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Corrupción made in Spain

El sumidero ya no puede digerir tanto detritus. Los restos de la bacanal desmedida del despilfarro, el dinero fácil, la vida frívola y el espolio de los bienes públicos, flota ante nuestros atónitos ojos desorbitados. Nada ni nadie parece soportar el juicio despiadado de una prensa que monocultiva el escándalo como receta única para ganar notoriedad en su agonía mediática. El desfile de los corruptos tiene dosis por igual de sobresalto en forma de portadas de periódico y de hartazgo por tanto ladronicio perpetrado a nuestras espaldas. La cosa pública languidece aquejada del coctel fatídico de los recortes económicos y del descrédito tremendo de sus servidores. Una descomposición imparable, sin luz al final de túnel, que pone en serio riesgo la convivencia ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿Qué especie de mal contagioso ha invadido las entrañas de un supuesto Estado de derecho? ¿Quiénes son los responsables últimos de que el sistema en sus piezas claves haya fallado tan estrepitosamente? Salvo pensar que hemos vivido todo este tiempo en manos de una legión de ladrones descarados, pudiera parecer que el relato de la década prodigiosa del ladrillo que vamos conociendo, no deja otro espacio al análisis. Pero yo no me rindo y me pregunto por los motivos que han hecho posible que en vez de primar los valores, la codicia y la ambición desmedida se nos hayan colado por las rendijas hasta controlar los puestos de mando.

Los fallos del sistema tienen mucho que ver con el papel que se le ha concedido a la política como generador de residuos. Que el crecimiento se basara en el suelo y la construcción, convirtió a las administraciones en una suerte de concesionario de licencias públicas, que en un círculo perverso constituían también el bálsamo de los ingresos para los gobernantes. El roll de la fiscalidad y la progresividad del modelo impositivo como forma de redistribución de la riqueza se fue perdiendo sin excepción fuera del color que fuera el político de turno. Así las cosas, desapareciendo también los controles efectivos sobre la cosa. Aquel que se oponía al festín de la especulación hipotecaria o era un tonto o un ruin y si seguía en su empeño o se le mandaba a galeras o se cambiaban las normas para acallar al aguafiestas. Tampoco ha ayudado una justicia atortugada incapaz de juzgar a tiempo y controlada en la investigación policial y en la fase de instrucción procesal por los gobiernos. Y, por último, la responsabilidad de unos medios de comunicación dóciles a los poderes políticos y económicos a base de publicidad encubierta. Enfrascados en guerras fratricidas personalistas han perdido la credibilidad ante sus audiencias.

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Podríamos pensar que la actitud del sector privado ha sido mejor, pero el mero dato de los niveles de economía sumergida que padecemos nos cae del guindo. Capitales evadidos en paraísos fiscales, prácticas de cartel para hacerse con el mercado y sonoras estafas a los clientes han salpicado también la crónica de la España corrupta. El resultado en fin, todas las instituciones y grandes empresas tocadas. La Casa Real sin yerno por delitos que ocupan más de medio código civil y penal; los dos principales partidos políticos con multimillonarias cifras de financiación ilegal; la mayoría de gobiernos autonómicos dedicados a expoliar cajas de ahorro y prevaricar en obras tan faraónicas como inútiles; un rosario interminable de casos municipales, solo por poner el caso de mi tierra Galicia, de los cuatro alcaldes de las capitales de provincia, uno sobrevive sin estar imputado; la judicatura con su jefe al frente viajando con su escolta “by the face” a Marbella; los principales banqueros y empresarios incluido su presidente acusados de graves delitos… Nunca le encontré tanto sentido a los puntos suspensivos.

Por eso antes de que solo nos quede la digna pero inservible huida hacia el exilio interior, debemos proponer ideas para salir de esta. Yo empiezo por decir que la base es la actitud ejemplarizante, la honradez como norma de conducta. Y no sirve, ni es suficiente no haber hecho nada malo cuando vivías o vives rodeado de malas praxis. El silencio de los corderos o de los cobardes, se convierte en complicidad culpable. Esto empieza por uno mismo, por buscar lo bello de la vida por el goce sencillo y placentero de disfrutar de las pequeñas cosas, de huir de la eterna insatisfacción o del juicio de la medida mirándonos en lo que los demás tienen. Es una nueva forma de ser y de vivir. Aprender a no generalizar y premiar al honrado y castigar al corrupto. El voto debe ser consecuente y expulsar al corrupto de los cargos públicos. Reformar en profundidad la carrera judicial para hacer de la fiscalía un órgano al servicio de los ciudadanos y no del gobierno. La actuación de oficio en defensa de lo que es de todos y la capacidad investigadora ante los indicios de delito. Recuperar el papel de los medios de comunicación en su faceta de control de los poderes ante la opinión pública estando dispuestos a salir de la cultura del gratis total que consume corta y pegas sin contrastar y aceptar el pago por contenidos de calidad que garantizan el derecho a la información. En suma, incentivar el bien, dignificar la actividad pública con remuneraciones razonables en comparación con el mercado y la responsabilidad.

Ahora solo preguntémonos sinceramente si estamos todos dispuestos a reformular las reglas del juego para oxigenar el ambiente irrespirable que nos rodea. Si es así, es posible que con esfuerzo y no pocas bajas en los dos bandos, hayamos ganado la batalla por la regeneración ética y cívica de nuestra sociedad. De no quererlo, solo nos queda comprarnos una máscara antigás y presenciar cada mañana el inquisitorial ejercicio del santo oficio ejecutando en portada al corrupto cotidiano.

