Otoño electoral: Euskadi y Galicia a las urnas… ¿quién sobrevivirá?

La reciente historia de las contiendas electorales demuestra la capacidad que la crisis económica está teniendo para llevarse por delante líderes políticos. Prácticamente ninguno, si exceptuamos el sorprendente caso del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán – que aguantó in extremis y viéndose obligado a pactar gobierno con Izquierda Unida – han sido triturados por las urnas. Por ello cada vez es menor la tentación de utilizar el adelanto electoral como herramienta de cálculo político dados los riesgos que tienen los presidentes de encontrarse con la bofetada del cabreo ciudadano en forma de castigo en los resultados. Nadie se atreve a poner a prueba el hartazgo de la calle, de una sociedad confundida, asustada, e incluso irritada con una clase política a la que ya considera un problema y por la que no se siente representada. Así las cosas, los que se precipitan al abismo insondable de unas elecciones anticipadas es o porque no cuentan con suficientes apoyos en el arco parlamentario para su gestión o porque les obligan desde instancias superiores. Ambos casos han confluido repentinamente esta semana para provocar la convocatoria de elecciones en dos comunidades históricas – eufemismo con el que en España se denomina a realidades nacionales como lo son la vasca y la gallega – Euskadi yGalicia de manera solapada o, mejor dicho, bajo el efecto dominó. Ya que de no haber convocado primero el lehendakari Patxi López, muy probablemente el presidente Núñez Feijoó habría agotado su legislatura en marzo del año que viene.

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La primera reflexión que produce la doble convocatoria para el próximo 21 de octubre no puede ser otra que desde el gobierno central se pretende evitar la foto fija de la noche electoral de un resultado claramente favorable a los planteamientos soberanistas en el País Vasco. Las expectativas de que el Partido Popular gallego pueda revalidar una mayoría absoluta contribuirían a presentar una imagen más sosegada del trance de los comicios vascos. “España no se rompe”, podrían proclamar interna, pero sobre todo externamente los responsables del gobierno en una grave situación económica al que solo le falta para certificar la ruina del Estado la desintegración territorial en las nacionalidades históricas. Galicia constitucionalmente es una de esas nacionalidades con pedigrí por lo que una apuesta por la españolidad le serviría a Rajoy para quitar hierro ante sus colegas europeos a la deriva independentista de los resultados vascos. Sin embargo, mucho arriesga el presidente del Gobierno, que con casi total seguridad es el instigador del adelanto en Galicia o muy seguro tiene que estar de que en su tierra sabrán entender sus duras políticas de ajuste, pues, de caer derrotado Feijoó el doblete en la derrota podría abrir una crisis de impredecibles consecuencias. Supondría un revés total a la gestión del gobierno central prácticamente al año de su llegada a La Moncloa, en un momento de contestación sindical – los tambores de guerra ya llaman a una nueva huelga general y en el escenario de una más que previsible solicitud a la Unión Europea de un segundo rescate. En Galicia Rajoy se juega mucho, más que nunca, pero si le sale bien la jugada y jugando en casa gana, habrá disipado el calendario electoral sin ninguna cita hasta junio de 2013, que los europeos estamos llamado a votar el Parlamento que elegirá por vez primera al presidente de la Comisión, unos comicios que desgraciadamente son de menor relevancia en el cálculo político de los grandes partidos y que además siempre benefician al Partido Popular. Incluso aunque se produjera un castigo en las elecciones europeas se podría minimizar.

