Lecciones del no escocés, abran paso a su majestad la democracia

No cabe duda que la mejor medicina que el ser humano ha inventado para garantizar la convivencia en sociedad es la democracia. Por dura e incómoda que pueda resultar siempre a los perdedores, el libre ejercicio del voto es siempre la forma de expresión de la voluntad popular y la única garantía del respeto a los derechos de las minorías. Quien teme el gobierno del pueblo, pues, amparándose en el concepto legalista, es decir, el del gobierno de la ley, lo único que trata a la postre es saltarse a la torera por intereses particulares la capacidad de expresarse de los ciudadanos. Algo que se suele escamotear con los típicos argumentos paternalistas de los gobernantes que justifican el hurto de la democracia por nuestro bien, desde una posición de visión privilegiada de las cosas. Gran Bretaña como escenario del referéndum de Escocia se ha convertido en estos tiempos en los que impera la dictadura de las visiones materialistas bajo el reinado de los mercados, en un ejemplo único de libre determinación sin el más mínimo atisbo de violencia, ni siquiera verbal. Una lección histórica de fair play democrático que debería servir de espejo en el que mirarse Europa, en vez de seguir jugando a la amenaza del precipicio que supone la ruptura de la Unión. Lo que se basa en decisiones en las urnas construye un compromiso sólido muy superior a lo que deciden media docena de mandatarios en torno a una chimenea sin luces ni taquígrafos.

El resultado, pues, de las urnas es inapelable y deja bien a las claras que los escoceses y solo los escoceses, no los ingleses, los galeses o los norirlandeses, a los que no puede corresponder decidir el destino de Escocia, son partidarios mayoritariamente,  hoy por hoy, de seguir perteneciendo al Reino Unido y no ser un Estado independiente. No debería olvidarse a nadie el único dato cierto de esta consulta vinculante porque si lo primero es reconocer la victoria de la democracia, acto seguido debemos reconocer también la victoria del no. Los nacionalistas escoceses no pueden presentar una derrota como una victoria, su objetivo era la independencia y el pueblo no les ha dado la razón. Mucho tendrán también, por tanto, que reflexionar quienes llevan a sus partidarios a las urnas para perder porque el ejercicio de soberanía no tiene fecha de caducidad, pero indudablemente el paso por el voto frustra para generaciones el anhelo de independencia. Dicho esto, en la batalla por el sí Escocia ha ganado mucho. Primero el reconocimiento como nación y su deseo de mayor autogobierno. Ese 45% de apoyo es una llamada de atención muy clara a Londres que obliga al gobierno y al parlamento británico a dar pasos hacia una mayor autonomía en las decisiones que les compete de los escoceses y una gestión más directa de sus recursos. El estatus entre Inglaterra y Escocia cambiará en base a una negociación pragmática y realista de las dos partes. Esa es la primera consecuencia que podemos extraer del resultado del referéndum.

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Respecto a los protagonistas de este bello episodio político, como siempre que se extreman posiciones y se pone a la población en la difícil circunstancia de decidir cuestiones gruesas, quedan todos seriamente desgastados. El premier escocés AlexSalmond, impulsor y principal artífice de la campaña del sí, ha sido derrotado y dependerá de su habilidad negociadora el coste que el no tenga para su partido en los próximos comicios generales. Para Cameron, al que en las últimas semanas los sondeos le han colocado al borde del infarto, la victoria le permite salvar los muebles in extremis, pero queda en una enorme situación de debilidad ante el ala más conservador de los tories y esa mayoría antieuropeísta que cabalga a lomos de Inglaterra.  Los laboritas, salvando la figura recuperada del ex primer ministro británico Gordon Brown, uno de los puntales decisivos del no al final de la campaña, han visto como el debate se centraba en el modelo de sociedad que querían los escoceses para Escocia, sin que su discurso diluido en Inglaterra sirviera para frenar el ascenso del sí independentista. Porque en esta consulta no sólo ha votado la ciudadanía la pertenencia a un Estado u otro o tener un himno o una bandera. El nacionalismo caduco y rancio de identidades simbólicas y base histórica de batallitas del abuelo, no tiene cabida hoy en un mundo global y que cambia a velocidad on line. Lo que está en discusión es el modelo de sociedad que esa identidad diferenciada defiende. Lo relevante es la forma de organizar los recursos propios para un reparto más justo y equitativo de los mismos y no para un cambio de titularidad de unos poderosos oligarcas por otros. Un nuevo Estado debe ganarse la voluntad de su pueblo de serlo porque ofrece a sus ciudadanos la posibilidad de ser más libres y más felices, de otra forma volveríamos al juego de tronos medieval.