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La identidad del ladrillo: compre una casa para ser español

La ocurrencia la define el diccionario de la lengua española como la idea inesperada, pensamiento original o el dicho o hecho gracioso e ingenioso de una persona. Expresado así no parece semánticamente contener maldad alguna el término, pero lo cierto es que las más de las veces el ocurrente no tiene la más mínima gracia y el problema es que por tener una oportunidad ante los focos mediáticos, son muchos los protagonistas políticos que se lanzan a provocar titulares agarrados férreamente a la feliz ocurrencia. Y como en todo, aquello que si cae mal a la audiencia dan en llamar “globo sonda”, tiene su graduación y es más o menos perdonable según la trascendencia del hecho que aborda la ocurrencia de turno. Esta vez ha tocado sobre un tema fundamental, que afecta a los derechos básicos de la persona, su identidad o en términos más prosaicos, su nacionalidad. Ha sido el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, el encargado de largar la propuesta “original”, como suele ser tradicional en un desayuno informativo de esos que a base de croissant y horario temprano, nadie pregunta y todos escuchan boquiabiertos con la legaña puesta. En un intento por dar salida al ingente stock de viviendas hechas y por hacer sin comprador que asola la economía española, este audaz e intrépido libre pensador propone al mundo mundial que por la compra de un piso se le conceda la nacionalidad, eso sí siempre que se rasque el bolsillo al menos con 160.000 euros.
En una palabra, lo que está estudiando el gobierno Rajoy es la compra de derechos, una especie de subasta de pisos con DNI en primera línea de costa. Eso sí para que no parezca raro esto de vender la dignidad, se nos pone como edificantes ejemplos de nuestro entorno, los casos de Irlanda y Portugal, rescatados ambos y que también han compartido la miseria humana de considerar patriota a cualquier  ciudadano que ponga sus dineros en su suelo o arcas. La oferta de adquisición de nacionalidad a cambio de ladrillo va dirigida según palabras del propio ocurrente a ciudadanos chinos y rusos deseosos de adquirir en propiedad una vivienda en las cálidad costas españolas, pero que sin permiso de residencia y por qué no ya nacionalidad en toda regla, se ven privados de disfrutar debidamente de su inversión realizada. Pobres, pobres no parecen los destinatarios de la ocurrencia, porque los millones de pobres en China y en Rusiabastante tienen con pensar en sobrevivir a la hambruna y la miseria como para pensar en el pisito en Benidorm. Parece evidente, salvo para el peor ciego que es el que no quiere ver, que la oferta tiene a sus demandantes en fondos de inversión de dudosa procedencia en países cuando menos cuestionados por su escaso respeto a los derechos humanos. Al menos el presidente español podría haber tenido la deferencia de ofrecerle la ganga inmobiliaria a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presente en la rueda de prensa de Moncloa donde Rajoy ratificó estar estudiando la ocurrencia.

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El Partido Popular que tiene entre sus credos la defensa a ultranza de la unidad nacional de la España indivisible, nos propone convertir la península en una peculiar “Tierra de patriotas”, una suerte de reinvención identitaria más basada en la creencia y el compromiso con la ferralla y el encofrado, que en valores democráticos y cívicos. Una especie de libre versión moderna de la conquista del Oeste y de los pioneros de Estados Unidos o el nacimiento de la nación australiana y neocelandesa a manos de delincuentes deportados de las islas británicas. Como las mejores películas de vaqueros o de la mafia siciliana reinando en Chicago. Claro que tampoco es novedad esta faceta del PP de renovar su credo nacional, pues, ellos de la mano del ex presidente Aznar extinguieron el servicio militar obligatorio y apostaron por un Ejército profesional de inmigrantes mercenarios de bajo coste. Está claro que para algunos el inmigrante, antes que una persona con sus derechos, es un recurso que según su renta per cápita puede alcanzar la nacionalidad en un día o se le niega la asistencia sanitaria más básica. Dígame cuanto dinero tiene en su cuenta corriente y le diré cuántos derechos tiene.
Lo que repele aún más de la medida es que la Unión Europea, ese espacio ejemplar que debería ser de respeto de los derechos de las personas, esté mirando a otro lado cuando legislaciones de sus Estados miembros conceden privilegios a golpe de talonario. Cuando el derecho de asilo se está denegando en algunos países europeos a personas de huyen de tragedias de todo tipo, bien sean bélicas o por hambruna, alguien en Bruselas tendría que alzar la voz de la dignidad contra políticas que tras la búsqueda de inversiones, lo que hacen es especular con la miseria humana y nos cuelan de rondón el concepto como destino solo para ricos. Cabe destacar que ciudadano europeo es toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión fue creada por el Tratado de Maastricht en 1992 y los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el Tratado. La importancia de la ciudadanía de la Unión radica en el hecho de que sus ciudadanos gozan de derechos auténticos al amparo del Derecho Comunitario Europeo. Los derechos principales que confiere la ciudadanía con arreglo a la Parte 2 del Tratado CE son los siguientes: Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y municipales del Estado miembro en el que resida; Derecho a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares; Derecho de petición ante el Parlamento Europeo; y Derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo.
Si en la política actual preocupa la falta de ideas, más debería preocupar la industria de la ocurrencia, en este caso fruto de la “Factoría FAES“, la Fundación vinculada al PP cuyo máximo impulsor fue José María Aznar, tratando de remedar el modelo alemán de la Konrad Adenauer. De sus filas han salido buena parte de los actuales dirigentes de nivel medio del Gobierno Rajoy, expertos en fabricar conceptos ocurrentes que la mayoría de las veces al trasladarse a la realidad suelen quedar en meras cortinas de humo o falsos debates. La necesidad de aportar ideas a los problemas que la sociedad debe afrontar debería ser tomado con más rigor por aquellos que están llamados tarde o temprano o ejercer responsabilidades de dirección de un Estado.
Parece que España ha optado por inducir a sus jóvenes mejor formados a coger la maleta de la emigración, a la par que abre las puertas de par en par a la nueva versión de la inmigración ilegal. Mientras la inmigración del hambre muere en pateras en el Estrecho, les ponemos pisos de 120 metros cuadrados y terrazas con vistas a ese mar de la tragedia a nuevos ricos de lejanas tierras. Hemos inventado el ciclo de exportar supuestos talentos e importar presuntos delincuentes. Lo alucinante del caso es que a los ocurrentes no se les caiga la cara de vergüenza de salir a contarlo. Y luego se extrañan de que millones de ciudadanos en Cataluña, Euskadi, Galicia y Canarias quieran perder esta nacionalidad española de mercenarios.

