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Crónica del IV Reich: Una Unión Bancaria Europea a la germánica

Siguiendo con la monótona serie de post dedicados a narrar las gestas de AngelaMerkel en las instituciones europeas, toca explicar uno de los más flagrantes ejercicios de egoísmo antieuropeísta que hasta la fecha habíamos vivido. En el Consejo Europeo de junio de este año, hace ya seis meses, los líderes europeos presionados por la crisis del euro y de la deuda soberana de algunos de los miembros de la moneda única alcanzaban un acuerdo para la puesta en marcha de la Unión Bancaria Europea, probablemente en la única escena de los últimos años que suponía un revés para los intereses de Alemania en su particular diseño y modo de entender la Unión Europea. A regañadientes pero Merkel aceptaba un acuerdo que no le satisfacía ni en los procedimientos, ni en los tiempos de implementación. Le gustara o no, quedaba obligada a cumplir un acuerdo de Consejo, pero la Canciller se apresuró a las pocas semanas del encuentro en Bruselas a dejar claro que Alemania no aceptaba lo pactado y cambiaría la letra y la música de la Unión Bancaria en posteriores reuniones. Y dicho y hecho que para eso es la más fuerte y la que manda. Ha llegado diciembre y ha impuesto su criterio en casi todos los postulados, pero principalmente en dos cuestiones básicas: el control del BCE sobre las entidades financieras deja fuera a las cajas de los länders alemanes y la aplicación del organismo de supervisión bancaria del Banco Central no será efectivo hasta marzo del 2014, nada más y nada menos que casi dos años después de tomada la decisión. Lo cómico es que luego quieren nuestros gobernantes que les tomen en serio los mercados.

Para llegar a un final feliz para Merkel, como casi siempre se han agotado los plazos hasta la extenuación de los asistentes. Improvisación y una reunión de más de 14 horas han sido necesarias para que los ministros de Finanzas de laUnión Europea hayan logrado por fin cumplir con el mandato que les dieron los líderes europeos en la última cumbre y dejar cerrado el marco legislativo sobre el que se construirá el supervisor bancario único. De esta forma en la reunión del Consejo Europeo de invierno los jefes de Estado y de Gobierno de la UE podrá presumir de haber logrado el primero de los objetivos impuestos para avanzar hacia una verdadera integración europea. El acuerdo sobre el nuevo Supervisor Bancario Europeo sienta las bases legales para poner en marcha esta nueva institución, cuyas tareas de control bancario recaerán sobre el Banco Central Europeo (BCE), y que supone el primer pilar de la Unión Bancaria. Sin embargo, los ciudadanos europeos deberemos esperar a marzo de 2014 para que el supervisor entre en funcionamiento, un condicional que causa grave perjuicio a los países más acosados por la prima de riesgo de los mercados de deuda, sobre todo, a España e Italia, pero que de refilón podría extender su presión también aFrancia.

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El acuerdo supone una clara victoria de Alemania frente a las tesis defendidas por otros países de la eurozona -España y Francia, por ejemplo- desde que se iniciaron las discusiones. Finalmente el BCE sólo tendrá capacidad de actuación directa sobre los bancos cuyo tamaño sea superior a los 30.000 millones de euros en activos. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, había impuesto esta condición para dar su visto bueno definitivo a los documentos legislativos que regulan este nuevo organismo. De este modo las pequeñas entidades financieras germanas, muchas de ellas de carácter público, se escaparán del ámbito de supervisión del BCE y seguirán siendo controladas por las autoridades nacionales. En la práctica supondrá que el Eurobanco tendrá competencia de supervisión directa sobre alrededor de 200 de los 6.000 bancos que hay en la Eurozona. Eso sí, el acuerdo especifica que podrá intervenir directamente cualquier entidad en caso de que se detecten problemas en su funcionamiento y suponga una amenaza para el sistema financiero europeo. El ámbito de actuación del supervisor europeo será todos los países que componen la eurozona más el resto de estados de la UE que libremente quieran adherirse a la Unión Bancaria. El Ejecutivo comunitario espera que todos los países de fuera del euro se sumen al mecanismo de supervisión única, excepto Reino Unido, Suecia yRepública Checa.