Sin duda, las elecciones que más preocupan a Rajoy son las vascas, más por su repercusión mediática que por la realidad de lo que cualquier resultado en ellas pueda producir. Haber alimentado el cuento del lobo de la independencia desde los medios de comunicación de Madrid, convierte cada comicio en Euskadi en una suerte de referéndum de autodeterminación del pueblo vasco. Y nada más lejos de los hechos. Durante treinta años los vascos han votado con mayor o menor grado de libertad, bajo la amenaza terrorista de ETA y con partidos injustificablemente ilegalizados, con las cartas marcadas por unos y otros, pero casi siempre los ciudadanos se han expresado igual, o al menos, una clara mayoría de su sociedad: contraria a la violencia de todo signo, a favor de la libre concurrencia de todas las opciones políticas, con fuertes tendencias nacionalistas y con un marcado carácter social en sus políticas. Poco cambian las cosas cada vez que los vascos hablan a través de las urnas, su electorado está bastante cristalizado. Esta vez van a votar sin la presión de la violencia, aunque absurdamente aún bajo la tutela ideológica de ETA, y con todas opciones para elegir. Eso no quiere decir que no Madrid y la izquierda abertzale no permitan perder el protagonismo del falso debate que siguen estableciendo sobre un proceso de paz que tiene en sus tempos y en la discrección de las decisiones, la clave del éxito.

Es más que previsible según indican las encuestas que sea el PNV– Partido Nacionalista Vasco y su candidato a lehendakari Iñigo Urkullu – el más votado y con más parlamentarios en estas elecciones. Como casi seguro que EH Bildu – la nueva marca de Batasuna y los restos de Eusko Alkartasuna y Aralar – vuelva por derecho propio a convertirse en notable actor de la vida política vasca. De la misma forma, casi nadie duda del castigo que recibirá en PSE – Partido Socialista de Euskadi – en la persona del lehendakari López a su pacto contra natura con el Partido Popular y a la pobre gestión de su gobierno que además ha tenido que hacer frente a la crisis económica. Y, por último, el PP vasco bastante tendrá con aguantar y no perder muchos parlamentarios en unas elecciones que seguro que le pasarán factura por las políticas de recortes y subida de impuestos efectuadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Con estas premisas y con la salvedad de que en una situación económica como la que vivimos y con la ola de vuelta a la legalidad de la Izquierda Abertzale que aún está presente, siempre pueden producirse sorpresas, lo lógico es que el PNV sea el encargado de gobernar la Comunidad Autónoma Vasca. Sin mayorías absolutas que son inviables en la cuadrícula PNV / Bildu PSE / PP que compone el mapa político vasco, el juego de las negociaciones se antoja complejo. Pero en cualquier escenario que se dibuje de gobernabilidad el único fijo es el PNV y el único además capaz de llegar a acuerdos con los otros protagonistas. Con Bildu en materias identitarias y reivindicativas soberanistas frente a Madrid, así como en materia de pacificación. Con el PSE en el troncal de sus políticas sociales y con el PP en la coordinación de las políticas económicas de ajuste para el cumplimiento de los límites de déficits impuestos por Bruselas en una comunidad que no recordemos que tiene capacidad recaudatoria y tres haciendas forales. Y de no ser producirse la sorpresa y si fuera EH Bildu la primera fuerza política en el parlamento de Vitoria, mal haría Madrid en dramatizar las consecuencias de lo que sería simplemente la libre elección del pueblo vasco, pues, a lo que tendría que dedicarse es sencillamente a gestionar la situación por ello creada y normalizar lo que los ciudadanos han decidido que sea normal.