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De las horas más difíciles del socialismo español

Cuando uno escribe siempre llega un día que si se quiere ser honesto con uno mismo toca desnudarse. Es un instante complejo de mirada extraña y figura ante el espejo que siempre habríamos deseado no tener que pasar. Se vive como una confesión sin cura y sin confesionario, en el anonimato de unas palabras sobre un papel en blanco pero la penitencia de hacer públicas las intimidades es más dolorosa que el peor de los via crucis. No tengo nada de lo que sentirme culpable, más bien todo lo contrario tengo mucho de lo que enorgullecerme, pero es como quien se despoja de algo que considera parte de su identidad que jamás reveló públicamente. Y a ello voy: nací en un hogar que por historia y convicción militó en el Partido Socialista Obrero Español y que sufrió en carne viva la guerra civil, la posguerra y las consecuencias de una dictadura para quien no estuvo en el bando victorioso. Con todo no me educaron en la venganza ni en el odio al enemigo, tuve la inmensa fortuna de acudir a las clases de profesores que lo fueron de laInstitución Libre de Enseñanza al amparo de la noble personalidad de Josefina Aldecoa. Liberado de los principios fundamentales del Movimiento,  del “Cara al sol”, de la confesión y comunión diaria, crecí entre libros de literatura prohibida y los poetas del 27. Una libertad que sigo atesorando y que probablemente haya fraguado una terca personalidad independiente. Por eso hoy me duele en las entrañas la deriva onerosa que está tomando el Partido Socialista en España y que en el peor de los momentos dibuja el escenario más patético de defensa de los derechos de los más débiles.

Vivimos una crisis dura, no solo por los azotes de pérdida de bienestar que supone, sino porque no somos capaces de ponerle rostro y combatirla. Pareciera como que el enemigo sabe darnos la espalda cada vez que tratamos de acercarnos a él para exigirle responsabilidades. Torna y muda a toda velocidad y siempre logra controlar la situación para hacernos parecer guiñoles a su antojo. Los pirómanos que incendiaron nuestras casas se nos muestran como solidarios bomberos pero cobrando la cuota de servicio para apagar las llamas que ellos prendieron. Todo sucedió en un mundo gobernado por tesis liberales de mercado y de capitales, de sociedad de consumo bien educada que pedía crédito al límite de sus posibilidades y, por supuesto, muchas veces por debajo de los lógicamente asumible. Pero había que seguir el ritmo infernal del crecimiento que nos marcaba la banca, las inmobiliarias y la industria del automóvil. Vivir para pagar, sin poder vivir y a la postre sin poder pagar. Nuestra izquierda, aquella que nuestros padres construyeron a girones de dolor, a tiros en trincheras, miró complaciente la festividad del santo empréstito y dio por bienvenida la juerga de los pobres enriquecidos de la noche a la mañana. Sindicatos y partidos del puño y la rosa cayeron en la trama oficial del todo vale y a la vuelta de unas décadas envueltos en corrupción y anquilosados por aparatos comprometidos con el establishment fueron perdiendo discurso, credibilidad y, lo más importante, dosis de ética para plantar cara.  Y así llegó la crisis con sus ERE’s y sus ajustes que no son sino la regresión a tiempos pretéritos cuando el trabajo era un don de gracia divina concedida por el empresario y no un derecho del ser humano.

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Así las cosas no es de extrañar que la sociedad haya dado la espalda a la política, porque realmente a quien se la ha dado es a la izquierda democrática, aquella de la que esperaba más cuando los actores de la crisis se pusieron al mando y reclamaron el cese ordenado de tanto despilfarro en forma de cobertura social para el pueblo. Esperábamos que estuvieran allí para defendernos aun cuando no supieran cómo hacerlo, esperábamos su gesto, su compostura, su compañía. Pero los compañeros a los que esperábamos nos volvieron la espalda y comulgaron con las razones oficiales, aceptaron los despidos, callaron ante los desaucios y levantaron tímidamente la voz cuando nos empezaron a despojar de derechos de educación o salud. Para entonces ya eran cómplices del drama y por eso en nada les sorprende que la gente no les vote, que les devuelva la espalda en forma de castigo en las urnas. Y uno pensaba que llegados a este punto llegaría la reacción, que alguien en su sano juicio o garante de unos principios o con el mínimo de coraje vital, trataría de enfrentarse a aquellos que han secuestrado la voluntad de unas ideas. Las siglas no representan nada si la acción no las acompaña y si no se sirve al pueblo para el que se dice servir.

En dos elecciones autonómicas, Galicia y País Vasco, el PSOE ha perdido cerca de medio millón de votos, pero ya lo hizo anteriormente hace un año en los comicios generales y en Andalucía y Asturias pese a mantener a duras penas unos gobiernos partitocráticos. De ser la opción mayoritariamente empática de los españoles ha pasado a ser la menos creída por ellos. Ha derrochado toda la honradez de más 125 años de historia. El Partido Socialista se fundó clandestinamente en Madrid, el 2 de mayo de 1879, en torno a un núcleo de intelectuales y obreros, fundamentalmente tipógrafos, encabezados por PabloIglesias. El primer programa del nuevo partido político fue aprobado en una asamblea de 40 personas, el 20 de julio de ese mismo año. El PSOE fue así uno de los primeros partidos socialistas que se fundaron en Europa, como expresión de los afanes e intereses de las nuevas clases trabajadoras nacidas de la revolución industrial. De aquellos ideales apenas quedan rastros y la traición continua lo ha convertido en una opción que como mucho aspira a la alternancia incapaz de construir un proyecto sólido de alternativa al modelo de sociedad en crisis que vivimos.

Andan ahora los socialistas españoles esperando la siguiente derrota para medir el grado de catástrofe que sufren y el nivel de cambio que deben aplicar en su aparato. Todo interno, todo endogámico mientras fuera la gente sufre y la tenaz política germánica europea que sodomiza al gobierno español nos hace más pobre de por vida y de por generaciones venideras. Y ellos mientras se retan unos a otros: el secretario general Rubalcaba se siente unánimemente respaldado y reta a los disidentes que se atrevan a que le echen de la madrileña sede de Ferraz. Pero en los mentideros del partido no hay dirigente que no clame por su decapitación seguros como están de que no existe futuro alguno en su dirección. Todos tienen miedo, el miedo al miedo, el pánico a perder no se sabe qué, a no estar en una lista a tener que verse las caras con la calle y la vida sin siglas que te amparen. Nadie tiene un gramo de dignidad para salirse del frío cálculo de los equilibrios de poder del partido y de los tiempos entre congresos ordinarios, conferencias políticas y elecciones varias. Por esperar solo esperan el fallo del contrario, el siguiente traspiés del Gobierno Rajoy para ocupar sin esfuerzo de nuevo La Moncloa y volver a traicionar la fe de sus votantes. Así cuatrienio a cuatrienio y tratar de pillar viento a favor económico para sufear la siguiente ola de crecimiento sin tener que generar una nueva teoría de reparto de la riqueza.