Las competencias de control que adquiere el BCE le permitirán conceder y retirar fichas bancarias, investigar instituciones, imponer sanciones a las entidades que no cumplan con los estándares fijados e intervenir directamente su gestión e iniciar el proceso de liquidación si fuera necesario. Los supervisores nacionales continuarán su tarea de control ‘in situ’ de los bancos y tendrán competencias directas sobre las entidades más pequeñas. Otro de los puntos conflictivos de las negociaciones era cómo garantizar que los países que no forman parte del euro tenían una representación equitativa en el órgano de dirección, ya que los Tratados europeos estipulan que en última instancia sólo pueden tomar decisiones los órganos ejecutivos ya establecidos y en los que sólo participan los países de la eurozona. El compromiso alcanzado estipula que tanto en estas decisiones como en las que atañen a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) se fijarán sistemas de votación que tengan en cuenta de forma equilibrada a los países del euro y los que no comparten la moneda común. Este acuerdo supone una de las mayores transferencias de competencias nacionales al nivel comunitario de los últimos años y sienta las bases para que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), el fondo de rescate europeo, pueda recapitalizar directamente a las entidades financieras sin necesidad de que el dinero pase primero por el estado miembro, como ha sido el caso de España.

Resumida la crónica de una nueva imposición alemana a la Unión, queda por esclarecer algunas de las consecuencias básicas del acuerdo para los demás. En el caso de España, entre 15 y 16 bancos españoles, que representan más del 90% del sistema financiero nacional, quedarán bajo control directo del Banco Central Europeo (BCE) como supervisor único de la eurozona. El Banco de España ya puede descansar en paz porque sus funciones quedan muertas y enterradas. Lo peor de la historia es que el sistema de cajas de ahorro en España ha sido brutalmente demolido en medio de la crisis financiera, sin que ninguno de los gobierno responsables de la catástrofe, primero el socialista y luego popular hayan sido capaces de salvar entidades de fuerte implantación local y muy necesarias para el desarrollo económico territorial. Los ciudadanos hemos perdido competencia en el sector y las pequeñas y medianas empresas acceso a crédito implicado en la zona y de cercanía. Todo casualmente confluye ahora con la aparición del nuevo organismo que prácticamente controlará la totalidad de la banca española. La segunda nefasta consecuencia, al menos para los que somos firmes creyentes de las herramientas europeas monetarias y fiscales armonizadas, es el abandono que parece definitivo de los eurobonos. A quien sigue imperando la máxima merkeliana de que cada uno se busque la vida mientras a ella le siga beneficiando el diferencial con el bono alemán. Y finalmente, el plazo que Alemania ha impuesto para la entrada en vigor de la Unidad Bancaria le permite sanear su maltrecha banca, endeudada en dudosos riesgos en los países más afectados por rescates, sobre todo, Grecia y dificulta a países como España e Italia la restructuración del sector financiero y la posibilidad de que el crédito vuelva a fluir.

Lo que no podemos es negar que la nave va, como diría Fellini, la Unión sigue dando pasos irreversibles de cesión de soberanía o de instituciones compartidas. Cada vez más y con la crisis a más ritmo, somos más Europa y eso a los ojos del mundo resulta innegable. Pero la cuestión es la forma en que se está produciendo ese proceso y el dibujo que va perfilándose. El famoso dilema entre una Alemania a la europea o una Europa a la alemana cada vez deja menos lugar a dudas. Ese ejercicio de soberbia e imposición está dejando huellas en los países más perjudicados por la crisis y los recortes sociales. Un surco de antigermanismo que rompe en dos la UE haciendo saltar de nuevo las filias y las fobias en torno a Berlín. Hemos pasado del acervo comunitario donde se fraguaban las decisiones de comisión en comisión y en una salsa condimentadas entre todos a la decisión ponderada donde a la larga el más poderoso impone unilateralmente sus criterios. Por otro lado, la Alemania de Merkel está monopolizando las propuestas de salida a la crisis bajo la tesis incontrastable porque no permite margen a otros experimentos de que es la única política posible. Lo grave es que mientras Europa recorriendo esta senda de austeridad camina firme hacia la recesión, al otro lado del Atlántico la administración Obamay la Reserva Federal sigue lanzando programas de reactivación con dinero barato –  para mantener los tipos a cero, la Reserva Federal imprimirá el equivalente a 65.000 millones de euros al mes para comprar bonos del Tesoro e hipotecas – con el objetivo de bajar la tasa de paro de 6,5%. Europa avanza, pues, pero lo que no sabemos si es por el camino equivocado.

