Candidatos a presidir Europa: Junker, Schulz y Verhofstadt, tres hombres y un destino

Si nos atenemos a los sondeos, a lógica composición ideológica de los distintos países y la correlación de pactos entre las distintas fuerzas políticas, tres son los líderes que pueden ejercer el liderazgo de las principales instituciones europeas a raíz de las elecciones del próximo 25 de mayo: Jean- Claude Junker, MartinSchulz y Guy Verhofstadt. Los tres son los candidatos a presidente de la Comisión Europea por el Partido Popular Europeo (PPE), por laAlianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) y de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE). Yo ya anticipo que creo que esta troika de veteranos y bregados políticos europeos de una u otra forma van a ocupar los principales cargos de la UE. Mi particular quiniela es la siguiente: dado que Verhofstadt ya ha declarado públicamente su apoyo a Schulz, veo a éste de presidente de la Comisión, a cambio de que aquél lo sea del Parlamento, por lo que a Junker le quedará la opción de presidir el Consejo en sustitución de Van Rompuy. No cabe duda que las consecuencias prácticas del Tratado de Lisboa van a afectarnos a partir del 26 de mayo, cuando los nuevos eurodiputados propongan al Consejo y éste lo ratifique al próximo presidente de la Comisión. Me atrevo a decir que estamos en los inicios de una nueva forma de hacer Europa. Es imposible que no afecte a su funcionamiento – yo creo que para bien – que el presidente no lo designen los jefes de Gobierno de los Estados miembros. Eso va a conferir un carácter y una nueva personalidad a la Comisión, como va a poner en valor la capacidad legislativa del Parlamento y, sobre todo, va a atemperar el poder del Consejo.

Siendo esto así y teniendo en cuenta, pues, la relevancia de estas elecciones, conviene acercarse a la biografía e ideas de los principales candidatos.

null

Jean-Claude Junker: Uno de los principales muñidores de la integración europea desde el flanco intergubernamental en el último cuarto de siglo pertenece, paradójicamente, a uno de los países más pequeños y con menos peso específico en las instituciones de la UE: Jean-Claude Juncker, quien fuera durante casi 19 años, entre enero de 1995 y diciembre de 2013, primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, amén de ministro de Finanzas de 1989 a 2009. El más duradero jefe de Gobierno europeo ganó tres elecciones generales consecutivas y encabezó cuatro gabinetes de coalición antes de verse obligado a dimitir en julio de 2013 como consecuencia de un escándalo con responsabilidades políticas, el caso del espionaje de los servicios de inteligencia del Estado. Su partido, el Popular Social Cristiano (CSV), volvió a ser el más votado en los comicios anticipados de octubre, pero esta vez ya no consiguió asociarse ni con los socialistas ni con los liberales, quienes se entendieron por su cuenta. Ecuánime y matizado, agudo y socarrón, sutilmente carismático, Juncker destacó con un estilo propio en el abigarrado concierto europeo, donde cimentó su prestigio como ingeniero de la Unión Económica y Monetaria y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como, durante ocho convulsos años, presidente del Eurogrupo, la reunión de ministros de Finanzas del euro. El experimentado gobernante fue además dos veces presidente de turno del Consejo Europeo, se sentó en un centenar de cumbres europeas y fue un hábil interlocutor y negociador en infinidad de procesos, entre ellos los que alumbraron cinco grandes tratados europeos. Durante el incendio que prendió en las deudas soberanas de la Eurozona, el dirigente luxemburgués prolongó su notoriedad como el encargado de organizar el rosario de rescates, con resultados harto discutibles, de los países asfixiados por la prima de riesgo y de diseñar los fondos financieros para estabilizar un euro en peligro mortal. Quien venía de entenderse con el jefe franco-alemán de Chirac y Schröder, y de coquetear con la corriente federalista, no terminó de sintonizar con la poderosa canciller Merkel, la cual rechazó sin contemplaciones su propuesta de los eurobonos (“una respuesta fuerte y sistémica a la crisis”, “un mensaje claro a los mercados”, dijo al presentarla en 2010), acogida en cambio con interés por una mayoría de líderes europeos. Aunque comprometido con la consolidación fiscal de la Eurozona, Juncker, habitualmente sin pelos en la lengua a la hora de criticar, guardó cierta distancia de las posturas más ortodoxas o rígidas dentro del llamado grupo de Frankfurt, se aproximó a los que pedían compaginar la austeridad y el estímulo del crecimiento, y alertó contra la brecha creciente entre el núcleo duro de la Europa del Norte y las economías intervenidas de la Europa del Sur. En 2009 se postuló sin éxito para presidente del Consejo Europeo y en 2014 ha aceptado ser el candidato del Partido Popular Europeo (PPE) al puesto de presidente de la Comisión Europea.

