Si hace treinta y siete años a la mayoría de los españoles que votaron SI a la Constitución les hubieran dicho que con ese texto, que ponía fin formalmente al franquismo, unos años después un gobierno de España iba a poder poner en marcha un código penal medieval inmune a cualquier concepto racional y democrático de justicia cualquiera de ellos nos hubiera mirado con incredulidad, si además les hubiéramos dicho que en tal dislate iba a colaborar el Partido Socialista Obrero Español como recoge la lamentable fotografía que encabeza este artículo la mirada hubiera ya sido de estupefacción.
¿Qué ha pasado pues en estos treinta y siete años para que una medida de estas características haya pasado de ser una broma de mal gusto a algo que puede ser asumido por la sociedad española sin pestañear? ¿Qué para que a una medida involucionista como esta no solo se sumen los que siempre han mirado la libertad con sospecha sino los que proclaman defenderla? ¿Será capaz después de acuerdos como este la socialdemocracia española de sorprenderse por su declive electoral?
Resulta evidente que ni las cifras de porcentaje de población reclusa, uno de los más altos de Europa, ni los índices de criminalidad, contrariamente a lo que pudiera parecer por el primer dato uno de los más bajos de Europa, ni de estancia media en prisión, muy superior a los de los países de nuestro entorno, que ofrece España en comparación con otros países europeos hacen ni necesario, ni recomendable cualquier endurecimiento del sistema penal.