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Un premio Nobel para la paz europeista

Es evidente que con la concesión del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europeala polémica está servida. Nos hemos acostumbrado a mirar los acontecimientos con cultura digital, de forma on line, sin perspectiva histórica y con miopía de futuro. Si lo que la academia Nobel premia es la situación puntual que viven las instituciones europeas podemos establecer un rico debate sobre la buena o mala salud de las mismas y sobre los problemas que sin duda afronta la Unión y los Estados que la forman. Y en ese caso deberíamos empezar por reconocer que la crisis que nos afecta es global y que no se trata de una dolencia endogámica o intrínsecamente europea. Pero el jurado del Nobel no se ha fijado en el punto concreto en que se encuentra el proyecto de construcción europea, sino en el propio proyecto en sí y en el valor como garante de paz que ha tenido en el continente durante más de cincuenta años. Seis décadas ininterrumpidas de cese de la violencia bélica en un territorio que históricamente ha protagonizado las más cruentas y numerosas guerras de la humanidad. De ahí que las primeras críticas recibidas por el Nobel europeo resulten profundamente injustas cuando se compraran con el concedido al presidente estadounidense Barak Obama, pues, se contrapone la labor colectiva de los europeos durante 50 años con el de una persona en tres años. De la misma forma que escuchar en boca del presidente checo, Václav Klaus, reputado euroescéptico o al también Nobel de la paz, LechWalesa, su decepción con el galardón, resulta paradójico dado que difícilmente la libertad en sus países alcanzada tras la caída del Muro de Berlín serían posible sin la contribución realizada por una Europa unida.

Para cualquier persona en su sano juicio debería ser motivo de satisfacción que los pueblos europeos que generaron tragedias tan terribles como las guerras imperiales del Renacimiento, las confrontaciones napoleónicas y las dos guerras mundiales, hayamos convertido la práctica totalidad del espacio continental en un área de comercio común, donde las personas, los capitales y las ideas fluyen en libertad y defendido por derechos comunitarios. Los europeos le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, hemos borrado siglos de enfrentamiento por décadas de paz y prosperidad. Nada tiene que ver la forma en que estamos encarando la actual crisis económica en como lo hemos venido haciendo en nuestro tiempo pretérito. La cooperación, el diálogo y la negociación se han impuesto a la fuerza de las armas. El vértigo de la guerra, el miedo a la muerte extendiéndose una vez más por los viejos campos de batalla, unió a los padres fundadores de la Europa del Tratado de Roma. De ese vértigo fue naciendo la conciencia de que juntos somos más fuertes y unidos se defiende mejor nuestro modelo de sociedad, sean cuales sean las dificultades que nos proponga la globalización. Es ya muy fuerte el entramado de intereses y el tejido institucional creado paso a paso lentamente a base del famoso acerbo comunitario como para tirarlo por la borda y volver al abismo de las fronteras irreconciliables.

