigración del hambre muere en pateras en el Estrecho, les ponemos pisos de 120 metros cuadrados y terrazas con vistas a ese mar de la tragedia a nuevos ricos de lejanas tierras. Hemos inventado el ciclo de exportar supuestos talentos e importar presuntos delincuentes. Lo alucinante del caso es que a los ocurrentes no se les caiga la cara de vergüenza de salir a contarlo. Y luego se extrañan de que millones de ciudadanos en Cataluña, Euskadi, Galicia y Canarias quieran perder esta nacionalidad española de mercenarios.

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Al rescate de las Comunidades Autónomas: ¡motín a bordo!

Sabido es que resulta de lo más cómodo en situaciones de excepcional dificultad buscar un responsable para ponerlo en la picota y hacerle responsable de cuantos males nos invaden. La cultura hispánica lejana a la autorresponsabilidad y a la autocrítica, siempre encuentra justificaciones ajenas a sus problemas con tanta facilidad como pone en marcha juicios sociales inquisitoriales para buscar culpables que nos tranquilicen las conciencias. En esta crisis por la que tratamos de navegar hace ya casi un lustro, el relato oficial del drama que vivimos ha acudido a distintos malos de la película para explicar lo que no estaba sucediendo con una trágica frivolidad que ha impedido un análisis riguroso de las causas internas del crack de nuestra economía y de las reformas estructurales que son imprescindibles para salir de ésta. Primero fueron los vientos lejanos de Wall Street en exclusiva quiénes protagonizaron titulares de medios y declaraciones de políticos como si la globalización no fuera con nosotros. Después, los errores de un presidente del Gobierno que se empeñó en negar la gravedad de los hechos convirtió a Rodríguez Zapatero en el pim pam pum del colectivo. Su desaparición dejó paso a la omnipresente figura de la canciller alemana Angela Merkel como mala oficial, su intransigencia en flexibilizar las condiciones de ajuste que nos han impuesto la ha convertido en el blanco de las iras de la calle. Pero como siempre necesitamos culpables patrios, encontramos un mantra extraordinario, capaz de explicar sin titubeos el origen de todos nuestras desgracias: las Comunidades Autónomas. Una aberración de la transición democrática que nos ha convertido en 17 reinos de taifas repletos de corruptos que malgastan el dinero de los pobres españoles, vamos en una palabra, la cueva de Alí Babá y los 17 ladrones. Simple, simplicísimus, la mejor de las coartadas para volver a 1976, al glorioso régimen donde las diputaciones provinciales y los gobernadores civiles mantenían la ley y el orden, por cierto de un Estado, tan arruinado como el actual.

Como la memoria es frágil en un país que no quiere recordar habrá que echar la vista atrás para refrescar las ideas sobre cómo surgió el invento de las Comunidades Autónomas. Es evidente que como no se cansan de repetir los enemigos del modelo autonómico, España tenía un “problema” con Euskadi yCataluña – curiosa manera de afrontar el debate del encaje de realidades nacionales dentro del Estado – podía perfectamente, pues, haber optado por un régimen administrativo asimétrico o por la simetría total que representa el federal. Sin embargo, en un peculiar encaje de bolillos, las distintas fuerzas constitucionales – salvo el Partido Nacionalista Vasco que siempre se opuso al modelo aunque finalmente lo acató – entendieron que las Autonomías atemperaban mejor las tensiones territoriales del Estado español. Para ello se estableció en el texto constitucional de 1978 dos vías de acceso a las competencias autonómicas: la vía rápida para las históricas – dado que ejercieron autogobierno durante la Segunda República – las citadas Euskadi y Cataluña por el artículo 151 y el resto de las hasta entonces regiones y provincias, por el artículo 143 o la vía lenta. Un procedimiento que se vio alternado el 28 de febrero de 1980, en virtud del referéndum celebrado en Andalucía que consagró con un apabullante del 87% a favor del acceso de los andaluces a la vía rápida. A partir de este momento se puso en marcha un proceso de aceleración del Estado autonómico y de las transferencias de gestión de los asuntos básicos para la vida de los ciudadanos desde la administración central a las administraciones autonómicas. El “café para todos” como lo bautizó el ministro Clavero, enfrentado al presidente Adolfo Suárez, se puso en marcha y ha durado hasta la fecha. Pero sus detractores se olvidan que si estamos donde estamos se debe a la voluntad popular de casi tres millones de andaluces que libremente decidieron exigir a Madrid más autogobierno y más rápido. Cosas incómodas que tiene la democracia, ¡qué le vamos a hacer señores del antiguo régimen!

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Para cualquier planteamiento de reforma que se quiera plantear habrá que partir de dos condiciones inexcusables: primero, proponer un modelo alternativo al autonómico que se formule claramente, sin argucias de si es más caro o más barato, pues, lo que nos jugamos es un modelo de convivencia, no el tipo de asesor fiscal que escogemos; y en segundo lugar, que cualquier modificación debe ser aceptado por la voluntad popular, la de los ciudadanos de los distintos territorios que hoy componen este Estado plurinacional. Cada cual tiene un derecho inalienable recogido en la declaración de las Naciones Unidas a pertenecer a la entidad jurídica nacional o estatal que desee, si bien esta capacidad de autodeterminación al colisionar con el derecho de quienes en una misma comunidad tienen distinto deseo, debe articularse a través del consenso y la negociación. Es decir, que abrir el melón del modelo de Estado, en ningún caso puede encontrar la justificación fácil de culpabilizarlas del éxceso de déficit de la economía española, para cercenar derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Si abrimos el melón, si estamos de acuerdo en que el traje se nos ha quedado pequeño y viejo, nos hacemos uno nuevo con todas las consecuencias, incluido como no puede ser de otra forma el derecho a decidir libremente. Supongo que estas reflexiones ya no son tan del agrado de los medios y políticos que cada día con más fuerza y virulencia predican la imperiosa necesidad de reformar el Estado español. Si la única reforma posible es que el Estado sea más español, o lo logran por la fuerza o tendrá que refrendarlo territorio a territorio los distintos pueblos que componen el Estado.

