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Si Merkel manda y Rajoy acata… ¡a mí que me rescaten!

Un buen amigo pamplonés me saludaba hace poco al grito de ¡a mí que me rescaten! Si bien es cierto que él mismo se confiesa personaje canalla y atorrante – yo añado que lo es menos de lo que quisiera – la verdad es que el clima de anonadamiento a que nos somete el ritmo de los recortes del Gobierno Rajoy bien justifica la actitud de huida hacia adelante. En apenas los famosos 100 días de inquilino del palacio de La Moncloa, con su mayoría absoluta a cuestas, el presidente popular ha puesto en marcha una basta reforma del Estado del Bienestar consistente básicamente en el sálvese quien pueda ante el feroz acoso de Mariano manostijeras. Resulta difícil de interpretar el camino emprendido dado que ni el talante del personaje, ni la propia ideología en muchas de las medidas tomadas acompaña este rosario de decretos ley que cada viernes nos sobresaltan. La única explicación posible a la ruptura del consenso constitucional que se está produciendo entorno a temas fundamentales que afectan a los derechos de los ciudadanos, tiene que ver con las directrices marcadas desde Berlín por la canciller Merkel y el propio reconocimiento reciente de Rajoy de viaje por Latinoamérica cuando afirmó simplón: “no nos queda más remedio que tomar medidas que no nos gusta porque es que no tenemos dinero”. Somo pobres y lo reconocemos abiertamente. El problema es que cuando se utiliza la segunda persona del plural en estos casos se es profundamente injusta, porque pobres pobres en España lo son menos de un 10%, como ricos ricos lo son otros tantos, el resto ese 80% de clase media ,con todos sus tonos y matices de media hacia abajo y media hacia arriba, lo que nos está pasando es que nos estamos empobreciendo.

En estos cuatro meses de regencia del PP, han subido los impuestos: IRPF, tasas – las universitarias hasta un 50% más -, los especiales; han implantado el copago sanitario, incluso para los jubilados; han recortados los presupuestos en ciencia y tecnología en más del 40%; prácticamente han difuminado la inversión pública en nuevas infraestructuras; han impuesto el déficit cero a todas las administraciones y han reducido de 45 a 33, pero de hecho a 20 días la indemnización por despido laboral. Un programa de medidas que ha admirado a la inspiradora germánica de tales políticas y al FMI, pero que no sirve para calmar a los mercados que siguen tensando la cuerda de la prima de riesgo en niveles superiores a los 420 puntos básicos y que acumula más parados en la cola de las oficinas de desempleo y sigue reduciendo la actividad con tasas de crecimiento negativas síntoma de una nueva recesión. Inmersos en el bucle del círculo vicioso, recortamos porque no tenemos dinero para afrontar compromisos públicos y deuda, lo que frena el consumo y con ello los ingresos del Estado decrecen a la vez que se incrementan las necesidades de gasto social. El laberinto es tan sinuoso que a medida que lo transitamos nos damos cuenta de que no haya salida alguna a la crisis. Todo viene trazado de Bruselas, convertidas las instituciones europeas en una pantomima formal de las decisiones que Berlín toma con la sumisa complicidad de Francia. Enfrente ninguna forma de vida inteligente se manifiesta, la socialdemocracia asiste atónita a la deconstrucción sistemática de gran parte de su obra de las últimas cinco décadas, sin ser capaz de elaborar un discurso alternativo al que puedan aferrarse los ciudadanos. ¡Esto es lo que hay y no hay más!

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Las famosas líneas rojas – nunca mejor dicho – que la izquierda trazó para romper los consensos y salir a la calle a protestar, se han saltado con total impunidad. La educación y la sanidad se están reformando en aspectos trascendentales sin contar con la otra parte contratante del arco parlamentario. Se toman con nocturnidad y alevosía medidas que afectan a cuestiones vitales del día a día del bolsillo y el bienestar de la gente sin hablarse con profesionales del sector y el resto de fuerzas políticas. Se comunican con notas de prensa sotto voce, entrevistas en medios internacionales o filtraciones confusas. Todo ello en virtud a una legítima mayoría parlamentaria que le concedió al Partido Popular las elecciones generales del pasado mes de noviembre, pero que desde el punto de vista del sentido común del buen gobernante, no debería haber sido interpretado como una especia de trágala para cualquier tipo de reforma. Con las cosas de comer no se juega y si se hace debe ser entre todos, no como si el juguete solo le perteneciera a uno de los jugadores y los demás tengan que observar como se divierte el ganador. Este tipo de actuaciones egocéntricas se suelen demostrar cortoplacistas y, sobre todo, no cuentan con el acompañamiento casi unánime que precisan para obtener los resultados deseados. Además, si miramos con detenimiento a la letra pequeña de las medidas, no van a tener el efecto pretendido en el plazo inmediato para las que se toman. Tanto en educación como en sanidad la implantación de las mismas por sus requerimientos técnicos – caso del copago y su referencia al nivel de renta – o por los calendarios lectivos en la universidad, no podrán tener el efecto anunciado en el déficit corriente de 2012. Difícilmente alguien puede creerse que España cumplirá la tasa impuestas del 5,3%, más bien superará el 6%, una cifra que deberá ser reducida a la mitad el año que viene, es decir, en unos 18 meses, lo que resulta aún más absurdo de imaginar salvo total desmantelamiento de la protección social en el Estado español.

