Un buen amigo pamplonés me saludaba hace poco al grito de ¡a mí que me rescaten! Si bien es cierto que él mismo se confiesa personaje canalla y atorrante – yo añado que lo es menos de lo que quisiera – la verdad es que el clima de anonadamiento a que nos somete el ritmo de los recortes del Gobierno Rajoy bien justifica la actitud de huida hacia adelante. En apenas los famosos 100 días de inquilino del palacio de La Moncloa, con su mayoría absoluta a cuestas, el presidente popular ha puesto en marcha una basta reforma del Estado del Bienestar consistente básicamente en el sálvese quien pueda ante el feroz acoso de Mariano manostijeras. Resulta difícil de interpretar el camino emprendido dado que ni el talante del personaje, ni la propia ideología en muchas de las medidas tomadas acompaña este rosario de decretos ley que cada viernes nos sobresaltan. La única explicación posible a la ruptura del consenso constitucional que se está produciendo entorno a temas fundamentales que afectan a los derechos de los ciudadanos, tiene que ver con las directrices marcadas desde Berlín por la canciller Merkel y el propio reconocimiento reciente de Rajoy de viaje por Latinoamérica cuando afirmó simplón: “no nos queda más remedio que tomar medidas que no nos gusta porque es que no tenemos dinero”. Somo pobres y lo reconocemos abiertamente. El problema es que cuando se utiliza la segunda persona del plural en estos casos se es profundamente injusta, porque pobres pobres en España lo son menos de un 10%, como ricos ricos lo son otros tantos, el resto ese 80% de clase media ,con todos sus tonos y matices de media hacia abajo y media hacia arriba, lo que nos está pasando es que nos estamos empobreciendo.
En estos cuatro meses de regencia del PP, han subido los impuestos: IRPF, tasas – las universitarias hasta un 50% más -, los especiales; han implantado el copago sanitario, incluso para los jubilados; han recortados los presupuestos en ciencia y tecnología en más del 40%; prácticamente han difuminado la inversión pública en nuevas infraestructuras; han impuesto el déficit cero a todas las administraciones y han reducido de 45 a 33, pero de hecho a 20 días la indemnización por despido laboral. Un programa de medidas que ha admirado a la inspiradora germánica de tales políticas y al FMI, pero que no sirve para calmar a los mercados que siguen tensando la cuerda de la prima de riesgo en niveles superiores a los 420 puntos básicos y que acumula más parados en la cola de las oficinas de desempleo y sigue reduciendo la actividad con tasas de crecimiento negativas síntoma de una nueva recesión. Inmersos en el bucle del círculo vicioso, recortamos porque no tenemos dinero para afrontar compromisos públicos y deuda, lo que frena el consumo y con ello los ingresos del Estado decrecen a la vez que se incrementan las necesidades de gasto social. El laberinto es tan sinuoso que a medida que lo transitamos nos damos cuenta de que no haya salida alguna a la crisis. Todo viene trazado de Bruselas, convertidas las instituciones europeas en una pantomima formal de las decisiones que Berlín toma con la sumisa complicidad de Francia. Enfrente ninguna forma de vida inteligente se manifiesta, la socialdemocracia asiste atónita a la deconstrucción sistemática de gran parte de su obra de las últimas cinco décadas, sin ser capaz de elaborar un discurso alternativo al que puedan aferrarse los ciudadanos. ¡Esto es lo que hay y no hay más!
Las famosas líneas rojas – nunca mejor dicho – que la izquierda trazó para romper los consensos y salir a la calle a protestar, se han saltado con total impunidad. La educación y la sanidad se están reformando en aspectos trascendentales sin contar con la otra parte contratante del arco parlamentario. Se toman con nocturnidad y alevosía medidas que afectan a cuestiones vitales del día a día del bolsillo y el bienestar de la gente sin hablarse con profesionales del sector y el resto de fuerzas políticas. Se comunican con notas de prensa sotto voce, entrevistas en medios internacionales o filtraciones confusas. Todo ello en virtud a una legítima mayoría parlamentaria que le concedió al Partido Popular las elecciones generales del pasado mes de noviembre, pero que desde el punto de vista del sentido común del buen gobernante, no debería haber sido interpretado como una especia de trágala para cualquier tipo de reforma. Con las cosas de comer no se juega y si se hace debe ser entre todos, no como si el juguete solo le perteneciera a uno de los jugadores y los demás tengan que observar como se divierte el ganador. Este tipo de actuaciones egocéntricas se suelen demostrar cortoplacistas y, sobre todo, no cuentan con el acompañamiento casi unánime que precisan para obtener los resultados deseados. Además, si miramos con detenimiento a la letra pequeña de las medidas, no van a tener el efecto pretendido en el plazo inmediato para las que se toman. Tanto en educación como en sanidad la implantación de las mismas por sus requerimientos técnicos – caso del copago y su referencia al nivel de renta – o por los calendarios lectivos en la universidad, no podrán tener el efecto anunciado en el déficit corriente de 2012. Difícilmente alguien puede creerse que España cumplirá la tasa impuestas del 5,3%, más bien superará el 6%, una cifra que deberá ser reducida a la mitad el año que viene, es decir, en unos 18 meses, lo que resulta aún más absurdo de imaginar salvo total desmantelamiento de la protección social en el Estado español.