En Escocia el sí ha avanzado desde posiciones iniciales del 25% cuando se anuncia la consulta, hasta el 45% del resultado final a base de propuestas sociales frente a un gobierno y un modelo actual de sociedad inglesa, liberal basado en los recortes de prestaciones y servicios públicos. Y solo cuando la opinión pública empezó a acercarse a la decisión de la independencia, Inglaterra se parapetó en el discurso apocalíptico y los chantajes desde Bruselas de salida de la UE, por otro lado, harto infantiles pues no parecería lógico que una Europa deficitaria energéticamente negara la entrada a una Escocia independiente convertida en el país con más petroleo del viejo continente. Esa lección también debería servir en el proceso de construcción europea. La gente quiere participar en los grandes debates de fondo que condicionan el destino de una sociedad. No están dispuestos a decidir solo sobre una lista cerrada el consejo de administración que va a gerenciar su país los próximos cuatro años. Fijémonos en ese 85% abrumador que ha votado en el referéndum escocés y tomemos nota de que se deben abrir nuevos cauces de comunicación y participación innovadores de los políticos con los ciudadanos. Una nueva forma de hacer política,  tantas veces demandada y aun por descubrir y poner en práctica.

¿A Europa cómo se le queda el cuerpo después de la cita escocesa? Pues poco más o menos como se te queda después de una ducha escocesa que te somete a un cambio brusco de agua caliente a agua helada. Muscularmente relajada porque un sí habría supuesto un efecto dominó en aquellos territorios y no son pocos que la Unión albergan anhelos independentistas. Bruselas respira hoy aliviada como lo hacen muchos de sus jefes de Gobierno. Pero todos saben que el precedente obliga a reconocer la grandeza de la democracia y que requiere de una reformulación del proyecto que afiance las herramientas comunes, pero que permita a la riqueza diferencial encontrar cauces de participación en las instituciones.  La visión federalista de Europa sale claramente reforzada del referéndum y más aun cuando los acuerdos entre ingleses y escoceses avancen el el autogobierno de éstos. Los deseos recentralizadores legalistas tratarán de olvidar el 18 de septiembre de 2014 pero todos recordaremos que ese día los escoceses votaron.

El siguiente escenario de expresión de voluntades identitarias debería serCatalunya, así lo ha expresado la mayoría de las fuerzas políticas de su Parlament y de sus ciudadanos a través de sondeos de opinión y de manifestaciones multitudinarias en sus calles. Son condiciones muy superiores a las que llevaron a Cameron y Salmond a pactar la consulta. Sin embargo, parece evidente que en España el gobierno de Mariano Rajoy optará por la vía legitimista para negar el derecho de expresión a los catalanes. Y  Bruselas como siempre sumisa a las decisiones de los gobiernos de los Estados miembros calificará la decisión de asunto interno de España y se lavará la manos ante el no a decir si o no que Rajoy impondrá al president Mas. Se equivocan los dirigentes de las instituciones europeas no entendiendo que no vivimos en el siglo XIX cuando las fronteras aislaban a los ciudadanos y la diplomacia o las armas resolvían los problemas. Hoy como europeos lo que le concierne a los escoceses le importa a los catalanes, como lo que les importa a los alemanes, les ocupa a los vascos. Decidir nuestro futuro en común pasa se quiera o no se quiera por poder decidir primero lo que sucede en mi solar, pero con unas reglas del juego democráticas iguales para todos y que se respeten los derechos de cada cual. De otra forma seguiremos en el mercadeo y los repartos del dinero, un pasteleo que no tiene credibilidad alguna entre los ciudadanos. Lecciones de una ducha escocesa.