Así devanean los socialistas españoles en plena crisis y es normal que muchos ciudadanos radicalicen sus posturas de izquierdas y voten nuevas opciones como las que representan desde la atomizada versión de Izquierda Unida o las múltiples versiones nacionalistas como lo son los casos de Alternativa Galega de Esquerda de Xosé Manuel Beiras o la propia EH Bildu de la Izquierda Abertzale vasca. Se van por el sumidero como una bañera que un día estuvo llena de agua, pero en la que alguien se olvidó de poner el tapón. Pierden elección tras elección y se miran de reojo sin saber que hacer salvo cuidarse de la puñalada de su enemigo interior. Se desangran en cada titular de periódico en una frase vacua, incapaz de aportar una luz de esperanza a unos ciudadanos cada día más angustiados por la crisis. No necesitan reformarse, no les vale ya con regenerarse, solo les sirve una refundación porque ya no les vale ni la marca, ni el logo, ni los rostros que se ponen junto a él. Todo debería ser nuevo si de verdad quieren recuperar la credibilidad porque lo primero que deben demostrar es que quieren ser útiles a la sociedad, que quieren servir de algo a aquellos que un día creyeron en ellos y a otros que nunca lo harían. Seguramente hacen más falta que nunca o al menos tanto como cuando sus fundadores tuvieron el valor de alzarse contra la injusticia que les rodeaba. Pero si no son capaces de darse cuenta de volver a la vida y reconocer lo que en la calle es un problema puede que dejen de interesarnos y tal y como siempre evoluciona el ecosistema, se conviertan en especie extinguida y les sustituya otra más preparada para el mundo que vivimos. Su suerte aún es suya y la decisión de todos nosotros.

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Otoño electoral: Euskadi y Galicia a las urnas… ¿quién sobrevivirá?

La reciente historia de las contiendas electorales demuestra la capacidad que la crisis económica está teniendo para llevarse por delante líderes políticos. Prácticamente ninguno, si exceptuamos el sorprendente caso del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán – que aguantó in extremis y viéndose obligado a pactar gobierno con Izquierda Unida – han sido triturados por las urnas. Por ello cada vez es menor la tentación de utilizar el adelanto electoral como herramienta de cálculo político dados los riesgos que tienen los presidentes de encontrarse con la bofetada del cabreo ciudadano en forma de castigo en los resultados. Nadie se atreve a poner a prueba el hartazgo de la calle, de una sociedad confundida, asustada, e incluso irritada con una clase política a la que ya considera un problema y por la que no se siente representada. Así las cosas, los que se precipitan al abismo insondable de unas elecciones anticipadas es o porque no cuentan con suficientes apoyos en el arco parlamentario para su gestión o porque les obligan desde instancias superiores. Ambos casos han confluido repentinamente esta semana para provocar la convocatoria de elecciones en dos comunidades históricas – eufemismo con el que en España se denomina a realidades nacionales como lo son la vasca y la gallega – Euskadi yGalicia de manera solapada o, mejor dicho, bajo el efecto dominó. Ya que de no haber convocado primero el lehendakari Patxi López, muy probablemente el presidente Núñez Feijoó habría agotado su legislatura en marzo del año que viene.

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La primera reflexión que produce la doble convocatoria para el próximo 21 de octubre no puede ser otra que desde el gobierno central se pretende evitar la foto fija de la noche electoral de un resultado claramente favorable a los planteamientos soberanistas en el País Vasco. Las expectativas de que el Partido Popular gallego pueda revalidar una mayoría absoluta contribuirían a presentar una imagen más sosegada del trance de los comicios vascos. “España no se rompe”, podrían proclamar interna, pero sobre todo externamente los responsables del gobierno en una grave situación económica al que solo le falta para certificar la ruina del Estado la desintegración territorial en las nacionalidades históricas. Galicia constitucionalmente es una de esas nacionalidades con pedigrí por lo que una apuesta por la españolidad le serviría a Rajoy para quitar hierro ante sus colegas europeos a la deriva independentista de los resultados vascos. Sin embargo, mucho arriesga el presidente del Gobierno, que con casi total seguridad es el instigador del adelanto en Galicia o muy seguro tiene que estar de que en su tierra sabrán entender sus duras políticas de ajuste, pues, de caer derrotado Feijoó el doblete en la derrota podría abrir una crisis de impredecibles consecuencias. Supondría un revés total a la gestión del gobierno central prácticamente al año de su llegada a La Moncloa, en un momento de contestación sindical – los tambores de guerra ya llaman a una nueva huelga general y en el escenario de una más que previsible solicitud a la Unión Europea de un segundo rescate. En Galicia Rajoy se juega mucho, más que nunca, pero si le sale bien la jugada y jugando en casa gana, habrá disipado el calendario electoral sin ninguna cita hasta junio de 2013, que los europeos estamos llamado a votar el Parlamento que elegirá por vez primera al presidente de la Comisión, unos comicios que desgraciadamente son de menor relevancia en el cálculo político de los grandes partidos y que además siempre benefician al Partido Popular. Incluso aunque se produjera un castigo en las elecciones europeas se podría minimizar.

