Mes: noviembre 2012

Cataluña o la dificultad de surfear un tsunami

Algunos se empeñaron en presentar la elecciones anticipadas en Cataluña como una especie de prereferéndum del referéndum sobre el derecho a decidir de los catalanes. Demasiado rebuscado para una sociedad que está harta de que la utilicen políticamente para intereses particulares muy alejados de los problemas cotidianos de los comunes mortales. Pero el caso es que el órdago montado entorno a la manifestación de la Diada del pasado septiembre provocó un tsunami social de imprevisibles consecuencias que ha derivado en un enloquecido mapa político a la vuelta de los comicios. Siete fuerzas políticas en un Parlament mucho más fragmentado que el saliente de las elecciones de 2010, donde resulta difícil realizar análisis certeros de lo que la sociedad catalana demanda de sus políticos y mucho más complejo aún extraer conclusiones del camino a seguir por unos y otros partidos. Está claro que eso de subirse a la ola en el momento en que ésta te permite surfearla y llegar en pie a las arenas de la playa, en política no es tan fácil como alguno quiso creer. Supongo que Mas de uno estará pensando que la improvisación no es buena consejera cuando lo que se le está planteando a un pueblo es su independencia mientras tiene serias dificultades para llegar a fin de meses y los servicios sociales básicos, léase educación o sanidad, ven en riesgo su viabilidad a base de recortes.

Todo adelanto electoral, se quiera o no, es una crónica de un fracaso porque el mandato de los electores es conformar mayorías que hagan posible la gobernabilidad el tiempo para el que han sido elegidos. Este es el primero de los errores cometidos por el president Mas cuando convocó los comicios a mitad de legislatura, sin aparentes motivos capaces de ser comprendidos por la ciudadanía. La necesidad de un pacto fiscal que garantice la financiación de Cataluña en el Estado español no era argumento suficiente, toda vez queConvergencia i Unió había logrado la aprobación de sus presupuestos en Cataluña con los votos del Partido Popular y, además, en los 30 años de democracia esa reivindicación ha sido una y otra vez aparcada por CiU a cambio de mejoras en la cuantía de la financiación desde Madrid. Se trataba, pues, de encontrar objetivos de más amplio calado capaces de movilizar a Cataluña hacia una mayoría absoluta de Artur Mas. La gran manifestación de la Diada convenció al president de la necesidad de un salto cualitativo en la oferta electoral nacionalista. La independencia ya no era solo un credo futurista de los convergentes sino que se convertía en el adn existencial. Liderar un proceso social que se creía mayoritario se convirtió en el centro de todas las miradas y en el escenario de todas las batallas. El plebiscito nacionalistas/constitucionalistas estaba servido y no era la primera vez que ocurría en el Estado español, pues, elPNV ya vivió similar circunstancia con el lehendakari Ibarretxe y su frustrado plan de asociación con España.

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Mas acudía a las urnas alentado por unas encuestas tan erróneas que su responsable ha dimitido al amanecer del día después de las elecciones, seguro de mejorar el resultado de 2010 que aunque no alcanzara la mayoría absoluta le permitiría gobernar otros cuatro años de manera holgada y formular la propuestas independentistas sin las prisas ni las presiones de Esquerra Republicana. La táctica se imponía a la estrategia y las necesidades eran más que las virtudes. Por medio una campaña durísima contra su persona con todo tipo de insultos y descréditos incluidas tremendas acusaciones en la cloaquera prensa madrileña de cuentas en Suiza y Liechtenstein de él, su familia y de la del ex president JordiPujol. A nadie debiera sorprenderle este tipo de juego sucio cuando lo que está hipotéticamente en juego es la escisión de una parte de un Estado. Que España defendería su posición inamovible de una, grande y libre para los que se sientan exclusivamente españoles es algo que tendría que haber tenido más que calculado CiU cuando tomo el decidido camino independentista. De otra forma, tal vez el problema es que ni estaba trazada adecuadamente la hoja de ruta, ni las consecuencias de su fracaso en algún punto y cuando alguien pisa el acelerador en una cuestión tan sensible no basta con tener plan B,, ni siquiera plan C.

Es difícil saber qué motivos han llevado a los catalanes a castigar a CiU y especialmente a Artur Mas tan severamente, pero yo me atrevo a apuntar cuatro cuestiones:

1.- La credibilidad de la oferta independentista de Mas y CiU era menor por ser la marca blanda nacionalista que la de ERC de siempre defensora de esta vía rápida. Por tanto, puestos a ser independientes muchos debieron pensar que apoyando a Esquerra lo serían más rápido.