Es razonable en esta circunstancia en la que el Gobierno central ha implantado la práctica del búsquese la vida a las Comunidades Autónomas, que territorios de fuerte base identitaria y concepción nacional de su destino se pregunten qué ventajas les ofrece pertenecer a un Estado que reformula materias de derechos básicos de sus ciudadanos sin el más mínimo diálogo y cercenando de hecho su capacidad de autogobierno. Las decisiones tomadas por Madrid y que, en gran medida deben ser trasladadas dadas sus competencias por los gobiernos autonómicos, han roto el consenso constitucional bajo el falso argumento de la emergencia dictada desde Berlín. Y de fondo rezuma por doquier un afán recentralizador del Estado que ha buscado en el modelo de Estado autonómico una suerte de pandemia colectiva de despilfarro y derroche del gasto público, cuando lo que es censurable es la mala praxis de la acción política allí donde se han cometido excesos. El control y la exigencia de la autorresponsabilidad nada tienen que ver con la pérdida de competencia que de facto producen muchas de las medidas adoptadas por el ejecutivo de Rajoy ya que dejan vacías de contenido a consejerías incapaces de llevar a cabo sus políticas al no contar con los recursos necesarios. Sin una reforma fiscal en profundidad que revise todos las tipologías impositivas desde un nuevo enfoque de redistribución de la riqueza en el conjunto del Estado, lo único que lograremos al elevar la presión contributiva a las familias mediante parches e impulsos de la necesidad inmediata, es extenuar el núcleo de defensa que las personas estamos teniendo en esta ya larga y dura crisis. Y eso, guste o no, pasa también por una redefinición del modelo de Estado y de su simetría en autogobierno dialogando con aquellos que desean más grado de independencia en sus decisiones e integrando a quienes forman parte más de un dibujo virtual que de una realidad política o socioeconómica.

Ante tanto alboroto diario de medidas y sobresaltos cotidianos en nuestra maltrecha economía doméstica, resulta muy complicado pararse un minuto a reflexionar qué puede estar pasando para que haga lo que haga el gobierno todo sea insuficiente a los ojos de los mercados. Algún motivo tendrá que haber para que la credibilidad y la confianza sea imposible de consolidar por mucho que llevemos a cabo las políticas que nos marca Merkel y su subordinada en el FMI,Lagarde. Así que puesto a lanzar hipótesis se me ocurre que tal vez estemos ante el síndrome del comprador que piensa que el precio de lo que desea comprar seguirá aún bajando. Si lo que nos está sucediendo es algo tan simple como que asistimos a la devaluación formal de los activos de un Estado, incluidas sus entidades financieras y sus grandes empresas, me temo que nuestros compradores siguen esperando a que el valor de los mismos siga cayendo hasta el límite de su quiebra. España no puede devaluar su moneda porque no la tiene, no montar su corralito, lo único que puede es malvenderse a una junta de acreedores liderada por Angela Merkel. Y si esto fuera así, qué motivo tiene ella para comprar ya si no se han cumplido su plan del todo y la caída de los intereses españoles aún no es la deseada.

Si me conceden el beneficio de la duda respecto al planteamiento de la venta de España a pedazos, tendremos que convenir que lo que necesitamos con urgencia es un buen vendedor, capaz de poner en valor lo mejor de cada casa y de tapar las vergüenzas de nuestras deficiencias. Mi tío abuelo Manuel a su vuelta de su periplo cubano que le sirvió para dilapidar toda la fortuna familiar, volvió a su pueblo en Lugo con una maleta repleta de piedras para que los mozos que le ayudaron con su equipaje chismorrearan a sus vecinos la suerte que había tenido en sus negocios de ultramar. Tres meses después paso de la ruina a montar una fábrica de galletas y un colegio en el pueblo. Mejor nos ponemos nuestras mejores galas para la subasta y gritamos sin complejos al tono canallesco de mi amigo Charlie, ¡a mí que me rescaten!

