El anuncio esta semana por parte de los partidos políticos catalanes que apoyan la celebración de la consulta soberanista en Cataluña, revestida de carácter institucional, supone un hito sustancial en el camino emprendido por dichas fuerzas políticas hacia la independencia de su país. Negar la trascendencia del acto celebrado en la Generalitat, además de un gesto avestruz, resulta un desprecio a la voluntad popular de todos aquellos millones de catalanes que han depositado su confianza en formaciones como CiU, ERC, IC o CUP – la suma de votos de todos ellos en las últimas elecciones catalanas de 2012 se acercó al 60% -. Pero además, por primera vez se expresa la determinación de realizar un referéndum con un planteamiento en forma de pregunta, en este caso dos, a la que los catalanes deberían responder. Nunca antes se había llegado tan lejos en las aspiraciones de soberanía plena de un territorio en la moderna democracia española, ni siquiera el plan Ibarretxe, cuyo recorrido quedó abortado en su trámite en el Congreso de los Diputados alcanzó este estadio. La propuesta liderada por el president Artur Mas se enfrenta ahora en los teóricos nueve meses que le separan del plazo dado para la consulta, le 9 de noviembre de 2014, a la realidad de un recorrido incierto cuyas claves y futuribles conviene analizar si nos importa algo el destino de Cataluña, de España y de la propia Unión Europea que afronta ese mismo año otro referéndum de autodeterminación en Escocia.
Lo primero que convendría a todas las partes para afrontar un proceso que de momento ha cumplido escrupulosamente la legalidad democrática sería desdramatizar el contexto y la situación. El ejemplo de la negociación llevada a cabo en el Reino Unido entre el primer ministro David Cameron y el primer ministro escocés Alex Salmond, debería suponer una hoja ruta válida para sentar las bases de un entendimiento entre fuerzas que plantean propuestas diferentes a una sociedad. Lo cual no quiere decir en absoluto que los casos sean equiparables, ni que el resultado necesariamente deba ser el mismo, lo replicable es nada más y nada menos que el nivel democrático mostrado en el Reino Unido. El respeto a la diferencia de opinión es la base sobre la que se sustenta la capacidad de diálogo y de negociación. Nadie negocia con alguien a quien no respeta y ese es uno de los problemas principales que está jugando en el proceso desatado en Cataluña versus España. La pertenencia a una comunidad es algo que depende del día a día y que se conjuga con los aspectos identitarios de una sociedad. Negar a Cataluña su cultura identitaria es negar la historia, pero más aún, es negar la realidad de un pueblo que se expresa en lengua propia y que piensa y siente en catalán. Pero durante más de tres décadas, con notables altibajos pero con soluciones posibilistas, ambas partes, nacionalistas catalanes y gobiernos españoles, lograron un estatus de integración y convivencia válido. Yo diría que el punto de partida político de la ruptura institucional proviene de la sentencia del Tribunal Constitucional, anulando artículos del Estatut de Cataluña, aprobado por el Parlament catalán y por las Cortes españolas y refrendado por los catalanes en consulta legal. Las aspiraciones de la mayoría del pueblo catalán se vieron cercenadas por una decisión que en nada respondía a la soberanía popular, sino a unos pocos intérpretes de la misma. Consumado dicho desaguisado, la crisis económica puso el resto. El descontento con el trato fiscal recibido por Cataluña por parte del Estado ha sido creciente a medida que las cifras del desempleo crecían y las cuentas públicas se veían recortadas por imperativo de Bruselas. Son estos dos motivos los principales para entender que el nacionalismo catalán moderado de Convergencia i Unió abandere en la actualidad un proceso secesionista.
Antes de reflexionar sobre los márgenes que aun quedan de diálogo entre España y Cataluña para evitar el choque de trenes entre dos sociedades cada día más distantes, conviene tratar de prever el recorrido real que la propuesta de consulta puede tener. Lo realizado esta semana es una mera declaración de intenciones políticas que ahora deberá expresarse en una ley que aprobará el Parlament de Cataluña. Este será el primer paso legal para formalizar el referéndum. Dicha ley se amparará en la ley de consultas populares ya aprobada por el propio Parlament. Con casi total seguridad este será el momento en que el Gobierno español presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad sobre la consulta amparándose en el artículo 2 de la Constitución que reza: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Parece, pues, obvio que el Tribunal Constitucional o bien como mínimo dejará en suspenso la consulta hasta su resolución o la declarará ilegal. Muy probablemente antes o después de este entreacto, el Govern catalán se habrá visto reforzado en su estabilidad aunque sea como mero gesto, con la incorporación de ERC. Fortalecer la base nacionalista de la Generalitat es una forma de presentar ante la sociedad catalana un voluntad definida. Este paso, sin embargo, podría chocar con la dirección de Unió, el grupo democristiano muy alejado de las tesis políticas y del modelo de sociedad defendido por Esquerra. Será, pues, un paso que deberá medir muy mucho Artur Mas.