2. Los tremendos recortes del govern de Mas en materias de amplio calado social pasan la misma factura que a todos los gobiernos que los han llevado a cabo y han pasado por las urnas. En otras palabras, la apuesta por la independencia no sirve de bálsamo milagroso para perder la memoria de los derechos atacados.

3.- El portazo dado con contundentes declaraciones de los miembros de la Comisión Europea, con su presidente Barroso al frente, a los afanes de Mas de ser Estado de la UE, han dejado en evidencia la falta de un trabajo previo clave ante las instituciones europeas al modo que lo han venido haciendo en los últimos años los mandatarios escoceses dirigidos por Alex Salmond. El temor a quedarse fuera, en tierra de nadie, también ha supuesto un duro revés para los intereses del president.

4.- La dura campaña de desprestigio ha podido calar por que en los entornos de CiU la corrupción ha estado presente en sucesivos y diversos casos de financiación ilegal y enriquecimiento personal ilícito en buena parte de su historia. Llovía sobre mojado y hacia falta poco que demostrar para que la siembra de rumores se convirtiera en una media verdad.

Sea como fuere, lo importante ahora es tratar de vislumbrar el incierto futuro que depara la política catalana. Hay que empezar por decir que con este resultado realmente no ha ganado nadie. Mal hace Madrid pensando que se ha frenado el afán independentista cuando según como quiera hacer uno los números pero en el menor de los casos el apoyo a la independencia de las fuerzas del nuevo Parlament superaría el 70%. Pírrica victoria creer que con esos ratios se ha frenado la voluntad popular que una y otra vez le está diciendo a España que quiere marcharse. La trampa permanente, unas veces recurriendo al Tribunal Constitucional para replantear un Estatut votado por los catalanes o al Congreso de los Diputados para dar portazo a cualquier propuesta de pacto fiscal, está totalmente agotada y de seguir en ese empeño lo único que está logrando el gobierno central es acelerar la suma de voluntades independentistas. Pero también hacen mal los más radicales nacionalistas catalanes en alardear de estos resultados. Deberían recordar que gobernaron durante ocho años en Cataluña en un govern tripartito presidido por el PSC – Partido de los Socialistas de Cataluña – y acompañados por ICV – Iniciativa per Catalunya y los Verdes – y la escasez de logros hacia la independencia fue manifiesta, así como su balance de gestión económica poco edificante.

Con un PSC en caída libre, con guerras internas y asolado por la corrupción, el único socio que le queda Artur Mas es ERC que seguro tratará de controlar el camino independentistas de CiU desde fuera del gobierno y que asumirá el liderazgo de la oposición catalana contra las políticas de ajuste que Mas pretende seguir llevando a cabo. Más que un amigo, pues, pueden convertirse de la noche al día en el peor enemigo. Claro que la otra opción todavía suena peor, ya que consistiría en acudir con el rabo entre las piernas a Moncloa para rogar al presidente Rajoy apoyo en el Parlament como ya sucediera en la legislatura anterior. El descrédito sería supino y Mas habría firmado su sentencia de muerte política. Por tanto, a Convergencia i Unió solo le queda la opción de aceptar el apoyo en la investidura de ERC y tratar de gobernar a duras penas, haciendo equilibrios que se antojan imposibles entre fuerzas antagónicas que pretenderán a cada paso debilitar al president Mas para provocar su definitiva caída. De fracasar el intento, mucho me temo que podríamos estar en la antesala de unas nuevas elecciones anticipadas en breve plazo con un candidato convergente nuevo como último recurso para tratar de salir del laberinto en que ellos mismos se han metido y han metido a Cataluña.

