Los sindicatos mayoritarios en el conjunto del Estado UGT y CC.OO. – esta vez sí en coincidencia con las centrales sindicales vascas ELA y LAB– nos convocan a una huelga general el próximo 29 de marzo. Será la sexta jornada completa de protesta contra acciones de gobiernos democráticos, ocho si contamos dos que se quedadon a medias, es decir, un paro de media jornada y otra de una hora. No ha habido un presidente que se haya librado de esta especie de ritual litúrgico con tintes decimonónico-revolucionarios que caracteriza la simbología de una relación de gobernante y representantes sindicales. Lo único novedoso en Rajoy es lo prematuro del enfrentamiento, no ha salvado ni los cien días de gracia de un nuevo dirigente -y que el mismo se encargó de predecirla en su primer consejo europeo de enero ante la atónita mirada de su colega finlandés que no entiende una palabra del castellano en que le hablaba el pitoniso líder español. El motivo de tanta premura en la protesta radica en la reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido Popular, un texto legislativo que abarca la práctica totalidad de los aspectos de las relaciones laborales – contratación, despidos, organización del recurso humano y convenios colectivos -. Mientras que en otros temas que aparentemente requerían urgencia en su tratamiento, sobre todo, la presentación de los presupuestos generales del Estado Rajoy se lo tomado con calma, la reforma laboral parece que estaba preparada de antemano y parte de la hoja de ruta de la derecha española. Forma parte de su ADN cambiar el equilibrio en la relación empresario trabajador. El contratador se convierte en el libre decisor de cuantas cuestiones afectan a la vida laboral del contratado. Se pretende una auténtica transformación del estatus quo entre propietarios y fuerza de trabajo. El modelo social de conquista de derechos de la clase trabajadora que desde la revolución industrial nos llevó a la construcción y disfrute del Estado del Bienestar ha tocado a su fin: Requiescant in pace.
Parece evidente que ante un vuelco tan sustancial en la relación laboral unos sindicatos agotados en su identidad y carentes de representatividad y credibilidad ante la sociedad se hayan visto obligados a sacar fuerzas de flaqueza y casi sin querer promover la movilización contra el gobierno qie supone la huelga. Y lo hacen en un Estado en ruina económica, carente de un modelo territorial a futuro y socialmente desestructurado en una suerte de individialismo feroz del sálvese quien pueda. Ni la clase política ni los sindicatos son capaces de lanzar un mensaje dotado de suficiente honestidad como para ser creíble. Viven a los ojos de los ciudadanos inmersos en un sistema corrupto por muchos de sus protagonistas y por sus vicios de funcionamiento. Así las cosas, los protagonistas de esta huelga solo buscan justificar su papel ante la audiencia y pasar de acto. Algo que el sufrido público ya sabe y contempla aburrido en su sofá que concluya pronto la farsa general o huelga con perdón. Pero las razones para una huelga son evidentes si uno atiende al contenido de la nueva ley: Reducción del despido improcedente a 33 días y 24 mensualidades; despido por causas económicas sin necesidad de pérdidas: a 20 días por año; adiós a la ultraactividad en los convenios y a los permisos para ERE; despido procedente por causas organizativas o absentismo.
Los principales argumentos que emplea el gobierno para llevar a cabo una reforma de naturaleza tan radical se basan en la supuesta rigidez del mercado laboral en España y los abusos que del sistema de protección realizan una parte de los trabajadores. El primero tiene tan poco fundamento que su corolario lo dice todo: no se puede contratar más si no de abarata el despido. Es decir que la causa fundamental para crear un nuevo puesto de trabajo no es otra que el precio del despido sin causa, porque debemos recordar que la cuantía a pagar por el empresario cuando despide depende de causas objetivas y si no las hay es cuando resulta caro. Despojar a un trabajador de su modo de vida debe estar suficientemente motivado y no puede quedar exclusivamente al libre albedrío del empresario, de hay que se le añada un coste a tal decisión. En la reforma lo que el Ejecutivo ha hecho es sencillamente ampliar las causas de despido objetivo a un amplio repertorio de situaciones que solo controla el empresario, incluidas las bajas laborales. El segundo supuesto tiene su fundamento en la mala praxis que los trabajadores hacen de sus derechos, es decir, absentismo, bajas, escasa productividad en el puesto de trabajo… Estamos ante el típico caso de coger la parte por el todo. Si existen y es evidente que sí abusos, utilícense medidas de control y fiscalización, desde la inspección de Trabajo o reformese la legislación para evitar que las prácticas de unos pocos afecten a los demás. Lo que el gobierno ha hecho es hacerse eco de las quejas – muchas de ellas absolutamente fundadas – de los empresarios para colar una reforma de desmantelamiento social.