null

Martin Schulz: El diputado socialdemócrata alemán Martin Schulz preside desde comienzos de 2012 el Parlamento Europeo. Entonces resultó elegido en el marco del pacto de legislatura adoptado en 2009 por su grupo, que lideró durante ocho años, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D, segunda fuerza del hemiciclo y expresión del Partido de los Socialistas Europeos, PSE), y los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE). Su mandato de dos años y medio expira tras las elecciones de mayo de 2014, a las que ahora se presenta como candidato del PSE a presidente de la Comisión Europea y con una prioridad máxima: la creación de empleo. Antiguo librero de profesión y sin formación universitaria, Schulz ha sido en la última década uno de los miembros más conocidos de la Eurocámara, donde se sienta desde 1994, por su verbo directo, su estilo vehemente y sus firmes convicciones. Ha procurado hacer valer la opinión del Parlamento, la única institución de la UE elegida directamente por los ciudadanos pero tradicionalmente marginada de las grandes discusiones políticas, en las decisiones emanadas de las cumbres del Consejo y el Eurogrupo, es decir, los gobernantes nacionales. Una pretensión que está en consonancia con la ampliación de poderes que el Tratado de Lisboa otorga al Parlamento. Acérrimo defensor del euro, Schulz ha advertido que la UE puede “fracasar” si no complementa su unión económica y monetaria con una unión política, y sostiene la necesidad de acompañar las recetas de austeridad para reducir el déficit con políticas específicas para el crecimiento y el empleo. Ha criticado los recortes sociales en los escenarios de recesión o estancamiento y defendió la emisión de eurobonos para combatir la crisis de las deudas soberanas de la Eurozona. Con todo, en 2012 respaldó el Pacto Fiscal diseñado por su paisana y cuestionada adversaria política, la canciller democristiana Angela Merkel. El auge de los populismos, las “fuerzas centrífugas” y las tendencias a la “renacionalización”, junto con la falta de un “pacto social” y el peso creciente del componente intergubernamental son, a su entender, los principales peligros que acechan a la UE.

null

Guy Verhofstadt: El primer ministro de Bélgica entre 1999 y 2008 fue Guy Verhofstadt, líder en diversos períodos de uno de los principales partidos políticos de la Comunidad Flamenca, el liberaldemócrata Open-VLD, antes llamado VLD y PVV. En origen un joven neoliberal admirador del thatcherismo, Verhofstadt evolucionó a un liberalismo con acentos más sociales y progresistas, al tiempo que afianzó un doble compromiso con el federalismo: el que mantiene unido a su país, Bélgica, Estado que ensamblan con creciente dificultad los flamencos neerlandófonos al norte, los valones francófonos al sur y la isla bilingüe de Bruselas en medio; y el que podría pautar la construcción europea, hoy por hoy dominada por el poder intergubernamental. Como ganador por escaso margen de las elecciones generales de 1999 y 2003, Verhofstadt, primer jefe de Gobierno no cristianodemócrata o socialista desde antes de la Segunda Guerra Mundial, encabezó dos gabinetes nacionales de amplia coalición, con socialistas, liberales/reformistas y verdes de las dos comunidades, que agotaron sendas legislaturas. En 2009 Verhofstadt salió elegido miembro del Parlamento Europeo y se convirtió en el líder del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ADLE). Consecuente con su europeísmo de signo federalista, durante la crisis de las deudas soberanas de la Eurozona defendió la emisión de eurobonos y criticó el conservadurismo financiero de la canciller alemana Angela Merkel. En 2014, con motivo de las elecciones Europeas y una década después de su primera candidatura, entonces frustrada por el veto anglo-italiano, es aspirante a presidir la Comisión Europea en nombre de la ADLE. Sus propuestas se centran en la creación de empleo, la reducción de la burocracia, y la eficiencia y la transparencia de las instituciones europeas, a la vez que pone en guardia contra el avance del euroescepticismo y se confiesa “obsesionado” con la pérdida de influencia de Europa en el mundo.

