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Déficit público, las verdades del fraude y la falacia de culpar a las Comunidades Autónomas

El Eurogrupo, el particular club de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, no tomará decisión alguna sobre los límites impuestos al déficit público español hasta mayo. La flexibilidad para con la economía española queda en stand by, pendiente de que el Gobierno presente los presupuestos y se revise el programa de estabilidad. Asimismo, el borrador del Eurogrupo precisa que la consolidación fiscal «debe ser diferenciada» según «las condiciones de los Estados miembros». En apariencia deja abierta la posibilidad de tener en cuenta las muy especiales circunstancias de desempleo y recesión que vive la economía española. Pero según se producía tal declaración comprensiva, en el Consejo Europeo se les recordaba a los países sujetos a un programa de asistencia o sometidos al escrutinio de los mercados que se ciñan a los objetivos acordados. Una de cal y otra de arena, una pasito hacia adelante y un pasito hacia atrás. Y en paralelo, la canciller Angela Merkel redundaba en su monótono discurso de severos ajustes se oponía claramente a suavizar la política de recortes para hacer del crecimiento una prioridad.

Estamos ante un tema crucial para España pero, por supuesto, para el equilibrio futuro de la zona euro. Europa no puede permitirse el lujo de que una de las economías principales por PIB y por habitantes de la Unión se vea sometida a un absoluto colapso. Ese debería ser el primer argumento para la reflexión de los jefes de gobierno cuando tengan que decidir sobre las cuentas del Estado español. Repasemos, no obstante, los datos para tratar de comprender las posibilidades reales que España tiene de reducción de déficit en el 2012. El gobierno afloró la cifra del 8,51%, es decir, 91.344 millones de euros y culpó del desfase respecto al objetivo inicial del 6% a las Comunidades Autónomas. Una falacia inadmisible, pues, son ellas los centros de gestión de gasto más importante en el Estado. En una palabra, solo con la gestión de la Educación y la Sanidad deben financiar el 15% del total del gasto del Estado, con lo que es evidente que si producen desfases presupuestarios, siempre serán las culpables de los mismos, ya que el Estado central ha transferido tal responsabilidad. Pensar que el Estado gestionaría mejor estas altas responsabilidades de servicios y derechos sociales básicos, es cuanto menos insconstitucional, además de un absurdo apriorismo. La descentralización y la autonomía ha demostrado en más de 30 años de gestión una mayor eficacia que el modelo burocratizado de la verticalidad alejada de los ciudadanos.

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La explicación para tamaña mentira que pretende responsabilizar a las Comunidades Autónomas de todos los males del Estado español no puede ser otro que el intento de proceder a un proceso recentralizador encubierto en una hipotética mayor eficacia en la administración. Un planteamiento ideológico de quienes nunca han creído en un modelo de autogobierno y mucho menos de la realidad plurinacional que representan Catalunya, Euskadi o Galicia. Pero la realidad tozuda, además de estar representada por millones de electores que en una y otra cita electoral dejan claro su opinión votando opciones nacionalistas, nos dice que la descentralización ha producido grandes beneficios de modernización. Distinto es el imprescindible debate sobre la responsabilidad fiscal y de la exigencia del correcto gobierno de las cuentas públicas en cualquier ámbito sea municipal, autonómica o estatal. Si unas Comunidades Autónomas han contribuido en el saldo neto de relación con el resto del Estado y otras han salido beneficiadas, habría sido lógico exigir cuentas del uso de dicha solidaridad interterritorial. No deberíamos seguir admitiendo que algunas Comunidades se declaren pobres por naturaleza sin más y que, por tanto, ni cuantiosas ayudas europeas, ni ayudas estatales para su desarrollo hayan servido para que sigan perdiendo habitantes. Algo habrán hecho mal sus gobernantes y alguna responsabilidad debe exigirles el Estado.