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La identidad del ladrillo: compre una casa para ser español

La ocurrencia la define el diccionario de la lengua española como la idea inesperada, pensamiento original o el dicho o hecho gracioso e ingenioso de una persona. Expresado así no parece semánticamente contener maldad alguna el término, pero lo cierto es que las más de las veces el ocurrente no tiene la más mínima gracia y el problema es que por tener una oportunidad ante los focos mediáticos, son muchos los protagonistas políticos que se lanzan a provocar titulares agarrados férreamente a la feliz ocurrencia. Y como en todo, aquello que si cae mal a la audiencia dan en llamar “globo sonda”, tiene su graduación y es más o menos perdonable según la trascendencia del hecho que aborda la ocurrencia de turno. Esta vez ha tocado sobre un tema fundamental, que afecta a los derechos básicos de la persona, su identidad o en términos más prosaicos, su nacionalidad. Ha sido el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, el encargado de largar la propuesta “original”, como suele ser tradicional en un desayuno informativo de esos que a base de croissant y horario temprano, nadie pregunta y todos escuchan boquiabiertos con la legaña puesta. En un intento por dar salida al ingente stock de viviendas hechas y por hacer sin comprador que asola la economía española, este audaz e intrépido libre pensador propone al mundo mundial que por la compra de un piso se le conceda la nacionalidad, eso sí siempre que se rasque el bolsillo al menos con 160.000 euros.
En una palabra, lo que está estudiando el gobierno Rajoy es la compra de derechos, una especie de subasta de pisos con DNI en primera línea de costa. Eso sí para que no parezca raro esto de vender la dignidad, se nos pone como edificantes ejemplos de nuestro entorno, los casos de Irlanda y Portugal, rescatados ambos y que también han compartido la miseria humana de considerar patriota a cualquier  ciudadano que ponga sus dineros en su suelo o arcas. La oferta de adquisición de nacionalidad a cambio de ladrillo va dirigida según palabras del propio ocurrente a ciudadanos chinos y rusos deseosos de adquirir en propiedad una vivienda en las cálidad costas españolas, pero que sin permiso de residencia y por qué no ya nacionalidad en toda regla, se ven privados de disfrutar debidamente de su inversión realizada. Pobres, pobres no parecen los destinatarios de la ocurrencia, porque los millones de pobres en China y en Rusiabastante tienen con pensar en sobrevivir a la hambruna y la miseria como para pensar en el pisito en Benidorm. Parece evidente, salvo para el peor ciego que es el que no quiere ver, que la oferta tiene a sus demandantes en fondos de inversión de dudosa procedencia en países cuando menos cuestionados por su escaso respeto a los derechos humanos. Al menos el presidente español podría haber tenido la deferencia de ofrecerle la ganga inmobiliaria a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presente en la rueda de prensa de Moncloa donde Rajoy ratificó estar estudiando la ocurrencia.

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El Partido Popular que tiene entre sus credos la defensa a ultranza de la unidad nacional de la España indivisible, nos propone convertir la península en una peculiar “Tierra de patriotas”, una suerte de reinvención identitaria más basada en la creencia y el compromiso con la ferralla y el encofrado, que en valores democráticos y cívicos. Una especie de libre versión moderna de la conquista del Oeste y de los pioneros de Estados Unidos o el nacimiento de la nación australiana y neocelandesa a manos de delincuentes deportados de las islas británicas. Como las mejores películas de vaqueros o de la mafia siciliana reinando en Chicago. Claro que tampoco es novedad esta faceta del PP de renovar su credo nacional, pues, ellos de la mano del ex presidente Aznar extinguieron el servicio militar obligatorio y apostaron por un Ejército profesional de inmigrantes mercenarios de bajo coste. Está claro que para algunos el inmigrante, antes que una persona con sus derechos, es un recurso que según su renta per cápita puede alcanzar la nacionalidad en un día o se le niega la asistencia sanitaria más básica. Dígame cuanto dinero tiene en su cuenta corriente y le diré cuántos derechos tiene.
Lo que repele aún más de la medida es que la Unión Europea, ese espacio ejemplar que debería ser de respeto de los derechos de las personas, esté mirando a otro lado cuando legislaciones de sus Estados miembros conceden privilegios a golpe de talonario. Cuando el derecho de asilo se está denegando en algunos países europeos a personas de huyen de tragedias de todo tipo, bien sean bélicas o por hambruna, alguien en Bruselas tendría que alzar la voz de la dignidad contra políticas que tras la búsqueda de inversiones, lo que hacen es especular con la miseria humana y nos cuelan de rondón el concepto como destino solo para ricos. Cabe destacar que ciudadano europeo es toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión fue creada por el Tratado de Maastricht en 1992 y los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el Tratado. La importancia de la ciudadanía de la Unión radica en el hecho de que sus ciudadanos gozan de derechos auténticos al amparo del Derecho Comunitario Europeo. Los derechos principales que confiere la ciudadanía con arreglo a la Parte 2 del Tratado CE son los siguientes: Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y municipales del Estado miembro en el que resida; Derecho a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares; Derecho de petición ante el Parlamento Europeo; y Derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo.
Si en la política actual preocupa la falta de ideas, más debería preocupar la industria de la ocurrencia, en este caso fruto de la “Factoría FAES“, la Fundación vinculada al PP cuyo máximo impulsor fue José María Aznar, tratando de remedar el modelo alemán de la Konrad Adenauer. De sus filas han salido buena parte de los actuales dirigentes de nivel medio del Gobierno Rajoy, expertos en fabricar conceptos ocurrentes que la mayoría de las veces al trasladarse a la realidad suelen quedar en meras cortinas de humo o falsos debates. La necesidad de aportar ideas a los problemas que la sociedad debe afrontar debería ser tomado con más rigor por aquellos que están llamados tarde o temprano o ejercer responsabilidades de dirección de un Estado.
Parece que España ha optado por inducir a sus jóvenes mejor formados a coger la maleta de la emigración, a la par que abre las puertas de par en par a la nueva versión de la inmigración ilegal. Mientras la inmigración del hambre muere en pateras en el Estrecho, les ponemos pisos de 120 metros cuadrados y terrazas con vistas a ese mar de la tragedia a nuevos ricos de lejanas tierras. Hemos inventado el ciclo de exportar supuestos talentos e importar presuntos delincuentes. Lo alucinante del caso es que a los ocurrentes no se les caiga la cara de vergüenza de salir a contarlo. Y luego se extrañan de que millones de ciudadanos en Cataluña, Euskadi, Galicia y Canarias quieran perder esta nacionalidad española de mercenarios.