Lo que si parece evidente es que si Madrid veta legalmente la consulta, más allá de manifestaciones y protestas internacionales, los dirigentes de CiU ya han dejado muy claro, como sucedió con el plan Ibarretxe, que no se plantean realizar una consulta ilegal, por lo que estarían abocados a un adelanto electoral coincidiendo previsiblemente con la fecha fijada para el referéndum. Serían por tanto unas elecciones plebiscitarias, donde las fuerzas nacionalistas acudirían con un único punto en su programa electoral, el de la independencia e incluso podrían plantearse hacerlo con una lista única para dejar más patente el apoyo a su propuesta. De ganar su opción, el nuevo gobierno emprendería una acción política centrada exclusivamente en la puesta en práctica de la independencia y ahí si se podrían llevar a cabo medidas de mayor insumisión hacia el Estado español. Esta fase, pues, incrementa sustancialmente el conflicto entre las dos entidades ejecutivas. Así las cosas, el plazo para buscar un nuevo encaje de Cataluña en el Estado español es el mismo con consulta que sin ella, siempre y cuando las fuerzas nacionalistas mantengan la mayoría clara que actualmente en las encuestas tienen. Es en ese sentido de las mayorías donde se está jugando la realidad del partido. De ahí que la pregunta planteada en el referéndum sea doble, primero si se quiere que Cataluña sea un Estado y después, que lo sea independiente. De esta forma se deja abierta la puerta a la fórmula de Estado asociado o de Estado federal, la famosa tercera vía que plantean los socialistas catalanes del PSC. Por su parte Madrid, puede poner encima de la mesa mejoras en el planteamiento fiscal presupuestario para conceder parte de los 9.000 millones de euros en que estima la Generalitat el maltrato a Cataluña. Y con toda seguridad, seguirá echando el resto en el argumento principal para cambiar los porcentajes actuales sobre la base de una hipotética salida de la UE de una Cataluña independiente. Las declaraciones realizadas por el presidente del Consejo Europeo en Madrid el mismo día del anuncio de la consulta dejan poco lugar a dudas respecto a la interpretación de los Tratados Europeos. Es evidente que un Estado que se desmembra de un Estado miembro se sale de la UE y debe solicitar su incorporación. Y además el proceso de integración requiere la unanimidad de los miembros actuales. Este es el reto más complejo al que se enfrentan los moderados nacionalistas catalanes que desde sus orígenes han sido políticos de marcado carácter europeísta. Pensar que Cataluña no es Europa resulta verdaderamente surrealista.
No serán tampoco pocas las presiones que desde el empresariado catalán se producirán hacia los líderes de CiU a medida que los plazos se acerquen a las decisiones definitivas. El dinero no tiene corazón, ni sentimientos y solo busca oportunidades y seguridad. El temor a la inestabilidad institucional amedrenta y esa baza será seguro debidamente utilizada por Madrid y por las instituciones europeas, que se encuentran muy incómodas con lo que sucede en Escocia y en Cataluña. Todo ello deberá ser tenido muy en cuenta por Artur Mas y su compañero de partida actual, Oriol Jonqueras, el líder de ERC y que actualmente supera en las encuestas a CiU. En el fondo también están compitiendo por el liderazgo de un espacio político y eso puede llevarles a cometer errores estratégicos de fondo. Para que triunfe la vía moderada de CiU necesitan que el Gobierno español de hilo a la cometa y emprenda un proceso negociador que les permita ofrecer algo a los catalanes descontentos. Pero Jonquera también sabe que la situación económica, especialmente en una Cataluña empobrecida, está para pocas bromas y tiene que evitar llevar a su país a una vía muerta. La realidad, pues, es muy compleja tanto internamente en Cataluña como lo es en una España que parece apuntar síntomas de recuperación económica y a la que el proceso independentista catalán solo puede granjearle inconvenientes. Explorar las vías intermedias parece lo más deseado por la mayoría de fuerzas políticas pero el problema principal es la “venta” en una España acostumbrada al café para todos que se implantó a raíz del referéndum de autonomía de Andalucía en 1981. Cualquier proyecto de Estado asimétrico o de asociación con los territorios más identitarios de la península provoca tremendos temores en los partidos mayoritarios PP y PSOE que además se encuentran a la baja en ambos casos y con la presión ultraespañolista de UPyD y la más federalista de Izquierda Unida.
Es evidente que al igual que dos personas no discuten si una no quiere, resulta imposible retener a alguien bajo el mismo techo contra su voluntad, salvo por la fuerza y ese no es el caso de las democracias europeas. España tiene un problema guste o no reconocerlo con Cataluña, como lo tiene con Euskadi. El encaje constitucional ya no satisface a una mayoría de la población en estos países que constituyen una realidad plurinacional en un Estado que no es capaz de dar respuesta a sus anhelos. A eso le pueden poner todos los epítetos más gruesos y hasta los insultos más descarados desde Madrid, pero la tierra seguirá siendo redonda. Convendría, pues, que al igual que requerimos de un nuevo modelo de economía social para salir definitivamente de esta crisis estructural, nos pusiéramos todos a buscar fórmulas inteligentes para encontrar un modelo de convivencia territorial, que probablemente debería incluir toda la península, invitando al proceso a Portugal, ¿por qué no?, que sea válido para respetar sentimientos e identidades diversas y haga de la colaboración la base de la prosperidad de nuestros pueblos. No es tan difícil si existe generosidad y altura de miras por todas las partes implicadas, de otra forma el proyecto español estará abocado al fracaso. Pero de igual forma, los líderes nacionalistas de los territorios afectados deben ser conscientes de las posibilidades que el entorno europeo que nos hemos dado nos concede y no llevar a sus pueblos a aventuras sin objetivos o metas claras. El camino del soberanismo se recorre día a día, es un proceso continuo y evolutivo y no finalista que se consigue con un himno o una bandera. Deberían reflexionar para qué quieren un Estado propio y, sobre todo, el tipo de sociedad de quieren para sus ciudadanos, y en eso seguro que nos podemos encontrar en el marco europeo.