En Galicia, aparentemente las cosas pintan como están, revalidando la mayoría absoluta el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, sobre todo, por la circunstancia en que pilla el adelanto a la oposición. El PSdG – Partido Socialista de Galicia – se enfrentaba en septiembre a un proceso de primarias promovido nada más y nada menos que por el ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE, José Blanco contra el secretario general gallego Pachi Vázquez. Con las espadas en alto, y sin tiempo para dirimir las diferencias internas, parece complicado que el candidato socialista cuenta con el apoyo y la unidad suficiente para lograr el vuelco electoral. El otro actor necesario para romper la mayoría absoluta popular, el Bloque Nacionalista Galego – BNG – acaba de vivir dos escisiones, la de uno de sus fundadores y figura emblemática, Xosé Manuel Beiras, con su Encontro Irmandiño y la más moderada opción galleguistaCxG – Compromiso por Galicia – surgida en el entorno del ex vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. Tanto una como otra tienen difícil, dado lo prematuro de la cita electoral, entrar en el Parlamento gallego, pero está por ver la fuerza que son capaces de restarle al BNG. El principal riesgo al que se enfrenta Feijoó es así mismo por su pobre gestión, cuyo mayor éxito es ser la comunidad autónoma con menor déficit público del Estado, fruto de su escasa aportación de grandes proyectos para Galicia y de la cómplice política de recortes con lo fijado desde Madrid por Rajoy. Y el segundo gran problema que le rodea como un fantasma de la santa compaña, es el índice de cabreo que la forma de gobernar de su colega Mariano Rajoy ha podido generarse entre los gallegos. Cierto es que el carácter gallego y lo dice uno que lo es, es poco propicio a los cambios hacia la nada y que la seguridad y la confianza son factores que siempre han tenido a favor los populares en Galicia, pero no es menos cierto que el voto urbano perdido por el Partido Socialista y en menor medida por los nacionalistas gallegos puede dar sorpresas en las provincias de A Coruña y Pontevedra – sobre todo en Vigo -.

En cualquier caso, lo cierto es que para Rajoy ninguna de las citas electorales no es plato de buen gusto teniendo en cuenta la dura agenda política a la que se enfrenta en su relación con Bruselas. Tiene prioridades de enorme calado y en las que se juega no solo su futuro político sino como será visto por la historia y por los españoles, en urnas de Euskadi y Galicia lo único que puede es llevarse sustos, pocas alegrías por grandes que fueran le servirían en su objetivo fundamental, que no es otro que sobrevivir políticamente a la crisis. Sin embargo, le guste o no, vascos y gallegos están llamados a votar en medio de un clima de desprestigio galopante de la política y de los políticos cuando más necesaria es ella  y lo son ellos. Por eso, por respeto a dos pueblos con la historia y la pasión de una identidad propia, de lengua y culturas propias, debería Madrid respetar los procesos electorales que se van a vivir en estas dos comunidades sea cual sea el resultado de los mismos, porque de lo contrario el mínimo rédito que le queda al Estado español entre muchos ciudadanos vascos y gallegos como garante de derechos y libertades, desaparecerá por completo. Tiene Madrid probablemente una de sus últimas oportunidades de demostrar que la apuesta por la convivencia democrática es su prioridad máxima sean quienes sean sus interlocutores y que el Estado se construye desde la compresión del diferente y el respeto de las ideas del adversario. Veremos quién sobrevive a este otoño electoral; se admiten apuestas.

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Falacias sobre el copago sanitario en Europa

El debate sobre la utilidad o no del sistema de copago para la financiación del sistema sanitario se ha abierto en España a raíz de la aprobación por parte del govern de la Generalitat de Catalunya de una tasa de 1 euro por receta – el llamado ticket moderador – en el Servei Catalá de la Salut. De la misma forma que en la mayoría de los Estados más asolados por la crisis de la deuda – Grecia,IrlandaPortugal – se han introducido medidas de este tipo, parece por los indicios que el gobierno del Partido Popular en España, pese a negarlo una y otra vez, está llevando a cabo reuniones “técnicas” con las consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas para el estudio primero y posterior implementación de medidas de copago sanitario. Convendría, pues, en este clima preimpositivo analizar sin sesgos ideológicos  y sin fundamento o prejuicios carentes de rigor, las virtudes y los defectos de este tipo de reformas. Lo digo partiendo de la base de la trascendencia que en nuestras vidas tiene garantizar un sistema de salud público de calidad, de acceso garantizado universal y equitativo. Nos jugamos demasiado en las decisiones que sobre el tema tomemos como para que el debate se produzca con opiniones de algunos políticos o tertulianos basadas en generalidades y lugares comunes, en vez de en datos contrastados o hipótesis elaboradas por profesionales de la sanidad. Son éstos, que además en el caso del Estado español, lo son de reconocido prestigio y compromiso con el sistema, quienes más tienen que decir sobre una reforma que solo debe pretender hacer viable la sostenibilidad de uno de los mejores modelos de salud pública de Europa y, por ello, del mundo.