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De huelgas generales

Es muy probable que haya más de 40 millones de razones para secundar la convocatoria de una huelga general en España y en buena parte de los países de las Unión Europea. Cuarenta millones de quejas en forma de paro, de aquellos que desde hace cinco años sufren, sin conocer aún el motivo, el desmantelamiento de derechos básicos a base de recortes y que han visto caer su poder adquisitivo año a año a manos de una crisis que empezó siendo financiera y hoy parece sistémica. Lo que si es seguro es que hay al menos 5.778.100 razones, la de los parados de la última encuesta de población activa en España que salvo el gesto de manifestarse no pueden hacer huelga porque carecen de un puesto de trabajo y lo que es peor, de esperanzas a corto de encontrarlo. Pero que el personal tenga un cabreo mayúsculo y que se suba por la paredes ante las políticas que aplica el gobierno al dictado de las consignas de la canciller Ángela Merkel, no quiere decir que entienda que la huelga general es el mejor cauce de presión para sus quejas. Sobre todo, si a base de convocarlas los sindicatos pierden fuelle y la sociedad se agota en clamar sin recibir respuesta alguna.

El primer problema con que se encuentran las organizaciones sindicales que llaman a un paro general es poner cara al adversario. En principio se tira del recurso fácil de convertir al gobierno en el centro de la protesta. Razones de índole política seguro que no sobran dados los sacrificios a que está obligando a los ciudadanos. Pero la realidad es que el conjunto de la queja social es mucho más amplio, se extiende a otros estamentos que en una huelga general se parapetan tras los rostros del Ejecutivo. La clase política entera está puesta en tela de juicio por la calle, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se han convertido en el tercer problema para los españoles, después del paro y los temas de índole económico domésticos. Los grandes partidos sufren un desgaste cada vez mayor por su incapacidad para buscar respuestas a la crisis y, especialmente, por aceptar sumisos las recetas monolíticas de Bruselas. Y no es menor la percepción de enemigo que la gente ha desarrollado de la banca. Primero como perceptores de cuantiosos fondos de ayudas públicas que en nada ha revertido en la situación de pymes y familias en forma de crédito fluido. Pero más recientemente el rostro helado de las entidades financieras ha agriado el panorama con un aluvión de desahucios y miles de personas sin techo fruto de su intransigencia ante la extrema necesidad. El enemigo, por tanto, es el sistema y una huelga no canaliza adecuadamente el descontento general porque el mensaje no llega a todos sus destinatarios correctamente.