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De cómo la abstención avanza silenciosamente sin que nadie quiera escucharla

Las elecciones en Andalucía y Asturias del pasado domingo han remarcado la tendencia de caída de participación e incremento de las abstención registrada en los últimos años en el Estado español. En Andalucía votó el 62,23% del electorado, cerca de diez puntos menos que en las elecciones autonómicas de 2008, mientras que en Asturias solo lo hizo el 55.92%, nada menos que once puntos menos que en los comicios anteriores. Exceptuando las grandes batallas electorales que suponen las elecciones generales, de las que sale el presidente del gobierno electo y que moviliza a todos los grandes medios de comunicación en torno al debate PSOE / PP, el resto de citas electorales se está deslizando hacia abstenciones en la banda del 40% al 50%, convirtiéndose en la opción mayoritaria de los ciudadanos. En la última década, de manera muy especial en los últimos cinco años, cerca de un 15% más de la población con derecho a voto se ha desenganchado del sistema hasta tal punto que se queda en casa el día de la gran liturgia de la democracia. Un fenómeno silenciado por los grandes partidos políticos, que evalúan los resultados electorales con una breve declaración retórica sobre la escasa participación, pero sin aludir a las motivaciones que provocan este desapego de la gente hacia la política. El disputado voto del abstencionista ha dejado paso a la disputa por el cada día más disminuido voto de los convencidos, en una suerte de batalla por el hooliganismo que cristaliza los votantes propios en eso que llaman los expertos politólogos, suelos electorales de los partidos.

La abstención, término que deriva de la voz latina abstentio, es un no hacer o no obrar, lo en esencia normalmente no produce efecto jurídico alguno. En democracia la abstención puede suponer la existencia de corrientes políticas que no se integran en el juego político normal, aunque con carácter general suele responde a impulsos o motivaciones individuales plenamente respetadas y asumidas incluso cuando sobrepasan determinados límites porcentuales. Ante ese fenómeno nos encontramos, el de la apatía ciudadana. Una población crecientemente desencantada del sistema, que no detecta liderazgos atractivos y opta por darle la espalda a la política. El resultado es una mezcla de desobediencia cívica y de concreción de insatisfacción política. En el caso del Estado español, varía sustancialmente los grados de abstención en función del tipo de cita electoral de la que hablemos. En las elecciones generales, al Congreso la media de abstención es del 26%, mientras que al Senado es del 38%, en las municipales y autonómicas del 34%, en las europeas del 45% y en referéndums del 40%. Son, pues, curiosamente, las elecciones más cercanas y las más alejadas o supranacionales, las que registran una menor participación. Pero si miramos las Comunidades con mayor nivel de identidad nacional como es el caso de Euskadi o Catalunya, las participaciones se acercan a los niveles de las elecciones generales. Por tanto, parece evidente que la movilización electoral tiene mucho que ver con el grado de pertenencia que el ciudadano tiene a su comunidad, lo que aporta valores al voto, no puramente racionales, sino más basados en sentimientos y pasiones identitarias/ideológicas.

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Si echamos una mirada a nuestros entornos democráticos, tanto en un espacio maduro en este sentido como lo es el de Europa o en uno más joven y en aún en proceso de consolidación como lo es el latinoamericano, sobre los datos que arrojan las elecciones de la última década, los resultados son los siguientes:

Estados con una abstención entre el 100% y el 80%: En Europa, Mónaco; en América Latina, ninguno. Abstención entre el 60% y el 80%: en Europa, Andorra y Suiza; en América Latina, Colombia y Guatemala. Abstención entre el 40% y el 60%: en Europa, Lituania, Polonia, Estonia, Francia, Luxemburgo, Moldavia y Letonia; en América Latina, Venezuela, República Dominicana, Jamaica y México. Abstención entre el 40% y el 20%: en Europa, Hungría, Macedonia, Reino Unido, Ucrania, Irlanda, Finlandia, Rumanía, Eslovenia, Liechtenstein, Portugal, Alemania, Bulgaria, Holanda, Austria, Noruega, República Checa, Chipre y España; en América Latina, El Salvador, Bolivia, Honduras, Surinam, Guyana, Costa Rica, Belize, Chile, Panamá, Nicaragua y Brasil. Y abstención entre el 0% y el 20%: en Europa, Suecia, Eslovaquia, Dinamarca, Bélgica, Grecia, Italia, Islandia, San Marino y Malta; y en América Latina, Ecuador, Argentina y Uruguay (en esta última escala existe en estos Estados algún tipo de obligación de voto).

Acercando más el foco a la Unión Europea y sus grandes democracias, todas ellas han ido incrementando sus niveles de abstención desde la década de los setenta en un promedio que oscila entre un 10% y un 20% más, unas cifras alarmantes que alcanzan sus máximos en las elecciones al Parlamento Europeo, que en la mayoría de estos Estados apenas alcanzan el 50% de la participación. El desapego a la política común y a las instituciones europeas es altísimo, eso sí prácticamente desde su creación.