El objeto aludido para introducir el copago es la insuficiencia financiera del modelo. Se nos dice que no tenemos recursos suficientes para mantener un sistema tan bueno, pero tan caro. Yo niego la mayor. Lo primero que tenemos que decidir es qué sistema de salud público queremos tener y cuál es su relación con las ofertas de sanidad privada. Dimensionar la cartera de servicios sanitarios que queremos tener es el primer trabajo, así como establecer qué orden de importancia le concedemos en el conjunto de gasto público. Porque si como parece, todos pensamos que junto con el pago de las pensiones y la educación gratuita e igualmente universal, son los gastos comprometidos ineludibles, a partir de aquí serán otras las partidas a reformar. Por tanto, una vez que definamos el tamaño del sistema y consiguientemente sus necesidades de recursos, podremos pasar a definir las partidas de ingresos sobre las que lo sustentamos. Empiezo por deshacer otra falacia del copago por introducir, porque el copago en el Estado español ya está implantado. En primer lugar, mediante las cuotas a la Seguridad Social que pagamos todos los trabajadores y empresarios, en esa suerte de mutualidad aseguradora de diversas prestaciones que supone. En ese sentido, sería muy convenientes que dichas cuotas vinieran desglosadas en sus diferentes aportaciones para que pudiéramos saber claramente a qué se dedica la caja única: tanto para su sanidad, tanto para su pensión, tanto para su prestación por desempleo si ha lugar… Así evitaríamos la mala praxis habitual, que han llevado a cabo todos los gobiernos, de meter la mano en la caja para sufragar otro tipo de gastos. En segundo lugar, pagamos un porcentaje de los medicamentos – excepto los pensionistas – que nos receta la sanidad pública. Por lo tanto, no debemos hablar de copago como novedad, sino de extender a nuevos tipos de impuesto la financiación de la salud.

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Si echamos un vistazo a la situación de nuestro entorno europeo, veremos que el copago en distintas modalidades existe en todos. En veintisiete se realiza el copago farmacéutico. En todos salvo en DinamarcaEspaña, Grecia – y ahora se va a introducir – y Reino Unido, existe el copago en atención hospitalaria. En todos menos en España, Grecia – y también pagarán ya –, HungríaLituania, Reino Unido y República Checa se paga algo por la atención especializada. Y respecto a la atención primaria, donde menos está implantado el copago, es totalmente gratuita en España, Grecia – y se les acaba – Holanda, Hungría, Italia, Lituania,Polonia, Reino Unido y República Checa. Es decir, los Estados con menor nivel de copago y, por tanto, de aportación directa de los ciudadanos al coste de los servicios sanitarios que emplean, son el Reino Unido y España. En ambos casos, somos según diversos baremos e indicadores dos de las mejores sanidades del mundo y en el caso español, el tercer país del mundo en esperanza de vida. Además, resulta útil combinar este dato con el de la rentabilidad de la inversión del gasto sanitario, es decir, qué porcentaje sobre el total del PIB empleamos en sanidad. Así en España nos sale muy barata esa salud pública de calidad. La media de los países desarrollados en Europa está alrededor del 9% del PIB, llegando a cifras mucho más altas en EE.UU. (14%). En España el porcentaje es de los más bajos de Europa (8,4%), por debajo de la media europea, solamente por delante de Finlandia, Hungría, Polonia y la República Checa y muy por debajo de lo destinado en Suiza (11,3%), Alemania (10,6%), Bélgica (10,4%), Francia(11,1%), Austria (10,1%), Dinamarca (9,5%), Holanda (9,3%), Islandia (9,2%),Suecia (9,2%), Grecia (9,1%) e Italia (8,7%).

