Treinta y nueve años duró el régimen fascista resultado de la asonada militar de 1936 y la posterior guerra civil, treinta y nueve años que cambiaron la historia y constituyeron uno de los periodos más negros en la historia de España. La supresión de libertades, el aislamiento internacional, la corrupción, el nacionalismo uniformizador español en su versión más casposa, la represión… fueron moneda de uso común del régimen y el día a día de los ciudadanos al sur del Pirineo.
En aquellos años la oposición al régimen estuvo protagonizada por dos movimientos políticos diferenciados en su origen y en sus fines, uno centrípeta que intentaba sustituir la estructura del estado sin poner en duda el proyecto nacional y otro centrifugo que trataba de terminar con el proyecto nacional que había dado lugar al régimen fascista y a unos cuantos parecidos precedentes; el comunismo y los nacionalismos periféricos.
A la muerte del Dictador, y contrariamente a lo que podía presumirse, la solución no fue un triunfo de ninguno de estos sino una reconversión, más o menos, tranquila del estado a una democracia formal manteniendo apenas maquilladas unas cuantas estructuras del régimen anterior y, lo que es peor, unos cuantos de sus protagonistas situados en casi todos los estamentos de poder. Intereses internacionales, el ruido de sables, la traumática experiencia del 36 y, sobre todo, el conformismo de una sociedad “domesticada” por un período tan largo de ausencia de libertad propició la existencia de una transición ordenada que dejo unos cuantos problemas sin resolver o resueltos a medias.
Otros, curiosamente, treinta y nueve años después el régimen resultante de aquel proceso condicionado está a punto de saltar por los aires precisamente lastrado por esos temas que no se atrevió o no pudo resolver el totem sagrado de aquella transición; la Constitución Española de 1978; el estado del bienestar, las libertades públicas y la estructura territorial del estado.
