Librepensando en Navarra

Leía el otro día un artículo (y perdonen porque no recuerdo dónde lo leí) en el que se citaba al cocinero Koldo Rodero, que al parecer había dicho en cierta ocasión que no hay un sólo plato que pueda representar a toda Navarra en su conjunto. Quizá esa sea la cuestión que aqueja a la formación del futuro gobierno de Navarra.

Tradicionalmente, Navarra se había gobernado por el criterio de dejar gobernar a la lista más votada, no porque simplemente lo estableciera el procedimiento automático (que dejaba gobernar a la lista más votada si ningún candidato obtenía al menos mayoría simple), sino porque los dos partidos principales (PSN-PSOE y UPN-PP) estaban de acuerdo en que la formación y mantenimiento del Gobierno de Navarra no dependiera de los votos de Herri Batasuna.

Por ello, Gabriel Urralburu (PSN) fue presidente con su mayoría minoritaria hasta 1991, y Juan Cruz Alli (UPN) lo fue hasta 1995.

Sin embargo, la legislatura de 1995-1999 nos demuestra que cuando ha habido ocasión de formar un gobierno de mayoría parlamentaria, se ha hecho. Por ello, en 1995, fue posible el gobierno de coalición de PSN, CDN y EA, con apoyo externo de IU. La experiencia fue malograda por el asunto de la cuenta suiza que estaba a nombre de Javier Otano, y porque el PSN renunció (dentro de la tormentosa época de la Comisión Gestora) a intentar la formación de un nuevo gobierno de progreso, así que se dejó gobernar a UPN en minoría.

En 1999, con un CDN mucho más reducido, la legislatura comenzó con un PSN que facilitó con su abstención la elección de Miguel Sanz como presidente, debido a la imposibilidad de conformar una mayoría alternativa que no incluyera a la entonces Euskal Herritarrok (y ETA estaba en situación de alto el fuego, hemos de recordar). Sin embargo, a lo largo de la legislatura, el desencuentro del PSN con UPN fue creciendo, y UPN con CDN no sumaban más que 25 escaños. El aislamiento parlamentario que el PSN y UPN acordaron contra Batasuna, recortó en la práctica la capacidad de maniobra del PSN, lo cual a veces le daba a UPN una situación de mayoría.

En 2003, con el procedimiento automático ya eliminado de la LORAFNA, UPN y CDN sumaron la mayoría suficiente para gobernar sin la venia de nadie, y además Batasuna, que había sido ilegalizada, dejó de estar presente en el arco parlamentario. Buena parte de los votos de Batasuna habían ido a parar a Aralar, formación que -rechazando el uso de la violencia- se escindió del movimiento abertzale cuando se creó Batasuna tras la ruptura del alto el fuego de ETA.

En 2007 hay una posibilidad de mayoría alternativa a UPN y CDN, y ello es así debido a los resultados electorales y porque no hay en el Parlamento de Navarra ningún partido que ampare o justifique de alguna manera el uso de la violencia para influir políticamente.

Es cuando el PSN tiene que analizar el perfil de sus distintos votantes, ver cuál es el interés general de Navarra y actuar estratégicamente de cara al futuro.

Por un lado, está el eje de confrontación «nacionalismo vasco-navarrismo», cuyo antagonismo radica en el carácter de Navarra como Comunidad Foral propia y diferenciada o no.

Por otro lado, está el eje de confrontación «izquierda-derecha», cuya diferencia fundamental son las políticas sociales.

El problema del PSN es que su espacio político está englobado fundamentalmente en la izquierda y al mismo tiempo en el navarrismo. ¡Y este es el espacio político en el que nos sentimos sinceramente representados la gran mayoría de quienes hemos votado al PSN!

Si el PSN posibilita la formación de un gobierno de UPN, estará apostando por la continuidad de un gobierno cuyas políticas sociales dejan mucho que desear (listas de espera en una Sanidad Pública que va a peor, privatización de los recursos asistenciales, política fiscal regresiva, etc).

Por el contrario, si el PSN posibilita la formación de un gobierno alternativo, corre el riesgo de pagar algún peaje acerca de temas sensibles tales como el vascuence o la relación de Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca.

Por eso, el PSN está en la obligación de intentar la formación de un gobierno de progreso, pero dicho gobierno debe estar articulado en torno a la mejora de las políticas sociales, la innovación, etc. El acuerdo no debería incluir modificación alguna del encaje institucional de Navarra dentro de la articulación territorial de España, y tampoco debería suponer una imposición en materia de vascuence.

La Ley Foral del Vascuence ha supuesto en Navarra desde que se aprobó, un punto de encuentro mínimo y común para todos. A través de su zonificación, trata de fomentar el respeto y conservación de las distintas modalidades lingüísticas presentes en nuestra comunidad (aunque es cierto que lo hace a través de un vascuence unificado, que en sí no ha formado parte del acervo lingüístico navarro). Esto debería seguir siendo así, y quizás el punto de debate pueda residir en la consideración de determinados municipios como pertenecientes a una u otra zona, por mor del cambio de la demanda a lo largo del tiempo. Sin embargo, debe estar fuera de discusión el planteamiento de la división de Navarra en zonas idiomáticas.

