El interminable viaje hacia el centro político

El padre de la Ciencia Ficción, el novelista francés Julio Verne, narró como nadie los viajes extraordinarios de un ser humano que vislumbraba en el siglo XIX una nueva era tecnológica que le abriría, como así a sido, a universos entonces desconocidos. Lo que no logró imaginar el bueno de Verne es la epopeya que la crisis económica está produciendo en el mapa político europeo y por traslación enEspaña. Podría decirse que hemos asistido a un tsunami que ha revuelto convicciones y compromisos en la izquierda, incapaz de hacer frente a las posiciones conservadoras que han protagonizado las propuestas de austeridad. Mientras, la derecha se aferraba sin fisuras a un planteamiento basado en los ajustes presupuestarios y el cumplimiento del déficit cero por parte de las administraciones, abandonada a la suerte de los mercados para poner rumbo de nuevo al crecimiento y sin importarle los rotos sociales de desigualdad que su política puede dejar. Ahora que parece entreverse la luz al final del túnel o que al menos la circunstancia se nos pinta más risueña, conviene tener en cuenta que la sociedad buscará su refugio natural en las posiciones de centro político, ese punto en el infinito al que nunca que se llega, pero hacia el que conviene poner siempre ruta de convivencia.

El centrismo se impone especialmente como necesidad cuando se han dado situaciones que han roto los esquemas y las estructuras sobre las que se basaba un contrato social previo. No reconocer hoy que la crisis ha hecho saltar por los aires buena parte de los cimientos del Estado del Bienestar es poco menos que ridículo y en eso se empeñan gobernantes de derechas como Merkel en el conjunto de Europa o Rajoy en España. Seguir adelante como si aquí no hubiera pasado nada, realizar unas cuantas reformas para salir del paso y seguir practicando una suerte de tancredismo político, es a medio plazo un seguro de suicidio. Tan absurdo como por parte de los planteamientos socialdemócratas creer que todo va a consistir en realizar un revival de sus políticas keynesianas para borrar los malos recuerdos de la pesadilla austericida. Nada volverá ya a ser igual. Grábenselo, señores políticos, en el frontispicio de sus pensamientos y repítanlo machaconamente para tenerlo presente a cada paso que den en su actividad diaria. Y tampoco me sirven las propuestas de base populistas, tan bienintencionadas como estériles en sus planteamientos que propugnan las revolución de unas clases medias que lo único que desean es volver a vivir bien, con el menor esfuerzo posible. Falta lumpen para ese guiso de revuelta social en una Europa demasiado rica para convertir la guillotina en una espectáculo generalizado. Estas formaciones alimentadas por el descontento mileurista tienen, en el mejor de los casos, un recorrido del 15% del voto de una población que volverá a agruparse en posiciones de centro, si o si.

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El centrismo valora las posiciones consensuadas como un fin en sí mismas —las políticas del “justo medio”—. Y si queremos articular propuestas de centro en la actualidad en la práctica política, lo que propone y defiende son políticas de economía mixta y de profundización de la democracia. Aunque no cabe duda que ese interminable viaje al centro político está repleto de peligros. La propia Margaret Thatcher, de cuya lejanía al centro cabe poca duda, ya apercibió que «estar en medio de la carretera es muy arriesgado; te atropella el tráfico de ambos sentidos». Cierto es además que el centrismo ha tenido mala prensa política. Tachado de vago, falto de ideas y compromiso, cuando no de utópico por basar todo su empeño en el consenso y la esperanza en la bondad de las personas. Sin embargo, hoy más que nunca es preciso afirmar la “bondad kantiana” o el “justo término medio atistotélico”, cuando nuestra sociedad se ha visto vapuleada por la injusticia de una crisis fabricada por unos pocos y sufrida por unos muchos. Frente a los planteamientos hobbianos del hombre hecho lobo y del sálvese quien pueda, se requiere un nuevo entendimiento de diálogo racional sin posiciones dogmáticas. Ello requiere dotes de liderazgo basados en nuevos valores, lo que supone en si mismo una regeneración inevitable de los gobernantes que han tenido responsabilidades en la crisis. Algo que va a ocurrir por voluntad de los votantes que elección tras elección están mandando a sus casas a todos aquellos que no han entendido las necesidades de este nuevo tiempo político.