Sin ánimo de convertir este post en una retahíla de datos, si resulta de interés observar el comportamiento ciudadano ante el voto, según las edades y el género. Así, la participación electoral en Europa de los jóvenes entre 18 y 30 años nos aporta datos bastante homogéneos aunque con diferencias. En general, votan mucho menos que sus mayores, pero mientras que en el Reino Unido, votan mucho menos (un 39% más), en España la diferencia se modera (un 25% menos) y en Italia, sin embargo, no existe prácticamente diferencia (un 0,2% menos). El comportamiento cívico democrático es evidente que madura con la edad porque a medida que nos hacemos mayores el nivel de participación electoral se incrementa, pasando la abstención de los jóvenes entorno a un 45%, entre los 30 y 40 años baja a un 37%, de 40 a 50 años ronda el 32% de abstención, de 50 a 60 años un 26%, de los 60 a 70 años, solo de un 20% y entre los mayores de 70 años, un 15% de media de abstención. Y respecto a la influencia del género en las ganas de votar, digamos que históricamente y hasta hoy, las mujeres votan más que los hombre europeos, en una media superior de participación de un 5% para las féminas.

Podemos preguntarnos quién es el beneficiario del incremento de la abstención en las elecciones. Desde luego, vista la reacción de los políticos, lo que si podemos afirmar sin ánimo de equivocarnos es que los abstencionistas no obtienen beneficio alguno de su actitud. Hasta ahora siempre habíamos pensado que eran los grandes partidos, los que mejor tajada sacaban de la abstención en detrimento de las minorías parlamentarias. Eso sí, repartiéndose la suerte entre ellos, unas veces la desmovilización ha favorecido a uno y otras al contrario, en función de la capacidad de tener a sus adeptos apasionados por derrotar al enemigo en el acto de votar. Sin embargo, la evolución reciente está demostrando que las minorías más radicales, ultraderecha, ultraizquieda o ultranacionalistas, según los Estados, son los mayores beneficiarios del fenómeno abstencionista europeo. Y eso se produce por su capacidad de alentar movimientos de rechazo al sistema, que generan corrientes de simpatías de fuerte militancia. Estos llamados neopopulismos, que no pretenden cambiar la sociedad, sino condicionar las decisiones desde sus posiciones de minoría, se están convirtiendo en la llave de la gobernabilidad en muchos Estados o comunidades, en gran medida gracias a la fuerte abstención registrada en un comicio tras otro.

Si queremos salvar el modelo de Estado del bienestar igualitario, equitativo y universal que los europeos con más o menos antigüedad hemos ido construyendo, debemos ser conscientes de la necesidad de combatir el abstencionismo que paulatinamente está minando la credibilidad de nuestras democracias. A la abstención como desapego del sistema, se le hace frente a través de la democratización efectiva de los partidos políticos, otorgando sentido efectivo y no meramente ritual al acto electoral, estableciendo un sistema de apertura de listas o al menos la eliminación de las cerradas y bloqueadas y, en definitiva, mediante una profundización efectiva en la democracia y, sobre todo, recuperando el prestigio de la institución representativa por excelencia, el Parlamento, privado progresivamente de poderes efectivos. Una nueva forma de hacer política que cambie la máxima déspotica del “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, por la necesaria aceptación de la norma básica de la democracia del principio de la soberanía popular. Modernas formas de participación en la vida pública y en las decisiones que nos afectan día a día, requieren nuevas mentalidades y culturas políticas. Un objetivo que se viene demandando machaconamente desde instancias sociológicas, pero que a las que los líderes y dirigentes políticos han hecho oídos sordos.

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Razones para una huelga general… contra el sistema