Sin duda, las elecciones que más preocupan a Rajoy son las vascas, más por su repercusión mediática que por la realidad de lo que cualquier resultado en ellas pueda producir. Haber alimentado el cuento del lobo de la independencia desde los medios de comunicación de Madrid, convierte cada comicio en Euskadi en una suerte de referéndum de autodeterminación del pueblo vasco. Y nada más lejos de los hechos. Durante treinta años los vascos han votado con mayor o menor grado de libertad, bajo la amenaza terrorista de ETA y con partidos injustificablemente ilegalizados, con las cartas marcadas por unos y otros, pero casi siempre los ciudadanos se han expresado igual, o al menos, una clara mayoría de su sociedad: contraria a la violencia de todo signo, a favor de la libre concurrencia de todas las opciones políticas, con fuertes tendencias nacionalistas y con un marcado carácter social en sus políticas. Poco cambian las cosas cada vez que los vascos hablan a través de las urnas, su electorado está bastante cristalizado. Esta vez van a votar sin la presión de la violencia, aunque absurdamente aún bajo la tutela ideológica de ETA, y con todas opciones para elegir. Eso no quiere decir que no Madrid y la izquierda abertzale no permitan perder el protagonismo del falso debate que siguen estableciendo sobre un proceso de paz que tiene en sus tempos y en la discrección de las decisiones, la clave del éxito.

Es más que previsible según indican las encuestas que sea el PNV– Partido Nacionalista Vasco y su candidato a lehendakari Iñigo Urkullu – el más votado y con más parlamentarios en estas elecciones. Como casi seguro que EH Bildu – la nueva marca de Batasuna y los restos de Eusko Alkartasuna y Aralar – vuelva por derecho propio a convertirse en notable actor de la vida política vasca. De la misma forma, casi nadie duda del castigo que recibirá en PSE – Partido Socialista de Euskadi – en la persona del lehendakari López a su pacto contra natura con el Partido Popular y a la pobre gestión de su gobierno que además ha tenido que hacer frente a la crisis económica. Y, por último, el PP vasco bastante tendrá con aguantar y no perder muchos parlamentarios en unas elecciones que seguro que le pasarán factura por las políticas de recortes y subida de impuestos efectuadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Con estas premisas y con la salvedad de que en una situación económica como la que vivimos y con la ola de vuelta a la legalidad de la Izquierda Abertzale que aún está presente, siempre pueden producirse sorpresas, lo lógico es que el PNV sea el encargado de gobernar la Comunidad Autónoma Vasca. Sin mayorías absolutas que son inviables en la cuadrícula PNV / Bildu PSE / PP que compone el mapa político vasco, el juego de las negociaciones se antoja complejo. Pero en cualquier escenario que se dibuje de gobernabilidad el único fijo es el PNV y el único además capaz de llegar a acuerdos con los otros protagonistas. Con Bildu en materias identitarias y reivindicativas soberanistas frente a Madrid, así como en materia de pacificación. Con el PSE en el troncal de sus políticas sociales y con el PP en la coordinación de las políticas económicas de ajuste para el cumplimiento de los límites de déficits impuestos por Bruselas en una comunidad que no recordemos que tiene capacidad recaudatoria y tres haciendas forales. Y de no ser producirse la sorpresa y si fuera EH Bildu la primera fuerza política en el parlamento de Vitoria, mal haría Madrid en dramatizar las consecuencias de lo que sería simplemente la libre elección del pueblo vasco, pues, a lo que tendría que dedicarse es sencillamente a gestionar la situación por ello creada y normalizar lo que los ciudadanos han decidido que sea normal.

En Galicia, aparentemente las cosas pintan como están, revalidando la mayoría absoluta el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, sobre todo, por la circunstancia en que pilla el adelanto a la oposición. El PSdG – Partido Socialista de Galicia – se enfrentaba en septiembre a un proceso de primarias promovido nada más y nada menos que por el ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE, José Blanco contra el secretario general gallego Pachi Vázquez. Con las espadas en alto, y sin tiempo para dirimir las diferencias internas, parece complicado que el candidato socialista cuenta con el apoyo y la unidad suficiente para lograr el vuelco electoral. El otro actor necesario para romper la mayoría absoluta popular, el Bloque Nacionalista Galego – BNG – acaba de vivir dos escisiones, la de uno de sus fundadores y figura emblemática, Xosé Manuel Beiras, con su Encontro Irmandiño y la más moderada opción galleguistaCxG – Compromiso por Galicia – surgida en el entorno del ex vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. Tanto una como otra tienen difícil, dado lo prematuro de la cita electoral, entrar en el Parlamento gallego, pero está por ver la fuerza que son capaces de restarle al BNG. El principal riesgo al que se enfrenta Feijoó es así mismo por su pobre gestión, cuyo mayor éxito es ser la comunidad autónoma con menor déficit público del Estado, fruto de su escasa aportación de grandes proyectos para Galicia y de la cómplice política de recortes con lo fijado desde Madrid por Rajoy. Y el segundo gran problema que le rodea como un fantasma de la santa compaña, es el índice de cabreo que la forma de gobernar de su colega Mariano Rajoy ha podido generarse entre los gallegos. Cierto es que el carácter gallego y lo dice uno que lo es, es poco propicio a los cambios hacia la nada y que la seguridad y la confianza son factores que siempre han tenido a favor los populares en Galicia, pero no es menos cierto que el voto urbano perdido por el Partido Socialista y en menor medida por los nacionalistas gallegos puede dar sorpresas en las provincias de A Coruña y Pontevedra – sobre todo en Vigo -.

En cualquier caso, lo cierto es que para Rajoy ninguna de las citas electorales no es plato de buen gusto teniendo en cuenta la dura agenda política a la que se enfrenta en su relación con Bruselas. Tiene prioridades de enorme calado y en las que se juega no solo su futuro político sino como será visto por la historia y por los españoles, en urnas de Euskadi y Galicia lo único que puede es llevarse sustos, pocas alegrías por grandes que fueran le servirían en su objetivo fundamental, que no es otro que sobrevivir políticamente a la crisis. Sin embargo, le guste o no, vascos y gallegos están llamados a votar en medio de un clima de desprestigio galopante de la política y de los políticos cuando más necesaria es ella  y lo son ellos. Por eso, por respeto a dos pueblos con la historia y la pasión de una identidad propia, de lengua y culturas propias, debería Madrid respetar los procesos electorales que se van a vivir en estas dos comunidades sea cual sea el resultado de los mismos, porque de lo contrario el mínimo rédito que le queda al Estado español entre muchos ciudadanos vascos y gallegos como garante de derechos y libertades, desaparecerá por completo. Tiene Madrid probablemente una de sus últimas oportunidades de demostrar que la apuesta por la convivencia democrática es su prioridad máxima sean quienes sean sus interlocutores y que el Estado se construye desde la compresión del diferente y el respeto de las ideas del adversario. Veremos quién sobrevive a este otoño electoral; se admiten apuestas.