En todo caso, si Bruselas es intransigente con las cuentas públicas españolas, el gobierno de Mariano Rajoy se verá obligado a reducir 44.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado del 2012. Un cifra tremenda en un plazo mínimo, que difícilmente puede cuadrar. Si tenemos en cuenta que los recortes efectuados por el gobierno de Rodríguez Zapatero, congelando pensiones y reduciendo sueldos de funcionarios alcanzó los 10.000 millones de euros. El nuevo Ejecutivo le pegó un tijeretazo de entrada de 8.900 millones de euros, fundamentalmente mediante la subida de impuestos, cuatro puntos de media en el IRPF. Ambos recortazos no alcanzan el 50% de lo que ahora debería acometerse, cuando además el escenario macroeconómico apunta a una clara recesión en todo el año con lo que el presupuesto de ingresos se verá afectado a la baja. La ecuación pues solo puede cuadrar subiendo más impuestos y reduciendo más los gastos. En el primer capítulo el IVA parece llamado a cobrar de nuevo protagonismo ya que el 18% sigue siendo un porcentaje por debajo de la media europea. Dos punto más, es decir, situarlo en el 20% con los actuales niveles de consumo podrían suponer un aumento de los ingresos de unos 7.000 millones de euros. Y en otro orden de figuras tributarias, quedaría la posibilidad de incrementar impuestos especiales – tabaco y carburantes – a lo sumo por valor de 3.000 millones de euros y el amplio repertorio de tasas por uso de infraestruras y municipales, lo que podría sumar otros 4.000 millones de euros.

El total de lo que vía contributiva podría recaudarse alcanzaría como máximo unos 20.000 millones de euros. El resto deberá proceder del recorte de las partidas de gasto, dado que la venta de activos del Estado , las últimas joyas de la corona – Aena, Puertos o Loterías – en las actuales circunstancias del mercado serían una ruina. Y puesto a meter la tijera en el gasto por enésima vez, me temo que solo quedan por acometer dos partidas fundamentales, tanto como los derechos que amparan: la educación y la sanidad. En el primer caso, por la composición del propio gasto muy relacionado con el personal docente, resulta difícil de recortar salvo en contratados y como mucho supondría ahorrarse unos 4.000 millones de euros. Por contra, en sanidad todo depende del nivel de los servicios a los que se quiera dar cobertura o lo que es lo mismo, que prestaciones se cubre gratuitamente y que despliegue de recursos requiere. Con eso ya ha amagado el gobierno, primero el propio presidente Rajoy en su discurso de investidura cuando anunció una ley de servicios básicos y muy recientemente su ministra de Sanidad, Ana Mato, en la reunión con todos los consejeros autonómicos cuando estableció la creación de una comisión al efecto. En este tema nos jugamos nada menos que la calidad asistencial y, en el fondo, la calidad de nuestra salud. Recortar entre 15.000 y 20.000 millones en sanidad si no se hace con criterios técnicos y de excelencia en la gestión puede suponer un irreversible empobrecimiento del sistema de salud que tenemos y que, hoy por hoy, se encuentra entre los mejores de Europa y, por tanto, mundial.

Claro que si el gobierno quiere coger el toro por los cuernos de verdad siempre le quedaría la opción de aplicar la tasa por transacciones de capital, gravar vehículos financieros especulativos como las Sicav y, sobre todo, de poner en marcha un auténtico plan de lucha contra el fraude fiscal. El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español, según el análisis realizado sobre el fraude por la consultora i2 Integrity. Los propios inspectores de hacienda llevan años clamando por la pérdida de ingresos del Estado que se pierden en actividades fiscalmente opacas y economía sumergida como si nuestro Estado fuera un queso gruyere. ¿Podemos soportar tales cifras sin hacer nada y por contra asumir sin rubor el desmontaje de nuestra cobertura sanitaria? ¿Podemos exigir a nuestros socios europeos que nos flexibilicen sus criterios de ajuste presupuestario si permitimos tales niveles de corrupción social? El principal problema de nuestras cuentas, públicas y privadas, porque la banca adolece del mismo mal, no es otro que la falta de credibilidad. No se creen nuestros presupuestos, ni nuestros balances. O somos capaces de demostrarles que no mentimos o desterramos la mentira de nuestro vocabulario comunitario o Europa será inflexible con España como lo ha sido con Grecia o lo puede ser con Italia. Esta vez la verdad tiene claramente premio.