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Muchas han sido las personas que han participado en la construcción de las Comunidades Europeas, primero, y de la Unión Europea (UE), después, a partir de la llamada Declaración Schuman de 1950. Muchas de estas personas han jugado un papel destacado en la vida de sus propios países de origen, papel que incluso puede ser más significativo que el que han representado en el seno de la Unión. Muchos, pues, son merecedores personalmente del Nobel de la paz, aunque normalmente se conoce como “Padres de Europa” a Adenauer, Monnet,Schuman y Gasperi, la Comisión Europea oficialmente considera como tales a Konrad Adenauer, Jean Monet, Winston Churchill, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak, Walter Hallstein y Altiero Spinelli. Una historia que se alumbra en Roma el 25 de marzo de 1957 con la firma de los Tratados de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euratom). Ambos tratados fueron firmados por la República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, y los Países Bajos, los Estados fundadores. El tratado estableció, entre otras cosas la Unión Aduanera: la CEE fue conocida popularmente como el “Mercado Común”. Se acordó un periodo transitorio de 12 años, en el que deberían desaparecer totalmente las barreras arancelarias entre los Estados miembros. Y la Política Agrícola Común (PAC): esta medida estableció la libre circulación de los productos agrícolas dentro de la CEE, así como la adopción de políticas proteccionistas, que permitieron a los agricultores europeos evitar la competencia de productos procedentes de terceros países. Ello se consiguió mediante la subvención a los precios agrícolas. Desde entonces la PAC ha concentrado buena parte del presupuesto comunitario. Este tratado estableció la prohibición de monopolios, la concesión de algunos privilegios comerciales a las regiones ultraperiféricas, así como algunas políticas comunes en transportes.

La actual Unión Europea ha vivido seis ampliaciones consecutivas en su ya larga historia. La primera supuso la incorporación de Irlanda, Reino Unido y Dinamarca. La segunda de Grecia, la tercera de España y Portugal, la cuarta de Suecia,Austria y Finlandia y la quinta fue la más amplia de Malta, Chipre y ocho países del Este, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa,Eslovaquia y Eslovenia. Y, por último, la sexta la de los vecinos Rumanía yBulgaria. En total 27 países miembros, que serán uno más el próximo mes de enero con la integración de Croacia. Desde el punto de vista jurídico, el proceso de unión europea ha vivido desde el Tratado de Roma cinco grandes reformas y otros tantos nuevos tratados que constituyen la ley de leyes para sus Estados miembros. En 1986 se aprueba el Acta Única Europea cuya finalidad fue reformar las instituciones para preparar la adhesión de España y Portugal, y agilizar la toma de decisiones para preparar la llegada del mercado único. Los principales cambios fueron la ampliación de la votación por mayoría cualificada en el Consejo (para hacer más difícil el veto de las propuestas legislativas por un único país) y creación de los procedimientos de cooperación y dictamen conforme, que dan más peso al Parlamento. En 1992 entra en vigor el Tratado de Maastricht, cuyo objetivo fue la implantación  la Unión Monetaria Europea e introducir elementos de unión política (ciudadanía, políticas comunes de asuntos exteriores y de interior). Significó el establecimiento de la Unión Europea e introducción del procedimiento de codecisión, dando más protagonismo al Parlamento en la toma de decisiones. Nuevas formas de cooperación entre los gobiernos de la UE, por ejemplo en materia de defensa y de justicia e interior. En 1997 se reforman los tratados por el acuerdo de Amsterdam en materias menores y en 2001 el Tratado de Niza viene a facilitar la toma de decisiones después de la incorporación de numerosos países y, finalmente, en 2007 el Tratado de Lisboa vigente en la actualidad pone el énfasis en hacer la UE más democrática, más eficiente y mejor capacitada para abordar, con una sola voz, los problemas mundiales, como el cambio climático y aumenta las competencias del Parlamento Europeo, establece el cambio de los procedimientos de voto en el Consejo, la iniciativa ciudadana, el carácter permanente del puesto de Presidente del Consejo Europeo, el nuevo puesto de Alto Representante para Asuntos Exteriores y el nuevo servicio diplomático de la UE.