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Al rescate de las Comunidades Autónomas: ¡motín a bordo!

Sabido es que resulta de lo más cómodo en situaciones de excepcional dificultad buscar un responsable para ponerlo en la picota y hacerle responsable de cuantos males nos invaden. La cultura hispánica lejana a la autorresponsabilidad y a la autocrítica, siempre encuentra justificaciones ajenas a sus problemas con tanta facilidad como pone en marcha juicios sociales inquisitoriales para buscar culpables que nos tranquilicen las conciencias. En esta crisis por la que tratamos de navegar hace ya casi un lustro, el relato oficial del drama que vivimos ha acudido a distintos malos de la película para explicar lo que no estaba sucediendo con una trágica frivolidad que ha impedido un análisis riguroso de las causas internas del crack de nuestra economía y de las reformas estructurales que son imprescindibles para salir de ésta. Primero fueron los vientos lejanos de Wall Street en exclusiva quiénes protagonizaron titulares de medios y declaraciones de políticos como si la globalización no fuera con nosotros. Después, los errores de un presidente del Gobierno que se empeñó en negar la gravedad de los hechos convirtió a Rodríguez Zapatero en el pim pam pum del colectivo. Su desaparición dejó paso a la omnipresente figura de la canciller alemana Angela Merkel como mala oficial, su intransigencia en flexibilizar las condiciones de ajuste que nos han impuesto la ha convertido en el blanco de las iras de la calle. Pero como siempre necesitamos culpables patrios, encontramos un mantra extraordinario, capaz de explicar sin titubeos el origen de todos nuestras desgracias: las Comunidades Autónomas. Una aberración de la transición democrática que nos ha convertido en 17 reinos de taifas repletos de corruptos que malgastan el dinero de los pobres españoles, vamos en una palabra, la cueva de Alí Babá y los 17 ladrones. Simple, simplicísimus, la mejor de las coartadas para volver a 1976, al glorioso régimen donde las diputaciones provinciales y los gobernadores civiles mantenían la ley y el orden, por cierto de un Estado, tan arruinado como el actual.

Como la memoria es frágil en un país que no quiere recordar habrá que echar la vista atrás para refrescar las ideas sobre cómo surgió el invento de las Comunidades Autónomas. Es evidente que como no se cansan de repetir los enemigos del modelo autonómico, España tenía un “problema” con Euskadi yCataluña – curiosa manera de afrontar el debate del encaje de realidades nacionales dentro del Estado – podía perfectamente, pues, haber optado por un régimen administrativo asimétrico o por la simetría total que representa el federal. Sin embargo, en un peculiar encaje de bolillos, las distintas fuerzas constitucionales – salvo el Partido Nacionalista Vasco que siempre se opuso al modelo aunque finalmente lo acató – entendieron que las Autonomías atemperaban mejor las tensiones territoriales del Estado español. Para ello se estableció en el texto constitucional de 1978 dos vías de acceso a las competencias autonómicas: la vía rápida para las históricas – dado que ejercieron autogobierno durante la Segunda República – las citadas Euskadi y Cataluña por el artículo 151 y el resto de las hasta entonces regiones y provincias, por el artículo 143 o la vía lenta. Un procedimiento que se vio alternado el 28 de febrero de 1980, en virtud del referéndum celebrado en Andalucía que consagró con un apabullante del 87% a favor del acceso de los andaluces a la vía rápida. A partir de este momento se puso en marcha un proceso de aceleración del Estado autonómico y de las transferencias de gestión de los asuntos básicos para la vida de los ciudadanos desde la administración central a las administraciones autonómicas. El “café para todos” como lo bautizó el ministro Clavero, enfrentado al presidente Adolfo Suárez, se puso en marcha y ha durado hasta la fecha. Pero sus detractores se olvidan que si estamos donde estamos se debe a la voluntad popular de casi tres millones de andaluces que libremente decidieron exigir a Madrid más autogobierno y más rápido. Cosas incómodas que tiene la democracia, ¡qué le vamos a hacer señores del antiguo régimen!

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Para cualquier planteamiento de reforma que se quiera plantear habrá que partir de dos condiciones inexcusables: primero, proponer un modelo alternativo al autonómico que se formule claramente, sin argucias de si es más caro o más barato, pues, lo que nos jugamos es un modelo de convivencia, no el tipo de asesor fiscal que escogemos; y en segundo lugar, que cualquier modificación debe ser aceptado por la voluntad popular, la de los ciudadanos de los distintos territorios que hoy componen este Estado plurinacional. Cada cual tiene un derecho inalienable recogido en la declaración de las Naciones Unidas a pertenecer a la entidad jurídica nacional o estatal que desee, si bien esta capacidad de autodeterminación al colisionar con el derecho de quienes en una misma comunidad tienen distinto deseo, debe articularse a través del consenso y la negociación. Es decir, que abrir el melón del modelo de Estado, en ningún caso puede encontrar la justificación fácil de culpabilizarlas del éxceso de déficit de la economía española, para cercenar derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Si abrimos el melón, si estamos de acuerdo en que el traje se nos ha quedado pequeño y viejo, nos hacemos uno nuevo con todas las consecuencias, incluido como no puede ser de otra forma el derecho a decidir libremente. Supongo que estas reflexiones ya no son tan del agrado de los medios y políticos que cada día con más fuerza y virulencia predican la imperiosa necesidad de reformar el Estado español. Si la única reforma posible es que el Estado sea más español, o lo logran por la fuerza o tendrá que refrendarlo territorio a territorio los distintos pueblos que componen el Estado.