De ellos y de sus decisiones va a depender en gran medida el futuro cercano de la Unión Europea. Todos ellos conocen bien los intrincados caminos de la construcción de la UE, Junker muy cercano a los jefes de Gobierno y buen maniobrero con ellos, Schulz de notable perfil político-ideológico, capaz de dar un impulso a los principales proyectos europeos y Verhofstadt hábil parlamentario hacedor de mayoría a múltiples bandas a base de negociaciones interminables. No hay duda de que se lo saben. Queda por saber si son capaces de creerse Europa más allá de sus cargos y devolver al proyecto europeo el impulso que ha perdido en la última década.

Merkel descubre su jugada: el estado de excepción “económica” para los periféricos

La llegada al parisino palacio del Elíseo de François Hollande y con él la de los aires programáticos de los socialdemócratas galos a Bruselas han obligado a la canciller Angela Merkel a descubrir sus cartas. Alemania ha tenido que improvisar un documento con sus planteamientos para reactivar el crecimiento en la zona euro y en él, siempre según filtración al diario Der Spiegel, destila las que son sus verdaderas intenciones para sacar provecho particular de la crisis en la Unión Europea. De los seis puntos destaca uno por la trascendencia del planteamiento: la creación de zonas de excepción económica para los Estados periféricos del euro. Casi nada con lo que se descuelgan nuestros socios germánicos después de que llevemos sufriendo tres años la crisis con sus consiguientes recortes por ellos impuestos.

Nos hace Merkel esta brutal propuesta basándola en la similar decisión que su antecesor Gerhard Schröeder tomó hace ahora exactamente diez años cuando Alemania pagaba la cuantiosa factura de la reunificación y la economía de la ex República Federal no daba a basto para relanzar el crecimiento de la ex República Democrática. Paradojas de la vida, aquellos presupuestos del Estado alemán elevaron su endeudamiento hasta cerca de los 40.000 millones de euros y el entonces ministro de Finanzas Hans Eichel, se vio obligado a declarar el estado de excepción económica ya que la Constitución alemana solo permite que el endeudamiento sea superior a las inversiones cuando se produce un desequilibrio de la economía. Alemania superó finalmente en un punto y medio el 3% fijado en el Pacto de Estabilidad y convergencia que llevó aparejada la puesta en marcha del euro. Todos lo entendimos y lo aceptamos por lo que Alemania no tuvo sanciones de la Comisión Europea por sus desequilibrios presupuestarios. A veces la memoria debería servir para algo. Sin embargo, por contra su propuesta actual es convertir a las economías desequilibradas, ya no solo en zonas supervisadas sino sometidas a una especie de dictadura tecnócrata.

null

El estado de excepción consistiría en ventajas fiscales y regulaciones menos estrictas que sean capaces de atraer inversiones extranjeras a los países que hoy viven ahogados por la presión de los intereses de la deuda. Y como es natural esos inversores también se verán favorecidos por un amplio programa de privatizaciones llevadas a cabo a través de “instituciones de desconfianza”. En una palabra podrán adueñarse de los principales activos de ese país a precio de saldo y si esos hipotéticos inversores hablan alemán hemos cuadrado el círculo. Para rematar su gloriosa propuesta para nuestro crecimiento Merkel pretende que adoptemos el modelo dual de formación profesional que ha convertido a Alemania en una masa de trabajadores de bajo coste laboral pero intercambiable entre sectores, es decir flexible y de alta movilidad. A cambio la República Federal se ve obligada a importar con arduas dificultades ingenieros o científicos investigadores.