Un camino proceloso repleto de tira y aflojas, de marchas adelante y parones que ha conformado una realidad interna y externa protagonista se quiera o no en el escenario mundial. Porque a las incorporaciones de Estados y poblaciones hasta sumar los 500 millones de personas actuales y un marco legal de compleja regulación y basada en la transferencia de soberanía, hay que añadir la existencia de una moneda única, el euro, vigente en 17 Estados miembros y la creación de un Banco Central Europeo que ya actúa como autoridad monetaria del eurogrupo y que avanza en su funcionamiento como reserva federal al estilo de la de losEstados Unidos. En 50 años la Europa que camina unida ha logrado establecer normas comunes comerciales, de movilidad laboral, de capitales, de moneda única y, recientemente, está poniendo en marcha la diplomacia más ambiciosa y voluminosa del mundo. Negar los problemas y dificultades que hoy acechan a la UE sería vivir al margen de la realidad. A cada paso que damos se producen nuevos retos y mayores inconvenientes. Mantener la riqueza de la diversidad en un espacio que cada vez ensancha más supone la obligación de reinventarnos desde el convencimiento de que juntos podemos seguir siendo un referente mundial.

La memoria humana es tan débil que por supervivencia pronto olvida el drama y la tragedia. Para poner en valor lo que los europeos hemos logrado en estas seis últimas décadas bien valdría reproducir machaconamente la desolación producida en Europa por las dictaduras fascistas y por los regímenes comunistas. La democracia y el Estados social de derecho desde una visión humanista basada en nuestra mejor historia, ha dado fruto en la época más próspera y pacífica que hemos conocido en nuestro continente. El premio que ahora todos recibidos es un acicate y un impulso para los que aún creemos en el proyecto europeista frente a las veleidades populistas y ultras de quienes quieren volver a la defensa de intereses particulares que fomentan el enfrentamiento egoísta. Hay que ser muy estúpido o muy malintencionado para defender que la Europa deHitler, Mussolini y Stalin es mejor que la que vivimos hoy de la mano de nuestros gobernantes, por mucho que los actuales puedan errar. Sus errores que sin duda los tienen, son parte de nuestro derecho a equivocarnos juntos y con la enorme capacidad de reconvenirlo en las próximas elecciones. Tenemos problemas económicos, de falta de integración política, de credibilidad internacional, de respeto a minorías, de defensa de derechos humanos en el mundo…, pero seguimos siendo una isla modélica en la humanidad de libertades y calidad de vida. El Nobel de la paz no es más que una llamada de atención a no perder lo que hemos alcanzado, a no dejar de ser referente para el mundo. Nuestra obligación más que nunca es colaborar en la resolución de los problemas mundiales desde la vanguardia de la innovación y la investigación o convertirnos una vez más en el escenario del conflicto. Elegir entre Europa como dilema o como solución. El europeismo ahora premiado además de un bello anhelo es ya un repertorio de hechos incuestionables que nos garantizan vivir en paz.

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Falacias sobre el copago sanitario en Europa

El debate sobre la utilidad o no del sistema de copago para la financiación del sistema sanitario se ha abierto en España a raíz de la aprobación por parte del govern de la Generalitat de Catalunya de una tasa de 1 euro por receta – el llamado ticket moderador – en el Servei Catalá de la Salut. De la misma forma que en la mayoría de los Estados más asolados por la crisis de la deuda – Grecia,Irlanda y Portugal – se han introducido medidas de este tipo, parece por los indicios que el gobierno del Partido Popular en España, pese a negarlo una y otra vez, está llevando a cabo reuniones “técnicas” con las consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas para el estudio primero y posterior implementación de medidas de copago sanitario. Convendría, pues, en este clima preimpositivo analizar sin sesgos ideológicos  y sin fundamento o prejuicios carentes de rigor, las virtudes y los defectos de este tipo de reformas. Lo digo partiendo de la base de la trascendencia que en nuestras vidas tiene garantizar un sistema de salud público de calidad, de acceso garantizado universal y equitativo. Nos jugamos demasiado en las decisiones que sobre el tema tomemos como para que el debate se produzca con opiniones de algunos políticos o tertulianos basadas en generalidades y lugares comunes, en vez de en datos contrastados o hipótesis elaboradas por profesionales de la sanidad. Son éstos, que además en el caso del Estado español, lo son de reconocido prestigio y compromiso con el sistema, quienes más tienen que decir sobre una reforma que solo debe pretender hacer viable la sostenibilidad de uno de los mejores modelos de salud pública de Europa y, por ello, del mundo.