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La segunda grave dificultad a la que se enfrentan los sindicalistas es su paulatina pérdida de credibilidad. Aquellos sindicatos de clase que fueron perdiendo su sentido tras los procesos de reconversión industrial de la década de los 80, dieron paso en los 90 a sumisas organizaciones adaptadas a los tiempos de bonanza y adaptadas a los nuevos tiempos de la formación continua como única fórmula de financiación y de ser cautivos de los gobiernos de turno. Su independencia y capacidad de acción fueron mermando a la vez que su liderazgo social desaparecía. Fueron perdiendo sector a sector su verdadera representatividad a base de negociaciones con la patronal y fotos con los gobiernos. Demasiado salón y poca calle, demasiada imagen en los medios y poca actividad entre los trabajadores. Sus cuadros más funcionariales que nunca perdieron el pulso de las fábricas, de los servicios, para refugiarse en la función pública y en los transportes como último bastión para tratar de demostrar su fuerza. Pero la realidad es que cuando la crisis se les echó encima y se quisieron recuperar el tiempo perdido, muchos ya no creían en ellos y el riesgo de convocar movilizaciones sin ser secundados por una mayoría se acrecentó gravemente.

Ahora que los líderes sindicales son conscientes de que o se ponen a la cabeza de la manifestación o pasarán a los libros de historia y a las salas de los museos, tratan de demostrar desesperadamente que siguen vivos y palían la falta de respresentatividad y de movilización antes aludida con imágenes mediáticas de impacto ligadas a los movimientos sociales de los indignados que llevan meses tomando la calle. Su batalla es colarse en la agenda de los medios, en un titular de periódico, en una crónica de radio o en corte de informativo de televisión. Viven de la imagen y eso les fuerza endémicamente a sobreactuar buscando extraños y muchas veces incómodos compañeros de viaje en grupos antisistema y tribus urbanas diversas. Una desubiación demasiado obvia para el común de los mortales que les pasa factura a cada nueva huelga convocada. En la misma encuesta del CIS antes citada, los españoles se mostraban dispuestos a manifestarse en las calles ante lo que consideran una injusticia del sistema para con ellos, pero la huelga ocupaba espacios muy poco relevantes entre sus voluntades. De la misma forma que pertenecer a una organización sindical para una inmensa mayoría no tiene ya sentido.

Nadie es capaz de articular nuevas formas de presión ante tanto sinsentido. Nadie le pega donde le duele al responsable y culpable de tanta atrocidad que lleva a millones de personas a vivir en la miseria y a cientos de miles a quedarse sin hogar. La gente se suicida desde los balcones y se tira a las vías del tren desesperadas sin una brizna de luz que les ampare el futuro. Mientras las protestas caen en saco roto, la política es inútil en el servicio para que fue creada: el arte de hacer posible lo necesario. No se presentan alternativas sean reformistas o revolucionarias, desde dentro o desde fuera del sistema. Las ideas brillan por su ausencia porque nadie las valora, nadie escucha y todo el mundo prefiere seguir al colectivo en sus fallos. Más vale acompañado aunque por camino equivocado que la soledad del individuo que busca soluciones.

Así las cosas, asistimos al ritual de la huelga general como una rutina de normalidad en el contexto actual de la crisis. Todo es absolutamente previsible en la liturgia de enfrentamiento entre piquetes y fuerzas del orden, el número de detenidos clásico cercano al centenar, la silicona en las puertas de unas cuantas entidades bancarias, los servicios mínimos que se cumplen y las valoraciones de seguimiento que rondan el 90% para los sindicatos y el 10% para el gobierno. ¡Y viva la objetividad! Al día siguiente unos recogen sus banderas rojas y otros se quitan los escudos antidisturbios y vuelven al día a día como si tal cosa. El gobierno a sus ajustes, los sindicatos a sus fondos de formación y la gente, la que como diría el poeta cantautor Serrat, la que siempre está detrás, seguirá a lo suyo a lo que nadie se ocupa, porque:

Detrás de los himnos y de las banderas.
Detrás de la hoguera de la Inquisición.
Detrás de las cifras y de los rascacielos.
Detrás de los anuncios de neón.

Detrás, está la gente
con sus pequeños temas,
sus pequeños problemas
y sus pequeños amores.

Con sus pequeños sueldos,
sus pequeñas campañas,
sus pequeñas hazañas
y sus pequeños errores.