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De cómo la abstención avanza silenciosamente sin que nadie quiera escucharla

Las elecciones en AndalucíaAsturias del pasado domingo han remarcado la tendencia de caída de participación e incremento de las abstención registrada en los últimos años en el Estado español. En Andalucía votó el 62,23% del electorado, cerca de diez puntos menos que en las elecciones autonómicas de 2008, mientras que en Asturias solo lo hizo el 55.92%, nada menos que once puntos menos que en los comicios anteriores. Exceptuando las grandes batallas electorales que suponen las elecciones generales, de las que sale el presidente del gobierno electo y que moviliza a todos los grandes medios de comunicación en torno al debate PSOE / PP, el resto de citas electorales se está deslizando hacia abstenciones en la banda del 40% al 50%, convirtiéndose en la opción mayoritaria de los ciudadanos. En la última década, de manera muy especial en los últimos cinco años, cerca de un 15% más de la población con derecho a voto se ha desenganchado del sistema hasta tal punto que se queda en casa el día de la gran liturgia de la democracia. Un fenómeno silenciado por los grandes partidos políticos, que evalúan los resultados electorales con una breve declaración retórica sobre la escasa participación, pero sin aludir a las motivaciones que provocan este desapego de la gente hacia la política. El disputado voto del abstencionista ha dejado paso a la disputa por el cada día más disminuido voto de los convencidos, en una suerte de batalla por el hooliganismo que cristaliza los votantes propios en eso que llaman los expertos politólogos, suelos electorales de los partidos.

La abstención, término que deriva de la voz latina abstentio, es un no hacer o no obrar, lo en esencia normalmente no produce efecto jurídico alguno. En democracia la abstención puede suponer la existencia de corrientes políticas que no se integran en el juego político normal, aunque con carácter general suele responde a impulsos o motivaciones individuales plenamente respetadas y asumidas incluso cuando sobrepasan determinados límites porcentuales. Ante ese fenómeno nos encontramos, el de la apatía ciudadana. Una población crecientemente desencantada del sistema, que no detecta liderazgos atractivos y opta por darle la espalda a la política. El resultado es una mezcla de desobediencia cívica y de concreción de insatisfacción política. En el caso del Estado español, varía sustancialmente los grados de abstención en función del tipo de cita electoral de la que hablemos. En las elecciones generales, al Congreso la media de abstención es del 26%, mientras que al Senado es del 38%, en las municipales y autonómicas del 34%, en las europeas del 45% y en referéndums del 40%. Son, pues, curiosamente, las elecciones más cercanas y las más alejadas o supranacionales, las que registran una menor participación. Pero si miramos las Comunidades con mayor nivel de identidad nacional como es el caso de EuskadiCatalunya, las participaciones se acercan a los niveles de las elecciones generales. Por tanto, parece evidente que la movilización electoral tiene mucho que ver con el grado de pertenencia que el ciudadano tiene a su comunidad, lo que aporta valores al voto, no puramente racionales, sino más basados en sentimientos y pasiones identitarias/ideológicas.

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Si echamos una mirada a nuestros entornos democráticos, tanto en un espacio maduro en este sentido como lo es el de Europa o en uno más joven y en aún en proceso de consolidación como lo es el latinoamericano, sobre los datos que arrojan las elecciones de la última década, los resultados son los siguientes:

Estados con una abstención entre el 100% y el 80%: En Europa, Mónaco; en América Latina, ninguno. Abstención entre el 60% y el 80%: en Europa, Andorra y Suiza; en América Latina, Colombia y Guatemala. Abstención entre el 40% y el 60%: en Europa, Lituania, Polonia, Estonia, Francia, Luxemburgo, Moldavia y Letonia; en América Latina, Venezuela, República Dominicana, Jamaica y México. Abstención entre el 40% y el 20%: en Europa, Hungría, Macedonia, Reino Unido, Ucrania, Irlanda, Finlandia, Rumanía, Eslovenia, Liechtenstein, Portugal, Alemania, Bulgaria, Holanda, Austria, Noruega, República Checa, Chipre y España; en América Latina, El Salvador, Bolivia, Honduras, Surinam, Guyana, Costa Rica, Belize, Chile, Panamá, Nicaragua y Brasil. Y abstención entre el 0% y el 20%: en Europa, Suecia, Eslovaquia, Dinamarca, Bélgica, Grecia, Italia, Islandia, San Marino y Malta; y en América Latina, Ecuador, Argentina y Uruguay (en esta última escala existe en estos Estados algún tipo de obligación de voto).