El objeto aludido para introducir el copago es la insuficiencia financiera del modelo. Se nos dice que no tenemos recursos suficientes para mantener un sistema tan bueno, pero tan caro. Yo niego la mayor. Lo primero que tenemos que decidir es qué sistema de salud público queremos tener y cuál es su relación con las ofertas de sanidad privada. Dimensionar la cartera de servicios sanitarios que queremos tener es el primer trabajo, así como establecer qué orden de importancia le concedemos en el conjunto de gasto público. Porque si como parece, todos pensamos que junto con el pago de las pensiones y la educación gratuita e igualmente universal, son los gastos comprometidos ineludibles, a partir de aquí serán otras las partidas a reformar. Por tanto, una vez que definamos el tamaño del sistema y consiguientemente sus necesidades de recursos, podremos pasar a definir las partidas de ingresos sobre las que lo sustentamos. Empiezo por deshacer otra falacia del copago por introducir, porque el copago en el Estado español ya está implantado. En primer lugar, mediante las cuotas a la Seguridad Social que pagamos todos los trabajadores y empresarios, en esa suerte de mutualidad aseguradora de diversas prestaciones que supone. En ese sentido, sería muy convenientes que dichas cuotas vinieran desglosadas en sus diferentes aportaciones para que pudiéramos saber claramente a qué se dedica la caja única: tanto para su sanidad, tanto para su pensión, tanto para su prestación por desempleo si ha lugar… Así evitaríamos la mala praxis habitual, que han llevado a cabo todos los gobiernos, de meter la mano en la caja para sufragar otro tipo de gastos. En segundo lugar, pagamos un porcentaje de los medicamentos – excepto los pensionistas – que nos receta la sanidad pública. Por lo tanto, no debemos hablar de copago como novedad, sino de extender a nuevos tipos de impuesto la financiación de la salud.

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Si echamos un vistazo a la situación de nuestro entorno europeo, veremos que el copago en distintas modalidades existe en todos. En veintisiete se realiza el copago farmacéutico. En todos salvo en Dinamarca, España, Grecia – y ahora se va a introducir – y Reino Unido, existe el copago en atención hospitalaria. En todos menos en España, Grecia – y también pagarán ya –, Hungría, Lituania, Reino Unido y República Checa se paga algo por la atención especializada. Y respecto a la atención primaria, donde menos está implantado el copago, es totalmente gratuita en España, Grecia – y se les acaba – Holanda, Hungría, Italia, Lituania,Polonia, Reino Unido y República Checa. Es decir, los Estados con menor nivel de copago y, por tanto, de aportación directa de los ciudadanos al coste de los servicios sanitarios que emplean, son el Reino Unido y España. En ambos casos, somos según diversos baremos e indicadores dos de las mejores sanidades del mundo y en el caso español, el tercer país del mundo en esperanza de vida. Además, resulta útil combinar este dato con el de la rentabilidad de la inversión del gasto sanitario, es decir, qué porcentaje sobre el total del PIB empleamos en sanidad. Así en España nos sale muy barata esa salud pública de calidad. La media de los países desarrollados en Europa está alrededor del 9% del PIB, llegando a cifras mucho más altas en EE.UU. (14%). En España el porcentaje es de los más bajos de Europa (8,4%), por debajo de la media europea, solamente por delante de Finlandia, Hungría, Polonia y la República Checa y muy por debajo de lo destinado en Suiza (11,3%), Alemania (10,6%), Bélgica (10,4%), Francia(11,1%), Austria (10,1%), Dinamarca (9,5%), Holanda (9,3%), Islandia (9,2%),Suecia (9,2%), Grecia (9,1%) e Italia (8,7%).