Necesitamos urgentemente líderes que crean en la epistemología de la virtud, que crean en la ética de la virtud o lo que es lo mismo aunque suene poco creíble, líderes buenos, que antepongan el bien común a su bien particular. Pero hablo de una bondad sencilla, basada en la visión con perspectiva de las cosas, de la responsabilidad del ejercicio del poder y de la política que se fragua en la confianza, incluso, en el adversario. Para lo cual también se impone un programa de acción muy simple: maximizar la libertad de acción de los ciudadanos, trasferiéndoles poder a fin que desarrollen su potencial humano; promocionar la participación ciudadana en el proceso político; dar preferencia a propuestas y acciones concretas, a diferencia de programas o grandes promesas de largo plazo; poner en valor las virtudes cívicas y profesionales; la extensión y fortalecimiento de comunidades basadas en relaciones de confianza recíprocas que produzcan valor mutuo; la creación de carácter ético en los individuos a través decisiones conscientes y basar la política en el sentido común y valores tradicionales, especialmente los intangibles, como el patrimonio cultural que identifica y une.

Ocupar ese centro político debe ser el principal objetivo de cualquier líder o partido que verdaderamente quiera cambiar las cosas en estos momentos. Nada se logrará de forma estable y duradera en nuestras sociedades si se pretende lograr por imposición de unos sobre los otros. Las políticas de las dos últimas décadas han pecado de determinismo dogmático, de imposición de un criterio sobre el otro y la mayoría de las veces no ha construido nada porque se han quedado en meras yuxtaposiciones de la derecha sobre la izquierda. En vez de preocuparse por afirmar con solidez los valores básicos sobre los que asentar la sociedad, han pretendido emprender su particular camino de reformas que lo único que han logrado es socavar la confianza mutua y dar rienda suelta a los intereses particulares de los corsarios y piratas del sistema. Así ha crecido como nunca la corrupción y las curruptelas de arriba a abajo y de abajo a arriba. Porque lo que no se ha trabajado es la amalgama sagrada del vínculo democrático de ser honrado por el bien de todos. Lo que nos viene sucediendo no es casualidad, ni se debe a una generación espontánea de ladrones, es sencillamente la pura corrupción del sistema que envilece al individuo por ejemplaridad.

El voto mayoritario busca sentido de pertenencia a la comunidad y en ella a la estabilidad y garantía de subsistencia. Por eso en el centro se construye la seguridad del sistema más asentado, lejos de los extremismo de imposición. Cuando los restos de la crisis nos empiezan a dejar ver la realidad de una sociedad rota, fragmentada, hecha añicos, es el momento más preciso de la reconstrucción, de poner en marcha un verdadero plan Marshall de la política en Europa. Es el mismo fundamento que movió a los padres de nuestra Unión, los Konrad Adenauer, Jean Monnet, Winston Churchill, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak, Walter Hallstein y Altiero Spinelli. Todos ellos buscaron el centrismo para una Europa en paz y libertad, sobre la base de los derechos sociales. Ellos habían sufrido el mayor horror vivido en nuestro continente, la II Guerra Mundial, nosotros hemos vivido la peor crisis económica de nuestra historia. Toca volver a refundar sobre los mismos mimbres del consenso, algo que como bien escribió Karl Popper tiene que ver con que “yo puedo estar equivocado y tú puedes tener la razón y, con un esfuerzo, podemos acercarnos los dos a la verdad”.