Los sindicatos mayoritarios en el conjunto del Estado UGT y CC.OO. – esta vez sí en coincidencia con las centrales sindicales vascas ELA y LAB– nos convocan a una huelga general el próximo 29 de marzo. Será la sexta jornada completa de protesta contra acciones de gobiernos democráticos, ocho si contamos dos que se quedadon a medias, es decir, un paro de media jornada y otra de una hora. No ha habido un presidente que se haya librado de esta especie de ritual litúrgico con tintes decimonónico-revolucionarios que caracteriza la simbología de una relación de gobernante y representantes sindicales. Lo único novedoso en Rajoy es lo prematuro del enfrentamiento, no ha salvado ni los cien días de gracia de un nuevo dirigente -y que el mismo se encargó de predecirla en su primer consejo europeo de enero ante la atónita mirada de su colega finlandés que no entiende una palabra del castellano en que le hablaba el pitoniso líder español. El motivo de tanta premura en la protesta radica en la reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido Popular, un texto legislativo que abarca la práctica totalidad de los aspectos de las relaciones laborales – contratación, despidos, organización del recurso humano y convenios colectivos -. Mientras que en otros temas que aparentemente requerían urgencia en su tratamiento, sobre todo, la presentación de los presupuestos generales del Estado Rajoy se lo tomado con calma, la reforma laboral parece que estaba preparada de antemano y parte de la hoja de ruta de la derecha española. Forma parte de su ADN cambiar el equilibrio en la relación empresario trabajador. El contratador se convierte en el libre decisor de cuantas cuestiones afectan a la vida laboral del contratado. Se pretende una auténtica transformación del estatus quo entre propietarios y fuerza de trabajo. El modelo social de conquista de derechos de la clase trabajadora que desde la revolución industrial nos llevó a la construcción y disfrute del Estado del Bienestar ha tocado a su fin: Requiescant in pace.

Parece evidente que ante un vuelco tan sustancial en la relación laboral unos sindicatos agotados en su identidad y carentes de representatividad y credibilidad ante la sociedad se hayan visto obligados a sacar fuerzas de flaqueza y casi sin querer promover la movilización contra el gobierno qie supone la huelga. Y lo hacen en un Estado en ruina económica, carente de un modelo territorial a futuro y socialmente desestructurado en una suerte de individialismo feroz del sálvese quien pueda. Ni la clase política ni los sindicatos son capaces de lanzar un mensaje dotado de suficiente honestidad como para ser creíble. Viven a los ojos de los ciudadanos inmersos en un sistema corrupto por muchos de sus protagonistas y por sus vicios de funcionamiento. Así las cosas, los protagonistas de esta huelga solo buscan justificar su papel ante la audiencia y pasar de acto. Algo que el sufrido público ya sabe y contempla aburrido en su sofá que concluya pronto la farsa general o huelga con perdón. Pero las razones para una huelga son evidentes si uno atiende al contenido de la nueva ley: Reducción del despido improcedente a 33 días y 24 mensualidades; despido por causas económicas sin necesidad de pérdidas: a 20 días por año; adiós a la ultraactividad en los convenios y a los permisos para ERE; despido procedente por causas organizativas o absentismo.

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Los principales argumentos que emplea el gobierno para llevar a cabo una reforma de naturaleza tan radical se basan en la supuesta rigidez del mercado laboral en España y los abusos que del sistema de protección realizan una parte de los trabajadores. El primero tiene tan poco fundamento que su corolario lo dice todo: no se puede contratar más si no de abarata el despido. Es decir que la causa fundamental para crear un nuevo puesto de trabajo no es otra que el precio del despido sin causa, porque debemos recordar que la cuantía a pagar por el empresario cuando despide depende de causas objetivas y si no las hay es cuando resulta caro. Despojar a un trabajador de su modo de vida debe estar suficientemente motivado y no puede quedar exclusivamente al libre albedrío del empresario, de hay que se le añada un coste a tal decisión. En la reforma lo que el Ejecutivo ha hecho es sencillamente ampliar las causas de despido objetivo a un amplio repertorio de situaciones que solo controla el empresario, incluidas las bajas laborales. El segundo supuesto tiene su fundamento en la mala praxis que los trabajadores hacen de sus derechos, es decir, absentismo, bajas, escasa productividad en el puesto de trabajo… Estamos ante el típico caso de coger la parte por el todo. Si existen y es evidente que sí abusos, utilícense medidas de control y fiscalización, desde la inspección de Trabajo o reformese la legislación para evitar que las prácticas de unos pocos afecten a los demás. Lo que el gobierno ha hecho es hacerse eco de las quejas – muchas de ellas absolutamente fundadas – de los empresarios para colar una reforma de desmantelamiento social.

El gobierno mismo antes de la aprobación de la reforma no solo aceptó que la nueva legislación no creará empleo a corto plazo, sino que además anunció que su impacto unido a la recesión económica provocará 600.000 desempleos más. Como introducción y enunciado de una reforma que pretende atacar el principal problema socioeconómico que tenemos no está nada mal. Y como aperitivo para un Rajoy neófito en las artes de dirigir un equipo gubernamental tampoco es poco reto enfrentarse de súbito con una huelga general a escasos cuatro días de dos citas electorales autonómicas, Andalucía y Asturias, que medirán el grado de desgaste ante la ciudadanía de sus políticas. Está claro que para los políticos la vida ya no da treguas ni cheques en blanco, todo va demasiado deprisa y demasiado mal como para esperar con buena voluntad. Por ello resulta aún más sorprendente que el PP haya pisado tan pronto y tan premeditadamente un callo que tanto duele en la calle.