En el fondo y simplificando las intenciones de Merkel, estamos ante una propuesta de neocolonialismo puro y duro del centro hacia la periferia, una forma de pax germánica concluída la conquista de la eurozona. A cambio de seguir en la moneda del imperio tendremos que malvender las joyas de la abuela y las mejores de la corona y después pasaremos a ser trabajadores baratos en las colonias. Suena feo la verdad pero dado que llevamos años vomitando de vértigo al borde del abismo, lo normal es que nos veamos obligados a aceptar nuestra triste condición de periféricos esclavos. Como muy bien señalaron en sendos artículos bajo el mismo tema, Slavoj Zizek y José María Ridao, vivimos en un permanente estado de excepción económica que ha llegado a justificar la caída de gobiernos legítimos emanados de las urnas en Grecia e Italia para ser sustituidos por ejecutivos tecnócratas que como hemos podido observar tampoco son capaces de salir del marasmo en que nos tiene inmersos esta crisis. Pero en aquellos países donde el cambio de gobierno se ha solventado en las urnas, como es el caso de Portugal o España, los nuevos gobenantes actúan como autómatas deterministas al dictado de la tecnocracia imperante desde Berlín vía Bruselas. Y volviendo a las paradojas de este drama continental algunos se empeñan en que se nos olvide que el gran préstamo para Atenas se utiliza para cancelar la deuda griega con los grandes bancos franceses y alemanes o que la financiación pública para ayudar a la banca española a limpiar sus cimientos de basura inmobiliaria está resultando un excelente negocio para esos mismos bancos alemanes que reciben préstamos al 1% y prestan al 8%.

Enfrente, quitando los planteamientos iniciales de reeqiilibrio del eje franco-alemán por parte del presidente Hollande, lo único que ha habido es indignación sin encauzar, ciudadanos desesperados manifestando su confusión, simplemente una negativa generalizada a que se desmonte el Estado de bienestar. Ni una idea, ni una propuesta. Deberíamos tomar conciencia de que periféricos somos todos, sobre todo, cuando alguien ha decidido convertirse en el centro del universo Europa. La batalla se ha desencadenado cuando alguien ya se pensaba triunfadora, pero las urnas, la bendita democracia parecen haber torcido el destino de la Unión. Sigamos confiando, pues, en más democracia y más Europa para salir del estado de excepción económica.

null

Amnistía fiscal o la quiebra de la legitimidad del Estado

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ha aportado una sorpresa mayúscula con la que casi nadie contaba, dado que el propio presidente en sus días de líder de la oposición la había calificado de “impresentable, injusta y antisocial”: la amnistía fiscal. Una medida que hipotéticamente pretende que afloren 25.000 millones de euros de rentas sumergidas para lograr una recaudación adicional de 2.500 millones de euros. La excepcionalidad de un perdón de esta naturaleza de entrada suena a emergencia recaudatoria, a sacar dinero de debajo de las piedras sea cual sea el coste de la prospección para aflorar dinero negro. Todo vale con tal de cuadrar las cuentas a las que Bruselas obliga, acuciado como está el Ejecutivo español por presentarlas y aprobarlas – resulta clamoroso que un gobierno que tomó posesión en diciembre, no haya presentado los presupuestos hasta tres meses después, exactamente una semana después de las elecciones andaluzas -. Las prisas, siempre malas consejeras, urgen a una severa reducción del déficit público, que debe pasar del 8,2% registrado el 2011, al 5,3% en el corriente 2012 y lo que se hace aún más difícil de imaginar, en 2013 deberá situarse en el 3%. Se me antoja que para entonces no quedará nada que recortar en una paisaje desolado por la crisis y la austeridad sobrevenida.