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El Gobierno Rajoy o el Ejecutivo naftalino

Tiene el gobierno Rajoy una edad media de 55 años, es decir, según se mire es un equipo de veteranos experimentados o un grupo de viejos carcas. Es evidente que los años de vida son una medida relativa, porque el enfoque con que afrontas problemas y oportunidades depende de cómo se han vivido y de cómo se está dispuesto a vivir los años que te quedan. Conozco jóvenes anímicamente avejentados y personas mayores irreductiblemente juveniles. Sin embargo, un hecho es cierto: tras décadas en que primó la juventud de los gobernantes en La Moncloa – así ocurrió con la llegada de Felipe González, después con Aznar y, sobre todo, con Zapatero – ahora Rajoy ha impuesto la moda “retro”.  Muchos de sus ministros son casi sexagenarios y fueron altos cargos o miembros de los gobiernos aznaristas, hace ya más de 10 años. Se me antoja que tienen demasiadas referencias al pasado, que sus análisis se basan más en la experiencia vivida que en la prospectiva de futuro. Conducir mirando al retrovisor es una práctica imprescindible cuando se pretende adelantar pero puede desviar en exceso la atención de la carretera y de la trazada más conveniente en una curva peligrosa. Y me temo que la tremenda crisis económica que atravesamos requiere más destreza con la mirada puesta hacia adelante que estar preocupados por lo que hemos dejado atrás.

En este primer mes de gobierno, los ministros de Rajoy han acudido en fila india al Congreso de los Diputados a exponer sus principales proyectos para la legislatura, curiosamente a excepción hecha aún del titular de Economía, Luis deGuindos que lo hará el próximo 7 de febrero, como si necesitara más tiempo para aclarar las ideas cuando la suya es la máxima responsabilidad del Ejecutivo. Del roll show de los ministros nos han quedado un rosario de reformas legislativas cuya parte más novedosa consiste en la componente remake de regreso al pasado. La mayoría han elegido como arcadia política, los primeros años de las década de los 80, cuando muchos de ellos eran unos rebeldes veinteañeros de centro derecha que vestían abrigo loden y trataban de ligar por la madrileña calle Serrano. Supongo que el recuerdo de aquellos joviales años les retrotrae a idílicos paisajes sociales de una España que aún era en gran medida el reflejo de una dictadura y que también estaba lejos de su incorporación a Europa. Una libre versión de las coplas de Jorge Manrique y de “como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor”.

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A saber la crónica de la regresión la inició precisamente la vicepresidente SorayaSáenz de Santamaría, una de los miembros más jóvenes del Gobierno que, sin embargo, hizo gala de sentirse contagiada de la moda centrista reformista. De forma sorpresiva anunció la reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial, por medio de la cual actualmente los consejeros son elegidos por los jueces y por los miembros del parlamento. Su propuesta: volver a antes de 1985 y que todos los miembros del Consejo los elijan los jueces. La razón argumentada: la justicia está muy politizada, como si el PP no se hubiera aprovechado de la circunstancia y como si las asociaciones de jueces fueran independientes de la política y si tuvieran más capacidad de representación de la que tienen los partidos políticos. Le siguió el turno el ex alcalde de Madrid y flamante ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón y a él le correspondió el principal desfile de modelos retro del Ejecutivo. Primero con la insinuación de una revisión de penas para delitos especiales convertibles en cadenas perpetuas, medida que obliga a esforzar más si cabe la memoria, pues, nos sitúa en tiempos de la dictadura franquista – veremos como salva la constitucionalidad de tal ocurrencia -. De similar corte el anuncio de la introducción de una tasa para ejercer el recurso en segunda instancia, de tal forma que consagra el principio de la justicia para el que se la paga o se la puede pagar. Y cómo no, la guinda de su comparecencia no podía faltar la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, devolviéndonos a los supuestos y no a los plazos, otra situación anterior a 1985.