Es razonable en esta circunstancia en la que el Gobierno central ha implantado la práctica del búsquese la vida a las Comunidades Autónomas, que territorios de fuerte base identitaria y concepción nacional de su destino se pregunten qué ventajas les ofrece pertenecer a un Estado que reformula materias de derechos básicos de sus ciudadanos sin el más mínimo diálogo y cercenando de hecho su capacidad de autogobierno. Las decisiones tomadas por Madrid y que, en gran medida deben ser trasladadas dadas sus competencias por los gobiernos autonómicos, han roto el consenso constitucional bajo el falso argumento de la emergencia dictada desde Berlín. Y de fondo rezuma por doquier un afán recentralizador del Estado que ha buscado en el modelo de Estado autonómico una suerte de pandemia colectiva de despilfarro y derroche del gasto público, cuando lo que es censurable es la mala praxis de la acción política allí donde se han cometido excesos. El control y la exigencia de la autorresponsabilidad nada tienen que ver con la pérdida de competencia que de facto producen muchas de las medidas adoptadas por el ejecutivo de Rajoy ya que dejan vacías de contenido a consejerías incapaces de llevar a cabo sus políticas al no contar con los recursos necesarios. Sin una reforma fiscal en profundidad que revise todos las tipologías impositivas desde un nuevo enfoque de redistribución de la riqueza en el conjunto del Estado, lo único que lograremos al elevar la presión contributiva a las familias mediante parches e impulsos de la necesidad inmediata, es extenuar el núcleo de defensa que las personas estamos teniendo en esta ya larga y dura crisis. Y eso, guste o no, pasa también por una redefinición del modelo de Estado y de su simetría en autogobierno dialogando con aquellos que desean más grado de independencia en sus decisiones e integrando a quienes forman parte más de un dibujo virtual que de una realidad política o socioeconómica.
Ante tanto alboroto diario de medidas y sobresaltos cotidianos en nuestra maltrecha economía doméstica, resulta muy complicado pararse un minuto a reflexionar qué puede estar pasando para que haga lo que haga el gobierno todo sea insuficiente a los ojos de los mercados. Algún motivo tendrá que haber para que la credibilidad y la confianza sea imposible de consolidar por mucho que llevemos a cabo las políticas que nos marca Merkel y su subordinada en el FMI,Lagarde. Así que puesto a lanzar hipótesis se me ocurre que tal vez estemos ante el síndrome del comprador que piensa que el precio de lo que desea comprar seguirá aún bajando. Si lo que nos está sucediendo es algo tan simple como que asistimos a la devaluación formal de los activos de un Estado, incluidas sus entidades financieras y sus grandes empresas, me temo que nuestros compradores siguen esperando a que el valor de los mismos siga cayendo hasta el límite de su quiebra. España no puede devaluar su moneda porque no la tiene, no montar su corralito, lo único que puede es malvenderse a una junta de acreedores liderada por Angela Merkel. Y si esto fuera así, qué motivo tiene ella para comprar ya si no se han cumplido su plan del todo y la caída de los intereses españoles aún no es la deseada.
Si me conceden el beneficio de la duda respecto al planteamiento de la venta de España a pedazos, tendremos que convenir que lo que necesitamos con urgencia es un buen vendedor, capaz de poner en valor lo mejor de cada casa y de tapar las vergüenzas de nuestras deficiencias. Mi tío abuelo Manuel a su vuelta de su periplo cubano que le sirvió para dilapidar toda la fortuna familiar, volvió a su pueblo en Lugo con una maleta repleta de piedras para que los mozos que le ayudaron con su equipaje chismorrearan a sus vecinos la suerte que había tenido en sus negocios de ultramar. Tres meses después paso de la ruina a montar una fábrica de galletas y un colegio en el pueblo. Mejor nos ponemos nuestras mejores galas para la subasta y gritamos sin complejos al tono canallesco de mi amigo Charlie, ¡a mí que me rescaten!