La verdad es que si no fuera por lo trágico de la situación podría jugarse con la ironía de la situación de vivir una huelga a la inversa en un Estado con cinco millones parados como registra el español. Imagínense solo por un instante que en una suerte de huelga a la japonesa de nuestros parados el día 29 decidieran todos ellos al unísono acudir a un centro de trabajo para ejercer su derecho a idem. Solo por una jornada se reivindicarían haciendo lo que ahora es más importante en su vida: trabajar. El caos sería superior al que causarán los piquetes “informativos” de rigor ese día y su efecto ante la opinión pública y, por ello, ante el gobierno mayor que el qie los sindicatos venderán a los medios de comunicación sea cual sea el nivel de actividad durante la huelga. Porque si analizamos los logros sindicales que tanta movilización oficialistas de liberados a supuesto no tenemos más remedio que reconocer que su esfuerzo ha sido directamemte proporcional a los derechos que hemos ido perdiendo los trabajadores: salarios mileuristas, contratos temporales, despidos más baratos. Será que nuestros sindicatos han estado volcados en la correcta recaudación de los fondos para la formación. Creo sinceramente que razones para una huelga general como las meigas – muy apropiadas dado qie el presidente Rajoy es gallego – haberlas hailas. Una huelga contra el funcionamiento general del sistema, contra la corrupción política, sindical y empresarial. Una huelga contra los banqueros, las agencias de rating y los especuladores de los mercados financieros. Y una huelga la última hora del paro de postre dedicada a una reforma laboral injusta que desmantela buena parte de los derechos conquistados por los trabajadores durante muchos años de sacrificio y duras batallas cuando la negociación se hacia en las barricadas y no en despachos de moqueta sindical.

El problema es que parar el sistema y clamar aunque solo sea un día por su correcto y honesto funcionamiento supone exigir responsabilidades penales a cuantos culpables hay de la grave situación que padecemos y no habría seguramente celdas suficientes si echamos un poco la vista atrás en nuestro pasado reciente y presente más actual. Y, sobre todo, no tenemos convocantes suficientes con la diginidad necesaria para ponerse a la cabeza de la manifestación y llamar a la regeneración del sistema. Así es que lo mejor será esperar pacientemente a que pase la huelga porque el 30 de marzo solo habrá una cosa segura los eres y despidos serán con 20 días por año trabajado.

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El Gobierno Rajoy o el Ejecutivo naftalino

Tiene el gobierno Rajoy una edad media de 55 años, es decir, según se mire es un equipo de veteranos experimentados o un grupo de viejos carcas. Es evidente que los años de vida son una medida relativa, porque el enfoque con que afrontas problemas y oportunidades depende de cómo se han vivido y de cómo se está dispuesto a vivir los años que te quedan. Conozco jóvenes anímicamente avejentados y personas mayores irreductiblemente juveniles. Sin embargo, un hecho es cierto: tras décadas en que primó la juventud de los gobernantes en La Moncloa – así ocurrió con la llegada de Felipe González, después con Aznar y, sobre todo, con Zapatero – ahora Rajoy ha impuesto la moda “retro”.  Muchos de sus ministros son casi sexagenarios y fueron altos cargos o miembros de los gobiernos aznaristas, hace ya más de 10 años. Se me antoja que tienen demasiadas referencias al pasado, que sus análisis se basan más en la experiencia vivida que en la prospectiva de futuro. Conducir mirando al retrovisor es una práctica imprescindible cuando se pretende adelantar pero puede desviar en exceso la atención de la carretera y de la trazada más conveniente en una curva peligrosa. Y me temo que la tremenda crisis económica que atravesamos requiere más destreza con la mirada puesta hacia adelante que estar preocupados por lo que hemos dejado atrás.

En este primer mes de gobierno, los ministros de Rajoy han acudido en fila india al Congreso de los Diputados a exponer sus principales proyectos para la legislatura, curiosamente a excepción hecha aún del titular de Economía, Luis deGuindos que lo hará el próximo 7 de febrero, como si necesitara más tiempo para aclarar las ideas cuando la suya es la máxima responsabilidad del Ejecutivo. Del roll show de los ministros nos han quedado un rosario de reformas legislativas cuya parte más novedosa consiste en la componente remake de regreso al pasado. La mayoría han elegido como arcadia política, los primeros años de las década de los 80, cuando muchos de ellos eran unos rebeldes veinteañeros de centro derecha que vestían abrigo loden y trataban de ligar por la madrileña calle Serrano. Supongo que el recuerdo de aquellos joviales años les retrotrae a idílicos paisajes sociales de una España que aún era en gran medida el reflejo de una dictadura y que también estaba lejos de su incorporación a Europa. Una libre versión de las coplas de Jorge Manrique y de “como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor”.