Después llegó el titular de Educación, José Ignacio Wert para poner el reloj de las escuelas en hora, en la hora del Partido Popular. Confirmó lo ya anunciado por el presidente en su discurso de investidura en su deseo de añadir un año más de bachillerato a los alumnos de enseñanza secundaria. Volvemos a los tiempos del PREU del bachillerato clásico, es decir, a la educación modelo UCD, anterior a la reforma de José María Maravall, el primer ministro socialista de Educación de Felipe González. A él debemos la LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación que universalizó la gratuidad de la misma. Y para no incumplir el programa electoral de los populares, el ministro Wert anunció la desaparición de la asignatura inventada por Zapatero, Educación para la Ciudadanía, que apenas va a durar cinco cursos. Según el ministro las clases impartidas han servido para ejercer el adoctrinamiento político de los chavales. Será que el nacionalcatolicismo en el que fueron educados todos los ministros de Rajoy era aséptico y neutral o será que en los colegios concertados católicos no se imparte doctrina alguna.

El postre de las comparecencias regresivas lo ha puesto la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuyo anuncio de llevar a cabo una ley de Servicios Básicos lo dice todo. Básico es sinónimo de mínimo, por lo que podemos temernos que el Estado va a establecer los umbrales de una atención sanitaria y la Comunidad Autónoma que quiera mejorar sus prestaciones que se la pague, una vez más si puede. Podría decirse que el Gobierno se declara en huelga de salud y nos declarará los servicios mínimos a prestar. Lo del copago de momento que ni que sí, no que no, queda para próximas citas según se pongan de feas las cuentas públicas de cara a los presupuestos que deberán aprobarse en primavera. Y para no perder la costumbre de sus antecesores en sus comparecencias, cumplió otro compromiso programático de derogar medidas llevadas a cabo por el gobierno Zapatero. En este caso respecto a la dispensación de la píldora del día después. Según la ministra se han encargado un informe sobre los resultados desde su implantación y conforme a los datos que aporte se decidirá si se mantendrá la libre dispensación o se requerirá la receta médica. En una palabra, que como todos sabemos uno encarga el informe para que diga lo que el que paga espera y, por tanto, cualquier madrugada de amor juvenil desenfrenado deberá acabar en urgencias para que un médico de guardia extienda una receta.

Tanta conmemoración de tiempos pretéritos, sin ser baladí, tendría escasa relevancia si en la materia que protagoniza el drama de la crisis, el empleo, hubiera sido abordado ya con medidas de fomento de la actividad económica. Sabemos ya que el proceso de marcha atrás en el tiempo incluye también pérdida de derechos, de prestaciones del Estado del bienestar y subida de impuestos. De lo que no tenemos ni idea es de cómo el gobierno piensa reducir la espantosa cifra de 5.300.000 parados que también nos trae recuerdos de principios de los 80, de una economía escasamente internacionalizada, desmantelando industrias, con la banca en quiebra, inflación desatada, con más de tres millones de parados y tasas de desempleo superiores al 20%. Volvemos a donde estábamos en una especie de viaje a ninguna parte, sin un liderazgo capaz de poner la vista en el horizonte y tomar el rumbo del crecimiento. El olor a naftalina que inunda las primeras decisiones del Ejecutivo Rajoy nos retrotrae 30 años atrás en un somnoliento ejercicio del día de la marmota. Seguiremos esperando una brizna de frescura y de valentía para encarar el futuro, aunque cada vez esté más convencido de que los vientos que vienen de Madrid como los de Dinamarca huelen a podrido.

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Rajoy abandona las ocurrencias de Zapatero y apuesta por ser previsible: poca audacia y mucho ex

El nuevo presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha optado por volver a la senda de lo previsible, a riesgo de ser tachado de aburrido por los medios de comunicación, apuesta por “valores seguros”, por evitar las ocurrencias de su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero y por un equipo a su alrededor de veteranos con conocimiento de la administración pública. Si tuviera que añadir algún calificativo para el nuevo gobierno diría que hay muchos amigos en él y amigos del jefe, Dicho esto conviene analizar los primeros gestos del nuevo líder del Ejecutivo tanto en su debate de investidura, es decir, por lo que de momento nos ha hecho saber en el Parlamento de sus intenciones políticas y también por la personalidad y carteras ocupadas por los nuevos ministros. De momento es evidente que Rajoy ha logrado sus dos primeros objetivos: que no hayan existido filtraciones, lo que no evita las quinielas, pero él ha sido quien ha anunciado los nuevos cargos y, lo que es mucho más importante, el verdadero gestor económico es él, pues no ha nombrado un todopoderoso vicepresidente de Economía, sino un ministro de Economía y Competitividad y otro de Hacienda, preservándose él como presidente el control de la Comisión delegada de Asuntos Económicos.

