Me pregunto qué sistema es este que obliga a salvajes recortes de protección social para aquellos que pagan y cotizan a sus haciendas y seguridades sociales durante toda su vida y no es capaz de erradicar la lacra de la corrupción entre sus dirigentes. Se reducen becas, se recortan prestaciones sanitarias, se desahucian familias y se congelan pensiones mientras la prolija actividad de los corruptos nos supone anualmente la increíble cantidad de 120.000 millones de euros al año, una cifra similar al presupuesto anual de la UE. Mejor no sumarle la cuantía estimada de fraude fiscal que se registra en los Estados o miembros e incluso el papel de paraísos fiscales que algunos de ellos juegan. Porque si nos diera un día por hacer la cuenta de lo que entre unas cosas y otras se defrauda al Estado del Bienestar caeríamos en la realidad de quiénes son los verdaderos depredadores de nuestro gran ecosistema de convivencia solidaria y pacífica.
La corrupción sigue siendo un reto para Europa y lo que es más grave, aunque no a todos por igual, afecta a todos los Estados miembros. La pasada semana la comisaria de Asuntos de Interior, la sueca Cecilia Malmström presentó el primerInforme sobre la lucha contra la corrupción en la UE. Con una conclusión rotunda: los Estados miembros han adoptado muchas iniciativas en estos últimos años, pero los resultados son desiguales y debe hacerse más para prevenir y castigar la corrupción.
El Informe muestra que la naturaleza y el nivel de corrupción, así como la eficacia de las medidas adoptadas para combatirla, varían de un Estado miembro a otro. También pone de manifiesto que la corrupción merece mayor atención en todos los Estados miembros. Y así lo indican los resultados de una encuestaEurobarómetro sobre la actitud de los europeos en relación con la corrupción. La encuesta muestra que tres cuartas partes de los europeos (76 %) creen que la corrupción está muy extendida, y más de la mitad (56 %) cree que el nivel de corrupción en su país ha aumentado durante los tres últimos años. Uno de cada doce europeos (8 %) afirma que ha vivido o presenciado un caso de corrupción en el último año. La gran pregunta es, ¿cuántos de ellos lo han denunciado? Porque no olvidemos que no hay corruptos sin corruptores
“La corrupción mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el Estado de Derecho, daña la economía europea y priva a los Estados de unos ingresos fiscales muy necesario”, decía Malmström poniendo simplemente de manifiesto lo obvio. Se supone que la UE pretende servir de ejemplo de actitudes democráticas y de fiscalización de la vida pública en el mundo, esa es una de nuestras principales señas de identidad y, sin embargo, no somos capaces de controlar efectivamente el correcto uso de los recursos de todos. Algo falla en esencia, como si el exceso de peso y poder de la tecnócrata burocracia de los Estados y de Bruselas fuera cómplice de los múltiples intereses lucrativos ilegales que se mueven en el continente. Y en esta situación, ¿qué político es capaz de poner la cara con dignidad para pedir el voto en las cercanas ya elecciones europeas?
Respecto a España la Comisión Europea señala que aunque ya existe en gran medida un marco jurídico de lucha contra la corrupción, y la legislación se ha aplicado con buenos resultados en materia de investigación de las prácticas corruptas, el informe sigue mostrando”una serie de insuficiencias”, eufemismo tecnócrata, pues, pese a no establecer una clasificación de corruptos, el informe implícitamente sitúa a España entre los Estados con más corrupción. Un reto especial lo constituye la corrupción política y los deficientes controles y equilibrios, especialmente en lo relativo al gasto público y a los mecanismos de control a escala autonómica y local. En su informe la Comisión Europea sugiere desarrollar estrategias de lucha contra la corrupción adaptadas a las necesidades de las administraciones autonómica y local, proseguir con las reformas en curso y la aplicación de las nuevas normas en lo tocante a la financiación de los partidos políticos, e instaurar códigos generales de conducta para los cargos electos, con instrumentos adecuados de responsabilización. La Comisión también propone seguir insistiendo en la lucha contra las irregularidades que se producen en los procedimientos de contratación pública a escala autonómica y local.
Tal vez sólo estemos reescribiendo una página de nuestra historia. Aquella que bajo la grandeza de las conquistas de las legiones romanas y de su derecho oculta una realidad de corrupción de la vida pública, basada en tráfico de influencias, amiguismo, sobornos y extorsiones generalizadas. Roma instituyó la corrupción como parte intrínseca de su forma de Gobierno, consagrando así la injusticia hacia su pueblo gobernado. Se supone que 2000 años después nuestro contrato social debería haber evolucionado hacia formas de gobierno y de administración pública más éticas y justas. Si no somos capaces de demostrarnos, los unos a los otros, gobernadores y ciudadanos, que la limpieza de actos es la base de nuestro sistema, perderemos la confianza en nosotros mismos, cuestionaremos nuestras instituciones y como ya sucediera al imperio romano, seremos presa fácil de bárbaros extrafronteras, de los que por desgracia también hoy tenemos claros ejemplos que vienen del Este.