Se supone que el principal argumento a favor de la extensión del modelo de copago es la disminución del “consumo” sanitario. En ese sentido, deberíamos recordar que la enfermedad, en general, se contrae, no se desea y, más importante aún, que quien discrimina el uso del sistema son sus profesionales, es decir, aquellos en quienes depositamos la confianza en nuestra curación o cuidado. Partir de la base del abuso del sistema supone quebrar la confianza en él y, en todo caso, si existen los excesos atajense, pero no se introduzcan impuestos indiscriminados que culpan a aquellos que nada tienen que ver con los que se aprovechan indebidamente. En cualquier caso, en los países europeos donde más experiencia por tiempo y extensión del copago tienen, está demostrado que efectivamente disminuye el “consumo”, si bien a costa de importantes pérdidas en el reparto equitativo. Es evidente que pese a que se reduzca la aportación del copago a las capas con menores niveles de renta, el hecho de tener que pagar establece una discriminación que afecta más al que menos tiene y que le disuade de acudir al médico. Ello supone a largo plazo que al desaparecer la labor preventiva de la consulta periódica, se pierde el contacto con el paciente y el historial clínico es menos rico en datos, por lo que una enfermedad puede revelarse más grave cuando aparece y propender a convertirse en dolencia crónica. Es decir, que lo barato a la larga se vuelve caro. Y, como dato adicional, la cuantía que se recauda por las distintas fórmulas de copago no son relevantes a efectos del conjunto del gasto sanitario, con ellas no se garantiza la sostenibilidad del sistema. En resumen, demasiado coste social para poco retorno económico.

Si el problema se centra en la financiación del sistema y éste resulta prioritario en nuestras vidas, deberíamos plantearnos una reforma fiscal en profundidad que lo haga viable. De igual forma que el Pacto de Toledo aseguró un consenso básico para garantizar el pago a largo plazo de las pensiones, se requiere un Pacto de Estado para la Salud, dado que además la responsabilidad de su gestión está plenamente transferida a las Comunidades Autónomas. A éstas se les puede marcar y se debe, el mínimo de servicios y prestaciones a las que está obligada por ley, pero en absoluto se les puede impedir a aquellas que mejor gestionan o son capaces de hacer frente a sus necesidades de recursos, que dejen de prestar una asistencia de máxima calidad porque en otras comunidades se malgasta o despilfarra. La solidaridad interterritorial solo es exigible cuando existe paralelamente la fiscalización del gasto y la responsabilidad de cada uno en el mismo. En todo caso, más que imponer una tributación especial en función de la renta personal a los usuarios de los distintos sistemas de salud como ha propuesto el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, parece mucho más coherente y eficaz, acometer una reforma fiscal global que ante la situación de ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres en España, suponga un nuevo modelo de redistribución de la riqueza y, con ello, de financiación de la sanidad, pensiones, desempleo o educación. Cualquier otra medida es un parche intencionado para encubrir la privatización del sistema.

El modelo público de Salud en el Estado español no requiere un cambio radical, ni siquiera en su esquema de financiación. Eso solo lo defienden los que buscan su desaparición. Requiere mejorar los modelos de gestión y, sobre todo, implicar más y contar más con sus profesionales que siguen siendo los mejores defensores del sistema. Requiere un redimensionamiento de sus recursos y una evaluación de sus necesidades de inversión para no quedarse obsoleto en equipamientos y en formación de sus clínicos. Pero con eso no estamos hablando de nada que no sea un trabajo continuo en el ámbito más importantes de nuestras vidas, algo que debemos hacer día a día, no excepcionalmente. No podemos asumir con debates superfluos y vacuos la introducción de un impuesto a la enfermedad, una suerte de tributo por no estar sano, porque eso rompe el equilibrio de una sociedad que cree en la solidaridad y en la red de apoyo que supone que tus congéneres paguen por ti cuando tú lo necesitas igual que tú harías por ellos si así sucediera. En eso nos diferenciamos los europeos, para bien, de modelos de sociedad como el de Estados Unidos, donde curarse es un privilegio o de sociedades donde los derechos solo están al alcance de los más ricos. No podemos permitir que entre nosotros se instale el egoísmo de aceptar que nuestros niños o ancianos podrán vivir en función de su renta. Si así lo hacemos, habremos matado el concepto mismo de Europa.
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