Escribía ayer sobre las graves deficiencias que, a mi entender, presentaba el proyecto de Ley de Transparencia y Gobierno Abierto de Navarra, desde una percepción profesional, al abordar el tema desde una perspectiva técnica y posibilista poniendo el énfasis en el desarrollo de herramientas que posibilitasen tanto una como otro y olvidando lo fundamental en una Ley reguladora de las relaciones entre administración y administrados, la reglamentación de los derechos y deberes de ciudadanos y administración pública.
Escribía, también, sobre el rayo de esperanza que había supuesto no solo el planteamiento de una Ley de estas características, sino el novedoso enfoque a la hora de abordar su redacción, desde la participación de agentes implicados e interesados y, sobre todo, abriendo foros de debate ciudadano sobre necesidades y soluciones.
Bien es cierto que expresaba mis dudas sobre la intención original de la Ley como un ejercicio de pura propaganda política, pero no es menos cierto que apuntaba cierto optimismo basado en algunas de las enmiendas de la oposición dirigidas a corregir esos defectos originales y en el propio espíritu participativo que debe llevar en su genética una normativa de estas características.
Una vez más, y van… la decepción ha sido incluso mayor que las expectativas que levantó el proyecto.
Nos hemos desayunado esta mañana con las informaciones de prensa sobre el triste final de ¡todas¡ las enmiendas de la oposición al proyecto; el contenedor de residuos no reciclables.
Lo que en otro tipo de tramitaciones, no por habitual menos incomprensible, estamos acostumbrados a asumir con fair play inglés, cosas de la mayoría parlamentaria, es en una Ley que trata de ofrecer la posibilidad de participación política a los ciudadanos un disparate de proporciones bíblicas. Aplicar el rodillo parlamentario a una Ley de participación es lo más parecido que se puede organizar al dicho popular, “Juan Palomo… yo me lo guiso, yo me lo como…”
¿Qué garantías de Gobierno Abierto puede ofrecer una Ley que parte de un vicio de origen que es negar la escucha y la propia participación a los representantes políticos de esos ciudadanos a quienes pretende dar voz?
¿De verdad ninguna de las enmiendas presentadas era merecedora de un mínimo de atención y estudio?
¿Se va a hacer lo mismo con las aportaciones y demandas de los ciudadanos que la Ley pretende regular?
Esta Navarra de nuestros desvelos lleva ya un tiempo caminando por la senda del desconcierto, el sectarismo y la exclusión de más de un treinta por ciento de sus ciudadanos y ya no nos asusta casi nada, pero desarrollar una Ley de transparencia y Gobierno Abierto desde la opacidad y la exclusión es un sarcasmo al alcance tan solo de dirigentes que han perdido cualquier atisbo de conexión con la calle.
Así pues, no le queda más remedio al autor político del desaguisado; el vicepresidente accidental Jiménez, que retirar el engendro y a sus responsables técnicos un discreto mutis por el foro y dejarlo para mejor ocasión.
Pocas veces tan pocos se habían reído tanto de la ingenuidad de tantos…
Ander Muruzabal