En la historia de la democracia española, se ha aprobado dos veces la amnistía fiscal y, en los dos casos, la ha aplicado un gobierno socialista. La primera vez fue en 1984, con Miguel Boyer al frente del ministerio de Economía. Boyer endureció las leyes contra los evasores de impuestos y, al mismo tiempo, concedió ‘el perdón’ al permitir que todos los que tenían ocultas sus actividades pudieran comprar pagarés del Tesoro Público, sin ninguna penalización fiscal y pudiendo salvaguardar el anonimato. La segunda vez fue en 1991, con Carlos Solchagacomo titular de la cartera de Hacienda. En esta ocasión, la amnistía consistió en permitir que los infractores compraran deuda pública con dinero negro con un tipo de interés inferior al del mercado. El indulto no funcionó como el Gobierno de Felipe González esperaba y tuvieron que subir el IVA en los Presupuestos Generales de 1992, además de advertir de que no se volvería a conceder el perdón fiscal. Ahora, más de veinte años después de la aprobación de la primera amnistía fiscal, con una crisis económica y financiera que deja cinco millones de parados, una deuda pública que puede alcanzar el 74,3% del PIB en 2012 y unas arcas del Estado casi vacías, un gobierno vuelve a plantear la amnistía pese a que los antecedentes nunca cumplieron las expectativas en ella puestas. Con todo, no es España una excepción en Europa ya que otros países han optado por esta medida. Así, Italia es uno de los mejores ejemplos: el pasado mes de octubre, el entonces primer ministro, Silvio Berlusconi, volvía a proponer la amnistía fiscal para reducir el déficit. De este modo, se planteaba eximir los delitos fiscales a quienes compren deuda soberana. Algo que le valió críticas, incluso, desde dentro de su propio partido. Ésta no era la primera vez que ‘Il Cavaliere’ decide perdonar a los evasores con tal de que su dinero vuelva a fluir en el país. Ya en el año 2009 se aprobó la medida y logró que 95.000 millones de euros regresaran a las arcas italianas. Pero según los expertos, esta cifra no es sinónimo de éxito, sobre todo porque la multa para los evasores italianos fue de un irrisorio 5%, cuando en otros países era 10 veces mayor, y aseguran que nuestra Agencia Tributaria tiene más controles que la de Berlusconi.

null

Portugal aprobó la medida a mediados de 2010. En grandes líneas, esta medida excepcional se aplicó a depósitos bancarios,  valores mobiliarios y otros instrumentos financieros tales como fondos de inversión y determinados seguros de vida-ahorro. Se estipuló el pago de un impuesto del 5% del valor de los activos y no es necesario transferirlos a entidades financieras portuguesas, siempre y cuando se trate de elementos que estuvieran depositados en estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Alemania hizo lo mismo mucho antes de que la actual crisis arreciara. En 2003, el canciller GerardSchröder, dio luz verde a una amnistía fiscal que en la que se permitía a los empresarios alemanes repatriar los fondos que tuvieran en el exterior sin penalización alguna, aunque fijaba una tasa del 25% sobre este dinero una vez que hubiera salido a la luz. En concreto, en los cuatro primeros meses del año el total del dinero repatriado gracias a esta norma ha sumado únicamente 125 millones de euros. Una cantidad muy por debajo de los 5.000 millones previstos inicialmente. Francia tuvo un conato de implantación de la amnistía fiscal en 2004. El primer ministro francés, Jean Pierre Raffarin había apostado por repatriar capitales, implantando una tasa liberatoria de retorno, entre el 10% y 20%, según el volumen de dinero legalizado. Finalmente, Raffarin dio marcha atrás. Le llovieron críticas de todos los partidos.  No se veía ni “moral” ni “eficaz” para la lucha contra la evasión de capitales y la circulación de dinero negro. Años después, en 2009, la Administración Tributaria francesa por aprobar un régimen especial de regularización. Creó una unidad especial en Hacienda. El objetivo: gestionar todos los procesos de regularización de patrimonios opacos situados en paraísos fiscales. Así, se asegura que se apliquen criterios similares en los procesos de regulación y se da seguridad jurídica, ya que sólo hay un órgano inspector. Y en Reino Unido en agosto de 2010, “Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) lanzó entre septiembre de 2009 y marzo de 2010 The new disclosure opportunity,  encaminada a regularizar exclusivamente cuentas bancarias offshore, debiendo los contribuyentes pagar los impuestos dejados de ingresar durante los últimos diez años junto con una sanción del 10% de la deuda. Si bien no se garantizó la inmunidad penal de los contribuyentes que se acogiesen al programa, el HMRC anunció que las posibilidades de comenzar acciones penales eran extremadamente bajas”.

