Aunque sabido es que todo puede empeorar, no es menos cierto que los últimos indicios dramáticos que rodean a la economía española hacen presagiar los mejores augurios de futuro. Estamos tocando fondo, eso sí ayudados por nuestros socios europeos y el tenaz seguimiento de nuestros pasos por parte de las instituciones de Bruselas. Retrocedemos a tal velocidad sobre nuestros pasos dados con denuedo durante décadas, que estamos sorprendiendo una vez más a propios y extraños. Fuimos un día el milagro europeo creciendo por encima del 2% durante más de diez años y ahora hemos sido capaces de caer por debajo de dichos niveles de desarrollo. Hacemos el cangrejo a la misma misma velocidad que surcábamos antes los mercados a tranco de guepardo. Somos, en fin, un auténtico portento de la naturaleza Estado-Nación. La Bolsa está por debajo de niveles de 2003, la renta per cápita retrocede a ratios de los 90, la morosidad se acerca a la de los inicios de los 80… se impone la moda retro o lo que es lo mismo, volvemos a situaciones anteriores a nuestra entrada en la Unión Europea– entonces Comunidad Económica Europea -. Los fondos de cohesión y estructurales que de la mano de Europa han servido para transformar el paisaje español y revalorizar los activos en infraestucturas, las mismas joyas que están prontas a venderse ante la falta de liquidez del Estado.
Sin embargo, debemos observar los últimos acontecimientos como los síntomas de una posible recuperación. Desde hace tres años, cuando nos sacudió la resaca de la crisis financiera internacional, banqueros y clase política gobernante se han empeñado en negar la realidad. Unos por defender intereses tan bastardos como cuantiosos en suma de privilegios y otros por desconocimiento, irresponsabilidad o falta de coraje. Cuando todas las entidades bancarias deAlemania, Francia, Bélgica, Reino Unido u Holanda pusieron en cuestión los valores de sus activos y la posición de su pasivo, nosotros alardeamos de buena salud tapando unos a otros las vergüenzas, sabedores como eran todos de su comatoso estado de salud fruto del endeudamiento privado desproporcionado en productos inmobiliarios. El círculo vicioso era perfecto: el increíble riesgo asumido por todos en torno al sector de la construcción tenía su base en los altísimo niveles de consumo que el crecimiento de nuestra economía generó durante más de diez años. Ello llevó a promotores y bancos a entrar en una espiral del quien da más que inundó el mercado de hipotecas. La realidad es que cuando la recesión se echó encima traduciéndose en elevadas cifras de paro, la construcción se paró en seco y la mayoría de las empresas del sector, grandes, pequeñas y advenedizas, empezaron a desaparecer endosando sus tóxicos activos – que no es otra cosa que algo de dudoso valor – a bancos y cajas. Ya era, pues, cuestión de tiempo que en los balances de las entidades financieras españolas aflorara la realidad contable de unas pérdidas que rondan los 250.000 millones de euros.
Hemos agotado el tiempo de las mentiras, primero dentro de casa y luego fuera con nuestros socios de la UE. Nuestra credibilidad se ha ido agotando, primero por el descuadre de nuestras cuentas públicas, todas ellas también afectadas por el síndrome del ladrillo dada la dependencia que las administraciones locales y autonómicas tuvieron del sector inmobiliario también. Déficits no confesados con facturas en los cajones y agujeros negros de pérdidas en cajas de ahorro – casualmente residenciadas en ambos casos en la Comunidad de Madrid y en laComunidad Valenciana – han puesto la gota que ha colmado el baso de los incumplimientos de una economía demasiado pesada para ser rescatada al uso sin acarrear graves consecuencias al euro. Ahora, por tanto, que estamos a la espera de los resultados de las auditorias financieras externas – tan externas que el Banco de España no pinta nada en su labor supervisora – y que las cuentas públicas de todas nuestras administraciones deben presentarse a su control en elMinisterio de Hacienda y en la Comisión Europea cada mes, podemos proclamar orgullosos que hemos tocado fondo.
En situaciones críticas solo del reconocimiento de la verdad pueden venir las soluciones y por eso mismo llegar a tocar fondo suele ser un requisito imprescindible para iniciar la reconstrucción del sistema. De ahí que si el gobierno de Mariano Rajoy tuviera una hoja de ruta clara para afrontar esta posguerra, es el momento ya no de pedir sacrificios a los que la mayoría de la población está más que resignada, sino de hacer el relato de la tierra prometida. Hacia dónde vamos, por duras que sean las penurias que debamos pasar, y cómo debemos afrontar la travesía, son las dos grandes cuestiones aún sin respuesta. No se puede pedir a los ciudadanos que asuman recorte tras recorte de sus derechos, mientras asisten atónitos a la salida a flote de la escandalosa gestión del pasado, sin ofrecerles la esperanza no mesiánica sino en forma de políticas sostenibles.
Es evidente que lo primero que debemos reconocer es la pérdida de valor de activos y de caída de renta de los españoles. Somos más pobres y aún lo seremos más. Según diversos cálculos nos estamos jugando caer entre un 30% y un 50%, lo que nos llevaría en una especia de viaje en el tiempo a los primeros años de la década de los 80. Aclimatados a la nueva circunstancia, tanto a nivel público como privado, es urgente un planteamiento de modelo de competitividad de nuestra economía y un plan de contingencia social para salvaguardar las bases del Estado del bienestar – sanidad, educación y servicios sociales – en una sociedad que envejece a toda velocidad. Las reformas de fondo del siglo XXI que precisamos, ya llevan más de una década de retraso dado que vivíamos en la opulencia, dormidos en el sueño de morfeo sin pensar que el futuro no estaba conquistado.
La práctica quiebra de Bankia se ha convertido en el detonante definitivo de la hora de la verdad bancaria. Más allá de las soluciones coyunturales que se puedan articular de acuerdo con las instituciones europeas para producir los inevitables rescates de las entidades financieras españolas afectadas por el mal inmobiliario, la realidad es que el conjunto de entidades y su volumen se verá sustancialmente disminuido. Ello afectará de forma decisiva a economías locales y regionales con la práctica desaparición de cajas de ahorro centenarias que han cumplido labores básicas de financiación en dichas comunidades. En un marco de concentración con incorporación de capital de países europeos y con menor capacidad de competencia, las empresas pequeñas y medianas seguirán por mucho tiempo teniendo difícil su acceso a las líneas de crédito imprescindibles para su actividad. La sangría vivida por empresas y trabajadores a manos de responsables bancarios que se han comportado obviando el código del sentido común y la buenas conductas del gobierno, requieren la exigencia de responsabilidades. Es inasumible seguir siendo testigos mudos de la caída de entidades cuando paralelamente los causantes de la misma salen por la puerta de atrás con los maletines de sus cuantiosas y blindadas prejubilaciones. Hemos tocado fondo y ahora debemos ponernos en pie, pero por dignidad para empezar a caminar tenemos que juzgar y depurar las culpabilidades de lo sucedido.