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Desahucios: el falso dilema entre ser justos y cumplir la ley

Según un informe elaborado por vocales del Consejo General del Poder Judicial, en los últimos cuatro año son 350.000 los desahucios producidos por la crisis económica. Si queremos que nos abrume más aún esta cifra podemos calcular que ya son 517 los desahucios de media al día o lo que es lo mismo, algo más de 21 cada hora o que cada 167 segundos hay una familia en España que tiene que abandonar su vivienda. Esta es la cruda realidad del rostro helado de una situación económica que primero nos dejó a millones de trabajadores en paro, que ha situado a una de cada cinco personas bajo el umbral de la pobreza y que ahora les convierte día a día en una legión de homeless sin esperanza en la vida. Podemos tratar de negar la realidad o podemos mirar hacia otro lado cuando lo que vemos no nos gusta, pero el cerco de la miseria se está cerrando entorno a nosotros sin que seamos capaces entre todos de aportar soluciones solidarias inteligentes. Hace tiempo que cuando supimos que venían mal dadas, la mayoría optó por tirarse al monte, por sacralizar las posiciones individuales del sálvese quien pueda y poner tierra de por medio con el problema ajeno. Ahora que las calles empiezan a recordarnos página a página el drama de Los Miserables, solo nos falta un Víctor Hugo contemporáneo que nos reedite el clásico dilema de la ley entre la justicia y honestidad. Tal vez por ahí debiéramos a empezar a recuperar la ética de nuestra sociedad venida a menos.

Que el problema proviene de los felices años del ladrillo resulta una obviedad. Que la responsabilidad de la situación es compartida entre todos los actores que hicieron posible aquella juerga, ya no hace falta repetirlo. Que en última instancia el desahuciado no puede apelar al engaño como único argumento para justificar su irresponsabilidad de llevar una vida por encima de sus posibilidades, también es reseñable. Que durante la última década anterior a la crisis todos fuimos partícipes de una cadena de errores compartidos con tal de vivir mejor, es la única verdad. De ahí que acuda al término honestidad para tratar de dilucidar en primera instancia cómo salir del entuerto en que nos hallamos inmersos. La honestidad es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a como se piensa y se siente. En su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos, la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo. Dado que las intenciones se relacionan estrechamente con la justicia y se relacionan con los conceptos de “honestidad” y “deshonestidad”, existe una confusión muy extendida acerca del verdadero sentido del término. Así, no siempre somos conscientes del grado de honestidad o deshonestidad de nuestros actos. El autoengaño hace que perdamos la perspectiva con respecto a la honestidad de los propios actos, obviando todas aquellas visiones que pudieran alterar nuestra decisión. Por eso convendría preguntarnos, ¿qué grado de engaño hemos admitido todos en la circunstancia que nos rodea? ¿Hemos sido honestos en nuestro trabajo, lo hemos sido socialmente con la realidad que conocemos? Ya sé que suena a religión maniqueísta pero nada más lejos de mi intención convertir el doloroso tema de los desahucios en un juicio moral, simplemente trato de que busquemos una solución justa que inspire la imprescindible reforma de la rígida ley hipotecaria que hoy día nos rige.

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Dos son los bienes a preservar en la actual circunstancia provocada por los desahucios en masa: el primero y, por supuesto, más importante, el drama humano que acarrea y el necesario auxilio a las familias afectadas. Cualquier otro planteamiento está fuera del Estado social de derecho que nos hemos dado y, por tanto, es automáticamente denunciable. Pero el segundo, imprescindible para la supervivencia del sistema de convivencia consiste en salvaguardar el funcionamiento de las entidades financieras que si bien es cierto que han contado con ingentes cantidades de dinero público para sanear sus balances, también lo es el hecho de la necesidad de garantizar los ahorros a las familias y los créditos a las empresas. Si de la noche a la mañana decidiéramos cambiar las reglas del juego por el que se suscribieron cientos de miles de hipotecas y condonáramos dichas deudas con bancos y cajas, el sistema entraría de forma automática en quiebra técnica por lo que conviene meditar la reforma de una ley que tiene aspectos y derivadas muy complejas. El comportamiento de las distintas entidades afectadas denota una forma de enfrentarse al problema. Mientras algunas han aplicado tratamientos jurídicos estrictos sin meditar en las consecuencias sociales de su decisión y el impacto en su propia imagen corporativa, otras se han adelantado tratando de instrumentar soluciones al mismo. Además, debería quedar claro que los desahucios de bancos rescatados no son equiparables a los de entidades que han afrontado la crisis sin necesidad de ayudas públicas. En todo caso, estamos ante la necesidad de un plan de contingencia que realoje a las miles de familias que se están quedando sin hogar. En estas circunstancias la primera demanda de los afectados es de información y de capacidad de negociación con sus acreedores, las iniciativas de arbitraje y mediación por parte de la Administración deberían estar ya en funcionamiento en las distintas Comunidades Autónomas que son las competentes al efecto.