El gobierno mismo antes de la aprobación de la reforma no solo aceptó que la nueva legislación no creará empleo a corto plazo, sino que además anunció que su impacto unido a la recesión económica provocará 600.000 desempleos más. Como introducción y enunciado de una reforma que pretende atacar el principal problema socioeconómico que tenemos no está nada mal. Y como aperitivo para un Rajoy neófito en las artes de dirigir un equipo gubernamental tampoco es poco reto enfrentarse de súbito con una huelga general a escasos cuatro días de dos citas electorales autonómicas, Andalucía y Asturias, que medirán el grado de desgaste ante la ciudadanía de sus políticas. Está claro que para los políticos la vida ya no da treguas ni cheques en blanco, todo va demasiado deprisa y demasiado mal como para esperar con buena voluntad. Por ello resulta aún más sorprendente que el PP haya pisado tan pronto y tan premeditadamente un callo que tanto duele en la calle.
La verdad es que si no fuera por lo trágico de la situación podría jugarse con la ironía de la situación de vivir una huelga a la inversa en un Estado con cinco millones parados como registra el español. Imagínense solo por un instante que en una suerte de huelga a la japonesa de nuestros parados el día 29 decidieran todos ellos al unísono acudir a un centro de trabajo para ejercer su derecho a idem. Solo por una jornada se reivindicarían haciendo lo que ahora es más importante en su vida: trabajar. El caos sería superior al que causarán los piquetes “informativos” de rigor ese día y su efecto ante la opinión pública y, por ello, ante el gobierno mayor que el qie los sindicatos venderán a los medios de comunicación sea cual sea el nivel de actividad durante la huelga. Porque si analizamos los logros sindicales que tanta movilización oficialistas de liberados a supuesto no tenemos más remedio que reconocer que su esfuerzo ha sido directamemte proporcional a los derechos que hemos ido perdiendo los trabajadores: salarios mileuristas, contratos temporales, despidos más baratos. Será que nuestros sindicatos han estado volcados en la correcta recaudación de los fondos para la formación. Creo sinceramente que razones para una huelga general como las meigas – muy apropiadas dado qie el presidente Rajoy es gallego – haberlas hailas. Una huelga contra el funcionamiento general del sistema, contra la corrupción política, sindical y empresarial. Una huelga contra los banqueros, las agencias de rating y los especuladores de los mercados financieros. Y una huelga la última hora del paro de postre dedicada a una reforma laboral injusta que desmantela buena parte de los derechos conquistados por los trabajadores durante muchos años de sacrificio y duras batallas cuando la negociación se hacia en las barricadas y no en despachos de moqueta sindical.
El problema es que parar el sistema y clamar aunque solo sea un día por su correcto y honesto funcionamiento supone exigir responsabilidades penales a cuantos culpables hay de la grave situación que padecemos y no habría seguramente celdas suficientes si echamos un poco la vista atrás en nuestro pasado reciente y presente más actual. Y, sobre todo, no tenemos convocantes suficientes con la diginidad necesaria para ponerse a la cabeza de la manifestación y llamar a la regeneración del sistema. Así es que lo mejor será esperar pacientemente a que pase la huelga porque el 30 de marzo solo habrá una cosa segura los eres y despidos serán con 20 días por año trabajado.