Si empezamos por tratar de discernir las medidas que emprenderá el gobierno del PP debemos de encontrar rastros de intenciones en el discurso pronunciado por Rajoy en su debate de investidura del pasado lunes y martes en el Congreso de los Diputados. Y hablo de una auténtica labor de prospección porque de las palabras de entonces candidato popular, apenas pudimos extraer alguna consecuencia de sus intenciones. Habló el ya presidente del gobierno de compromisos de austeridad en la línea de lo impuesto desde Bruselas según el dictado de la Canciller alemana Angela Merkel. Luego buenas palabras en un discurso bien estructurado del que no se puede decir nada negativo porque fue un repertorio de sentido común sin descubrir las medidas concretas que está obligado a tomar este gobierno. Disciplina presupuestaria, reforma financiera y reforma laboral, esas son las tres premisas generales sobre las que manifestó que pivotará la acción de gobierno. Cifró las necesidades de recorte en 16.500 millones de euros para poder cumplir los objetivos de déficit impuestos por la Comisión Europea pero no definió a qué partidas de los Presupuestos Generales afectará. Por contra, se comprometió a la actualización del valor de las pensiones, es decir, a efectuar una subida de las mismas en enero para compensar el incremento de los precios durante el 2011.

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Asimismo, anunció que el Gobierno tiene la intención de redimensionar el sector público elevando a cero la renovación de puestos de trabajo en la función pública e iniciando un proceso de simplificación y reducción de los gastos de la administración”, gastos de alquileres, racionalización de medios, etc. Dentro de las novedades el discurso de Rajoy destaca su voluntad de afrontar una reforma del calendario laboral, con la adecuación de los festivos en pro de la eficiencia y la competitividad, y la eliminación de las prejubilaciones, salvo casos excepcionales. Rajoy también tiene previsto acometer una reforma educativa donde se promoverá un bachillerato de tres años y un bilingüismo español-inglés. ”Promoveremos un bachillerato de tres años, con el objetivo de mejorar la preparación de los futuros universitarios y elevar el nivel cultural medio de España”, dijo Rajoy en la presentación de las líneas generales de su programa de Gobierno, que el próximo viernes tiene previsto celebrar su primer Consejo de Ministros. Pero probablemente lo que más ha llamado la atención de su primer gran discurso como presidente es su declaración de intenciones de decir la verdad, en sus propias palabras, “llamar al pan pan y al vino vino”. Se ve que Rajoy a aprendido la lección de su antecesor, Rodríguez Zapatero que perdió toda su credibilidad empeñado en negar la cruda realidad de la crisis económica. Prefiere el mandatario conservador generar pocas expectativas, partir de una realidad reconocida muy dura para poner pies en el suelo y poner en valor los logros de mejora si se producen. En resumen, reformas, austeridad pero poca concreción en las dolorosas medidas que deberá llevar a cabo para equilibrar las cuentas públicas y con ello reducir la presión sobre la deuda del Estado. Tan solo un anuncio sutil pero que encierra toda una política: el gobierno aprobará una Ley de Servicios Básicos de Sanidad o lo que es lo mismo, una reducción de prestaciones que afectará a todas las Comunidades Autónomas competentes en materia sanitaria.