Se supone que el principal argumento a favor de la extensión del modelo de copago es la disminución del “consumo” sanitario. En ese sentido, deberíamos recordar que la enfermedad, en general, se contrae, no se desea y, más importante aún, que quien discrimina el uso del sistema son sus profesionales, es decir, aquellos en quienes depositamos la confianza en nuestra curación o cuidado. Partir de la base del abuso del sistema supone quebrar la confianza en él y, en todo caso, si existen los excesos atajense, pero no se introduzcan impuestos indiscriminados que culpan a aquellos que nada tienen que ver con los que se aprovechan indebidamente. En cualquier caso, en los países europeos donde más experiencia por tiempo y extensión del copago tienen, está demostrado que efectivamente disminuye el “consumo”, si bien a costa de importantes pérdidas en el reparto equitativo. Es evidente que pese a que se reduzca la aportación del copago a las capas con menores niveles de renta, el hecho de tener que pagar establece una discriminación que afecta más al que menos tiene y que le disuade de acudir al médico. Ello supone a largo plazo que al desaparecer la labor preventiva de la consulta periódica, se pierde el contacto con el paciente y el historial clínico es menos rico en datos, por lo que una enfermedad puede revelarse más grave cuando aparece y propender a convertirse en dolencia crónica. Es decir, que lo barato a la larga se vuelve caro. Y, como dato adicional, la cuantía que se recauda por las distintas fórmulas de copago no son relevantes a efectos del conjunto del gasto sanitario, con ellas no se garantiza la sostenibilidad del sistema. En resumen, demasiado coste social para poco retorno económico.

Si el problema se centra en la financiación del sistema y éste resulta prioritario en nuestras vidas, deberíamos plantearnos una reforma fiscal en profundidad que lo haga viable. De igual forma que el Pacto de Toledo aseguró un consenso básico para garantizar el pago a largo plazo de las pensiones, se requiere un Pacto de Estado para la Salud, dado que además la responsabilidad de su gestión está plenamente transferida a las Comunidades Autónomas. A éstas se les puede marcar y se debe, el mínimo de servicios y prestaciones a las que está obligada por ley, pero en absoluto se les puede impedir a aquellas que mejor gestionan o son capaces de hacer frente a sus necesidades de recursos, que dejen de prestar una asistencia de máxima calidad porque en otras comunidades se malgasta o despilfarra. La solidaridad interterritorial solo es exigible cuando existe paralelamente la fiscalización del gasto y la responsabilidad de cada uno en el mismo. En todo caso, más que imponer una tributación especial en función de la renta personal a los usuarios de los distintos sistemas de salud como ha propuesto el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, parece mucho más coherente y eficaz, acometer una reforma fiscal global que ante la situación de ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres en España, suponga un nuevo modelo de redistribución de la riqueza y, con ello, de financiación de la sanidad, pensiones, desempleo o educación. Cualquier otra medida es un parche intencionado para encubrir la privatización del sistema.

El modelo público de Salud en el Estado español no requiere un cambio radical, ni siquiera en su esquema de financiación. Eso solo lo defienden los que buscan su desaparición. Requiere mejorar los modelos de gestión y, sobre todo, implicar más y contar más con sus profesionales que siguen siendo los mejores defensores del sistema. Requiere un redimensionamiento de sus recursos y una evaluación de sus necesidades de inversión para no quedarse obsoleto en equipamientos y en formación de sus clínicos. Pero con eso no estamos hablando de nada que no sea un trabajo continuo en el ámbito más importantes de nuestras vidas, algo que debemos hacer día a día, no excepcionalmente. No podemos asumir con debates superfluos y vacuos la introducción de un impuesto a la enfermedad, una suerte de tributo por no estar sano, porque eso rompe el equilibrio de una sociedad que cree en la solidaridad y en la red de apoyo que supone que tus congéneres paguen por ti cuando tú lo necesitas igual que tú harías por ellos si así sucediera. En eso nos diferenciamos los europeos, para bien, de modelos de sociedad como el de Estados Unidos, donde curarse es un privilegio o de sociedades donde los derechos solo están al alcance de los más ricos. No podemos permitir que entre nosotros se instale el egoísmo de aceptar que nuestros niños o ancianos podrán vivir en función de su renta. Si así lo hacemos, habremos matado el concepto mismo de Europa.
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