En España habría que empezar por recordar que conviven cinco Haciendas –ArabaBizkaiaGipuzkoaNavarra/NafarroaEspaña – y de ellas solo la española aplicará la medida, pues, las otras cuatro ya han manifestado que optan por la lucha contra el fraude como mejor argumento para incrementar los ingresos forales. Tanto en lo que respecta a los que practican la economía sumergida que, según la Fundación de las Cajas de Ahorro, se cifra en el 24% del PIB de España, como para los que sacan sus grandes capitales fuera de país para evadir impuesto. La OCDE calcula que el 13% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales, esto es, entre cinco y siete billones de dólares. El objetivo es hacer que aflore el dinero negro o que vuelva a España. La estimación del gobierno es que se conseguirá que aflore un 10% de la economía sumergida. Eso son 25.000 millones de euros. Lo cual quiere decir que el gobierno sabe perfectamente que están fuera del control impositivo 250.000 millones de euros. De los cuales —con suerte, con mucha suerte— nos dicen que esperan ingresar 2.500. Si esos 250.000 millones tributaran a lo que deben, más los recargos y las correspondientes sanciones, no tendríamos ninguna necesidad alguna de recortar en educación, sanidad, investigación o dependencia en los presupuestos de 2012. Y resulta concluyente el dato que aporta que con los métodos regulares de la lucha contra el fraude fiscal, en 2010, la Agencia Tributaria logró recuperar más de 10.000 millones de euros procedentes de actividades fuera del fisco. Una cifra que supone un 1% del PIB.

Los mismos profesionales de la Agencia Tributaria se han manifestado en contra de la medida que consideran solo servirá para “enjugar los delitos fiscales a precio de saldo”. Los inspectores, que se supone son quienes más deben saber sobre fraude, estiman que el 72% del dinero defraudado a Hacienda proviene de las grandes fortunas y las grandes empresas que, incomprensiblemente, son investigados con muchos menos recursos, ya que la Agencia Tributaria concentra el 80% de sus investigaciones en pequeñas empresas y pequeños contribuyentes. Las grandes empresas tienen más mecanismos de elusión, como las conocidas SICAV, y por supuesto, más facilidades de evasión, ya sea a través de paraísos fiscales o mediante operaciones entre entramados societarios. Pareciera que Rajoy pretende dar la razón a los medios de comunicación y opciones de ultraderecha europea que vienen repitiendo hasta la saciedad que las economías periféricas son nidos de defraudadores y vagos. Oficializando el perdón de delincuentes fiscales se acredita internacionalmente la existencia de un problema estructural, que cuanto menos debería ser inconfesable: España país de economía sumergida y de fuga de capitales. No parece el mejor reclamos para que nuestros socios se corresponsabilicen con los problemas de paro, falta de crecimiento e insuficiencia financiera a la que nos está sometiendo la crisis.

Pero son las consideraciones para la convivencia en el Estado las que resultan más graves de la medida anunciada. En primer lugar, por el agravio comparativo que supone para los millones de contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones. Se premia al defraudador, que podrá esperar a que una de estas amnistías cíclicas pongan en regla su dinero negro. El mensaje es claro: en el Estado español es más rentable delinquir que cumplir o dicho de otra forma, el impuesto grava la honradez. El Estado pierde la legitimidad para exigir el esfuerzo colectivo, el que hace posible un sistema social de protección mútua y, en suma, la arquitectura del Estado del Bienestar se resquebraja en sus cimientos. Rompe también el equilibrio territorial, pues, los niveles de economía sumergida y de fraude fiscal son muy dispares en unas y otras Comunidades Autónomas, con lo que abierta la veda de la aministía, aquellas Comunidades más honestas en sus cuentas y en perseguir el fraude, salen claramente perjudicadas frente a aquellas donde la corrupción y los defraudadores protagonizan la vida pública y la economía productiva. La crisis ha aflorado nuestras miserias peninsulares, pero no imaginábamos que llegaría a recurrir al perdón de los que roban al conjunto de los ciudadanos para salir adelante. Si quienes actúan de manera egoísta, buscando la riqueza monetaria a cualquier precio, incluido el recurso a la delincuencia fiscal, son hoy nuestros salvadores, prefiero declararme éticamente insumiso de este Estado de cosas.

null