Acercando más el foco a la Unión Europea y sus grandes democracias, todas ellas han ido incrementando sus niveles de abstención desde la década de los setenta en un promedio que oscila entre un 10% y un 20% más, unas cifras alarmantes que alcanzan sus máximos en las elecciones al Parlamento Europeo, que en la mayoría de estos Estados apenas alcanzan el 50% de la participación. El desapego a la política común y a las instituciones europeas es altísimo, eso sí prácticamente desde su creación.

Sin ánimo de convertir este post en una retahíla de datos, si resulta de interés observar el comportamiento ciudadano ante el voto, según las edades y el género. Así, la participación electoral en Europa de los jóvenes entre 18 y 30 años nos aporta datos bastante homogéneos aunque con diferencias. En general, votan mucho menos que sus mayores, pero mientras que en el Reino Unido, votan mucho menos (un 39% más), en España la diferencia se modera (un 25% menos) y en Italia, sin embargo, no existe prácticamente diferencia (un 0,2% menos). El comportamiento cívico democrático es evidente que madura con la edad porque a medida que nos hacemos mayores el nivel de participación electoral se incrementa, pasando la abstención de los jóvenes entorno a un 45%, entre los 30 y 40 años baja a un 37%, de 40 a 50 años ronda el 32% de abstención, de 50 a 60 años un 26%, de los 60 a 70 años, solo de un 20% y entre los mayores de 70 años, un 15% de media de abstención. Y respecto a la influencia del género en las ganas de votar, digamos que históricamente y hasta hoy, las mujeres votan más que los hombre europeos, en una media superior de participación de un 5% para las féminas.

Podemos preguntarnos quién es el beneficiario del incremento de la abstención en las elecciones. Desde luego, vista la reacción de los políticos, lo que si podemos afirmar sin ánimo de equivocarnos es que los abstencionistas no obtienen beneficio alguno de su actitud. Hasta ahora siempre habíamos pensado que eran los grandes partidos, los que mejor tajada sacaban de la abstención en detrimento de las minorías parlamentarias. Eso sí, repartiéndose la suerte entre ellos, unas veces la desmovilización ha favorecido a uno y otras al contrario, en función de la capacidad de tener a sus adeptos apasionados por derrotar al enemigo en el acto de votar. Sin embargo, la evolución reciente está demostrando que las minorías más radicales, ultraderecha, ultraizquieda o ultranacionalistas, según los Estados, son los mayores beneficiarios del fenómeno abstencionista europeo. Y eso se produce por su capacidad de alentar movimientos de rechazo al sistema, que generan corrientes de simpatías de fuerte militancia. Estos llamados neopopulismos, que no pretenden cambiar la sociedad, sino condicionar las decisiones desde sus posiciones de minoría, se están convirtiendo en la llave de la gobernabilidad en muchos Estados o comunidades, en gran medida gracias a la fuerte abstención registrada en un comicio tras otro.

Si queremos salvar el modelo de Estado del bienestar igualitario, equitativo y universal que los europeos con más o menos antigüedad hemos ido construyendo, debemos ser conscientes de la necesidad de combatir el abstencionismo que paulatinamente está minando la credibilidad de nuestras democracias. A la abstención como desapego del sistema, se le hace frente a través de la democratización efectiva de los partidos políticos, otorgando sentido efectivo y no meramente ritual al acto electoral, estableciendo un sistema de apertura de listas o al menos la eliminación de las cerradas y bloqueadas y, en definitiva, mediante una profundización efectiva en la democracia y, sobre todo, recuperando el prestigio de la institución representativa por excelencia, el Parlamento, privado progresivamente de poderes efectivos. Una nueva forma de hacer política que cambie la máxima déspotica del “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, por la necesaria aceptación de la norma básica de la democracia del principio de la soberanía popular. Modernas formas de participación en la vida pública y en las decisiones que nos afectan día a día, requieren nuevas mentalidades y culturas políticas. Un objetivo que se viene demandando machaconamente desde instancias sociológicas, pero que a las que los líderes y dirigentes políticos han hecho oídos sordos.

