Hemos asistido, en Navarra, en los últimos días a una especie de impúdico strep tease económico político de los componentes del nuevo gobierno basado en un concepto mal digerido de que es la transparencia en la acción política, y lo que es más grave, sin que aporte absolutamente ningún valor a las nuevas formas de gobierno o al empoderamiento ciudadano.
Como era de prever lo único que ha alimentado es el cotilleo propio derivado de confundir la transparencia con actividades más propias de la “vieja del visillo”. No parece pues que la deshabillé gubernativa vaya a mejorar los servicios públicos ni aumentar la tasa de empleo más allá de los émulos locales de Jorge Javier Vazquez ni a evitar cualquier tipo de corruptela o mala práctica, además de dejar a nuestros políticos en clara desventaja con los ciudadanos de a pié que a quien únicamente rinden cuentas económicas es a la Hacienda Foral, cosa que, por supuesto, también sería más que suficiente en el caso de nuestros representantes públicos.
Quizás el origen del sainete sea la fallida Ley de Transparencia y Gobierno Abierto de Navarra, fallida porque de sus dos impulsores; UPN y PSN, el primero jamás creyó en ella y el segundo se dedicó a hacer un popurrí de conceptos mal digeridos de Gobierno Abierto más dirigidos a la política spam que a hacer nada serio de cara a una verdadera estrategia de Transparencia o Participación Ciudadana.
Ya desde el mismo concepto de la Ley, prolija y detallista a la hora de legislar sobre el derecho y los canales de acceso del ciudadano a la información pública y entretenida en convertirlo en una carrera de obstáculos al sufrido contribuyente donde al final quien decide es la arbitrariedad de la Administración, en vez de legislar sobre las excepciones partiendo del concepto básico de que la información pública es propiedad de los ciudadanos, algo que en la nueva Ley de Transparencia pactada en el Acuerdo de Gobierno para el Cambio debe constituir el pilar básico donde se asiente.
La verdadera transparencia no consiste en publicar patrimonios privados sino en poner accesible a toda la ciudadanía toda la información pública: Los procesos administrativos y su estado de tramitación, los servicios que ofrece la Administración Pública, los presupuestos y a que va cada euro del dinero público, las agendas públicas de los representantes políticos, los procesos de contratación administrativa, la evaluación de las políticas públicas y su impacto ciudadano y social y la rendición de cuentas.
Y todo ello superando la brecha digital y haciendo accesible a todos y por cualquier canal la información pública desde el concepto de que la información y los datos públicos son propiedad del ciudadano y ofreciéndolos de oficio y de forma proactiva haciendo que la Administración se sitúe en el prisma de la comunicación para ofrecer la información adecuada en aquellos foros en que se requiere y resulta de interés. La Administración, el gobierno y la política deben salir de sus entornos clásicos y participar en el debate público.
Lo demás son fuegos artificiales y entretenimiento que no hace más que retrasar y entorpecer la demanda de los ciudadanos empoderados de nuevas formas de gobierno que permitan que la democracia no sea un rito cuatrienal sino parte diaria y dinámica de la gestión pública.
Aunque algunas veces no lo parezca el ciudadano del siglo XXI ya es lo suficientemente mayor de edad como para distinguir entre el “Telediario” del “Sálvame de luxe”.
Ander Muruzabal