Mucho se esta hablando estos días de la decisión del Gobierno de no prorrogar el Convenio con la CUN para la asistencia sanitaria de los empleados y pensionistas de la Universidad de Navarra.
Y entre todo el ruido mediático y las acusaciones de un lado y de otro, solo hay dos argumentos que merece la pena contemplar por lo que tienen de racionales y ajenos a la trifulca política en la que ha decidido instalarse UPN como forma de hacer oposición, un error en mi opinión que, probablemente, solo va a conseguir el efecto contrario al que se pretende porque socava su propia imagen política o la que ha pretendido vender a la sociedad navarra durante los últimos treinta años.
El primero de ellos es el coste por persona que supone para el Servicio Navarro de Salud asumir la atención sanitaria de estos ciudadanos, que no pacientes, frente al coste que paga hoy día con la aplicación del tan traído y llevado convenio, y para ello nada mejor que utilizar lo que no tiene otro nombre que la “cuenta de la vieja” y comparar el precio del convenio por persona con el precio total de la sanidad navarra por navarro, olvidando, por supuesto, que no es lo mismo un paciente en Pamplona que en el Roncal, mucho más gravoso para las arcas públicas como es natural, y que la Sanidad navarra debe atender lo mismo a uno que a otro y que por pura economía de escala cuantos más pacientes haya en Pamplona y menos en el Roncal más bajará el precio por persona y que como es lógico la gran mayoría de los beneficiarios del convenio residen en Pamplona aunque solo sea por motivos laborables.
Es evidente que si esa fuera una razón plausible lo que tendría que estar estudiando ahora mismo el Gobierno es traspasar todo el SNS a la CUN y ahorrarnos un pastizal a todos los navarros. La pregunta es ¿Estaría la CUN dispuesta a asumir toda la Sanidad navarra, desde Isaba hasta Estella y desde Bera hasta Tudela a ese precio por persona sin rebajar las actuales prestaciones ni la calidad de la salud pública Navarra?
Y todo ello sin hacer mención a la prestación farmacéutica, incluida en el convenio, que daría para otro artículo de cómo entender la economía de mercado y la libre competencia.
El segundo argumento tendría algo más de miga si no se utilizase de forma torticera. Se trata de cómo favorecer, o por lo menos no entorpecer, desde la Administración pública la actividad de una de las empresas más importantes de Navarra con una economía saludable y generadora de empleo directo e indirecto para Navarra, y la UN lo es.
Resulta más que evidente que el Gobierno no puede vivir de espaldas a una realidad económica como la Universidad de Navarra y que la colaboración público privada debe alcanzar, con una institución como la UN, un importantísimo desarrollo y más dado su carácter científico, tan olvidado en otras legislaturas por anteriores gobiernos y con otras instituciones de similares características.
Pero esa colaboración no debe enmarcarse en la subvención encubierta, no otra cosa es el famoso convenio, sino en la colaboración en proyectos científicos y de alta tecnología en los que la UN aporta valor para Navarra y para la propia institución, y en la investigación.
Porque, al final, de lo que estamos hablando estos días es del papel de lo público y lo privado en una sociedad moderna, avanzada y solidaria, y, sobre todo, de que destino debe dar la Administración al dinero de todos que no es otro que garantizar la igualdad de oportunidades, y en esta tarea la educación y la salud universales, gratuitas y de calidad son piezas irrenunciables de lo que hemos venido en llamar el estado del bienestar, y eso es responsabilidad pública.
En manos de la iniciativa privada debe estar la búsqueda de la innovación y la excelencia, la especialización inteligente, el encontrar ese diferencial que cree valor y negocio, jamás crear negocio a costa de lo público, y en esa búsqueda debe recibir apoyo y colaboración de lo público en beneficio de ambos.
Haría mal la Universidad de Navarra en intentar financiarse a costa del dinero público prestando servicios que son propios de lo público, lo suyo como institución educativa y científica es buscar ese producto diferencial que no pueda dar la Administración y generar riqueza y es en ese camino donde puede, y debe, encontrar la colaboración de lo público. Y mucho peor sustituyendo la finalidad para la que nació por el beneficio fácil.
Pero no quiero acabar este artículo sin recordar que en los últimos años ha habido otro colectivo, bastante más numeroso por cierto, que ha sufrido un cambio en su prestación sanitaria que ha pasado de lo privado a lo público y al que se le podrían aplicar todos los argumentos que hoy se esgrimen en este caso como es el de los funcionarios de la Administración Foral. Sea porque la condición de funcionario los relega a ciudadanos de segunda o porque el cambio lo hizo UPN, el ruido ha sido considerablemente menor.
Ander Muruzabal