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Déficit público, las verdades del fraude y la falacia de culpar a las Comunidades Autónomas

El Eurogrupo, el particular club de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, no tomará decisión alguna sobre los límites impuestos al déficit público español hasta mayo. La flexibilidad para con la economía española queda en stand by, pendiente de que el Gobierno presente los presupuestos y se revise el programa de estabilidad. Asimismo, el borrador del Eurogrupo precisa que la consolidación fiscal “debe ser diferenciada” según “las condiciones de los Estados miembros”. En apariencia deja abierta la posibilidad de tener en cuenta las muy especiales circunstancias de desempleo y recesión que vive la economía española. Pero según se producía tal declaración comprensiva, en el Consejo Europeo se les recordaba a los países sujetos a un programa de asistencia o sometidos al escrutinio de los mercados que se ciñan a los objetivos acordados. Una de cal y otra de arena, una pasito hacia adelante y un pasito hacia atrás. Y en paralelo, la canciller Angela Merkel redundaba en su monótono discurso de severos ajustes se oponía claramente a suavizar la política de recortes para hacer del crecimiento una prioridad.

Estamos ante un tema crucial para España pero, por supuesto, para el equilibrio futuro de la zona euro. Europa no puede permitirse el lujo de que una de las economías principales por PIB y por habitantes de la Unión se vea sometida a un absoluto colapso. Ese debería ser el primer argumento para la reflexión de los jefes de gobierno cuando tengan que decidir sobre las cuentas del Estado español. Repasemos, no obstante, los datos para tratar de comprender las posibilidades reales que España tiene de reducción de déficit en el 2012. El gobierno afloró la cifra del 8,51%, es decir, 91.344 millones de euros y culpó del desfase respecto al objetivo inicial del 6% a las Comunidades Autónomas. Una falacia inadmisible, pues, son ellas los centros de gestión de gasto más importante en el Estado. En una palabra, solo con la gestión de la Educación y la Sanidad deben financiar el 15% del total del gasto del Estado, con lo que es evidente que si producen desfases presupuestarios, siempre serán las culpables de los mismos, ya que el Estado central ha transferido tal responsabilidad. Pensar que el Estado gestionaría mejor estas altas responsabilidades de servicios y derechos sociales básicos, es cuanto menos insconstitucional, además de un absurdo apriorismo. La descentralización y la autonomía ha demostrado en más de 30 años de gestión una mayor eficacia que el modelo burocratizado de la verticalidad alejada de los ciudadanos.

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La explicación para tamaña mentira que pretende responsabilizar a las Comunidades Autónomas de todos los males del Estado español no puede ser otro que el intento de proceder a un proceso recentralizador encubierto en una hipotética mayor eficacia en la administración. Un planteamiento ideológico de quienes nunca han creído en un modelo de autogobierno y mucho menos de la realidad plurinacional que representan CatalunyaEuskadiGalicia. Pero la realidad tozuda, además de estar representada por millones de electores que en una y otra cita electoral dejan claro su opinión votando opciones nacionalistas, nos dice que la descentralización ha producido grandes beneficios de modernización. Distinto es el imprescindible debate sobre la responsabilidad fiscal y de la exigencia del correcto gobierno de las cuentas públicas en cualquier ámbito sea municipal, autonómica o estatal. Si unas Comunidades Autónomas han contribuido en el saldo neto de relación con el resto del Estado y otras han salido beneficiadas, habría sido lógico exigir cuentas del uso de dicha solidaridad interterritorial. No deberíamos seguir admitiendo que algunas Comunidades se declaren pobres por naturaleza sin más y que, por tanto, ni cuantiosas ayudas europeas, ni ayudas estatales para su desarrollo hayan servido para que sigan perdiendo habitantes. Algo habrán hecho mal sus gobernantes y alguna responsabilidad debe exigirles el Estado.