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El falso debate de lo público y lo privado

Llevamos demasiado tiempo asistiendo a un debate que la crisis económica ha promocionado a primera linea: la dicotomía entre lo público y lo privado. Que la debacle del modelo sobrefinanciador fomentado en tiempos de bonanza ficticia es manifiesto, no parece dejar lugar a dudas. Si todo valía para incrementar el endeudamiento a cambio de darle a la maquinita del consumo, no lo iba a ser menos un Estado que dirigido desde la izquierda o la derecha solo pensaba en cómo administrar crecimientos por muy insostenibles en el tiempo que estos llegaran a ser. Sin embargo, habrá que poner de manifiesto una vez más que la deuda como problema, al menos en la Unión Europea, primero fue privada y después, cuando hubo que acudir al rescate de una banca irresponsable, se convirtió en pública.

No es, pues, aceptable centrar el debate del modelo público basándonos en la actual crisis porque para el Estado se trata de algo más coyuntural que endémico estructural. Sería más lógico avanzar en la reflexión del modelo público que queremos diseñar y poner en marcha para poder legarlo a nuestros hijos y para garantizar el Estado del Bienestar, los derechos proclamados por la Unión y, el progreso equitativo de nuestras sociedades. La obligación de “reiniciar el Estado” debería provenir de una idea de conquista más que de defensa y, lo que es más importante, la ley del karma de los ajuste imperante en ningún caso puede servir de señuelo para un cambio encubierto de modelo de Estado privatizado.

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Sentadas estas bases conceptuales, el primer problema con que se encuentran los ciudadanos europeos en sus distintos países a la hora de afrontar reformas del modelo de los servicios del Estado son los protagonistas políticos que deben llevarla a efecto. Por supuesto que si pudiéramos participar de una convivencia de consenso entre los planteamientos de derechas y de izquierdas el acuerdo de redifinición sería casi idílico, pero la realidad nos dice que los intereses de deconstrucción de derechos adquiridos es demasiado fuerte y la debilidad de las posiciones progresistas demasiado evidente. Así las cosas parece necesario analizar previamente las posiciones políticas enfrentadas. La derecha política, económica y social nunca ha encontrado una oportunidad mejor que la actual para hacer valer sus planteamientos, casi sin necesidad siquiera de expresarlos. Después de décadas de batalla neoliberal proclamando el reinado de un Estado anoréxico y unos servicios del mismo bulímicos, parapetados en la supuesta menor cuantía de los costes privados y la mayor eficacia de su gestión, se encuentra hoy con el regalo inesperado de una crisis que bajo el dogma de fe de la insuficiencia de recursos y la imperiosa necesidad del ahorro público, externaliza sin mediar palabra la mayoría de los servicios, de forma tan cotidiana como silenciosa. No se les puede negar la coherencia en los planes que vienen de la Escuela de Chicago y que tuvo en Margaret Thatcher a su prinicipal heroína europea, como tampoco su grado de coordinación con las ofertas de las empresas privadas adjudicatarias de los servicios y la sintonía con grupos sociales y religiosos que aplauden sus iniciativas en sectores claves como la educación o la sanidad. No cabe duda de que en el último lustro van ganando la batalla de calle y con escaso desgaste político.

Enfrente una izquierda desnortada, desarbolada y sometida a la hipnosis del lenguaje de la austeridad. Sin capacidad de elaborar un discurso alternativo, vive a la defensiva tratando de aferrarse al pasado sin empuje suficiente para transitar el presente y afrontar el futuro. Presa de la eurosumisión germánica acude a viejas recetas keynesianas, que el propio genial autor consideraría hoy desfasadas. Su desconcierto es tal, que predican a la vez la necesidad de realizar recortes en servicios y derechos cuando gobiernan y se lanzan a las barricadas dialécticas cuando pasan a la oposición ante las mismas medidas. Ese doble lenguaje del progresismo trasnochado produce en los ciudadanos un juego de frustración que causa un perjuicio perverso en ellos, por tratarse de los teóricos conquistadores históricos de derechos sociales. Traicionar sus principios y no encontrar nuevas fórmulas de compromiso y avances sociales está lastrando los apoyos de una izquierda que se debate entre el seguidismo bipartidista y el inconsciente flirtreo con el universo antisistema. Supongo que la mayor de las deslealtades de esta izquierda desmemoriada reside en la comodidad de la alternancia asegurada. Esperar pacientemente unos años para volver a ocupar el poder y acomodar a sus gentes en despachos oficiales, sin otra actitud que la dulce espera, se ha convertido en una suerte de profesión política de grandilocuentes líderes del progresismo.