Pero para centrar la realidad del supuesto problema de despilfarro que suponen las Comunidades Autónomas, debemos empezar por asumir que las Autonomías son más Estado que el Estado central, pues, gestionan más del 60% del gasto público, especialmente aquellos aspectos como la Sanidad o la Educación más sensibles y más cercanos del servicio público al ciudadano. El conjunto de las CC.AA. los 140.083 millones de euros, que equivale al 13,1% del PIB, mientras que la deuda pública total de España, cerró el año pasado en 734.962 millones de euros, lo que supone el 68,5% del PIB y, por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 35.420 millones de euros en 2011, el equivalente al 3,3% del PIB. Nos pongamos como nos pongamos, criminalicemos a quien queramos criminalizar, la realidad es que el fuerte incremento de la deuda pública en el Estado se ha debido a las cuantiosísimas ayudas que se vienen prestando a la banca desde el inicio de la crisis y a los pagos por prestaciones al desempleo, que afecta a más cinco millones y medio de parados. Son el pago por intereses de la deuda, unos 40.000 millones al año y la cobertura del paro, cerca de 50.000 millones al año, los capítulos que han tensionado hasta el extremo la prima de riesgo española en los últimos años.

Pretender el cambio de un modelo porque en estos 30 años de su funcionamiento se han producido malas praxis es algo así como dejar de conducir porque puedes tener un accidente. De lo que ha adolecido el modelo autonómico es de autorresponsabilidad fiscal, unos entes gestores de gastos fundamentales y con tienen capacidad de generar ingresos, son por naturaleza irresponsables. De ahí que convenga en estos momentos analizar dónde se identifican territorialmente los principales problemas de endeudamiento y déficit autonómico. De otra forma pagarán justos por pecadores. Cuatro son las comunidades con un endeudamiento por encima del 15% de su PIB: Cataluña 41.778 millones de euros, 20,7%; Valencia, 20.762 millones de euros, 20,7%; Castilla-La Mancha, 6.587 millones de euros, 18,8%; y Baleares 4.432 millones de euros, 16,3%. Ellas cuatro solas alcanzan el 50% del total de la deuda autonómica. Les  siguen seis comunidades con ratios de deuda similares a los del Estado, entre el 15% y el 10%: Navarra (12,9%), Galicia (12,3%), Rioja (11,2%), Extremadura (10,9%),Aragón (10,2%) y Murcia (10,1%). Mientras que sólo 7 comunidades registraron al cierre del 2011 niveles de deuda por debajo del 10% de su PIB: Andalucía (9,8%),Castilla y León (9,4%), Cantabria (9,3%), Asturias (9,1%), Canarias (8,8%), País Vasco (8,1%) y Madrid (7,9%). La insuficiencia financiera de quien gestiona y no recibe recursos, unido a la mala gestión imputable a determinados gobiernos autonómicos que si se quieren leer las cifras de evolución de la deuda tienen nombre y apellidos, explica el incremento del endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

Así las cosas, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han anunciado su intención de acudir al mecanismo de financiación puesto en marcha por el Gobierno central para facilitar los pagos por parte de las Comunidades Autónomas, una suerte de rescate autonómico aunque como en el caso de la intervención de España queramos jugar a laberintos semánticos para correr una cortina de humo sobre la realidad. El problema es que el fondo que se ha instrumentado es claramente insuficiente para dar cabida a los 140.000 millones que anualmente generamos de deuda y sus consiguientes intereses. Cataluña es la punta del iceberg del problema y su incapacidad para realizar pagos tan imprescindibles como las nóminas de los médicos de los hospitales está a la vuelta de la esquina. El president de la Generalitat Artur Mas ha advertido de la circunstancia y apela a un pacto fiscal con el Estado para poner fin a un largo período de insuficiencia financiera por parte de Cataluña, que se siente maltratada en el reparto de transferencias. De  no producirse este nuevo consenso la administración catalana será incapaz de hacer frente a sus obligaciones y podría ser intervenida, una situación que como el propio dirigente nacionalista ha indicado, abocaría a unas elecciones para que el pueblo catalán decidiera el camino a seguir. Detrás podrían venir cualquiera del resto de las Comunidades Autónomas, pues, la mayoría de ellas han reformado sus estatutos para poder celebrar elecciones dentro del período cuatrianual de mandato. Estamos ante la necesidad de un replanteamiento general del modelo de Estado, más en su formulación de responsabilidad fiscal que de otra índole, pero en todo caso ante la obligación de un nuevo pacto de Estado. De no abordarse o de hacerlo con meras pretensiones recentralizadoras colándolas de rondón con el pretexto de la crisis, podemos vernos sumidos en un auténtico motín a bordo.

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Déficit público, las verdades del fraude y la falacia de culpar a las Comunidades Autónomas

El Eurogrupo, el particular club de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, no tomará decisión alguna sobre los límites impuestos al déficit público español hasta mayo. La flexibilidad para con la economía española queda en stand by, pendiente de que el Gobierno presente los presupuestos y se revise el programa de estabilidad. Asimismo, el borrador del Eurogrupo precisa que la consolidación fiscal «debe ser diferenciada» según «las condiciones de los Estados miembros». En apariencia deja abierta la posibilidad de tener en cuenta las muy especiales circunstancias de desempleo y recesión que vive la economía española. Pero según se producía tal declaración comprensiva, en el Consejo Europeo se les recordaba a los países sujetos a un programa de asistencia o sometidos al escrutinio de los mercados que se ciñan a los objetivos acordados. Una de cal y otra de arena, una pasito hacia adelante y un pasito hacia atrás. Y en paralelo, la canciller Angela Merkel redundaba en su monótono discurso de severos ajustes se oponía claramente a suavizar la política de recortes para hacer del crecimiento una prioridad.

Estamos ante un tema crucial para España pero, por supuesto, para el equilibrio futuro de la zona euro. Europa no puede permitirse el lujo de que una de las economías principales por PIB y por habitantes de la Unión se vea sometida a un absoluto colapso. Ese debería ser el primer argumento para la reflexión de los jefes de gobierno cuando tengan que decidir sobre las cuentas del Estado español. Repasemos, no obstante, los datos para tratar de comprender las posibilidades reales que España tiene de reducción de déficit en el 2012. El gobierno afloró la cifra del 8,51%, es decir, 91.344 millones de euros y culpó del desfase respecto al objetivo inicial del 6% a las Comunidades Autónomas. Una falacia inadmisible, pues, son ellas los centros de gestión de gasto más importante en el Estado. En una palabra, solo con la gestión de la Educación y la Sanidad deben financiar el 15% del total del gasto del Estado, con lo que es evidente que si producen desfases presupuestarios, siempre serán las culpables de los mismos, ya que el Estado central ha transferido tal responsabilidad. Pensar que el Estado gestionaría mejor estas altas responsabilidades de servicios y derechos sociales básicos, es cuanto menos insconstitucional, además de un absurdo apriorismo. La descentralización y la autonomía ha demostrado en más de 30 años de gestión una mayor eficacia que el modelo burocratizado de la verticalidad alejada de los ciudadanos.