En todo caso, si Bruselas es intransigente con las cuentas públicas españolas, el gobierno de Mariano Rajoy se verá obligado a reducir 44.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado del 2012. Un cifra tremenda en un plazo mínimo, que difícilmente puede cuadrar. Si tenemos en cuenta que los recortes efectuados por el gobierno de Rodríguez Zapatero, congelando pensiones y reduciendo sueldos de funcionarios alcanzó los 10.000 millones de euros. El nuevo Ejecutivo le pegó un tijeretazo de entrada de 8.900 millones de euros, fundamentalmente mediante la subida de impuestos, cuatro puntos de media en el IRPF. Ambos recortazos no alcanzan el 50% de lo que ahora debería acometerse, cuando además el escenario macroeconómico apunta a una clara recesión en todo el año con lo que el presupuesto de ingresos se verá afectado a la baja. La ecuación pues solo puede cuadrar subiendo más impuestos y reduciendo más los gastos. En el primer capítulo el IVA parece llamado a cobrar de nuevo protagonismo ya que el 18% sigue siendo un porcentaje por debajo de la media europea. Dos punto más, es decir, situarlo en el 20% con los actuales niveles de consumo podrían suponer un aumento de los ingresos de unos 7.000 millones de euros. Y en otro orden de figuras tributarias, quedaría la posibilidad de incrementar impuestos especiales – tabaco y carburantes – a lo sumo por valor de 3.000 millones de euros y el amplio repertorio de tasas por uso de infraestruras y municipales, lo que podría sumar otros 4.000 millones de euros.

El total de lo que vía contributiva podría recaudarse alcanzaría como máximo unos 20.000 millones de euros. El resto deberá proceder del recorte de las partidas de gasto, dado que la venta de activos del Estado , las últimas joyas de la corona – Aena, Puertos o Loterías – en las actuales circunstancias del mercado serían una ruina. Y puesto a meter la tijera en el gasto por enésima vez, me temo que solo quedan por acometer dos partidas fundamentales, tanto como los derechos que amparan: la educación y la sanidad. En el primer caso, por la composición del propio gasto muy relacionado con el personal docente, resulta difícil de recortar salvo en contratados y como mucho supondría ahorrarse unos 4.000 millones de euros. Por contra, en sanidad todo depende del nivel de los servicios a los que se quiera dar cobertura o lo que es lo mismo, que prestaciones se cubre gratuitamente y que despliegue de recursos requiere. Con eso ya ha amagado el gobierno, primero el propio presidente Rajoy en su discurso de investidura cuando anunció una ley de servicios básicos y muy recientemente su ministra de Sanidad, Ana Mato, en la reunión con todos los consejeros autonómicos cuando estableció la creación de una comisión al efecto. En este tema nos jugamos nada menos que la calidad asistencial y, en el fondo, la calidad de nuestra salud. Recortar entre 15.000 y 20.000 millones en sanidad si no se hace con criterios técnicos y de excelencia en la gestión puede suponer un irreversible empobrecimiento del sistema de salud que tenemos y que, hoy por hoy, se encuentra entre los mejores de Europa y, por tanto, mundial.

Claro que si el gobierno quiere coger el toro por los cuernos de verdad siempre le quedaría la opción de aplicar la tasa por transacciones de capital, gravar vehículos financieros especulativos como las Sicav y, sobre todo, de poner en marcha un auténtico plan de lucha contra el fraude fiscal. El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español, según el análisis realizado sobre el fraude por la consultora i2 Integrity. Los propios inspectores de hacienda llevan años clamando por la pérdida de ingresos del Estado que se pierden en actividades fiscalmente opacas y economía sumergida como si nuestro Estado fuera un queso gruyere. ¿Podemos soportar tales cifras sin hacer nada y por contra asumir sin rubor el desmontaje de nuestra cobertura sanitaria? ¿Podemos exigir a nuestros socios europeos que nos flexibilicen sus criterios de ajuste presupuestario si permitimos tales niveles de corrupción social? El principal problema de nuestras cuentas, públicas y privadas, porque la banca adolece del mismo mal, no es otro que la falta de credibilidad. No se creen nuestros presupuestos, ni nuestros balances. O somos capaces de demostrarles que no mentimos o desterramos la mentira de nuestro vocabulario comunitario o Europa será inflexible con España como lo ha sido con Grecia o lo puede ser con Italia. Esta vez la verdad tiene claramente premio.

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