Todos los que en los últimos años hemos clamado por la desaparición de ETA, los que hemos sostenido que la negociación política no era posible y que el fin definitivo de la sinrazón debería ser unilateral y sin contrapartida alguna, lo hemos hecho desde el convencimiento de que ETA no era consecuencia del conflicto vasco, o por lo menos la ETA posterior a Txiberta, sino un conflicto en si misma y que por tanto la solución no podía encontrarse en la negociación política asociada al conflicto vasco puesto que esto no sería más que rearmar la “razón” etarra.
Es verdad que el fin, si es que esta es la definitiva, no está siendo claramente escenificado por ETA con esta especie de culebrón por capítulos que esta protagonizando la organización terrorista en su ansia por tutelar un proceso en el que nada tiene que decir y en el que intenta, una vez más, mezclar su propio problema existencial con el problema nacional vasco al que jamás ha aportado nada, y es verdad también que lo que espera el pueblo vasco de ETA es el anuncio de su retirada definitiva.
Ya siempre va a ser tarde, pero confiemos en que ETA asuma de una vez por todas que la solución a su propio conflicto solo esta en su mano y que solo desde su decisión unilateral de bajar la persiana habrá acabado con su problema. Lo que restará después de eso será la reparación imposible a las víctimas y la mitigación de los problemas personales que treinta y tres años de locura han dejado en nuestra tierra.
Pero si los “cantos de sirena” soberanistas han podido han podido inducir a algunos incautos a pensar que había algo que negociar en el fin de ETA, es mucho más grave que el Gobierno Español alimente la teoría otorgando a ETA un papel protagonista en la normalización política de este país.
Si sostenemos que el problema vasco es ajeno a ETA y que la solución de ETA es unilateral, no nos queda más remedio que reconocer que la normalización política de este país es algo, también, ajeno a ETA y que el reconocimiento de los derechos civiles y democráticos de todos los vascos también debe ser una decisión unilateral. Resulta una barbaridad jurídica vincular los derechos democráticos de una parte importante de la sociedad vasca a la actuación de un elemento ajeno a ella, máxime cuando esa parte se ha desvinculado de forma pública de la acción de ETA.
Se han usado muchos tópicos y lugares comunes en el proceso, la demagogia y el populismo más burdo han sido de uso generalizado por unos y por otros, los unos arrogándose la representatividad de un pueblo que jamás se la ha otorgado y los otros asociando la actividad criminal a las ideas y los objetivos políticos, y ya va siendo hora de hablar claro; No existe ningún conflicto político en el que ETA represente a Euskadi ni es de recibo rebajar la calidad democrática de un Estado de Derecho criminalizando opciones políticas. El delito se persigue con el código penal en la mano no recortando los derechos individuales de ciudadanos sin responsabilidad penal alguna.
Así pues, consumado el “disparate” jurídico al que han llevado al Tribunal Supremo, con las ilegalizaciones sucesivas de Sortu primero y Bildu después, la irresponsabilidad de un Zapatero a la baja, enfrascado en su pelea particular con los sondeos del CIS, y un conspirador profesional sin el más mínimo sentido democrático, la pregunta es: ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo esto? Y, sobre todo, ¿Estamos ante una cuestión de lucha antiterrorista o alguno quiere aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid?.
La sociedad vasca no puede, no va a permitir semejante atropello, y todo ello por dos motivos fundamentales; por pura higiene democrática, este país ya ha sufrido cuarenta años de dictadura y silencio y otros treinta de violencia indiscriminada, y quiere vivir en libertad y porque la voluntad de los vascos es cuestión de TODOS los vascos, y esto vale para unos y para otros.
La normalización política de Euskadi es ya tarea urgente, pero al silencio al que se ha visto sometida una parte de su sociedad, el silencio del miedo y del guardaespaldas, no es posible contestar silenciando a otra parte de la sociedad con leyes que le son ajenas. La Democracia, con mayúsculas, debe garantizar el derecho de todos a expresarse en libertad, y lo que ha emprendido el PSOE, con la inestimable ayuda del PP y el neorequeté que también representa UPN, no es un proceso de normalización sino de españolización de Euskadi. No se si alguna vez, o ese tiempo ya pasó, Euskadi podrá sentirse cómoda en España, desde luego este no es el camino.
Ander Muruzabal