Lo verdaderamente relevante de la situación en la que nos encontramos tiene que ver con la esencia de fondo de los conceptos público y privado traído a un contexto de la segunda década del siglo XXI, en plena era de la globalización y en una civilización digital como la actual. De nada nos sirve la definición de la esencia de las cosas que fueron, porque el fenómeno ha variado sustancialmente y  esencia y fenómeno constituyen una unidad y así como no puede haber esencias puras, que no aparezcan, tampoco hay fenómenos carentes de esencia. Definir hoy lo público y lo privada requiere una clara redefinición de ambas entidades que me temo que ni la derecha, ni la izquierda política están dispuestas a realizar ancladas como están en el automatismo ideológico de sus posiciones. La primera dificultad estriba en el reconocimiento de las fronteras difusas que hoy existen entre lo público y lo privado. Nosotros mismos a escala individual tenemos cada vez más, un ámbito de actuación público impulsado por la redes sociales y la nueva participación en los debates públicos y un territorio privado clásico. ¿Cuáles son por tanto los principales atributos de la titularidad? Tradicionalmente lo ha sido la propiedad, desde que Marx definiera la dialéctica materialista como eje de las actuaciones humanas. Pero la realidad que se impone es la del uso, la de la capacidad que tenemos de servirnos de las cosas y, respecto a las herramientas de protección social del Estado, la accesibilidad y utilización de los servicios públicos por parte de los ciudadanos. Ello no quiere decir que no deba importarnos la titularidad de los derechos, sino bien al contrario, doy por sentado que deberíamos partir de la base de que todos ellos son incuestionablemente públicos. Pero ¿cuántos derechos se quedan en vanas declaraciones de principio sin efectos reales, por no poner el énfasis en su practicidad a la hora de disfrutarlos?.

Sería necesario dejar claro que en este debate el coste de los servicios no es lo importante, sino que es la sostenibilidad del ejercicio del derecho lo verdaderamente relevante. Y que la eficiencia tiene el valor necesario de garantizar el ejercicio del derecho y nada más o nada menos. La definición de prioridades es la clave: a qué queremos destinar los recursos que siempre serán limitados y por qué optamos en cada momento para que equitativamente todos los ciudadanos accedan a los servicios públicos pactados entre todos. Ese catálogo define ideológicamente las aspiraciones políticas, en definitiva por qué y por quiénes optamos. En este camino yo reivindico la capacidad de lo mixto, la fortaleza de la colaboración público privada.Seguir sacralizando posturas maniqueistas según las cuales para unos lo público es intocable y todopoderoso o lo privado es más eficiente y rentable, solo conducen a un enfrentamiento que en nada repercute en el beneficiario último de los servicios que no es otro que los ciudadanos.  Un procedimiento donde todos cedemos a la parte privada algo tan trascendente como la prestación de un servicio público, requiere reglas de transparencia reforzadas desde la licitación a la atención a las personas pasando por los métodos de gestión de los recursos empleado. Fiscalizar la concesión y, sobre todo, evaluar el grado de satisfacción del usuario en todos los estadios del servicio. En el fondo, lo único que debería ocuparnos en este debate es la capacidad óptima para dar sentido a los derechos de los ciudadanos con servicios de calidad. Lo demás, debates estériles.

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