Por más que pueda parecer innecesario recordarlo, dadas las enconadas confrontaciones que provoca el tema, conviene reseñar que la Carta de la Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945 y que entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, reconoce en su primer artículo el principio de «libre determinación de los pueblos», junto al de la «igualdad de derechos», como base del orden internacional. El derecho de libre determinación de los pueblos o derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. Pese a un reconocimiento tan formal e institucionalmente tan sólido, la realidad mundial revela que más del 90% de los Estados son sociológicamente entidades plurinacionales. Un conflicto entre pueblos, naciones y Estados que históricamente se ha dilucidado en unos casos de forma dialogada como en otros de manera violenta. Europa no es ni mucho menos ajena a esta diversidad de intereses y en la mayoría de sus Estados existen fuertes corrientes nacionalistas e independentistas.
El caso más reciente y puesto de actualidad la semana pasada, es el de Escocia. Territorio histórico de las islas británicas que de la mano de un gobierno nacionalista demandan la independencia por ejercicio del derecho de autodeterminación de los escoceses. El gobierno de Su Majestad por boca de su premier, David Cameron, ha recogido el guante y propuso en el parlamento de Westminster la convocatoria de un referéndum y la fijación de su fecha de manera inmediata. Este sorpresivo anuncio no ha hecho más que iniciar un complejo juego de posiciones políticas entre Londres y Edimburgo. Es evidente que el manejo de los tiempos y la formulación de la consulta se convierten en piezas claves para prever el futuro del Reino Unido. Un caso éste de indudable calado para el conjunto de los Estados europeos, pues, el camino escocés puede convertirse en un precedente para otras naciones similares que anhelan un estatus independiente en la UE. El gobierno escocés de Alex Salmond y el gobierno conservador británico han movido las primeras piezas de este particular tablero de ajedrez político. Al reto lanzado en las elecciones escocesas de mayo de 2011 por el vencedor Partido Nacional Escocés (SNP) de convocar un referéndum ha contestado Cameron apremiando a hacerlo para evitar el debate y la reivindicación continua.
Sabe Cameron que, hoy por hoy, los sondeos no auguran una mayoría a las tesis independentistas, por lo que pretende acelerar los plazos de la consulta para evitar que la gestión de los nacionalistas en el gobierno de Edimburgo propicie el cambio de opinión en la ciudadanía escocesa. El Gobierno de Escocia respondió al Gobierno británico con un desafío al anunciar que el referéndum de independencia será convocado en otoño de 2014, en contra de las exigencias de Londres de que esa consulta se realice lo antes posible para evitar que la incertidumbre pueda dañar las inversiones financieras en territorio escocés. La intención inicial del SNP era que el referéndum tuviera lugar después de 2016, cuando es posible que en Londres haya un gobierno de los torys, tremendamente impopulares en Escocia. En cambio, Cameron con el apoyo del “bloque pro unión” formado por conservadores, liberales y laboristas, sostiene que la facultad legal de la convocatoria recae en Londres y que la incertidumbre no es buena para la economía, por lo que no hay que esperar más de 18 meses. Finalmente, Salmond ha propuesto una opción intermedia: 2014, aniversario de la batalla de Bannockburn (1314) hito de enorme fuerza simbólica, pues, los escoceses vencieron a los ingleses.
Es evidente que el antecedente histórico de Quebec pesa en todo el proceso escocés. Salmond es un político tan veterano como hábil y de enorme popularidad en Escocia. Las encuestas más favorables a sus tesis sitúan el apoyo a la independencia en un 40% de los votantes por lo que trata de evitar a toda costa el camino que en su día emprendieron los francófonos quebequeses que les llevó a salir derrotados referéndum tras referéndum en su deseos de independencia respecto a Canadá. Frente a las posiciones esencialistas que anteponen el deseo de una consulta a el logro de los objetivos de soberanía, Salmond ha trazado una hoja de ruta de conquistas nacionales tratando de que no se agoten en una derrota en las urnas, el final que Londres quiere poner a las reivindicaciones escocesas. Unos anhelos que alcanzaron su primera cota en la “devolución” de 1999, cuando Escocia recuperó su Parlamento y un gobierno autónomo, representó una oportunidad para los nacionalistas, que obtuvieron la victoria en 2007 y 2011. Pero el jefe del Ejecutivo escocés es plenamente consciente de que el hecho de que su propio partido abogue por la separación no significa que lo hagan todos sus votantes, muchos de los cuales solo expresan apoyándoles su descontento con las formaciones políticas británicas.
Así las cosas, la clave no será otra que la pregunta que se introducirá en la papeleta. Cameron ha sido rotundo en este sentido, quiere un sí o un no, “o dentro o fuera” llegó a señalar en la Cámara de los Comunes. Situar a los ciudadanos en una decisión de tal trascendencia sin posibilidades de establecer matices en su respuesta es la baza fundamental que jugarán los británicos, seguros como están de que la mayoría de los escoceses no serán capaces de tomar una decisión tan radical como su ruptura política y económica con Londres. Por contra, Salmond en cambio pretende que la papeleta incluya una tercera posibilidad, la de una ampliación de las competencias para Edimburgo. Con esta tercera opción, conocida como “devo max”, el gobierno escocés podría reclamar nuevas transferencias para entre otras cosas, gozar de autonomía fiscal absoluta. La “devolución máxima” es un sinónimo de plena autonomía fiscal, es una fórmula de federalismo fiscal o de independencia menor, que se basa en una situación donde en lugar de recibir una subvención global de la Hacienda del Reino Unidocomo en la actualidad, el Parlamento escocés recibirá toda clase de impuestos recaudados en Escocia y luego haría el pago al gobierno del Reino Unido para cubrir la parte de gastos de los servicios prestados por Londres. Pero más allá de la fórmula concreta lo que saben los nacionalistas escoceses es que esta vía permite salir victoriosos del referéndum y abrir una senda soberanista apoyada por la mayoría del pueblo escocés, cerca de un 60% según las encuestas más reciente.
La batalla está definitivamente planteada y Salmond ha demostrado inteligencia a la hora de desplegar sus reivindicaciones. Ha sido capaz de representar el nacionalismo eficaz, el que desde posiciones legítimas y democráticas es capaz de cambiar la opinión de sus ciudadanos reivindicando más derechos y no enfrentando a su pueblo al callejón sin salida del todo o nada. Una vía tan inteligente que ha forzado a Cameron a aceptar el referéndum y acelerar sus plazos. Londres ha perdido posiciones en el inicio de la contienda y le será muy difícil explicar un veto a una línea intermedia de reclamaciones soberanistas escocesas, una posición mayoritaria actualmente en el territorio de los Highlands. La Europa de la pueblos, de las naciones, la Europa diversa, plural, debe buscar el encaje de la convivencia desde el respeto a los derechos de autodeterminación, un ejercicio complejo que solo desde vías tan sutiles como eficaces pueden solventar enfrentamientos baldíos. Hasta aquí el proceso político escocés con toda su crispación en el debate está dando lecciones a otras situaciones vividas en el Reino Unido como el caso de Irlanda del Norte, donde tras miles de víctimas los avances soberanistas han alcanzado escasas conquistas de autonomía respecto a Londres. Estados como el español, el francés, el belga o el italiano, solo por citar los que en su seno cuentan con millones de ciudadanos con fuertes sentimientos plurinacionales, deberían tomar buena nota de los planteamientos de los nacionalistas escoceses.