El realojo cuando se ha producido el tremendo trance del desahucio pasa a ser la segunda necesidad perentoria. Dado el parque de vivienda construido en España que actualmente no encuentra comprador, difícilmente sería explicable a esta sociedad que no seamos capaces de emplear estos pisos vacíos para reubicar a familias sin techo. La fórmula del alquiler social combinado con la dación en pago parece hoy por hoy la solución más sensata. Es evidente que estamos hablando de soluciones transitorias, pero gracias a ellas podemos resolver dramas inmediatos que requieren pronta actuación. La mayoría de las familias que no pueden hacer frente a hipotecas cuya cuantía se fijó en tiempos de bonanza pueden disponer de rentas básicas para pagar alquileres de pisos que aunque mermen su calidad de vida resuelven la emergencia que supone verse en la calle y arriesgarse a la desestructuración de una familia. En poner en marcha estas herramientas de urgencia deben implicarse sin pausa alguna las Administraciones local, autonómica y central y las entidades financieras, la mayoría de las cuales son acreedoras de las hipotecas de los desahucios, propietarios de los pisos en venta y los únicos capaces de poner en le mercado nuevas promociones de vivienda.

Si queremos de una vez por todas trabajar en soluciones al problema creado por el sector inmobiliario en España deberíamos partir por reconocer el enorme desajuste que existe entre la demanda y la oferta del mismo. El problema no lo suponen los pisos vacíos que pueden ir absorbiéndose anualmente por la incorporación habitual de demandantes de vivienda nueva. El agujero negro de nuestra economía que lastra los balances de los bancos no es otro que el suelo con el que se han cargado y que ni siquiera está en disposición de ser promocionado. Con cinco millones y medio de parados y una crisis de confianza endémica en nuestras posibilidades de crecimiento parece imposible reactivar la venta de pisos, por lo que el alquiler se ha convertido en la única fórmula de colocación de activos inmobiliarios. Si la vivienda de protección oficial está perdiendo a pasos agigantados su posición ante la caída del precio medio de la vivienda, es el momento de que su lugar de promoción social lo ocupe el alquiler con nuevas fórmulas y precios asequibles a las situaciones de inestabilidad económica que viven las familias medias españolas. El obstáculo principal para dinamizar el alquiler es que en nuestro país sus propietarios se encuentran totalmente atomizados, no existen empresas profesionales que intermedien adecuadamente entre los buscadores y los propietarios, por los precios oscilan de manera arbitraria. Promocionar el alquiler es ya una necesidad para navegar los peores años de la crisis.

Cambiar la cultura de la propiedad por la cultura del alquiler nos acercaría a una forma de vivir a la europea. En Europa el ratio proporcional de ambas formas de uso de una vivienda es de 60 a 40 por ciento a favor de la propiedad, mientras en España es de 85 a 15 por ciento. Tenemos un 25% menos de viviendas en alquiler que en los países de nuestro entorno. Ese lastre genético por el que nos vemos obligados desde muy jóvenes a invertir nuestro futuro en la hipoteca de un piso, en un mundo globalizado y en movilidad, es un lastre para el desarrollo de nuestra sociedad. El disfrute de una vivienda tiene más que ver con la capacidad que en cada momento tenemos de pagar por su uso que por la propiedad de un activo cuyo valor ya no está claro que mejore con el tiempo. La enfermedad del ser humano de acumular pertenencias en vida para transmitirlas a nuestros descendientes ha generado la mayor parte de los conflictos sociales, bien haríamos, pues, en poner más interés en la creación de riqueza y en generar en nuestros entornos felicidad vital que en atesorar herencias para cuando ya no estemos aquí. Un piso por muy hogar que llegue a ser, no es más que el derecho de todo ser humano a vivir dignamente, poco sentido tiene que pretendamos convertirlo en un valor eterno acumulable de generación en generación. El único bien y es inmaterial que vale la pena transmitirlo cuidadosamente de unos a otros es el conocimiento y tiene muy poco que ver con el suelo, el hormigón o el ladrillo. El problema de un desahucio, por lo tanto, no está en lo que perdemos como pertenencia, sino en la vulneración de un derecho básico que estamos entre todos obligados a preservar.

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