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La explicación para tamaña mentira que pretende responsabilizar a las Comunidades Autónomas de todos los males del Estado español no puede ser otro que el intento de proceder a un proceso recentralizador encubierto en una hipotética mayor eficacia en la administración. Un planteamiento ideológico de quienes nunca han creído en un modelo de autogobierno y mucho menos de la realidad plurinacional que representan Catalunya, Euskadi o Galicia. Pero la realidad tozuda, además de estar representada por millones de electores que en una y otra cita electoral dejan claro su opinión votando opciones nacionalistas, nos dice que la descentralización ha producido grandes beneficios de modernización. Distinto es el imprescindible debate sobre la responsabilidad fiscal y de la exigencia del correcto gobierno de las cuentas públicas en cualquier ámbito sea municipal, autonómica o estatal. Si unas Comunidades Autónomas han contribuido en el saldo neto de relación con el resto del Estado y otras han salido beneficiadas, habría sido lógico exigir cuentas del uso de dicha solidaridad interterritorial. No deberíamos seguir admitiendo que algunas Comunidades se declaren pobres por naturaleza sin más y que, por tanto, ni cuantiosas ayudas europeas, ni ayudas estatales para su desarrollo hayan servido para que sigan perdiendo habitantes. Algo habrán hecho mal sus gobernantes y alguna responsabilidad debe exigirles el Estado.

En todo caso, si Bruselas es intransigente con las cuentas públicas españolas, el gobierno de Mariano Rajoy se verá obligado a reducir 44.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado del 2012. Un cifra tremenda en un plazo mínimo, que difícilmente puede cuadrar. Si tenemos en cuenta que los recortes efectuados por el gobierno de Rodríguez Zapatero, congelando pensiones y reduciendo sueldos de funcionarios alcanzó los 10.000 millones de euros. El nuevo Ejecutivo le pegó un tijeretazo de entrada de 8.900 millones de euros, fundamentalmente mediante la subida de impuestos, cuatro puntos de media en el IRPF. Ambos recortazos no alcanzan el 50% de lo que ahora debería acometerse, cuando además el escenario macroeconómico apunta a una clara recesión en todo el año con lo que el presupuesto de ingresos se verá afectado a la baja. La ecuación pues solo puede cuadrar subiendo más impuestos y reduciendo más los gastos. En el primer capítulo el IVA parece llamado a cobrar de nuevo protagonismo ya que el 18% sigue siendo un porcentaje por debajo de la media europea. Dos punto más, es decir, situarlo en el 20% con los actuales niveles de consumo podrían suponer un aumento de los ingresos de unos 7.000 millones de euros. Y en otro orden de figuras tributarias, quedaría la posibilidad de incrementar impuestos especiales – tabaco y carburantes – a lo sumo por valor de 3.000 millones de euros y el amplio repertorio de tasas por uso de infraestruras y municipales, lo que podría sumar otros 4.000 millones de euros.

El total de lo que vía contributiva podría recaudarse alcanzaría como máximo unos 20.000 millones de euros. El resto deberá proceder del recorte de las partidas de gasto, dado que la venta de activos del Estado , las últimas joyas de la corona – Aena, Puertos o Loterías – en las actuales circunstancias del mercado serían una ruina. Y puesto a meter la tijera en el gasto por enésima vez, me temo que solo quedan por acometer dos partidas fundamentales, tanto como los derechos que amparan: la educación y la sanidad. En el primer caso, por la composición del propio gasto muy relacionado con el personal docente, resulta difícil de recortar salvo en contratados y como mucho supondría ahorrarse unos 4.000 millones de euros. Por contra, en sanidad todo depende del nivel de los servicios a los que se quiera dar cobertura o lo que es lo mismo, que prestaciones se cubre gratuitamente y que despliegue de recursos requiere. Con eso ya ha amagado el gobierno, primero el propio presidente Rajoy en su discurso de investidura cuando anunció una ley de servicios básicos y muy recientemente su ministra de Sanidad, Ana Mato, en la reunión con todos los consejeros autonómicos cuando estableció la creación de una comisión al efecto. En este tema nos jugamos nada menos que la calidad asistencial y, en el fondo, la calidad de nuestra salud. Recortar entre 15.000 y 20.000 millones en sanidad si no se hace con criterios técnicos y de excelencia en la gestión puede suponer un irreversible empobrecimiento del sistema de salud que tenemos y que, hoy por hoy, se encuentra entre los mejores de Europa y, por tanto, mundial.

Claro que si el gobierno quiere coger el toro por los cuernos de verdad siempre le quedaría la opción de aplicar la tasa por transacciones de capital, gravar vehículos financieros especulativos como las Sicav y, sobre todo, de poner en marcha un auténtico plan de lucha contra el fraude fiscal. El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español, según el análisis realizado sobre el fraude por la consultora i2 Integrity. Los propios inspectores de hacienda llevan años clamando por la pérdida de ingresos del Estado que se pierden en actividades fiscalmente opacas y economía sumergida como si nuestro Estado fuera un queso gruyere. ¿Podemos soportar tales cifras sin hacer nada y por contra asumir sin rubor el desmontaje de nuestra cobertura sanitaria? ¿Podemos exigir a nuestros socios europeos que nos flexibilicen sus criterios de ajuste presupuestario si permitimos tales niveles de corrupción social? El principal problema de nuestras cuentas, públicas y privadas, porque la banca adolece del mismo mal, no es otro que la falta de credibilidad. No se creen nuestros presupuestos, ni nuestros balances. O somos capaces de demostrarles que no mentimos o desterramos la mentira de nuestro vocabulario comunitario o Europa será inflexible con España como lo ha sido con Grecia o lo puede ser con Italia. Esta vez la verdad tiene claramente premio.

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