Veinticuatro horas más tarde y rodeado de un mutismo total, Rajoy lograba dar la primicia de los componentes de sus gobierno justo cuando lo tenía previsto, tras cumplir con el trámite de cumplimentar al Rey. Aunque finalmente las sorpresas hayan sido mínimas dado que se ha rodeado de un equipo gubernamental de confianza, bregado, con experiencia, muy en la línea del propio Rajoy, un registrador de la propiedad – que fue el opositor más joven en su promoción – y que lleva 30 años en política. Un auténtico profesional de la cosa pública, que empezó en la vida municipal en Pontevedra, que después se convirtió en presidente de la Diputación y conselleiro de la Xunta de Galicia. De ahí directo al Congreso de los Diputados y en los gobiernos de José María Aznar ministro de Administraciones Públicas, Interior y Educación y vicepresidente primero del Gobierno y ministro portavoz y de presidencia. Todo un recorrido por la política en todos sus niveles, que culmina ahora con la presidencia de un Ejecutivo con 13 ministros. Alejado de las prácticas zapateristas de paridad, el suyo tiene solo 4 mujeres, pero en puestos claves. La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaria, la ministra de Fomento, Ana Pastor, la de Trabajo Fátima Báñez y la de Sanidad, Ana Mato. Pocas pero muy relevantes.

En todo caso, lo más relevante es que Rajoy afronta la crisis cogiendo el timón de la gestión económica. Nombra dos ministros para tal tarea, Luis de Guindos – ex presidente para España y Portugal de Lehman Brothers ya fue Secretario de Estado de Economía – en la cartera de Economía y Competitividad – curiosa manía de los presidentes de poner adjetivos a los ministerios tratando de convertir deseos en órdenes oficiales – y Cristóbal Montoro, que repite al frente del nuevamente desgajado ministerio de Hacienda. Es claro que Rajoy no ha querido depositar toda la responsabilidad en un super ministro económico, ha preferido diluirlo en dos responsables contrastados, lo justo en brillantez y notoriedad. el uno para hacer política económica y el otro para cuadrar las cuentas del Estado vía ingresos. Por encima de ellos él mismo con los poderes presidenciales y con el único handicap de tener que templar gaitas entre dos posibles gallos de su gabinete. Junto a ellos un nutrido grupo de viejos roqueros del PP. Alberto Ruíz Gallardón, el hasta ahora alcalde de Madrid uno de los políticos más votados y valorados del Estado, que se hará cargo de la compleja tarea de reformar la anquilosada y politizada administración de Justicia. Jorge Fernández Díaz, colaborador de Rajoy desde hace más de 20 años, asume la responsabilidad de Interior, en una situación de crisis social y económica que requiere mucho tiento en la utilización de las fuerzas de seguridad del Estado y que debe gestionar el proceso de paz abierto tras el anuncio de ETA del abandono de las armas. MiguelArias Cañete, otro “pata negra” fundador del partido que también repite cartera, al volver a ser – igual que con Aznar – ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – curioso que un presidente gallego olvide la Pesca y la Mar -. Cañete se enfrenta a la reforma europea de la Política Agrícola Comunitaria de oscuras perspectivas para el campo español.

Capítulo aparte merece el nombramiento de un auténtico veterano de la política europea, José María García Margallo como ministro de Exteriores. Eurodiputado de convicciones europeistas tiene una sólida base de conocimiento del acervo comunitario, el principal terreno de juego actual de la política. Completan el Ejecutivo un personaje muy relevante de gran cercanía al presidente, el canario Juan Carlos Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, una cartera de enorme trascendencia y dos independientes, Pedro Morenés, un especialista del ámbito militar para Defensa y el sociólogo José Ignacio Wert, nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, mano derecha del principal estratega del PP, PedroArriola. En suma, un gobierno sin sobresalientes, pero notable, que por supuesto no sabemos si será suficiente para salir de la aguda crisis que asola España, que no ilusiona pero tampoco cometerá errores de bulto. Que tratará de instalarse en la normalidad para generar confianza, en la rutina fácil del hombre tranquilo que siempre quiere ser Rajoy. Pero que tal vez puesto a poner pero, huele demasiado a naftalina, a tiempos aznarianos, con mucho ex en sus filas. Seguramente será porque Rajoy ha nombrado los ministros que hubiera nombrado hace ocho años, cuando los atentados del 11 M le apartaron de Moncloa. Veremos si este regreso al pasado es la receta ideal para un tiempo tan cambiante como el que vivimos.

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