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A saber la crónica de la regresión la inició precisamente la vicepresidente SorayaSáenz de Santamaría, una de los miembros más jóvenes del Gobierno que, sin embargo, hizo gala de sentirse contagiada de la moda centrista reformista. De forma sorpresiva anunció la reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial, por medio de la cual actualmente los consejeros son elegidos por los jueces y por los miembros del parlamento. Su propuesta: volver a antes de 1985 y que todos los miembros del Consejo los elijan los jueces. La razón argumentada: la justicia está muy politizada, como si el PP no se hubiera aprovechado de la circunstancia y como si las asociaciones de jueces fueran independientes de la política y si tuvieran más capacidad de representación de la que tienen los partidos políticos. Le siguió el turno el ex alcalde de Madrid y flamante ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón y a él le correspondió el principal desfile de modelos retro del Ejecutivo. Primero con la insinuación de una revisión de penas para delitos especiales convertibles en cadenas perpetuas, medida que obliga a esforzar más si cabe la memoria, pues, nos sitúa en tiempos de la dictadura franquista – veremos como salva la constitucionalidad de tal ocurrencia -. De similar corte el anuncio de la introducción de una tasa para ejercer el recurso en segunda instancia, de tal forma que consagra el principio de la justicia para el que se la paga o se la puede pagar. Y cómo no, la guinda de su comparecencia no podía faltar la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, devolviéndonos a los supuestos y no a los plazos, otra situación anterior a 1985.

Después llegó el titular de Educación, José Ignacio Wert para poner el reloj de las escuelas en hora, en la hora del Partido Popular. Confirmó lo ya anunciado por el presidente en su discurso de investidura en su deseo de añadir un año más de bachillerato a los alumnos de enseñanza secundaria. Volvemos a los tiempos del PREU del bachillerato clásico, es decir, a la educación modelo UCD, anterior a la reforma de José María Maravall, el primer ministro socialista de Educación de Felipe González. A él debemos la LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación que universalizó la gratuidad de la misma. Y para no incumplir el programa electoral de los populares, el ministro Wert anunció la desaparición de la asignatura inventada por Zapatero, Educación para la Ciudadanía, que apenas va a durar cinco cursos. Según el ministro las clases impartidas han servido para ejercer el adoctrinamiento político de los chavales. Será que el nacionalcatolicismo en el que fueron educados todos los ministros de Rajoy era aséptico y neutral o será que en los colegios concertados católicos no se imparte doctrina alguna.

El postre de las comparecencias regresivas lo ha puesto la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuyo anuncio de llevar a cabo una ley de Servicios Básicos lo dice todo. Básico es sinónimo de mínimo, por lo que podemos temernos que el Estado va a establecer los umbrales de una atención sanitaria y la Comunidad Autónoma que quiera mejorar sus prestaciones que se la pague, una vez más si puede. Podría decirse que el Gobierno se declara en huelga de salud y nos declarará los servicios mínimos a prestar. Lo del copago de momento que ni que sí, no que no, queda para próximas citas según se pongan de feas las cuentas públicas de cara a los presupuestos que deberán aprobarse en primavera. Y para no perder la costumbre de sus antecesores en sus comparecencias, cumplió otro compromiso programático de derogar medidas llevadas a cabo por el gobierno Zapatero. En este caso respecto a la dispensación de la píldora del día después. Según la ministra se han encargado un informe sobre los resultados desde su implantación y conforme a los datos que aporte se decidirá si se mantendrá la libre dispensación o se requerirá la receta médica. En una palabra, que como todos sabemos uno encarga el informe para que diga lo que el que paga espera y, por tanto, cualquier madrugada de amor juvenil desenfrenado deberá acabar en urgencias para que un médico de guardia extienda una receta.

Tanta conmemoración de tiempos pretéritos, sin ser baladí, tendría escasa relevancia si en la materia que protagoniza el drama de la crisis, el empleo, hubiera sido abordado ya con medidas de fomento de la actividad económica. Sabemos ya que el proceso de marcha atrás en el tiempo incluye también pérdida de derechos, de prestaciones del Estado del bienestar y subida de impuestos. De lo que no tenemos ni idea es de cómo el gobierno piensa reducir la espantosa cifra de 5.300.000 parados que también nos trae recuerdos de principios de los 80, de una economía escasamente internacionalizada, desmantelando industrias, con la banca en quiebra, inflación desatada, con más de tres millones de parados y tasas de desempleo superiores al 20%. Volvemos a donde estábamos en una especie de viaje a ninguna parte, sin un liderazgo capaz de poner la vista en el horizonte y tomar el rumbo del crecimiento. El olor a naftalina que inunda las primeras decisiones del Ejecutivo Rajoy nos retrotrae 30 años atrás en un somnoliento ejercicio del día de la marmota. Seguiremos esperando una brizna de frescura y de valentía para encarar el futuro, aunque cada vez esté más convencido de que los vientos que vienen de Madrid como los de Dinamarca huelen a podrido.