En cuanto al encaje institucional de Navarra, la base del acuerdo debe residir en el respeto al actual modelo institucional, refrendado elección tras elección por una mayoría muy significativa de navarros. Si este punto es un problema para Nafarroa Bai, entonces no debería haber un acuerdo entre el PSN y ellos, puesto que demostrarían estar más preocupados por sus reivindicaciones nacionalistas que por la mejora de las políticas sociales. Quizás el punto de encuentro en estos momentos esté en respetar el marco normativo actual, sin eliminar todavía la posibilidad futura de que los navarros puedan cambiar de opinión en un momento dado. Otra alternativa sería convocar un referendum para recabar la opinión de los navarros acerca de su futuro, comprometiéndose previamente a que el resultado del referendum cerrará definitivamente el asunto, sea cual sea el resultado. En ningún caso el PSN puede sentirse obligado a cambiar su postura en el aspecto del autogobierno de Navarra, en función de coyunturas gubernamentales.

Esa es la delgada línea roja del PSN: quienes hemos votado al PSN, lo seguiremos apoyando en la medida en que siga apostando por mejorar las políticas sociales y siga defendiendo a Navarra como comunidad propia y diferenciada, integrando la diversidad pero no tratando de influir políticamente en la cultura de los navarros.

Pues sí, una vez más, la jerarquía de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana plantea usar el relativismo jurídico frente al relativismo moral.
Los obispos sólo se ven concernidos legalmente por los Acuerdos con la Santa Sede, situándose en un limbo legal que los exime de todo y les da derecho a exigir todo, mientras plantean usar cualquier resquicio legal para luchar contra todo aquello que sienten como amenaza. Esto es lo habitual, y como es lógico, el argumentario de la Iglesia en este tema siempre se basa en que la moral de Dios está por encima de las leyes y de la democracia. Nada nuevo bajo el Sol: la Iglesia siempre ha pensado que la voluntad popular está por debajo de la voluntad de Dios, y como la Iglesia es la única intérprete autorizada de esa voluntad de Dios, de ahí se deduce que la voluntad popular está por debajo de la voluntad de la jerarquía eclesiástica… vamos, un totalitarismo moral y político.

Como digo, hasta ahí lo habitual. Lo carcajeante es que el portavoz de la Conferencia Episcopal, el Sr. Martínez Camino, tilde de indeseable la asignatura de Educación para la Ciudadanía porque persigue «formar la conciencia moral». Al parecer, hubiera sido aceptable para la Iglesia si «no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».

Y… ojo, que esto ya es cachondeo: «Cuando está en cuestión un derecho tan fundamental como el de la libertad de conciencia y de enseñanza, todos, y los católicos, en particular, debemos mostrarnos unidos en su defensa».

¿Desde cuándo la religión católica ha defendido la libertad de conciencia? ¿Por qué es libertad de conciencia obligar a los centros educativos públicos a impartir la asignatura de religión católica y no es libertad de conciencia ofrecer una asignatura que trata de formar ciudadanos libres que tengan en su mente los instrumentos de la razón para poder elegir libremente?

Desde aquí hago un llamamiento a los poderes públicos para que:

-Deroguen definitivamente los acuerdos con la Santa Sede, por suponer un privilegio jurídico, económico y fiscal para una organización concreta, que además no promueve valores democráticos, y que de hecho no respeta la legislación de asociaciones.
-Modifiquen el artículo 16, apartado 3º de la Constitución Española, para que el Estado no se encuentre obligado a cooperar especialmente con la Iglesia Católica.
-El Estado deje de recaudar dinero a través del IRPF para la Iglesia Católica.
-Se deje de dar subvenciones a la Iglesia Católica (y resto de religiones), así como sus organizaciones aledañas, excepto en los casos de aquellas subvenciones finalistas (conservación de patrimonio histórico, proyectos de cooperación con países en vías de desarrollo que no persigan los objetivos de proselitismo habituales, etc).
-Los cargos públicos dejen de acudir en su condición de tales a los actos religiosos típicos, tales como procesiones, misas en fiestas patronales, etc, para preservar la neutralidad del Estado.
-Deje de impartirse cualquier asignatura de religión en centros públicos. Quien quiera estudiar religión, que vaya a centros privados que la oferten, o que vaya a catequesis.

A partir de aquí, que la Iglesia Católica se sostenga por sus propios medios, que cumpla las leyes como todo el mundo, y que cada cual elija la formación moral que quiera, en total libertad de conciencia, sin la presión de una religión en concreto sobre el Estado.