Pero para centrar la realidad del supuesto problema de despilfarro que suponen las Comunidades Autónomas, debemos empezar por asumir que las Autonomías son más Estado que el Estado central, pues, gestionan más del 60% del gasto público, especialmente aquellos aspectos como la Sanidad o la Educación más sensibles y más cercanos del servicio público al ciudadano. El conjunto de las CC.AA. los 140.083 millones de euros, que equivale al 13,1% del PIB, mientras que la deuda pública total de España, cerró el año pasado en 734.962 millones de euros, lo que supone el 68,5% del PIB y, por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 35.420 millones de euros en 2011, el equivalente al 3,3% del PIB. Nos pongamos como nos pongamos, criminalicemos a quien queramos criminalizar, la realidad es que el fuerte incremento de la deuda pública en el Estado se ha debido a las cuantiosísimas ayudas que se vienen prestando a la banca desde el inicio de la crisis y a los pagos por prestaciones al desempleo, que afecta a más cinco millones y medio de parados. Son el pago por intereses de la deuda, unos 40.000 millones al año y la cobertura del paro, cerca de 50.000 millones al año, los capítulos que han tensionado hasta el extremo la prima de riesgo española en los últimos años.

Pretender el cambio de un modelo porque en estos 30 años de su funcionamiento se han producido malas praxis es algo así como dejar de conducir porque puedes tener un accidente. De lo que ha adolecido el modelo autonómico es de autorresponsabilidad fiscal, unos entes gestores de gastos fundamentales y con tienen capacidad de generar ingresos, son por naturaleza irresponsables. De ahí que convenga en estos momentos analizar dónde se identifican territorialmente los principales problemas de endeudamiento y déficit autonómico. De otra forma pagarán justos por pecadores. Cuatro son las comunidades con un endeudamiento por encima del 15% de su PIB: Cataluña 41.778 millones de euros, 20,7%; Valencia, 20.762 millones de euros, 20,7%; Castilla-La Mancha, 6.587 millones de euros, 18,8%; y Baleares 4.432 millones de euros, 16,3%. Ellas cuatro solas alcanzan el 50% del total de la deuda autonómica. Les  siguen seis comunidades con ratios de deuda similares a los del Estado, entre el 15% y el 10%: Navarra (12,9%), Galicia (12,3%), Rioja (11,2%), Extremadura (10,9%),Aragón (10,2%) y Murcia (10,1%). Mientras que sólo 7 comunidades registraron al cierre del 2011 niveles de deuda por debajo del 10% de su PIB: Andalucía (9,8%),Castilla y León (9,4%), Cantabria (9,3%), Asturias (9,1%), Canarias (8,8%), País Vasco (8,1%) y Madrid (7,9%). La insuficiencia financiera de quien gestiona y no recibe recursos, unido a la mala gestión imputable a determinados gobiernos autonómicos que si se quieren leer las cifras de evolución de la deuda tienen nombre y apellidos, explica el incremento del endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

Así las cosas, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han anunciado su intención de acudir al mecanismo de financiación puesto en marcha por el Gobierno central para facilitar los pagos por parte de las Comunidades Autónomas, una suerte de rescate autonómico aunque como en el caso de la intervención de España queramos jugar a laberintos semánticos para correr una cortina de humo sobre la realidad. El problema es que el fondo que se ha instrumentado es claramente insuficiente para dar cabida a los 140.000 millones que anualmente generamos de deuda y sus consiguientes intereses. Cataluña es la punta del iceberg del problema y su incapacidad para realizar pagos tan imprescindibles como las nóminas de los médicos de los hospitales está a la vuelta de la esquina. El president de la Generalitat Artur Mas ha advertido de la circunstancia y apela a un pacto fiscal con el Estado para poner fin a un largo período de insuficiencia financiera por parte de Cataluña, que se siente maltratada en el reparto de transferencias. De  no producirse este nuevo consenso la administración catalana será incapaz de hacer frente a sus obligaciones y podría ser intervenida, una situación que como el propio dirigente nacionalista ha indicado, abocaría a unas elecciones para que el pueblo catalán decidiera el camino a seguir. Detrás podrían venir cualquiera del resto de las Comunidades Autónomas, pues, la mayoría de ellas han reformado sus estatutos para poder celebrar elecciones dentro del período cuatrianual de mandato. Estamos ante la necesidad de un replanteamiento general del modelo de Estado, más en su formulación de responsabilidad fiscal que de otra índole, pero en todo caso ante la obligación de un nuevo pacto de Estado. De no abordarse o de hacerlo con meras pretensiones recentralizadoras colándolas de rondón con el pretexto de la crisis, podemos vernos sumidos en un auténtico motín a bordo.

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