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Rajoy y Merkel: “How are you Angela… Very well”, 5,3 millones de parados

Presentarse campechanamente como si se estuviera en casa, en familia, sin saber idiomas tiene el riesgo de quedar uno como los indios siux y su inefable “how” para saludar al Séptimo de Caballería. Ni que decir tiene que Angela esperaba de Mariano un comedido “Pleased to meet you”. Y algo parecido debió sentir Rajoy antes de saludar a Merkel a lo que debían sentir los pieles rojas cuando se enfrentaban con sus flechas a los soldados yanquis pertrechados con sus rifles de repetición, sobre todo, cuando se te ha olvidado maquillarte con las pinturas de guerra.

Así es que tras deslizar en los medios de comunicación afines, en los días previos al encuentro, que acudiría a la cita solícito y valiente dispuesto a demandar a la gobernanta de Europa una moratoria de mínima flexibilidad en el objetivo de déficit para 2012 marcado para España – el 4,4% – el frío invernal berlinés debió arrugar su voluntad inquebrantable y todo quedó en “lo que tú digas Angela porque uno no puede gastar lo que no tiene”. Y es que ya se sabe que uno no debe pasar revista a las tropas a cuerpecito gentil para lucir palmito a dos grados bajo cero en la húmeda ciudad del Spree.

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El resumen de la primera reunión entre la Canciller y el nuevo presidente español es que nadie se atreve a salirse del guión rígido del ajuste duro y severo merkeliano, que nadie se atreve a amorcillar siquiera una frase original a los márgenes de los recortes, por más que cada vez sea más evidente que esa política unidireccional nos está sumiendo en la recesión sl tiempo que supone el desmantelamiento de nuestro Estado del bienestar. Ningún gobernante tiene el arrojo necesario para plantar cara al desastre y decir basta al emprobrecimiento del concepto público de la política. Prefieren administrar miseria de la cosa pública y convertirse en una suerte de orden mendicante ante los ciudadanos a los que recortan derechos mientras les subem los impuestos (p.ej. primeros meses de acción de gobierno del Partido Popular en España).

Tenía Rajoy, sin embargo, buenas razones para plantarse ante Merkel. Incluso uno de sus dos ministros económicos – en esa suerte bígama de dirigir la economía que tiene el presidente – el de Hacienda, Cristóbal Montoro, había anunciado la imposibilidad de cumplimiento del objetivo de déficit este año y, por ende, pidió arnica o lo que se dice de un poquito de por favor a los que mandan en el euro. Tenía Rajoy nada menos que 5.273.600 poderosas razones, las del número de parados españoles para tratar de hacer otra política. Pero al escuchar el “very well” de Angela trató de ganarse sus favores susurrándole al oído promesas de austeridad, con el sonido de fondo de gaitas por supuesto gallegas.

Caminaron de la mano física y tácticamente Angela y Mariano,se juraron fidelidad doctrinal eterna y de nuevo la Canciller hizo un amigo para siempre, dócil y sumiso rendido a los encantos de la Dama de Hormigón Armado. Funcionó la química – que para algo ella se licenció en esa ciencia – y el presidente español se volvió a su país dispuesto a poner rostro de circunstancias al día siguiente a los dramáticos datos de la Encuesta de Población Activa del año 2011. Como si lo del empleo no fuera con él volvió a las preocupaciones de moda generadas por la moderna versión de la Inquisición que representan hoy las agencias de rating y, en este caso Ficht, degradara dos peldaños la nota de solvencia de España.

Confiemos, pues, que esta incipiente amistad llena de desparpajo y aderezada con las habituales brumas retóricas del presidente Rajoy – de puede que sí o no – dé los frutos anhelados y para cuando superemos los seis millones de parados no nos echen del euro si en vez de registrar un déficit público del 4,4% nos hemos quedado en un ramplón 5%. La pena es que para entonces probablemente el verdadero déficit, el déficit de lo público, lo que es de todos y es para todos, nos habrá dejado el catálogo de servicios básicos en sanidad – es decir una salud de mínimos – y una educación sin educadores. Y para entonces también, ni siquiera podremos demandar a nuestros gobernantes en segunda instancia porque no tendremos dinero para pagar la tasa del ministro Gallardón. O sea, lo dicho Angela, que estamos “very well”.

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