La ocurrencia la define el diccionario de la lengua española como la idea inesperada, pensamiento original o el dicho o hecho gracioso e ingenioso de una persona. Expresado así no parece semánticamente contener maldad alguna el término, pero lo cierto es que las más de las veces el ocurrente no tiene la más mínima gracia y el problema es que por tener una oportunidad ante los focos mediáticos, son muchos los protagonistas políticos que se lanzan a provocar titulares agarrados férreamente a la feliz ocurrencia. Y como en todo, aquello que si cae mal a la audiencia dan en llamar “globo sonda”, tiene su graduación y es más o menos perdonable según la trascendencia del hecho que aborda la ocurrencia de turno. Esta vez ha tocado sobre un tema fundamental, que afecta a los derechos básicos de la persona, su identidad o en términos más prosaicos, su nacionalidad. Ha sido el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, el encargado de largar la propuesta “original”, como suele ser tradicional en un desayuno informativo de esos que a base de croissant y horario temprano, nadie pregunta y todos escuchan boquiabiertos con la legaña puesta. En un intento por dar salida al ingente stock de viviendas hechas y por hacer sin comprador que asola la economía española, este audaz e intrépido libre pensador propone al mundo mundial que por la compra de un piso se le conceda la nacionalidad, eso sí siempre que se rasque el bolsillo al menos con 160.000 euros.
En una palabra, lo que está estudiando el gobierno Rajoy es la compra de derechos, una especie de subasta de pisos con DNI en primera línea de costa. Eso sí para que no parezca raro esto de vender la dignidad, se nos pone como edificantes ejemplos de nuestro entorno, los casos de Irlanda y Portugal, rescatados ambos y que también han compartido la miseria humana de considerar patriota a cualquier ciudadano que ponga sus dineros en su suelo o arcas. La oferta de adquisición de nacionalidad a cambio de ladrillo va dirigida según palabras del propio ocurrente a ciudadanos chinos y rusos deseosos de adquirir en propiedad una vivienda en las cálidad costas españolas, pero que sin permiso de residencia y por qué no ya nacionalidad en toda regla, se ven privados de disfrutar debidamente de su inversión realizada. Pobres, pobres no parecen los destinatarios de la ocurrencia, porque los millones de pobres en China y en Rusiabastante tienen con pensar en sobrevivir a la hambruna y la miseria como para pensar en el pisito en Benidorm. Parece evidente, salvo para el peor ciego que es el que no quiere ver, que la oferta tiene a sus demandantes en fondos de inversión de dudosa procedencia en países cuando menos cuestionados por su escaso respeto a los derechos humanos. Al menos el presidente español podría haber tenido la deferencia de ofrecerle la ganga inmobiliaria a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presente en la rueda de prensa de Moncloa donde Rajoy ratificó estar estudiando la ocurrencia.
El Partido Popular que tiene entre sus credos la defensa a ultranza de la unidad nacional de la España indivisible, nos propone convertir la península en una peculiar “Tierra de patriotas”, una suerte de reinvención identitaria más basada en la creencia y el compromiso con la ferralla y el encofrado, que en valores democráticos y cívicos. Una especie de libre versión moderna de la conquista del Oeste y de los pioneros de Estados Unidos o el nacimiento de la nación australiana y neocelandesa a manos de delincuentes deportados de las islas británicas. Como las mejores películas de vaqueros o de la mafia siciliana reinando en Chicago. Claro que tampoco es novedad esta faceta del PP de renovar su credo nacional, pues, ellos de la mano del ex presidente Aznar extinguieron el servicio militar obligatorio y apostaron por un Ejército profesional de inmigrantes mercenarios de bajo coste. Está claro que para algunos el inmigrante, antes que una persona con sus derechos, es un recurso que según su renta per cápita puede alcanzar la nacionalidad en un día o se le niega la asistencia sanitaria más básica. Dígame cuanto dinero tiene en su cuenta corriente y le diré cuántos derechos tiene.
Lo que repele aún más de la medida es que la Unión Europea, ese espacio ejemplar que debería ser de respeto de los derechos de las personas, esté mirando a otro lado cuando legislaciones de sus Estados miembros conceden privilegios a golpe de talonario. Cuando el derecho de asilo se está denegando en algunos países europeos a personas de huyen de tragedias de todo tipo, bien sean bélicas o por hambruna, alguien en Bruselas tendría que alzar la voz de la dignidad contra políticas que tras la búsqueda de inversiones, lo que hacen es especular con la miseria humana y nos cuelan de rondón el concepto como destino solo para ricos. Cabe destacar que ciudadano europeo es toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión fue creada por el Tratado de Maastricht en 1992 y los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el Tratado. La importancia de la ciudadanía de la Unión radica en el hecho de que sus ciudadanos gozan de derechos auténticos al amparo del Derecho Comunitario Europeo. Los derechos principales que confiere la ciudadanía con arreglo a la Parte 2 del Tratado CE son los siguientes: Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y municipales del Estado miembro en el que resida; Derecho a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares; Derecho de petición ante el Parlamento Europeo; y Derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo.
Si en la política actual preocupa la falta de ideas, más debería preocupar la industria de la ocurrencia, en este caso fruto de la “Factoría FAES“, la Fundación vinculada al PP cuyo máximo impulsor fue José María Aznar, tratando de remedar el modelo alemán de la Konrad Adenauer. De sus filas han salido buena parte de los actuales dirigentes de nivel medio del Gobierno Rajoy, expertos en fabricar conceptos ocurrentes que la mayoría de las veces al trasladarse a la realidad suelen quedar en meras cortinas de humo o falsos debates. La necesidad de aportar ideas a los problemas que la sociedad debe afrontar debería ser tomado con más rigor por aquellos que están llamados tarde o temprano o ejercer responsabilidades de dirección de un Estado.
Parece que España ha optado por inducir a sus jóvenes mejor formados a coger la maleta de la emigración, a la par que abre las puertas de par en par a la nueva versión de la inmigración ilegal. Mientras la inmigración del hambre muere en pateras en el Estrecho, les ponemos pisos de 120 metros cuadrados y terrazas con vistas a ese mar de la tragedia a nuevos ricos de lejanas tierras. Hemos inventado el ciclo de exportar supuestos talentos e importar presuntos delincuentes. Lo alucinante del caso es que a los ocurrentes no se les caiga la cara de vergüenza de salir a contarlo. Y luego se extrañan de que millones de ciudadanos en Cataluña, Euskadi, Galicia y Canarias quieran perder esta nacionalidad española de mercenarios.
